FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR UN CRÉDITO FISCAL CUYO PAGO FUE AUTORIZADO EN PARCIALIDADES. EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN SE COMPUTA A PARTIR DE QUE AQUÉL SE TORNA EXIGIBLE Y HA SIDO DETERMINADO EN CANTIDAD LÍQUIDA EN RESOLUCIÓN FIRME DEBIDAMENTE NOTIFICADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver las revisiones fiscales números 38/2002 y 51/2002, mismas que son idénticas en ambos asuntos, son las que a continuación se transcriben:
"CUARTO. ... Por otra parte, debe desestimarse el argumento de la autoridad recurrente en el sentido de que la a quo también deja de observar que el término de la prescripción, tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, inicia a partir del requerimiento de pago a la afianzadora, por lo que -aduce la inconforme- en el caso de ninguna manera se actualiza la figura de la prescripción, dado que ésta se inició con fecha doce de marzo de dos mil uno, al haber sido requerida de pago la afianzadora respecto de la póliza de fianza No. 45-1534-00003, folio 64568ª, expedida el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y uno, y que hasta el momento el término de 5 años para que opere la prescripción no se ha reunido, pues sería hasta el año dos mil seis (foja 20). Sobre el particular, cabe decir que, independientemente de que tal argumento no lo hizo así valer al contestar la demanda, como se advierte de dicha contestación (fojas 48 a 74 del expediente fiscal), el artículo 146, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, señala en forma clara que: 'El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. ...', de donde se sigue que es inexacto que el citado término se inicia a partir de que se requiere de pago a la institución afianzadora, como sin éxito aduce la ahora inconforme. En efecto, conforme al mencionado artículo 146, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, término que inicia a partir de que el pago pudo ser legalmente exigido, y si como en el caso concreto, la empresa fiada solicitó a la autoridad hacendaria pagar en cuatro parcialidades mensuales consecutivas su adeudo fiscal, correspondiente al impuesto sobre la renta y recargos del año mil novecientos ochenta y seis, así como recargos por el año de mil novecientos ochenta y siete, según se desprende del acta de incumplimiento que obra en los autos del juicio de origen (fojas 6 y 7), y únicamente efectuó el pago de la primera parcialidad el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y uno, dejando de cubrir el pago de las restantes parcialidades. Ahora bien, del solo incumplimiento de pago de las parcialidades autorizadas a la contribuyente que se autodeterminó el crédito fiscal adeudado, derivan las consecuencias consistentes en la revocación de la autorización relativa y la de tornar exigible el crédito adeudado, de conformidad con el artículo 66, fracción III, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, y una vez que se den las hipótesis mencionadas es posible hacer efectivo el crédito fiscal mediante el procedimiento administrativo de ejecución, siendo necesario, además, para incoar el procedimiento referido, que la autoridad competente emita un requerimiento de pago al contribuyente que la legitime para intentar dicho procedimiento; por consiguiente, un crédito fiscal derivado de una autodeterminación de la propia contribuyente se torna exigible en el momento mismo en que se incumplió con el pago de la tercera parcialidad autorizada a la citada contribuyente. El tenor de la fracción mencionada, es el siguiente: 'Artículo 66. ... III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades cuando: ... c) El contribuyente deje de pagar tres parcialidades. En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autoridades fiscales requerirán y harán exigible el saldo insoluto mediante el procedimiento administrativo de ejecución. ...'. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 319, al resolver la contradicción de tesis número 54/99, visible en las páginas 338 y 339, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: 'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PROCEDE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO EN PARCIALIDADES EN QUE INCURRE EL CONTRIBUYENTE QUE AUTODETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE NOTIFICADA. De la interpretación armónica de los artículos 145 a 151 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 59, 66 y 68 del propio ordenamiento legal, se concluye por una parte, que el ejercicio de las facultades de comprobación es de naturaleza discrecional y por otra, que el procedimiento económico-coactivo requiere para su procedibilidad de un título que traiga aparejada ejecución, esto es, de una resolución administrativa que dé certeza o defina una situación legal, que demuestre la existencia de una obligación patrimonial determinada, líquida y exigible en el momento en que se intenta el procedimiento en contra del contribuyente. De lo anterior se infiere que del solo incumplimiento de pago de las parcialidades autorizadas al contribuyente que se autodeterminó un crédito fiscal, derivan las consecuencias consistentes en la revocación de la autorización relativa y la de tornar exigible el crédito adeudado; sin embargo, para incoar el procedimiento administrativo, es menester que la autoridad competente emita una resolución consistente en el requerimiento de pago al contribuyente que la legitime para intentar aquél; lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de la facultad de comprobación que tiene la autoridad fiscal para revisar si la autodeterminación del tributo se hizo conforme a derecho.'. Así las cosas, en el caso concreto, el término para que opere la prescripción, de acuerdo con lo que dispone el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 66, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento legal, inició a partir de que se dejó de cubrir la tercera parcialidad consecutiva por parte de la empresa fiada, esto es, el treinta de abril de mil novecientos noventa y uno, ello en razón de que la contribuyente fiada solicitó pagar en cuatro parcialidades mensuales el crédito adeudado, los días treinta de cada mes, según se desprende de la solicitud respectiva (fojas 23 a 25), de los cuales únicamente efectuó un pago el treinta de enero de mil novecientos noventa y uno, dejando de cubrir las parcialidades correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, por lo que el término de la prescripción se inició a partir del citado treinta de abril de mil novecientos noventa y uno, aun cuando equivocadamente la Sala Fiscal señaló que el crédito fiscal es exigible a partir de la fecha misma en que se expidió la póliza, el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y uno; por tanto, a partir de la fecha que se indica, la autoridad fiscal pudo legalmente hacer exigible el crédito adeudado mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por tanto, al doce de marzo de dos mil uno, fecha en que se requirió de pago a la institución afianzadora, transcurrió en exceso el término de cinco años para hacer efectivo el adeudo fiscal, por ende, es inconcuso que operó la prescripción a favor de la parte actora en el juicio de origen, como así lo resolvió la Sala Fiscal. Es aplicable al caso concreto, en lo conducente, la jurisprudencia 318 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/99, consultable en la página 338 del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: 'PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE EXIGIBLE. Conforme al mencionado artículo 146, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. Ese término inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Por ello, para que pueda iniciar el término de la prescripción, es necesario que exista resolución firme, debidamente notificada, que determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente, y no puede sostenerse válidamente que cuando el contribuyente no presenta su declaración estando obligado a ello, el término para la «prescripción» empieza a correr al día siguiente en que concluyó el plazo para presentarla, pretendiendo que desde entonces resulta exigible por la autoridad el crédito fiscal, ya que en tal supuesto lo que opera es la caducidad de las facultades que tiene el fisco para determinar el crédito y la multa correspondiente. De otra manera no se entendería que el mencionado ordenamiento legal distinguiera entre caducidad y prescripción y que el citado artículo 146 aludiera al crédito fiscal y al pago que pueda ser legalmente exigido.'. No pasa inadvertido para este órgano colegiado, el que la autoridad inconforme cita como apoyo de sus consideraciones la jurisprudencia IV.2o.A J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 974, Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: 'PRESCRIPCIÓN. FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. EL TÉRMINO A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES, INICIA A PARTIR DEL REQUERIMIENTO DE PAGO A LA AFIANZADORA.', criterio que no comparte este órgano colegiado, en razón de que el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación no establece que en el caso de hacer efectivas las fianzas, para hacer cubrir un crédito fiscal exigible, el término de la prescripción se inicia a partir de que se requiera de pago a la institución afianzadora, como así lo sostiene el criterio que se cita, y por el contrario, es clara la disposición legal que se menciona al señalar que el término de cinco años para que el crédito fiscal se extinga por prescripción se inicia a partir de que el crédito se torna exigible, y lo anterior no puede ser distinto, si se atiende al hecho de que quedaría a la decisión de la autoridad el de que ella estableciera el término en que empieza a correr la prescripción, pues bastaría que aun después de transcurridos los cinco años de que se dejó de cumplir con la obligación del pago en parcialidades, la autoridad requiriera a la afianzadora el saldo insoluto para que la obligación no se encontrara prescrita. En consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa, en la que se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, con fundamento en los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación."
CUARTO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en relación con la materia de esta contradicción, al resolver las revisiones fiscales números 204/2001, 90/2001, 98/2001, 276/2001 y 320/2001, en atención a que son idénticas y en obvio de repeticiones únicamente se transcribe la parte considerativa de la primera de las mencionadas, siendo la siguiente:
"QUINTO. Son sustancialmente fundados los agravios formulados y, por ende, procede revocar la sentencia impugnada por esta vía, en atención a las consideraciones que enseguida se expresan. En efecto, señala la recurrente que contrario a lo resuelto por la Sala, la prescripción no se actualiza en el caso, ya que es ilógico suponer que la fecha para que empiece a correr el término de la prescripción para el cobro de la fianza sea el día hábil siguiente, es decir, un día después de que venció la tercera parcialidad sucesiva, sin que fuera cubierta. Más adelante, refiere que dicho término empieza a correr desde que se le da a conocer a la demandante en cantidad líquida el monto a que asciende el pago a efectuar a cargo de la póliza, en virtud de que sería contrario a derecho que dicho término empezara a computarse antes de que le sea notificado el adeudo, lo que la Sala responsable pasa totalmente por alto, dejando de observar lo dispuesto por los artículos 67, fracción IV y 146 del Código Fiscal de la Federación; al respecto adujo, que primero se debe determinar el adeudo garantizado por la póliza de fianza en cantidad líquida, y ya una vez determinado, notificar el requerimiento de pago a la empresa afianzadora para hacerlo exigible. En esa tesitura, expresó que este tribunal debería coincidir en que el término de la prescripción empieza a computarse a partir de que se le notifica a la empresa fiadora el requerimiento de pago, que en el caso se efectuó el veintinueve de enero del año dos mil, y es hasta que transcurra el plazo de cuarenta y cinco días a la fecha en que surta efectos la notificación cuando la autoridad recaudadora está en posibilidad de hacer efectiva la garantía. La autoridad recurrente argumentó también que resulta errado el fallo del a quo, al considerar que el crédito fiscal a que se hace referencia en el requerimiento de pago 322-SAT-R3-L19-06-8576, de fecha (2) dos de diciembre de (1999) mil novecientos noventa y nueve, se extinguió por prescripción, aludiendo expresamente: 'Pues si la a quo pasó por alto que para que opere la figura jurídica de la prescripción es necesario que exista un crédito fiscal previamente determinado, ese H. Tribunal seguramente no lo hará y concluirá que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, el plazo para que opere la caducidad en relación con la exigibilidad de fianzas a favor de la Federación, comienza a correr a partir del día siguiente de que se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, y que, por tanto, la autoridad demandada, a partir del día hábil siguiente a aquel en que se efectuó la referida acta (a la que se refiere la a quo a foja 4 de la sentencia) tiene un plazo de 5 años para determinar el adeudo y, por tanto, es procedente determinar que la autoridad recaudadora cuenta con un plazo de 5 años contados a partir de que transcurra el término de 45 días de que haya sido notificado el adeudo previamente determinado para que mi representada pueda hacerlo exigible, de acuerdo con lo establecido por el artículo 146 del aludido ordenamiento legal. Siendo absurdo que aun cuando se está dentro del plazo para determinar el adeudo a cargo de la afianzadora, éste ya haya prescrito. Por tanto, al quedar demostrado que en el caso que nos ocupa no se ha cristalizado la figura de la prescripción respecto del requerimiento de pago contenido en el oficio 322-SAT-R3-L19-06-8576, de fecha 2 de diciembre de 1999, y que, por tanto, la autoridad demandada no se encuentra imposibilitada para ejercer la acción de cobro sobre la póliza de fianza No. 01115797, de 27 de marzo de 1992, es dable que ese H. Órgano colegiado revoque la sentencia que se recurre.'. En vista de lo anterior, toda vez que el análisis de tales argumentos revela que está expresada la causa de pedir y la autoridad recurrente señala cuál es el agravio que le causa la resolución recurrida y los motivos que lo originaron, este tribunal estima fundados, en lo esencial, los argumentos de referencia, apoyado en el estudio lógico-jurídico que a continuación se desarrolla, a efecto de establecer una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y del fallo que al respecto se emite. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que las fianzas que las instituciones afianzadoras otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, deben hacerse efectivas conforme lo dispone el Código Fiscal de la Federación, tal y como puede leerse de la jurisprudencia 91/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XII, octubre del año dos mil, visible en la página 286, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: 'FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.' (se transcribe su texto). Precisado lo anterior y en virtud de que la figura de la prescripción en el Código Fiscal de la Federación se encuentra establecida en su artículo 146, resulta conveniente transcribir su contenido: 'Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. ... Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales.'. Conforme al transcrito precepto, el crédito fiscal prescribe en el término de cinco años e inicia a partir de la fecha en que el pago pudo haber sido legalmente exigido. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 15/2000, emitida por la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal de la nación, visible en la página 159, Tomo XI, de febrero del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: 'PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE EXIGIBLE.' (se transcribe su texto). Ahora bien, establecido que el plazo para que inicie el término de prescripción a que se refiere el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, inicia a partir de la fecha en que el pago pudo haber sido legalmente exigido, procede delimitar cuándo le es legalmente exigible la obligación de pago a la empresa afianzadora, en el caso en que el contribuyente fiado incumplió con el pago de las parcialidades a las que se comprometió, para cubrir el crédito fiscal autodeterminado. Al respecto, resulta ilustrativa, de inicio, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió que, tratándose del contribuyente que se autodeterminó un crédito fiscal, el incumplimiento de pago de las parcialidades autorizadas tiene como consecuencia la revocación de la autorización relativa y la de tornar el crédito exigible adeudado, a través del procedimiento administrativo de ejecución, previa resolución consistente en el requerimiento de pago al contribuyente que legitime a la autoridad para intentar dicho procedimiento. La tesis aludida corresponde al número 2a./J. 16/2000, visible en la página 203, Tomo XI, febrero de 2000, Segunda Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PROCEDE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO EN PARCIALIDADES EN QUE INCURRE EL CONTRIBUYENTE QUE AUTODETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE NOTIFICADA.' (se transcribe su texto). De la tesis transcrita y de la ejecutoria que le dio origen, se advierte que el Máximo Tribunal de la nación estableció que el incumplimiento de pago de las parcialidades autorizadas al contribuyente que se autodeterminó un crédito fiscal produce, por una parte, la revocación de la autorización relativa y, por otra, la calidad de exigibilidad del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución. Lo anterior implica que la falta oportuna de pago de las parcialidades autorizadas motiva el procedimiento económico-coactivo, aunque no en forma inmediata, pues si bien éste constituye el medio para hacer efectivo el crédito fiscal, no puede pasarse por alto que se está en presencia de un procedimiento de naturaleza adjetiva y, por tanto, es necesaria una resolución ejecutiva de la autoridad administrativa, que en el caso se configura a través del requerimiento de pago que se debe notificar al contribuyente, como requisito formal previo al referido procedimiento. Consecuentemente, tratándose del contribuyente que se autodeterminó un crédito fiscal, el incumplimiento de pago de las parcialidades produce, además de la revocación de dicha autorización, la exigibilidad del crédito fiscal a través del procedimiento económico-coactivo, pero no en forma inmediata, pues si bien éste constituye el medio para hacerse efectivo el crédito fiscal, se requiere, sin embargo, la resolución de requerimiento de pago al contribuyente, que legitima a la autoridad para intentar dicho procedimiento. Trasladados los mismos argumentos al caso de la afianzadora, cuando ha garantizado mediante póliza de fianza la obligación del fiado de pagar mediante parcialidades el crédito que éste se autodeterminó, se tiene que el incumplimiento de dicho fiado al pago garantizado también hace que se torne exigible la obligación a la empresa afianzadora mediante el procedimiento de ejecución o procedimiento económico-coactivo, que específicamente establece el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, para hacer efectivas las garantías del interés fiscal tratándose de fianzas a favor de la Federación, otorgadas para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, pues el citado precepto señala: 'Artículo 143. Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las fracciones II, IV y V del artículo 141 de este código, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución. ... Tratándose de fianza a favor de la Federación, otorgada para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, al hacerse exigible, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución con las siguientes modalidades: a) La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, acompañando copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad. Para ello la afianzadora designará, en cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un apoderado para recibir requerimientos de pago y el domicilio para dicho efecto, debiendo informar de los cambios que se produzcan dentro de los quince días siguientes al en que ocurran. La citada información se proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento de las autoridades ejecutoras. Se notificará el requerimiento por estrados en la (sic) regiones donde no se haga alguno de los señalamientos mencionados. b) Si no se paga dentro del mes siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que remate, en bolsa, valores propiedad de la afianzadora bastantes para cubrir el importe de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, y le envíe de inmediato su producto.'. En ese contexto, se llega a la conclusión que el incumplimiento del fiado a la obligación garantizada, en la forma expresada con anterioridad, torna exigible la obligación de pago de la afianzadora mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el precepto transcrito, pero como se dijo, no en forma inmediata, pues aunque éste es el medio para hacer efectiva la garantía constituida para asegurar el interés fiscal, se requiere necesariamente la resolución de requerimiento de pago a la afianzadora, que legitima a la autoridad para intentar tal procedimiento. Partiendo de la premisa citada, y a efecto de esclarecer en qué momento empieza a correr el término de prescripción a favor de la afianzadora para liberarse del pago garantizado, es conveniente delimitar, aun cuando sea someramente, las diferencias entre la figura de la prescripción y de la caducidad. La prescripción es una institución de derecho sustantivo, y en materia fiscal sólo existe en su modalidad negativa o liberatoria, esto es, como un medio para que el deudor, llámese fisco o contribuyente, se libere de las obligaciones. Conforme al artículo 146 ya citado, la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, según quedó explicado con antelación. La caducidad pertenece al derecho adjetivo, y es la sanción que se impone al fisco por su inactividad, e implica la extinción de las facultades para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones. En materia fiscal, el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, establece que las facultades de las autoridades fiscales se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora. Con vista a los argumentos hasta aquí referidos, debemos concluir que, tratándose de la obligación de pago a cargo de la afianzadora, en la hipótesis en estudio, se actualizan las figuras de caducidad y prescripción, en la forma siguiente: 1. La caducidad corre desde que se levanta el acta de incumplimiento prevista en la fracción IV del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, por disposición expresa de dicho numeral, momento a partir del cual la autoridad fiscal está en condiciones de ejercitar su facultad de requerir de pago a la afianzadora, indispensable para iniciar el procedimiento económico-coactivo establecido en el artículo 143 del mismo ordenamiento legal. 2. La prescripción corre a partir de que la autoridad requiere de pago a la afianzadora, a través del procedimiento económico-coactivo referido, regulado en el artículo 143 invocado, establecido para hacer efectivas las garantías constituidas, tratándose de fianzas a favor de la Federación, otorgadas para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros. De todo lo expuesto, se determina que si conforme al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el término de la prescripción inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y, por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia 16/2000, visible en la página 203, Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PROCEDE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO EN PARCIALIDADES EN QUE INCURRE EL CONTRIBUYENTE QUE AUTODETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE NOTIFICADA.', que tratándose del contribuyente que se autodeterminó un crédito fiscal, el incumplimiento de pago de las parcialidades autorizadas tiene como consecuencia la revocación de la autorización relativa y la de tornar exigible el crédito adeudado mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación; debe considerarse que igualmente, tratándose de la afianzadora que garantizó el interés fiscal correspondiente, el incumplimiento de pago del fiado, en esas circunstancias, torna legalmente exigible dicha obligación, pero no ipso facto, sino también mediante el procedimiento económico-coactivo que, tratándose de fianzas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, es el establecido en el artículo 143 del ordenamiento invocado; procedimiento que, tanto en el caso del contribuyente, según lo estableció la jurisprudencia transcrita, como en el de la afianzadora, inicia con el requerimiento de pago, que implica el ejercicio de la facultad de cobro de la autoridad fiscal, sin perjuicio de las facultades discrecionales que la ley le confiere. Por ende, el término de la prescripción de la obligación de pagos de las instituciones garantes, en los casos de incumplimiento del fiado al pago de las parcialidades del crédito garantizado, inicia a partir de que le es notificado el correspondiente requerimiento de pago, y no inmediatamente que el fiado dejó de cubrir las parcialidades correspondientes. Delimitado lo que antecede, debe puntualizarse que le asiste la razón al recurrente en la medida en que aduce que el término de la prescripción, en el particular, corrió a partir de que se requirió de pago a la demandante. Efectivamente, obra a fojas cuarenta y seis a la cuarenta y nueve del expediente administrativo la resolución de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en la que se requiere el pago de la cantidad de veinte mil setecientos cuarenta y cinco pesos con noventa y tres centavos, del valor de la póliza de fianza número 01115797, expedida por Crédito Afianzador, Sociedad Anónima, Compañía Mexicana de Garantías, para garantizar el interés fiscal de los créditos números 9726, 9727, 9728 y 9729, integrados y controlados en el 9726. La ante
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17350-11c1c60f/fianzas-otorgadas-a-favor-de-la-federacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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