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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. LOS LAUDOS QUE EMITE EN SU CALIDAD DE ÁRBITRO CONSTITUYEN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2001-PL. · Registro digital (IUS): 7528
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 1037.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados que emitieron las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo directo 1303/2001, promovido por Constructora Aboumrad Amodio Berho, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo conducente, expresó:

"QUINTO. El primero y segundo de los conceptos de violación se estudian en conjunto por la íntima relación que guardan entre sí, y son infundados.

"Opuestamente a lo que sostiene la quejosa, no resulta contraria a derecho la determinación de la Sala responsable de considerar fundada la excepción de incompetencia del Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal, que Cinemex Universidad, S.A. de C.V., planteó al dar contestación a la demanda instaurada en su contra.

"El artículo 1792 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

"Por su parte, el artículo 1793 señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

"El diverso 1797 establece que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

"Mientras que el artículo 1832 prevé que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que parezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley.

"Finalmente, el artículo 1839 previene que, en un contrato, los contratantes pueden poner todas las cláusulas que estimen convenientes.

"Del contenido de las disposiciones mencionadas, se colige que las relaciones contractuales se rigen, ante todo, por las normas que derivan de las cláusulas convenidas expresamente por las partes, pues en materia de contratos impera la libertad contractual, que se refiere a la facultad de las partes para convenir en cuanto a la forma y el contenido del contrato; de ahí que para dilucidar las obligaciones asumidas por los contratantes, es menester acudir precisamente a las estipulaciones plasmadas por ellos en el acuerdo de voluntades de que se trate, siguiendo los lineamientos para la interpretación de los contratos que establecen los artículos 1851 al 1859 del Código Civil para el Distrito Federal.

"Estos preceptos en lo esencial establecen que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas; que si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas; que cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar; que si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto; que las estipulaciones contractuales deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas; que las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato; que el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades del consenso; que cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas conforme a las reglas procedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses, pero si fuere oneroso se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses; y que si tales dudas recayeren sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, entonces el contrato será nulo.

"En la especie, conforme a las constancias certificadas del juicio ordinario civil número 69/2000 y los autos originales del toca número 1939/2000, del índice de la Sala responsable, y que por tratarse de actuaciones judiciales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., quedó demostrado lo siguiente:

"Constructora Aboumrad Amodio Berho, S.A. de C.V., a través de su apoderado Mauricio Amodio Herrera, demandó en la vía ordinaria civil de Cinemex Universidad, S.A. de C.V., y Adecaab, S.A. de C.V., el estar y pasar por la declaración judicial de nulidad que se decrete respecto de las cláusulas cuarta, quinta, sexta, séptima y décima primera del convenio modificatorio celebrado entre las partes el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, así como sus concomitantes del contrato de arrendamiento de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, marcadas como primera (en cuanto al torcido concepto de pena convencional), tercera, quinta, en lo conducente; vigésima sexta, puntos 3 y 4; vigésima séptima, puntos 3, 4, y 5; y trigésima tercera, punto 1; el ajuste de dos pólizas de fianza otorgadas ante Afianzadora Insurgentes, con números de póliza 2575-2652-000438 y 2575-2622-0004442; la primera por un monto de $18'548,560.00 (dieciocho millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y la segunda por $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional); el pago de daño moral por la lesión sufrida en su prestigio comercial ante el medio afianzador mexicano, así como ante diversos clientes, equivalente a $22'000,000.00 (veintidós millones de pesos 00/100 moneda nacional); el pago de daños y perjuicios; así como la declaración judicial de compensación de cantidades, entre lo que se le adeude como consecuencia de la reparación del daño moral y daños y perjuicios, contra el monto entregado a Cinemex Universidad, S.A. de C.V., al negocio de inversión denominado Plaza Zapata, a título de 'aportaciones de mejoras'; y el pago de gastos y costas del juicio.

"En ese mismo escrito, la parte actora pidió que se llamara a juicio a Afianzadora Insurgentes, S.A., a fin de que la sentencia que se llegara a pronunciar también afectara su esfera jurídica.

"La actora exhibió como documentos base de la acción, entre otros, los siguientes:

"a) El contrato de arrendamiento de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, celebrado entre Adecaab, S.A. de C.V., como arrendadora, y Cinemex Universidad, S.A. de C.V., en cuanto arrendataria, en relación con el local ubicado en la plaza conocida como Plaza Zapata, situado entre las avenidas Universidad, San Lorenzo, México Coyoacán y Eje 7 Sur Zapata de esta ciudad, con una superficie de 4,983.82 cuatro mil novecientos ochenta y tres punto ochenta y dos metros cuadrados, con la comparecencia y conformidad de aquélla, quien garantizó de manera solidaria el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por la arrendataria; y,

"b) El convenio de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve celebrado entre las mismas partes.

"Ahora bien, en la cláusula décima novena del contrato de arrendamiento, se pactó lo siguiente:

"'Décima Novena. Arbitraje:

"'19.1 Las partes del presente contrato convienen en que cualquier controversia, disputa o reclamación que surja entre ellas en relación con la interpretación, cumplimiento y ejecución de este contrato, será resuelta y decidida en forma definitiva por medio del arbitraje. Salvo estipulaciones expresas en contrario en esta cláusula, el procedimiento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, Francia (la «CCI») será aplicable y tendrá lugar en México, Distrito Federal (incluyendo la emisión del laudo). Habrá tres árbitros, uno será designado por la o las partes demandantes, otro por la o las partes demandadas y el tercero de común acuerdo por los árbitros designados conforme a lo anterior o, en caso de que éstos no lo designaren de común acuerdo dentro de los 5 (cinco) días naturales a partir de la designación del árbitro que corresponde a la parte demandada, la sección mexicana de la «CCI» que será competente para los aspectos administrativos del arbitraje, designará al tercer árbitro.

"'19.2 En caso de que cualquiera de las partes del arbitraje no nombrare su árbitro dentro de la demanda o la contestación, según sea el caso, en los términos del artículo dos de las Reglas de Conciliación de la «CCI», dicho árbitro será designado por la sección mexicana de la «CCI» a solicitud de la otra parte.

"'19.3 El idioma del arbitraje será el español.

"'19.4 Los laudos y demás resoluciones deberán basarse en las estipulaciones del presente contrato, y en las leyes mexicanas (mas no en las leyes sobre conflicto de leyes).

"'19.5 La duración del arbitraje no deberá exceder de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que el tercer árbitro acepte su nombramiento. El laudo arbitral será obligatorio para las partes, mismas que renuncian en este acto a cualquier recurso judicial en contra de dicho laudo. En caso de que la parte perdedora no cumpla o se niegue a cumplir con el laudo arbitral dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la emisión del laudo, la parte ganadora y su apoderado podrán inmediatamente proceder a la ejecución judicial del laudo.

"'19.6 Al inicio del arbitraje, la parte demandante depositará un monto suficiente para cubrir todos los gastos y honorarios del arbitraje, conforme a la determinación de los árbitros o, según sea el caso, de la sección mexicana de la CCI. Todos los gastos y honorarios de los árbitros en relación con el arbitraje estarán a cargo de la parte que pierda el arbitraje, de conformidad con la determinación de los árbitros.

"'19.7 La parte que pierda el arbitraje reembolsará por tanto, a la otra parte, los montos depositados al principio del arbitraje por dicha parte.'

"Por su parte, en la cláusula décima cuarta del convenio modificatorio las partes estipularon:

"'Décima Cuarta. Arbitraje.

"'14.1 Cualquier disputa, controversia o reclamación derivada o relativa al presente convenio o su interpretación, ejecutabilidad y cumplimiento, relación o validez será única o definitivamente decidida mediante el procedimiento de arbitraje previsto en el contrato.'

"Conforme al sentido literal de esas cláusulas del convenio de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, fue intención de las partes que en caso de disputa, controversia o reclamación derivada por o relativa al convenio o a su interpretación, ejecutabilidad y cumplimiento, relación, e incluso aquellas en las cuales se cuestionara su validez, se someterían al juicio arbitral, el cual se sustanciará y decidirá de acuerdo con el procedimiento de arbitraje previsto en el contrato de arrendamiento de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y siete.

"En ese contexto, es infundada la alegación de la quejosa, en el sentido de que el juicio natural por el cual reclama la nulidad de diversas cláusulas del convenio no encuadra dentro de lo pactado en la cláusula arbitral contenida en el mismo, toda vez que en esta última se pactó expresamente que cualquier conflicto por el cual se cuestionara la validez del convenio, sería única y definitivamente decidido mediante el procedimiento arbitral establecido en el contrato de arrendamiento.

"Luego, como lo sustentó la Sala responsable, la competencia para conocer del juicio de origen no radica en un órgano jurisdiccional estatal como lo es el Juzgado Cuadragésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, sino en árbitros que serán designados en los términos precisados en la cláusula décima novena del contrato de arrendamiento, por así haberlo convenido expresamente las partes.

"En efecto, el arbitraje es un convenio que la ley reconoce y que, por cuanto implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial, reviste el carácter de ser un sustituto de la jurisdicción, como también lo denomina la doctrina.

"Este acuerdo de voluntades es el llamado compromiso, y en virtud de él, las partes confían la decisión de sus conflictos a uno o más particulares, que expresamente ellos designaron.

"El artículo 609 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que las partes tienen el derecho de sujetar sus diferencias al juicio arbitral.

"Ese precepto y el 612 del mismo ordenamiento reconocen el derecho de sujetar controversias al juicio arbitral de todo aquel que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

"Además, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en su artículo 2o., fracción XI, reconoce al arbitraje con el carácter de sustituto de la jurisdicción al determinar que los árbitros tienen la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles, precisamente al dirimir las contiendas sometidas en compromiso arbitral.

"Pueden ser objeto del arbitraje toda materia del derecho privado sobre la que sus titulares tengan la facultad de disposición sin limitaciones. Toda cuestión que no necesite ser ventilada en procesos donde se excluye el principio dispositivo es, por tanto, apta para someterse a árbitros.

"Así, de conformidad con el artículo 615 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:

"'No se pueden comprometer en árbitros los siguientes negocios:

"'I. El derecho de recibir alimentos;

"'II. Los divorcios excepto en cuanto a la separación de bienes y a las demás diferencias puramente pecuniarias;

"'III. Las acciones de nulidad de matrimonio;

"'IV. Los concernientes al estado civil de las personas con la excepción contenida en el artículo 339 del Código Civil;

"'V. Los demás en que lo prohíba expresamente la ley.'

"El caso particular no encuadra dentro de ninguna de las hipótesis previstas en dicha norma, en la que se establecen los casos que no se pueden comprometer en árbitros, y que son: el derecho a recibir alimentos; los divorcios, excepto en cuanto a la separación de bienes y a las diferencias puramente pecuniarias, las acciones de nulidad de matrimonio; las concernientes al estado civil de las personas, con la excepción contenida en el artículo 339 del Código Civil; y los demás casos en que lo prohíba expresamente la ley. Ello es así, puesto que en el juicio de origen se reclama la nulidad de diversas cláusulas del contrato de arrendamiento de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete y del convenio de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

"Además, las disposiciones relativas al contrato de arrendamiento contenidas en el título sexto del Código Civil para el Distrito Federal, tampoco prohíben comprometer en árbitros los conflictos que se deriven de los contratos de arrendamiento.

"En otro aspecto, el artículo 616 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece: 'El compromiso designará el negocio o negocios que se sujeten a juicio arbitral y el nombre de los árbitros. Si falta el primer elemento, el compromiso es nulo de pleno derecho sin necesidad de previa declaración judicial. ...'.

"Conforme al sentido literal del precepto transcrito, se otorga competencia al árbitro para dirimir una controversia que expresamente en el compromiso designen las partes, por lo que es indudable que el sometimiento de las partes al arbitraje supone la expresa voluntad de ellas, para que sea un tercero quien dirima la controversia suscitada; y el laudo estriba tanto en que es la culminación de un procedimiento que respete las formalidades esenciales del juicio, consistentes en que se notifique a la parte demandada la instauración del juicio promovido en su contra, se le corra traslado con la demanda, y goce de un plazo para contestar, para oponer las excepciones, defensas y, en su caso, plantear reconvención; tener un periodo probatorio; así como el derecho a que se dicte la resolución que decida la controversia; como en que exista el pacto libre y expreso de las partes en someterse al arbitraje; esto es, que se trata de un juicio al cual se sometieron las partes en conflicto en forma libre y voluntaria, mientras que el laudo podrá causar estado si las partes pactaron expresamente la renuncia a su impugnación a través del recurso ordinario que pueda modificarlo o revocarlo.

"De ahí que es ajustado a derecho el pacto arbitral convenido por las partes, cuando contiene las formalidades esenciales del procedimiento y no se pacta en relación con una materia que es de orden público, siempre que las partes hayan dispuesto de bienes propios o tengan facultades expresas para ello.

"Por otro lado, si bien es cierto que un árbitro no puede hacer una 'declaración de nulidad', puesto que de dicha expresión se advierte que es una declaración formalmente judicial, sin embargo, la resolución que pronuncie el árbitro, que la ley denomina como laudo, es materialmente jurisdiccional e igualmente eficaz y obligatoria para las partes.

"Ese laudo por sí mismo tiene eficacia de cosa juzgada, sólo que como el árbitro carece de imperium para hacer cumplir sus determinaciones, debe requerirse el auxilio de la autoridad judicial.

"En efecto, para ejecutar un laudo, es preciso la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que sin quitarle la naturaleza privada asume su contenido; de suerte que, entonces, el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que sólo es el complemento necesario para ejecutar lo resuelto por el árbitro, ya que el laudo es una resolución dictada por el árbitro que dirime la controversia suscitada entre las partes con calidad de cosa juzgada y constituye título que motiva ejecución ante el Juez competente que debe prestar los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en el laudo. Por tanto, el laudo es una resolución que tiene los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, sólo que la eficacia y realización concreta de lo condenado quedan siempre al Juez competente designado por las partes o el del lugar del juicio. El árbitro carece de la facultad de hacer cumplir ante sí el laudo que emitió, porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos de la jurisdicción y que es inherente a los órganos jurisdiccionales del Estado.

"Ello implica que el árbitro carece de la fuerza del Estado para hacer efectiva la condena, pero el laudo en sí mismo no está despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegación hecha por el Estado a través de la norma jurídica, y sólo se reserva la facultad de ejecutar.

"El Juez ante quien se pide la ejecución de un laudo dictado por un árbitro en México, para decretar el requerimiento de pago, únicamente debe y puede constatar la existencia del laudo como una resolución que ha establecido una conducta concreta, inimpugnable e inmutable y que, por ende, debe provenir de un procedimiento en el que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento y que no sea contrario a una materia de orden público.

"En la especie, como en el convenio de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve las partes manifestaron claramente que para el caso de controversia sobre la validez del mismo, se someterían al juicio arbitral, y dicho acto jurídico entraña, por su naturaleza, la máxima expresión de la voluntad, en términos de los artículos 1796 a 1798 del Código Civil para el Distrito Federal, fue correcto que la Sala responsable declarara incompetente al Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal para conocer del asunto.

En otro aspecto, la cláusula décima cuarta del convenio de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve relativa al pacto de arbitraje, se refiere al convenio y no hace precisión expresa sobre el contrato de arrendamiento referido cuando establece que cualquier disputa, controversia o reclamación derivada por o relativa al convenio, a su interpretación, ejecutabilidad y cumplimiento, relación o validez, será única y definitivamente decidida mediante el procedimiento de arbitraje previsto en el contrato de arrendamiento de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete; pero para darle sentido práctico y útil a esa cláusula debe interpretarse en el sentido de que el pacto arbitral rige para las controversias sobre la validez de la cláusulas del contrato de arrendamiento de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete.

"Ello, porque el pacto arbitral en sí mismo carece de sentido si no se precisa respecto de qué controversias va a conocer; de modo que la precisión de que serán árbitros quienes conozcan de la validez de diversas cláusulas del convenio, en realidad se refieren a que sean árbitros los que conozcan de la impugnación de validez de las diversas cláusulas del contrato de arrendamiento en que se pactó el arbitraje, puesto que resulta ilógico que árbitros conozcan de la validez del convenio arbitral y que no puedan conocer de la validez del contrato de arrendamiento que une a las partes y cuyas controversias pactaron que se resolvieran por árbitros.

"Lo anterior porque, en primer lugar, el contrato de arrendamiento y el convenio forman un solo documento, ya que se encuentran indisolublemente vinculados; tan es así que la cláusula décima cuarta del convenio en donde se contiene el compromiso de arbitraje hace remisión expresa al procedimiento arbitral contenido en el contrato.

"Además, no se puede declarar incompetente al Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal para conocer de unas prestaciones y competente respecto de otras, pues de ser así se dividiría la continencia de la causa, con posibilidad latente de que se emitan dos resoluciones contradictorias.

"A mayor abundamiento, debe señalarse que la quejosa no combate la diversa consideración que la Sala formuló en el sentido de que ya en la resolución pronunciada por ella misma el veintinueve de marzo del año dos mil, dentro del toca número 633/2000, deducida del expediente número 50/2000 que se ofreció como prueba por la excepcionista, se había señalado que las cláusulas del convenio impugnadas de nulas sólo eran aplicables a las partes que intervinieron en dicho acto y, por tanto, el Juez de origen no resultaba competente para conocer del negocio.

"Finalmente, la sentencia reclamada tampoco es violatoria del artículo 20 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que el mismo, en su primera parte, indica que en caso de conflicto de derechos, el Juez deberá resolver a favor de quien trata de evitarse perjuicios y no a favor de quien pretenda obtener un lucro; agregando en su parte final que si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados, lo que implica para el Juez el acatamiento cabal del principio de equidad entre las partes; sin embargo, en el presente caso no se está en presencia de un conflicto de derechos que deba resolverse de acuerdo con la ley o su interpretación jurídica, o bien, a falta de ésta conforme a los principios generales del derecho, dado que está claramente expresada la voluntad de las partes de someter sus diferencias al arbitraje; de modo que se atiende a la libertad de contratación de las partes, quienes estuvieron de acuerdo en someterse al juicio arbitral.

"Luego, la Sala responsable actuó correctamente al ordenar al Juez que declarara concluido el asunto, toda vez que su actuación terminó al momento de dictar la resolución de la controversia que ante ella se presentó.

"En otro aspecto, por cuestión de método lógico-jurídico, se estudia en este apartado el tercer concepto de violación que resulta fundado pues, como lo afirma la quejosa, la Sala responsable violó en su perjuicio el artículo 154, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por no haber declarado que quedaban subsistentes la demanda y la contestación.

"Ese precepto legal establece lo siguiente:

"'Artículo 154. Es nulo todo lo actuado por el Juez que fuere declarado incompetente, salvo: I. La demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y su contestación, si las hubo, las que se tendrán como presentadas ante el Juez que reconocida una incompetencia, sea declarado competente.'.

"Conforme al sentido literal de ese precepto, cuando se declare la legal incompetencia de un Juez deben quedar subsistentes, entre otras actuaciones, la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y su contestación, por lo que al decretar la Sala que 'el Juez incompetente deberá poner a disposición de los promoventes los documentos por ellos presentados', implícitamente declaró insubsistente la demanda y la contestación de la misma y violó en perjuicio de la quejosa el mencionado precepto legal. Además, como un fin primordial del arbitraje es que haya celeridad en la resolución del asunto; al dejar insubsistente la citada demanda y contestación, es claro que se contraría esa finalidad y la impartición de justicia expedita a que obliga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Luego, debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra teniendo en cuenta los lineamientos de esta ejecutoria."

Esta ejecutoria dio origen a la siguiente tesis:

"ÁRBITRO. SUS RESOLUCIONES SON ACTOS DE AUTORIDAD, Y SU EJECUCIÓN LE CORRESPONDE AL JUEZ DESIGNADO POR LAS PARTES. Para la ejecución de un laudo arbitral es preciso la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que, sin quitarle la naturaleza privada, asume su contenido, de modo que el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que sólo es el complemento necesario para ejecutar lo resuelto por el árbitro, ya que el laudo es una resolución dictada por el árbitro que dirime la controversia suscitada entre las partes, con calidad de cosa juzgada y constituye título que motiva ejecución, ante el Juez competente que debe prestar los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en el laudo. Por tanto, el laudo es una resolución que tiene los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, sólo que la eficacia y realización concreta de lo condenado quedan siempre al Juez competente designado por las partes o el del lugar del juicio. El árbitro carece de la facultad de hacer cumplir, ante sí, el laudo que emitió, porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos de la jurisdicción y que es inherente a los órganos jurisdiccionales del Estado. Ello implica que el árbitro carece de la fuerza del Estado para hacer efectiva la condena, pero el laudo en sí mismo no está despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegación hecha por el Estado a través de la norma jurídica, y sólo se reserva la facultad de ejecutar. El Juez ante quien se pide la ejecución de un laudo dictado por un árbitro, para decretar el requerimiento de pago, únicamente debe y puede constatar la existencia del laudo, como una resolución que ha establecido una conducta concreta, inimpugnable e inmutable y que, por ende, debe provenir de un procedimiento en el que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, y que no sea contrario a una materia de orden público."

(Novena Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, julio de 2001. Tesis: I.3o.C.231 C. Página: 1107).

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo en revisión 4522/99, promovido por Bertha Broussi Finkelberg de Tanur, sostuvo lo que a continuación se transcribe.

"SEXTO. Sostiene la revisionista que la sentencia que impugna es ilegal porque, contrariamente a lo resuelto por el Juez de Distrito, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que los laudos que emite carecen de unilateralidad, imperatividad y coercitividad y, por ende, deben reputarse más bien como actos de particulares.

"Aduce que sus laudos requieren de la voluntad de las partes plasmada en un compromiso arbitral para poder ser pronunciados, de la homologación judicial para ser ejecutables, además de que, por sí mismos no son exigibles por medio de la fuerza pública, por lo que en los términos del decreto que crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no son actos de autoridad.

"Insiste la recurrente en que no ejerce potestad administrativa ni es un tribunal administrativo porque se limita a llevar a cabo con autonomía técnica, actos de gestión como el 'ombudsman para la protección de la salud en cuanto se refiere a la prestación de servicios médicos', y porque sus acuerdos y laudos son emitidos en forma amigable y de buena fe con la finalidad de facilitar a los usuarios y prestadores de servicios médicos la solución de controversias, sin sustituir a los órganos jurisdiccionales.

"Concluye que el arbitraje volu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7528-50d273a6/comision-nacional-de-arbitraje-medico-sus-laudos-arbitrales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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