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Modo: Corpus Pro

FIANZAS. PARA QUE SE INTERRUMPA EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL DE HACER SABER A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA LAS GESTIONES DE COBRO REALIZADAS AL CONTRIBUYENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17347
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, SEGUNDO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, , Pág. 382.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, SEGUNDO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO (ANTES SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO).

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número 685/2001, son las que a continuación se transcriben:

"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación que se enderezan. En este asunto, Chubb de México, Compañía Afianzadora, Sociedad Anónima de Capital Variable, antes Central de Fianzas, Sociedad Anónima, promovió ante la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, juicio de nulidad en contra del requerimiento de pago de fecha siete de agosto del año dos mil, que hace valer la Administración Local de Recaudación de Mérida, Yucatán, con cargo a la póliza de fianza número D-7485, por la cantidad de ciento cincuenta y nueve mil seiscientos catorce 00/100 moneda nacional, expedida con el objeto de garantizar por la persona moral Barcos y Barcos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, las obligaciones fiscales que en ella se detallan. En la sentencia reclamada, de fecha veintiséis de junio del año dos mil uno, dictada en el expediente número 2065/00-10-01-9, por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se declaró la validez del requerimiento impugnado, por considerar que, en el caso, el término de la prescripción comenzó a correr el primero de mayo de mil novecientos noventa y dos, por ser el día hábil siguiente a aquel en que el fiado de la afianzadora actora debía de efectuar el pago de la parcialidad número cuatro, que corresponde a la tercera mensualidad vencida, siendo necesario señalar que del acta de incumplimiento contenida en el documento denominado 'control de pago en parcialidades' del crédito C-4230, del requerimiento de pago de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, relativo a dicho crédito fiscal y del requerimiento de pago de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual la Administración Local de Recaudación de Mérida requirió a la negociación Barcos y Barcos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el pago del crédito C-4230, se advierte que es evidente que el término de la prescripción se interrumpió en dos ocasiones, la primera, al haberse requerido al deudor principal el crédito garantizado, el día diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres, mediante mandamiento de ejecución de fecha siete del propio mes y año; y, la segunda, con motivo del requerimiento de pago del diez de abril de mil novecientos noventa y seis; por lo que no se actualiza la figura de la prescripción prevista en el artículo 146 del código tributario, pues el término correspondiente se vio interrumpido dos veces. Ahora bien, en los conceptos de violación aduce la quejosa, en síntesis, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio las garantías de legalidad, fundamentación, motivación y debido proceso consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el numeral 146 del Código Fiscal de la Federación, pues la Sala responsable no fundamenta su resolución y desestima los argumentos que hizo valer la afianzadora, manifestando que no es procedente la aplicación del artículo 146 del código tributario, pues el término de la prescripción empezó a correr el primero de mayo de mil novecientos noventa y dos, plazo que fue interrumpido en dos ocasiones, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres, y el seis de junio de mil novecientos noventa y seis, con las actuaciones que se llevaron a cabo en contra del contribuyente, empero, las gestiones realizadas ante el contribuyente por la autoridad demandada no fueron del conocimiento de la quejosa, por lo que la apreciación de la responsable es errónea, ya que no le pueden causar perjuicio las gestiones que se hayan realizado ante el contribuyente, cuando no han sido del conocimiento de la empresa fiada. Que la Sala responsable no considera que en términos del artículo 66, fracción III, inciso c), de dicho código, la obligación se hizo exigible desde el momento en que se revocó la autorización de pagar en parcialidades, por lo que la autoridad fiscal pudo hacer exigible el cobro de la póliza de fianza desde el momento en que el fiado dejó de cubrir tres parcialidades en forma sucesiva, en virtud de que la afianzadora renunció a los beneficios de orden y excusión, por lo que las gestiones que realizó ante el contribuyente no interrumpieron la prescripción que se generó a su favor y la autoridad responsable la deja en estado de indefensión al aceptar que las gestiones de cobro ante el fiado sí la interrumpieron, aun cuando de las actuaciones realizadas por la autoridad demandada se desprende que nunca le fueron notificadas a la quejosa, realizando una inadecuada interpretación del artículo 146 del código tributario, además de que considera que las actuaciones de cobro que la Federación realizó ante el fiado, que no fueron notificadas a la afianzadora, interrumpen la figura de la prescripción, siendo notorio que la autoridad no le requirió a ella el pago de lo garantizado en la póliza de fianza en tiempo. Se dice que los anteriores motivos de inconformidad son infundados, por lo siguiente: Los artículos 66, fracción III, inciso c) y 146 del Código Fiscal de la Federación, por su orden, establecen: 'Artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de cuarenta y ocho meses, de conformidad con lo siguiente: ... III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades cuando: ... c) El contribuyente deje de pagar tres parcialidades.'. 'Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144 de este código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales.'. Una correcta interpretación de los indicados preceptos, permite concluir que, como bien lo consideró la Sala responsable en la sentencia reclamada, las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago de parcialidades de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, la cual quedará revocada cuando el contribuyente deja de pagar tres parcialidades sucesivas; asimismo, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, el cual inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, plazo que se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto a la existencia del crédito, de modo que el término de cinco años para que opere la prescripción, tratándose del pago en parcialidades, debe computarse a partir de que el contribuyente deja de pagar tres parcialidades consecutivas, término que se interrumpirá en cada gestión de cobro que realice la autoridad fiscal. En el caso, en autos del juicio de nulidad del que emanan los actos reclamados, obran las documentales consistentes en: a) Mandamiento de ejecución de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, a través del cual el administrador local de Recaudación de Mérida, requiere de pago al deudor Barcos y Barcos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, del crédito fiscal número 4230 y ordena que en caso de no cubrir el crédito se le embarguen bienes de su propiedad suficientes para garantizar el crédito y sus accesorios (folios 39 y 40). b) Acta de requerimiento de pago del crédito fiscal número 4230, llevada a cabo el diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en el domicilio de la contribuyente Barcos y Barcos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (folio 41). c) Requerimiento de pago de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y seis, relativo al crédito fiscal número 4230, hecho al deudor Barcos y Barcos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (folio 75). d) Acta de notificación por lista fijada en los estrados de la Administración Local de Recaudación de Mérida, el seis de junio de mil novecientos noventa y seis, al deudor Barcos y Barcos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, del requerimiento de pago del crédito fiscal número 4230, emitido el diez de abril del mismo año (folio 77). Por consiguiente, si en la especie se incumplió la obligación de pago de las parcialidades dos a cuatro (esta última, tercera dejada de cubrir), el treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, como acertadamente lo determinó la Sala del conocimiento, el término para que opere la prescripción empezó a correr el primero de mayo de mil novecientos noventa y dos, día siguiente a aquel en que la obligación se hizo exigible, plazo que se vio interrumpido en dos ocasiones por requerimientos de pago del crédito C-4230, garantizado con la póliza de fianza número D-7485, que la acreedora, Administración Local de Recaudación de Mérida, hizo al deudor principal Barcos y Barcos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, los días diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres, y seis de junio de mil novecientos noventa y seis, de suerte que no se consumó la prescripción alegada por la demandante, por haberse interrumpido el término para que opere ese medio de extinción de las obligaciones fiscales. Ello es así, porque del texto literal del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, para interrumpir la consumación de esa figura jurídica no se advierte la exigencia de más requisitos que los relativos a la gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor, debiéndose entender como gestión de cobro, por disposición expresa del propio numeral, cualquier actuación de la autoridad fiscal dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor; de tal manera que, contrario a lo sostenido por la quejosa, del aludido precepto no se deriva obligación alguna a cargo del acreedor de notificar o hacer saber a la fiadora (obligada solidaria) las actuaciones realizadas ante el deudor (contribuyente u obligado principal) para el cobro de las parcialidades insolutas, lo que es así, porque el indicado artículo 146 se refiere a todo lo que es necesario atender a fin de lograr el cobro del crédito fiscal, entre lo que se incluye, desde luego, la prescripción, empero, es obvio que aun cuando tal figura atañe al cobro de lo garantizado con la fianza, pues constituye un modo de extinguir la obligación, para los efectos de interrumpir el término de la prescripción, basta con que la acreedora realice cualquier gestión de cobro que notifique o haga saber al deudor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XV.2o.19 A, que este tribunal comparte con el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que aparece publicada en la página 1741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, que es del tenor siguiente: 'CRÉDITOS FISCALES, PRESCRIPCIÓN DE. EL TÉRMINO SE INICIA A PARTIR DE LA ÚLTIMA GESTIÓN DE COBRO REALIZADA POR LA AUTORIDAD FISCAL. El término de cinco años previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, para la prescripción de los créditos fiscales, debe empezar a contarse a partir de la última gestión de cobro realizada por la autoridad hacendaria, toda vez que este término se interrumpe con cada uno de los requerimientos de pago que se hagan al sujeto pasivo de la relación tributaria.'. Igualmente, es aplicable la tesis que este tribunal comparte con el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible a fojas 183 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, que dice: 'CRÉDITOS FISCALES, EXTINCIÓN DE LOS, POR PRESCRIPCIÓN. El término de cinco años que para la extinción de los créditos fiscales, por prescripción, a que se refiere el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, puede interrumpirse por dos causas: la primera de ellas ocurre cuando se notifica legalmente al deudor cualquier gestión de cobro dentro del procedimiento administrativo de ejecución. La segunda hipótesis se actualiza cuando el causante reconoce expresa, o tácitamente, la existencia del crédito. En ambos casos, debe existir un principio de prueba por escrito.'. Así las cosas, es dable concluir que los dos requerimientos que la autoridad fiscal gestionó ante el contribuyente constituyen actuaciones llevadas a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución, encaminadas a la obtención del pago de las parcialidades adeudadas del crédito fiscal número C-4230, garantizado con la póliza de fianza número D-7485, que precisamente por impago del fiado le es requerido a la fiadora, aquí quejosa, a través del requerimiento cuya nulidad se demanda en el juicio natural, los cuales interrumpen el término de la prescripción, y en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 146 ibídem, impiden su consumación; sin que sean aplicables los criterios sustentados en diversas ejecutorias que cita la impetrante del amparo, porque todas ellas se refieren al momento en que debe iniciar el cómputo del término de cinco años de la prescripción, lo cual no fue materia de controversia, porque la Sala del conocimiento aceptó lo argumentado a ese respecto por la enjuiciante. En tal virtud, atendiendo al carácter accesorio que tiene el contrato de fianza respecto de la obligación principal, y a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, éstas no gozan de los beneficios de orden y excusión, no existía necesidad de notificar a la afianzadora, aquí quejosa, de las gestiones de cobro realizadas directamente a la principal obligada, que lo constituye la empresa fiada, pues ante el cercioramiento de la autoridad fiscal de que el contribuyente no pagara, procedía ante ello hacer efectiva la fianza que sirvió de garantía del interés fiscal, esto es, como la litis se entabló en el juicio natural entre la institución de fianzas y la autoridad, respecto a la exigibilidad de la fianza y no en lo concerniente a la procedencia del cobro de la obligación principal garantizada, es decir, la litis consistió en determinar única y exclusivamente sobre la procedencia o improcedencia del requerimiento de pago de la obligación accesoria. En las condiciones apuntadas, al no demostrarse la ilegalidad de la resolución reclamada, procede en consecuencia negar a la quejosa el amparo solicitado."

Dicha resolución dio origen a la tesis aislada cuyos, rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida:

"PRESCRIPCIÓN. NO ES NECESARIO NOTIFICAR A LA AFIANZADORA LAS GESTIONES DE COBRO REALIZADAS DIRECTAMENTE A LA OBLIGADA PRINCIPAL PARA QUE OPERE LA INTERRUPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Del análisis del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación que dispone: '... El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. ...', se infiere que independientemente de que las gestiones de cobro al fiado hubieren sido notificadas o no a la afianzadora, éstas interrumpen el término de la prescripción. Lo anterior se sostiene en virtud de que atendiendo al carácter accesorio que tiene el contrato de fianza respecto de la obligación principal, y a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al no gozar tales instituciones de los beneficios de orden y excusión, no existe necesidad de notificar a la fiadora las gestiones de cobro realizadas directamente a la obligada principal, pues basta con que el fiado no pague para hacer efectiva la fianza que sirvió de garantía del interés fiscal, y al hecho de que para los efectos de interrumpir el término de la prescripción basta con que la acreedora realice cualquier gestión de cobro que notifique o haga saber al deudor para que deba considerarse interrumpido el término prescriptivo." (Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, julio de 2002. Tesis: XIV.2o.55 A. Página: 1365).

CUARTO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en relación con la materia de esta contradicción, al resolver las revisiones fiscales números 3/98 y 6/2000, son las siguientes:

1. Revisión fiscal número 3/98.

"SÉPTIMO. Es fundado el único concepto de agravio antes transcrito y suficiente para revocar la sentencia recurrida, por las siguiente razones: De la lectura integral de las constancias del juicio de nulidad número 291/98/2123/97, de donde emana la sentencia impugnada y, en especial, del examen practicado a esa resolución definitiva de primer grado, se desprende que en el caso concreto la Sala Fiscal anuló el acto administrativo que la afianzadora impugnó en dicho enjuiciamiento, por estimar que en la especie operó la prescripción de las facultades de la autoridad hacendaria para realizar el cobro, es decir, se declara la nulidad del requerimiento de pago número A-2124, relativo al expediente DIP830126LA6, por operar la prescripción de las facultades de la exactora, señalando en ese contexto la Sala a quo, que el término de tres años a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, había expirado ventajosamente, subrayando de manera enfática que en la especie no son aplicables las reglas que en materia de prescripción previene el Código Fiscal de la Federación (artículo 146), por cobrar aplicación en ese ámbito el dispositivo legal que antes se menciona. La autoridad hacendaria no está de acuerdo con esta interpretación y para ello aduce que la Sala Regional que emitió la controvertida sentencia, inobserva que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas implementa diversos métodos o sistemas para hacer efectivas las fianzas, distinguiendo las que se otorgan a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, y aquellos otros que se otorguen siempre a favor de la Federación, pero a cargo de terceros; que cuando se actualiza esta última hipótesis es aplicable el Código Fiscal de la Federación, por disposición expresa del numeral anteriormente citado, resultando, en consecuencia, aplicable analógicamente la tesis de jurisprudencia número 33/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el rubro de: 'FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.'. Como se ve, la cuestión jurídica a resolver en esta instancia, consiste en dilucidar si en el caso de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, resulta aplicable o no el término prescriptivo a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues a este respecto la resolutora de origen considera aplicable dicho precepto, lo que contrasta con la opinión de la autoridad recurrente, ya que ésta estima que en ese supuesto debe estarse a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación. Expuesto lo anterior, cabe decir que, como quedó establecido en un principio, las argumentaciones hechas valer son fundadas, si se toma en cuenta lo siguiente: Es cierto que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de manera literal, hace referencia a que las fianzas que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, debe estarse a lo que dispone el Código Fiscal de la Federación; en otras palabras, en dicho ordenamiento el legislador implementa una salvedad o excepción para las fianzas de la naturaleza que menciona, remitiendo al ámbito del citado código tributario para efectos de los trámites y procedimientos correspondientes y que guarda relación directa con el cobro, esto es, con el hecho de hacer efectivas las fianzas a favor del beneficiario. También debe ponerse de manifiesto que el criterio jurisprudencial, cuya aplicación analógica pretende la autoridad fiscalizadora, de manera categórica señala que la caducidad prevista en el artículo 120 del ordenamiento de fianzas, es inaplicable tratándose de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, esto de conformidad con el numeral 95 de la mencionada ley, que remite al Código Fiscal de la Federación, específicamente al procedimiento administrativo de ejecución que estatuye el artículo 143 del Código Fiscal. Ahora bien, aparentemente la jurisprudencia en cuestión no es aplicable al caso particular, simplemente porque dicho criterio se sustenta en relación con el tema de la caducidad, y no propiamente con el de la prescripción; sin embargo, aunque textual y literalmente no se ajusta a las características de este evento, de todas formas, por motivos de carácter analógico, sí es operante dicho criterio. Se dice lo anterior, porque tanto la caducidad como la prescripción constituyen formas o modo de extinción de las obligaciones fiscales; la caducidad se genera cuando la exactora no determina dentro del término previamente fijado el crédito fiscal, y la prescripción acontece cuando ya determinado el crédito no se realizan gestiones de cobro. De esto se sigue que la prescripción en materia fiscal se interrumpe con cada diligencia o gestión de cobro que se le haga al sujeto pasivo de la relación tributaria; en cambio, la caducidad se traduce meramente en la omisión de la autoridad, quien durante el término o periodo que fija la ley no establece o determina el crédito fiscal. Con base en estas consideraciones, es válido jurídicamente sostener que la prescripción requiere de la existencia del crédito fiscal, de lo que no precisa la caducidad, pues ésta se produce por el simple transcurso del tiempo, sin que la autoridad determine el crédito, lo que corresponde obviamente a la garantía de seguridad jurídica que impera en nuestro orden constitucional, pues transcurrido el término específico previsto por la ley, los particulares tendrán la certeza de la extinción de las facultades de la autoridad para establecer el crédito. No obstante estas diferencias, este tribunal revisor considera que ambas instituciones participan de un mismo atributo, que es la omisión de la autoridad, dado que en el caso de la caducidad se omite determinar el crédito, mientras que en el supuesto de la prescripción se omite gestionar el cobro; luego entonces, es patente que ambas figuras tienen como denominador común una actitud de carácter omisivo. En consecuencia, si bien es verdad que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al remitir al Código Fiscal de la Federación, en el caso de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, textualmente indica que dicha remisión es para el efecto de que se hagan efectivas dichas fianzas a favor del beneficiario, tal disposición no excluye y mucho menos nulifica la inaplicabilidad de las reglas que en materia de prescripción estatuye dicho código tributario, pues 'hacer efectiva la fianza', propiamente significa gestionar su cobro, o sea, efectuar las diligencias que tiendan a materializar el cobro de la misma. Consecuentemente, si el numeral en comento, de manera categórica, dispone que las fianzas de la naturaleza precisada se harán efectivas en términos de los procedimientos previstos por el Código Fiscal de la Federación, es incuestionable que la prescripción de las facultades de la autoridad hacendaria, indefectiblemente se regirá por lo que expresamente ordena el código fiscal indicado, por tratarse de una cuestión que atañe directamente al cobro del importe de la fianza, cuyo procedimiento lo regula el aludido código impositivo; es decir, si el cobro de la fianza debe efectuarse dentro de los parámetros y procedimientos establecidos por el Código Fiscal de la Federación, es lógico y jurídico que la prescripción de dicho cobro (requerimiento de pago) también debe ventilarse en esa misma vía. Una interpretación contraria resultaría ilógica, pues aunque se trata de una fianza, de ningún modo hay que olvidar que por su naturaleza debe hacerse efectiva a la luz de los procedimientos instituidos por el Código Fiscal de la Federación, lo que evidencia la inaplicabilidad del artículo 120 de la ley especial. Sería absurdo computar el término de la prescripción acorde a lo que estatuye el numeral en comento, pues aceptar tal posibilidad sería tanto como someter el cobro de la fianza al imperio de procedimientos que no corresponden al que expresamente hace referencia la ley, para el caso de fianzas de esa índole. Por lo demás, si las gestiones de cobro de la fianza por disposición legal deben realizarse dentro de un procedimiento económico-coactivo que previene el Código Fiscal de la Federación, lógico y jurídico resulta concluir que la prescripción está en relación directa con ese procedimiento y, por ello, la prescripción se sujeta a los requisitos y reglas que establece dicha codificación. Ninguna importancia tiene para el caso la cuestión que atañe a la cuestión legislativa que experimentó el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues el criterio que se sostiene en esta resolución resulta aplicable tanto en el precepto derogado como en el que actualmente se encuentra en vigor. En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado considera que en el evento a estudio no es aplicable el aludido dispositivo legal, y por las razones que se emiten con antelación, cobra aplicación analógica el criterio jurisprudencial que invoca la recurrente en su pliego de revisión, razón por la cual debe estimarse fundado el agravio hecho valer y, por ende, obvio es que en el caso no opera la causa de nulidad que menciona la Sala Fiscal para declarar procedente la acción ejercitada en el juicio natural; por tanto, debe estimarse que en el caso no ha operado la prescripción que se aduce, y en ese sentido, lo que procede aquí en la revisión es dejar insubsistente la sentencia recurrida y, en consecuencia, se ordena la devolución de los presentes autos a la resolutora de primera instancia a fin de que ésta, en lo que ve al tema de la prescripción, emita nuevo fallo en los términos y con estricto apego a los lineamientos que se precisan en esta resolución."

2. Revisión fiscal 6/2000.

"SEXTO. Son fundados los agravios expresados por la recurrente. En efecto, resulta oportuno destacar que el presente recurso de revisión fiscal fue promovido por el administrador local jurídico de Ingresos de Tijuana, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria, y del recaudador de rentas del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, en contra de la resolución de fecha treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Segunda Sala Regional del Noroeste, en los autos del expediente 175/99-01-02-03, en la que declaró la nulidad de la resolución consistente en el requerimiento de pago de liquidación, con número de oficio LDI-424, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, emitido por el recaudador de rentas del Estado de Baja California, mediante el cual requirió a la actora del pago de la cantidad de $36,744.60 (treinta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), por incumplimiento del crédito fiscal número LDI-424, así como el requerimiento de pago de liquidación, hecho con oficio número LDI-425, así como el requerimiento de pago de liquidación, hecho con oficio número LDI-425, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, emitido, por el precitado recaudador de rentas, por el cual requiere a la demandante el pago de la cantidad de $27,466.41 (veintisiete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 41/100 moneda nacional), por incumplimiento de pago del crédito fiscal LDI-425, emitidas por el Departamento Jurídico de las Oficinas de Recaudación de Rentas, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, sustentándose la Sala respon

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17347-4047835a/fianzas-para-que-se-interrumpa-el-termino-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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