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Modo: Corpus Pro

POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA CARECE DE FACULTADES PARA DECRETAR LA REMOCIÓN DE LOS AGENTES DE ESA CORPORACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17554
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, , Pág. 464.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal número 99/99 son las que a continuación se transcriben:

"SÉPTIMO. Previo al estudio del agravio que aduce el recurrente, es conveniente fijar la litis del recurso de revisión fiscal, la cual consiste en analizar la legalidad de la sentencia dictada por la Sala Fiscal que declaró la nulidad de la resolución impugnada, ya que fue emitida por autoridad incompetente y contiene la sanción de destitución e inhabilitación decretada por el contralor interno de la Procuraduría General de la República. El recurrente sustancialmente aduce como único agravio que la responsable no estudió la refutación de los agravios hechos en la contestación de la demanda ni valoró debidamente las pruebas ofrecidas, pues en la resolución que se impugna indebidamente se considera incompetente al contralor interno de la Procuraduría General de la República para imponer la sanción de destitución del cargo de trabajadores de confianza, como lo es Lucio Ramos Estrada, argumentando que únicamente puede aplicarla su superior jerárquico, entendiendo por éste al titular de la Procuraduría General de la República y no así, como aconteció en la especie, al contralor interno citado. Que la Sala no estudió debidamente la refutación hecha respecto de que la resolución emitida de destitución e inhabilitación del cargo por el término de diez años en contra del actor fue hecha por autoridad competente, pues el contralor interno sí tiene facultades para sancionar a los servidores públicos de la dependencia citada que infrinjan la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos durante el desempeño de su cargo, y fundamentó debidamente su resolución en los artículos 53, fracciones IV y VI y 60 de la mencionada ley, y no en el 56, fracción III, como lo señala la Sala responsable, además de que el demandante hace referencia al artículo 56, fracción II, de dicha ley; así, la Sala entró al estudio de si el servidor público era trabajador de confianza, afirmando que sí lo es, supliendo la deficiencia de la queja, lo que hacía inoperantes los agravios por no formar parte de la litis. Que la Sala transcribe el artículo 48 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como estaba redactado antes de ser derogado, pues el texto reformado dice: ‘Para los efectos de esta ley se entenderá por secretaría a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. ...’, por ende, el actor pretende fundar su defensa en un artículo que no está vigente. Que es inexacto que el contralor interno no tenga atribución para aplicar la destitución y que la misma corresponda al procurador general de la República, pues según los artículos 52, 56 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, compete al superior jerárquico la aplicación de las sanciones, mas no la imposición de las mismas, porque esa es una facultad de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; así, la orden (aplicación de la sanción) compete a ésta y la ejecución (imposición) corresponde a aquél. Que a partir de que se publicó el decreto de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, se otorgó la facultad expresa a la contraloría para imponer las sanciones disciplinarias, además de que en el artículo segundo transitorio del decreto se señaló que quedan derogadas las disposiciones que se opongan al mismo; por ello, es errónea la apreciación de la Sala al señalar que el artículo 56, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no fue reformado, por lo que sigue vigente; lo que no es cierto, porque al oponerse al artículo 60 de la propia ley queda derogada aquella disposición, por tanto, la contraloría interna tiene conferida la atribución sancionadora, no limitada para la imposición de la destitución de los servidores públicos de confianza. En conclusión, que en términos del artículo 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos únicamente será facultad de las contralorías internas sancionar a los servidores públicos, incluyendo a los de la Procuraduría General de la República, por las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Son ineficaces los argumentos del único agravio expresado por el recurrente. En efecto, del estudio y análisis que se hace de las constancias que integran el expediente natural del juicio fiscal se advierte que la Sala Fiscal actuó conforme a derecho al decretar la nulidad de la resolución impugnada, en virtud de que el contralor interno carece de la facultad de aplicar la sanción administrativa de destitución, ya que tal atribución compete al superior jerárquico del actor, Lucio Ramos Estrada, cuyo cargo, comisión o empleo es agente de la Policía Judicial Federal, por ende, sólo el procurador general de la República tiene la potestad para decretar la destitución, conforme lo disponen los artículos 48, párrafo segundo, 53, fracción IV y 56, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Ciertamente, no le asiste razón al recurrente al considerar que el contralor interno es la autoridad competente para imponer la sanción de destitución, para ello es conveniente transcribir los preceptos legales aplicables, y que son materia de controversia entre el recurrente y la Sala Fiscal, siendo los siguientes: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. ‘Artículo 56. Para los efectos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Procuraduría General de la República se considera integrante de la administración pública federal centralizada, y en consecuencia son sujetos de las responsabilidades a que se refiere dicho título y la legislación aplicable, los funcionarios y empleados, y en general, toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la institución. Para los mismos efectos, la Procuraduría General de la República será autoridad competente para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y el procurador general de la República será considerado como superior jerárquico, en los términos de las disposiciones de dicha ley.’. ‘Artículo 58. Se podrán imponer a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, por las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el procedimiento que dicha ley previene. En el caso de la Policía Judicial Federal, se aplicarán las mismas sanciones administrativas, pero el servidor público encargado del mando o la supervisión de dicha policía, podrá imponer correctivos disciplinarios consistentes en arresto hasta de treinta y seis horas y retención en el servicio o privación de permisos de salida, hasta por quince días, si la gravedad de la falta lo amerita. ...’. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ‘Artículo 48. Para los efectos de esta ley se entenderá por secretaría a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Para los mismos efectos, se entenderá por superior jerárquico al titular de la dependencia y, en el caso de las entidades, al coordinador del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se le atribuya a través de la contraloría interna de su dependencia.’. ‘Artículo 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: ... IV. Destitución del puesto; ... VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ...’. ‘Artículo 56. Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 53 se observarán las siguientes reglas: ... II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se demandará por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las leyes respectivas; III. La suspensión del empleo, cargo o comisión durante el periodo al que se refiere la fracción I, y la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicarán por el superior jerárquico. ...’. ‘Artículo 57. Todo servidor público deberá denunciar por escrito a la contraloría interna de su dependencia o entidad los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección. La contraloría interna de la dependencia o entidad determinará si existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, y aplicará las sanciones disciplinarias correspondientes. ...’. ‘Artículo 60. La contraloría interna de cada dependencia o entidad será competente para imponer sanciones disciplinarias.’. De la transcripción anterior se advierte, en una interpretación sana e integral de los dispositivos normativos, que los funcionarios, empleados y en general toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la Procuraduría General de la República, son sujetos, entre otras, de las responsabilidades administrativas a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que la procuraduría es autoridad competente para aplicar dicha ley, y el procurador general de la República será considerado como superior jerárquico en los términos de tales disposiciones, asimismo, que para los efectos de la ley citada se entenderá por secretaría a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y por superior jerárquico al titular de la dependencia y, en el caso de las entidades, al coordinador del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se le atribuya a través de la contraloría interna de su dependencia; además, que la destitución y la inhabilitación son sanciones que se pueden imponer por faltas administrativas y que para la aplicación de la destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos (en general) se demandará por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos y en los términos de las leyes respectivas, en cambio, en la destitución de los servidores públicos de confianza se aplicará por el superior jerárquico; finalmente, que la contraloría interna de cada dependencia será competente para imponer sanciones disciplinarias (por regla general), pero se considera que existe excepción cuando se trata de sancionar a los servidores públicos de confianza, como ha quedado establecido. De lo anterior se colige lo ineficaz de los argumentos del recurrente en el sentido de que el contralor interno tiene facultades para imponer la sanción de destitución al demandante, Lucio Ramos Estrada, que se desempeñaba como policía judicial federal, conforme quedó plenamente demostrado en autos ante la Sala Fiscal, que tiene la calidad de servidor público de confianza y, por ende, únicamente podía ser destituido por su superior jerárquico, que lo es el procurador general de la República, y al no ser así, la Sala Fiscal actuó conforme a derecho determinando la nulidad de la resolución administrativa, toda vez que la autoridad que la impuso carece de tal facultad. No es óbice para concluir lo anterior la apreciación subjetiva e inexacta que hace el recurrente en el sentido de que una cosa es la orden (imposición) y otra la ejecución de la sanción (aplicación), argumentos que pretenden sorprender la buena fe y desviar la correcta administración de justicia de este órgano colegiado, a fin de que se le tenga por justificado su proceder y resolución. En lo tocante a que la Sala Fiscal suplió la deficiencia de la queja del demandante respecto del fundamento legal invocado de la fracción II, y no la fracción III, del artículo 56 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como del carácter de servidor público de confianza que tiene Lucio Ramos Estrada, que se desempeñaba como policía judicial federal, debe decirse que está entre las facultades de dicha Sala el invocar hechos notorios, como son tales circunstancias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la resolución jurisdiccional no violenta tal dispositivo normativo, como lo invoca el recurrente. Tampoco le asiste razón al recurrente sobre el hecho de que la Sala juzgadora está invocando y aplicando un precepto derogado, como lo es el artículo 48 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que constituye una apreciación interpretativa inexacta, ya que según ha quedado expresado, tal numeral fue analizado por la juzgadora conforme al vigente artículo 48 de la citada ley, pues la actualidad del mismo establece lo que debe entenderse tanto por ‘secretaría’ como por ‘superior jerárquico’, lo que, desde luego, no resulta favorable a los intereses del recurrente. A mayor abundamiento, debe decirse que de la interpretación hecha a los preceptos legales transcritos en este considerando, así como del análisis de las constancias que obran en el expediente, resulta claro e indubitable que el contralor interno que impuso la sanción de destitución al demandante en la resolución impugnada, no es el superior jerárquico del trabajador de confianza, policía judicial federal, es más, como el propio recurrente lo expresa tanto en su contestación de demanda como en sus agravios, él depende de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y no de la Procuraduría General de la República, luego entonces, al no tener vinculación jerárquica superior con el actor, carece de facultad para imponerle la sanción de destitución. Finalmente, debe concluirse que la Sala Fiscal hizo un debido análisis de las constancias que integran el expediente fiscal, que estudió acertadamente las causas de improcedencia que le invocó el ahora recurrente, así como que analizó y valoró adecuadamente tanto los argumentos esgrimidos por la demandada en su contestación y, desde luego, los relativos a la incompetencia del contralor interno para sancionar al actor, consecuentemente, la sentencia está ajustada a derecho y es procedente confirmarla."

De dicho asunto derivó la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida:

"CONTRALOR INTERNO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CARECE DE FACULTADES PARA SANCIONAR CON LA DESTITUCIÓN EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN A UN POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. De una interpretación integral de los artículos 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 48, 53, fracciones IV y VI, 56, fracciones II y III, 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se advierte que los funcionarios, empleados y en general toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la Procuraduría General de la República, son sujetos, entre otras, de las responsabilidades administrativas a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que la procuraduría es autoridad competente para aplicar dicha ley y el procurador general de la República será considerado como superior jerárquico en los términos de tales disposiciones; asimismo, que para los efectos de la ley citada, se entenderá por secretaría, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y por superior jerárquico al titular de la dependencia y, en el caso de las entidades, al coordinador del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se le atribuya, a través de la contraloría interna de su dependencia; además que la destitución y la inhabilitación son sanciones que se pueden imponer por faltas administrativas y que para la aplicación de la destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos (en general), se demandará por el superior jerárquico, de acuerdo a los procedimientos y en los términos de las leyes respectivas; en cambio la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicará por el superior jerárquico, que en el caso es el procurador general de la República; y, finalmente, que la contraloría interna de cada dependencia será competente para imponer sanciones disciplinarias (por regla general), pero se considera que existe excepción cuando se trata de sancionar a los servidores públicos de confianza, como ha quedado establecido." (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, septiembre de 2000. Tesis: II.2o.A.15 A. Página: 729).

CUARTO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en relación con la materia de esta contradicción, al resolver el amparo en revisión número 77/2002, son las siguientes:

"DÉCIMO. Antes de proceder al análisis de los conceptos de violación previamente transcritos, debe precisarse que en virtud del sobreseimiento decretado conforme al considerando octavo de esta resolución, el único acto reclamado que integra la litis es el atribuido al contralor interno de la Procuraduría General de la República, consistente en la resolución de dos de febrero de dos mil uno, dictada en el expediente relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado con el número 178/2000, en la cual se determina la destitución del quejoso como agente ‘C’ de la Policía Judicial Federal. En los conceptos de violación primero y segundo aduce el quejoso que las autoridades que formularon en su contra la queja y sustanciaron el respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad, las cuales fueron referidas en el considerando octavo de esta resolución, carecen de competencia legal, argumentos que resultan inoperantes en virtud del sobreseimiento decretado conforme a los razonamientos contenidos en el indicado punto considerativo. En el tercer concepto de violación, por una parte argumenta el quejoso que la resolución impugnada viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que el contralor interno de la Procuraduría General de la República omitió fundar su competencia legal, lo cual lo deja en estado de indefensión al desconocer la normatividad en que sustenta la responsable la competencia que pretende ejercer. En ese aspecto, el concepto de violación en estudio resulta infundado en virtud de que, contrariamente a lo que sostiene el quejoso, en la primera parte del concepto citado en el considerando primero de la resolución impugnada, la autoridad responsable invoca los preceptos constitucionales y legales que considera fundantes de su competencia, tal como se constata mediante la copia certificada de la indicada resolución que obra a fojas veintiuno a ciento once de los autos del juicio de garantías de origen, documento al que se confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 96, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, cuestión que, además, reconoce el propio amparista en diversa parte del mismo concepto de violación, y tomando en cuenta que una cosa es la falta absoluta de fundamentación y otra muy diversa la indebida fundamentación que en su caso revista el acto impugnado, se reitera que en el aspecto mencionado es infundado el concepto de violación en estudio por no existir la omisión imputada a la responsable. En diverso argumento contenido en el tercer concepto de violación citado, el quejoso argumenta que el contralor interno de la Procuraduría General de la República carece de competencia para decretar la destitución de que se duele el amparista y que esa facultad corresponde exclusivamente al procurador general de la República. Es parcialmente fundado el mencionado concepto de violación, y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el amparista. El artículo 53, fracción IV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada en el juicio de garantías de origen, establece la destitución entre las sanciones aplicables a los servidores públicos que incurran en responsabilidad en términos del mismo ordenamiento, conforme al siguiente texto: ‘Artículo 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: ... IV. Destitución del puesto.’; por su parte, el artículo 56 del mismo ordenamiento legal dispone que tratándose de trabajadores de confianza, la imposición de la sanción antes referida compete al superior jerárquico, que en el caso sería el procurador general de la República, tal como asevera el quejoso, en los siguientes términos: ‘Artículo 56. Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 53 se observarán las siguientes reglas: ... III. La suspensión del empleo, cargo o comisión durante el periodo al que se refiere la fracción I, y la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicarán por el superior jerárquico ...’; sin embargo, los agentes de la Policía Judicial Federal no pueden ser válidamente considerados como trabajadores de confianza, según lo establece la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 407 aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 468, de rubro y texto: ‘POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, reiteradamente, («POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.», Novena Época, Pleno, tesis P./J. 24/95; «POLICÍAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.», Octava Época, Pleno, Tomo I, Primera Parte-1, página 43; «TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE.», Octava Época, Pleno, tesis P./J. 9/90; «POLICÍAS. EL AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN QUE DECRETA SU BAJA.», Novena Época, Segunda Sala, 2a./J. 7/96; «POLICÍAS. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA ORDEN DE BAJA.», Novena Época, Segunda Sala, 2a./J. 8/96) en el sentido de que los miembros de los cuerpos de seguridad pública no están sujetos al régimen laboral que establece el apartado B del artículo 123 constitucional, ni quedan incluidos en la relación laboral que existe entre los trabajadores de confianza y el Estado, equiparándolo con un patrón, ya que el vínculo existente entre los miembros de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, en tanto que si en la Constitución se hubiese querido dar un trato igual a los grupos mencionados en la misma, constituidos por los militares, los marinos, los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, no se hubiera establecido, en dicha fracción, que debían regirse por sus propias leyes, ya que hubiera bastado con lo enunciado en el apartado B, al señalar las reglas generales para normar las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. En estas condiciones, lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, son contrarios a lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, pues la razón de la inclusión en un precepto expreso, de que los cuatro grupos citados deben regirse por sus propias leyes, se ve nulificada al asemejarlos a los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, la disposición constitucional, al diferenciar a estos grupos en las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, señalando que deberán regirse por sus propias leyes, las excluye de la aplicación de las normas que se establecen en el citado apartado. Por último, la exclusión de los miembros de los cuerpos de seguridad pública de las relaciones que regula el apartado B del artículo 123 constitucional, se hace patente si se considera que en el segundo párrafo de la fracción XIII se establece que el Estado deberá proporcionar a los miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones establecidas en el inciso f) de la fracción XI, lo que implica un privilegio constitucional a favor de algunos de los sujetos que contempla la fracción XIII, establecido en forma expresa en atención a que se encuentran excluidos de dichas prestaciones. Esto es, si la intención de la Potestad Revisora hubiera sido la de considerar a los grupos señalados en la fracción XIII del apartado B, como trabajadores de confianza, con los derechos de protección al salario y a la seguridad social, no hubiera sido necesario disponer, expresamente, que el Estado se encuentra obligado a otorgar a una parte de ese grupo lo que ya está establecido en la fracción XIV, de lo que se evidencia la exclusión de dichos grupos de ser considerados como trabajadores.’. En el contexto señalado, resulta imprecisa la afirmación del quejoso en el sentido de que es el procurador general de la República la autoridad competente para decretar su destitución. En cuanto a este último aspecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante la tesis aislada número II.2o.A.15 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 729, se ha pronunciado en el sentido de conferir competencia al procurador general de la República para imponer la destitución a un agente de la Policía Judicial Federal. La tesis citada dice lo siguiente: ‘CONTRALOR INTERNO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CARECE DE FACULTADES PARA SANCIONAR CON LA DESTITUCIÓN EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN A UN POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. De una interpretación integral de los artículos 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 48, 53, fracciones IV y VI, 56, fracciones II y III, 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se advierte que los funcionarios, empleados y en general toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la Procuraduría General de la República, son sujetos, entre otras, de las responsabilidades administrativas a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que la procuraduría es autoridad competente para aplicar dicha ley y el procurador general de la República será considerado como superior jerárquico en los términos de tales disposiciones; asimismo, que para los efectos de la ley citada, se entenderá por secretaría, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y por superior jerárquico al titular de la dependencia y, en el caso de las entidades, al coordinador del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se le atribuya, a través de la contraloría interna de su dependencia; además que la destitución y la inhabilitación son sanciones que se pueden imponer por faltas administrativas y que para la aplicación de la destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos (en general), se demandará por el superior jerárquico, de acuerdo a los procedimientos y en los términos de las leyes respectivas; en cambio la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicará por el superior jerárquico, que en el caso es el procurador general de la República; y, finalmente, que la contraloría interna de cada dependencia será competente para imponer sanciones disciplinarias (por regla general), pero se considera que existe excepción cuando se trata de sancionar a los servidores públicos de confianza, como ha quedado establecido.’. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, formúlese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la denuncia de contradicción entre el criterio que sustenta este órgano colegiado y el diverso que sostiene el Tribunal Colegiado previamente citado, para lo que ese Alto Tribunal tenga a bien determinar. Por otra parte, le asiste la razón al amparista en cuanto a que el contralor interno de la Procuraduría General de la República carece de facultades para imponer la sanción de referencia. En efecto, las facultades que al respecto se confieren a la mencionada autoridad se encuentran previstas en el artículo 56, fracción IV, de la ley federal antes citada, que enseguida se transcribe: ‘Artículo 56. Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 53 se observarán las siguientes reglas. ... IV. La secretaría promoverá los procedimientos a que hacen referencia las fracciones II y III, demandando la destitución del servidor público responsable o procediendo a la suspensión de éste cuando el superior jerárquico no lo haga. En este caso, la secretaría desahogará el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al superior jerárquico.’. Conforme a lo previsto en el artículo 48 del or

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17554-26bc12a0/policia-judicial-federal-el-procurador-general-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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