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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ELEMENTOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17185
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, , Pág. 651.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes precisados al dictar las respectivas ejecutorias.

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en México, Distrito Federal, en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo en revisión número RA. 420/2001 (8392/2001), con fecha nueve de noviembre del año dos mil uno, en la parte que interesa señala:

"VISTOS; Y,

"RESULTANDO:

"PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil uno, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Eloy Eligio Herrera Carreón promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"‘

"‘III. Autoridades responsables:

"‘a) Autoridad ordenadora:

"‘1. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

"‘b) Autoridades ejecutoras:

"‘1. Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

"‘2. Subdirector de Nóminas y Remuneraciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

"‘IV. Acto reclamado. Reclamo a todas y cada una de ellas, en su dualidad de ordenadoras y ejecutoras, la resolución emitida el 5 de marzo del presente año, notificada el día 2 de abril del presente año, la cual fue emitida a través del recurso de revisión número RR. 06/01.’

"CONSIDERANDO:

"...

"OCTAVO. En un primer aspecto de su primer concepto de violación aduce el amparista que se violan en su perjuicio las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, porque el acto de privación que se dictó en su contra no proviene de un tribunal previamente establecido conforme a leyes expedidas con anterioridad, porque el procedimiento administrativo respectivo fue instrumentado por la Subdirección de Justicia Policial, la cual carece de facultades para instaurarlo. ...

"Por otra parte, manifiesta el impetrante, en esencia, que no fueron correctamente valoradas las pruebas que ofreció, en virtud de que se realizó tal valoración en términos del artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual considera que no le es aplicable, así como tampoco las jurisprudencias que aplica la autoridad responsable.

"Suplido en su deficiencia el argumento referido, en términos de lo previsto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se estima fundado por lo siguiente:

"El acto reclamado se hace consistir en la resolución de fecha cinco de marzo de dos mil uno, en la que se confirma la destitución decretada por el Consejo de Honor y Justicia en contra de Eloy Eligio Herrera Carreón, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil, en el expediente CHJ/1465/00, en virtud de haber resultado positivo en la prueba de detección de drogas.

"La autoridad responsable realiza la valoración de las pruebas en la resolución reclamada, aplicando supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, argumentando que el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal regula en forma deficiente lo relativo a la admisión, desechamiento, desahogo y valoración de las pruebas y, al efecto, aplica la tesis de rubro: ‘SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SALVO DISPOSICIÓN DE LA LEY, TIENE APLICACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES.’.

"Sin embargo, contra lo sostenido en la resolución reclamada, debe precisarse lo siguiente:

"El amparista se duele de la emisión de la resolución que confirma su destitución como policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

"El ordenamiento legal que rige a tal corporación es la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, conforme al artículo 1o. de la misma, que señala lo siguiente:

"‘Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases para la prestación del servicio de seguridad pública, así como regular los servicios privados de seguridad en el Distrito Federal.’

"El título sexto de la mencionada ley regula lo relativo al régimen disciplinario de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal; en el capítulo III del mismo título, integrado por el artículo 52, se establecen las causales de destitución que en el caso pueden operar, en los siguientes términos:

"‘Artículo 52. Los elementos de los cuerpos de seguridad pública podrán ser destituidos por las siguientes causas:

"‘I. Faltar a sus labores por más de tres ocasiones en un periodo de treinta días naturales sin permiso o causa justificada;

"‘II. La sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria;

"‘III. Por falta grave a los principios de actuación previstos en los artículos 16 y 17 de la presente ley y a las normas de disciplina que se establezcan en cada uno de los cuerpos de seguridad pública;

"‘IV. Por incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio;

"‘V. Por portar el arma de cargo fuera del servicio;

"‘VI. Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio;

"‘VII. Por asistir a sus labores en estado de ebriedad, o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo;

"‘VIII. Por desacato injustificado a las órdenes de sus superiores;

"‘IX. Por revelar asuntos secretos o reservados, de los que tenga conocimiento;

"‘X. Por presentar documentación alterada;

"‘XI. Por aplicar a sus subalternos en forma dolosa o reiterada correctivos disciplinarios notoriamente injustificados, y

"‘XII. Por obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de dádivas a cambio de permitirles el goce de las prestaciones a que todo policía tiene derecho.

"‘El cambio de los mandos no constituirá una causa para destituir a un elemento de los cuerpos de seguridad pública.

"‘Los cuerpos de seguridad pública elaborarán un registro de los elementos que hayan sido destituidos, especificando además, la causa de la destitución.’

"En el capítulo IV del ordenamiento en cita, integrado por los artículos 53 a 55, se establecen las facultades del Consejo de Honor y Justicia, entre las cuales se encuentra la de resolver la destitución de los elementos de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, así como su integración y el procedimiento que para tal efecto debe observar, en los siguientes términos:

"‘Artículo 53. En cada uno de los cuerpos de seguridad pública habrá un Consejo de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para:

"‘I. Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos policiales a los principios de actuación previstos en la presente ley, así como a las normas disciplinarias de cada uno de los cuerpos de seguridad pública;

"‘II. Resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos;

"‘III. Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos y recompensas, y

"‘IV. Conocer y resolver los recursos de rectificación.

"‘El Consejo de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y reputación de los cuerpos de seguridad pública y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación, para tal efecto, gozará de las más amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los agentes y para practicar las diligencias que le permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución.’

"‘Artículo 54. El Consejo de Honor y Justicia correspondiente estará integrado por:

"‘I. Un presidente, que será designado por el secretario o por el procurador, según sea el caso, de entre los elementos policiales que tengan jerarquía correspondiente a los niveles medios por lo menos y una reconocida honorabilidad y probidad;

"‘II. Un secretario, que será designado por el presidente del consejo, y deberá contar con título de licenciado en derecho;

"‘III. Un vocal, que deberá ser un representante de la Contraloría General del Departamento o de la Contraloría Interna de la Procuraduría, según corresponda, y

"‘IV. Dos vocales, quienes deberán ser insaculados de entre los elementos policiales que tengan por lo menos una jerarquía correspondiente a niveles medios y que gocen de reconocida honorabilidad y probidad. Estos vocales durarán en su cargo un año y no serán reelectos.

"‘Para cada uno de estos cargos, también se designará un suplente.’

"‘Artículo 55. En todo asunto que deba conocer el Consejo de Honor y Justicia, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular y se sujetará al siguiente procedimiento:

"‘I. Desde luego se hará saber al elemento sujeto al procedimiento, la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan y pueda defenderse por sí o por persona digna de su confianza o, en su defecto, se le nombrará un defensor de oficio, concediéndole diez días hábiles para que ofrezca las pruebas pertinentes y señalándole lugar, día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad y las que fueren en contra del derecho, la moral y las buenas costumbres;

"‘II. En dicha audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas y el interesado podrá presentar, en forma verbal o por escrito, los alegatos que a su derecho convengan. El consejo dictará su resolución debidamente fundada y motivada, dentro de los diez días siguientes y la notificará personalmente al interesado;

"‘III. La resolución tomará en consideración la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes del elemento sujeto a procedimiento, así como las pruebas desahogadas;

"‘IV. De todo lo actuado se levantará constancia por escrito; y

"‘V. Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia que recaigan sobre el recurso de rectificación, serán definitivas.

"‘Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia se agregarán a los expedientes u hojas de servicio de los elementos de los cuerpos de seguridad pública.’

"Por su parte, el capítulo V, integrado por el artículo 56 del propio ordenamiento, establece y regula el recurso de revisión procedente contra las resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia, de la siguiente manera:

"‘Artículo 56. En contra de las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia, se podrá interponer el recurso de revisión ante el procurador o el secretario, según sea el caso, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

"‘En el escrito correspondiente, el recurrente expresará los agravios que estime pertinentes y aportará las pruebas que procedan.

"‘Interpuesto el recurso de revisión dentro del plazo señalado, el procurador o el secretario lo resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes.

"‘Las resoluciones del secretario o del procurador, según sea el caso, se agregarán al expediente u hoja de servicio correspondiente.’

"Como puede advertirse de la lectura de los preceptos previamente transcritos, no se establecen en ellos reglas aplicables para el desahogo de las probanzas aportadas por las partes, ni para la valoración de las mismas en los procedimientos de destitución seguidos ante el Consejo de Honor y Justicia, y recurribles mediante revisión ante el secretario de Seguridad Pública, en el caso que nos ocupa, ya que si bien es cierto que en el artículo 55 citado se establecen las probanzas que resultan admisibles, así como el término para su ofrecimiento, el momento en que deben ser desahogadas y que las mismas deben ser tomadas en consideración al momento de emitir la resolución respectiva, no se establecen reglas ni sistema alguno de desahogo ni valoración probatoria.

"Por otra parte, en ninguna parte de la ley en cuestión se hace remisión alguna a otro ordenamiento que deba considerarse aplicable supletoriamente para el efecto señalado.

"A este respecto, debemos tener presente que para que opere la supletoriedad de un ordenamiento en relación con otro, deben cubrirse ciertos requisitos y, concretarse, determinadas hipótesis, de manera que la aplicación supletoria no transgreda los requisitos de legalidad que todo acto de autoridad debe atender, requisitos e hipótesis que han quedado plasmados en las tesis jurisprudenciales que enseguida se citan y que este tribunal hace suyas.

"La tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible con el número 588 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 532, de rubro y texto: ‘SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.’.

"La tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que con el número 589 aparece en la página 533 del Apéndice y tomo citados, de rubro y texto: ‘SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUÁNDO SE APLICA. La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación la establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida.’.

"Como puede advertirse, en el caso que nos ocupa no se satisfacen los requisitos ni se concretan las hipótesis de la aplicación supletoria de algún otro ordenamiento en relación con la Ley de Seguridad Pública en el aspecto previamente señalado, de reglas o sistema de valoración probatoria en el procedimiento relativo a la destitución de los elementos integrantes de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, en tanto que el ordenamiento que lo regula no hace remisión expresa para tal efecto a ningún otro cuerpo normativo.

"Conviene precisar que si bien es cierto que otros preceptos de la ley que nos ocupa hacen remisión a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su reglamento, así como al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como ordenamientos supletorios, tales remisiones no guardan relación alguna con la cuestión adjetiva en análisis.

"En efecto, el artículo 4o., párrafo segundo, de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, establece textualmente lo siguiente:

"‘Artículo 4o. ...

"‘La Policía Judicial quedará sujeta por lo que corresponde a su ámbito de competencia, a las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en su reglamento y en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.’

"Como podrá advertirse, la remisión que expresamente se hace en el precepto citado, está referida a los elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal en cuanto a las actividades propias de su ámbito de competencia, y no a los elementos policiacos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ni a aspectos relativos a su destitución, como es el caso del quejoso.

"Por otra parte, los artículos 17 y 48 del ordenamiento en cuestión, establecen lo siguiente:

"‘Artículo 17. Los elementos de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, independientemente de las obligaciones que establecen la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otras leyes especiales, deberán:

"‘I. Actuar dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen;

"‘II. Servir con fidelidad y honor a la sociedad;

"‘III. Respetar y proteger los derechos humanos;

"‘IV. Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas y de sus bienes;

"‘V. No discriminar en el cumplimiento de sus funciones a persona alguna en razón de su raza, religión, sexo, condición social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;

"‘VI. Desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, así como de hacer uso de sus atribuciones para lucrar;

"‘VII. Observar un trato respetuoso en sus relaciones con las personas, a quienes procurarán auxiliar y proteger en todo momento, debiendo abstenerse de todo acto de prepotencia y de limitar injustificadamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico, realice la ciudadanía;

"‘VIII. Prestar el auxilio que les sea posible a quienes estén amenazados de un peligro personal, y en su caso, solicitar los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas se encuentren heridas o gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familiares o conocidos de tal circunstancia;

"‘IX. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su deber, así como conservarlo;

"‘X. Recurrir a medios no violentos antes de emplear la fuerza y las armas;

"‘XI. Velar por la vida e integridad física y proteger los bienes de las personas detenidas o que se encuentren bajo su custodia;

"‘XII. No infligir ni tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aun cuando se trate de cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra. En el caso de tener conocimiento de tales actos, deberán denunciarlos inmediatamente ante la autoridad competente;

"‘XIII. Obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos y cumplir con todas las obligaciones que tengan a su cargo, siempre y cuando la ejecución de éstas o el cumplimiento de aquéllas no signifique la comisión de un delito;

"‘XIV. Observar un trato digno y decoroso hacia los elementos policiales que se encuentren bajo su mando con estricto apego y respeto a los derechos humanos y a las normas disciplinarias aplicables;

"‘XV. Guardar la reserva y confidencialidad necesarias respecto de las órdenes que reciban y la información que obtengan en razón del desempeño de sus funciones, salvo que la ley les imponga actuar de otra manera. Lo anterior, sin perjuicio de informar al titular de la dependencia el contenido de aquellas órdenes sobre las cuales tengan presunción fundada de ilegalidad;

"‘XVI. Asistir a los cursos de formación policial, a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización;

"‘XVII. Observar las normas de disciplina y orden que establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas internas de cada uno de los cuerpos de seguridad pública, y

"‘XVIII. Actuar coordinadamente con otras corporaciones, así como brindarles, en su caso, el apoyo que legalmente proceda.’

"‘Artículo 48. Las conductas u omisiones de los elementos de los cuerpos de seguridad pública no sancionadas en esta ley pero sí previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se sujetarán a lo establecido por dicha ley.’

"Como puede advertirse, en los preceptos previamente citados se hace remisión expresa a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que resulta así un ordenamiento supletorio respecto de la Ley de Seguridad Pública Local que nos ocupa; sin embargo, tampoco los aspectos respecto de los cuales se establece esa remisión guardan relación alguna con el que aquí nos ocupa.

"En efecto, la laguna existente en la ley local referida está relacionada, como ya se indicó, con las reglas relativas al desahogo de las probanzas, así como a la regulación de la valoración probatoria en el procedimiento de destitución de los elementos de seguridad pública del Distrito Federal, cuestión que es de carácter estrictamente adjetivo; por el contrario, los artículos 17 y 48 anteriormente transcritos, están referidos a cuestiones sustantivas relativas a las obligaciones genéricas y específicas que atañen a los elementos de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, así como a las sanciones aplicables por el incumplimiento de esas obligaciones, que pueden estar previstas en la propia Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, o en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Es decir, la materia de los preceptos transcritos y, consecuentemente, de la remisión expresa que en ellos se observa, está referida a cuestiones sustantivas relativas a las obligaciones señaladas y a las sanciones procedentes por su incumplimiento, pero de ninguna manera hacen referencia al procedimiento que debe seguirse para la imposición de las mismas.

"Ahora bien, una vez determinado que no existe una norma expresa que regule la materia en cuestión en la misma Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, ni alguna otra que resulte supletoriamente aplicable al caso, es necesario remitirnos al texto del artículo 14 constitucional para encontrar la solución jurídica aplicable al caso en estudio.

"El precepto mencionado establece lo siguiente:

"‘Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

"‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’

"El precepto constitucional transcrito establece, en su cuarto párrafo, que en los juicios del orden civil la sentencia se dictará conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ella, con base en los principios generales del derecho. Tal disposición incluye, entre otras, dentro de la expresión ‘juicios del orden civil’ a los procesos relativos a las materias laboral, mercantil, familiar y administrativa, pues el legislador Constituyente la utilizó en contraposición de lo dispuesto en el párrafo tercero del mismo artículo 14, en que se refiere a los ‘juicios del orden criminal’.

"La regla referida, contenida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, debe aplicarse no solamente para resolver aquellos casos en que al dictar una sentencia definitiva no existe una norma jurídica aplicable al caso, sino también para resolver todos aquellos problemas que se presenten durante la tramitación de un proceso y que tampoco sean regulados por una norma específica, como el que ahora nos ocupa, en que la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal no contiene una disposición que regule la valoración de pruebas en el procedimiento seguido para la destitución de alguno de los elementos de los cuerpos de seguridad pública locales.

"a) El cuarto párrafo del artículo 14 constitucional tiene su antecedente inmediato en el artículo 20 de los Códigos Civiles de 1884 y 1870, de los cuales, el último establecía lo siguiente: ‘Cuando no se pueda decidir una controversia judicial, ni por el texto ni por el sentido natural o espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.’. De lo que puede inferirse que esa disposición podía aplicarse a cualquier problema surgido durante la tramitación de ‘una controversia judicial’.

"b) Si el artículo 14 de la Constitución General de la República ofrece una solución para el acto jurídico procesal por antonomasia, como lo es la sentencia, y faculta al Juez para acudir a la interpretación de la ley y a los principios generales del derecho, por identidad de razón, igual solución debe darse cuando dicha situación, es decir, la falta de ley, se presente durante el desenvolvimiento de un procedimiento administrativo, como cuando se refiere a la valoración de las pruebas que las partes aportan a aquél.

"Precisado lo anterior, para resolver el problema que se presenta con la falta de una disposición que regule dentro de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, la forma en que deben desahogarse y ser valoradas las probanzas en el procedimiento de destitución de referencia y, en general, cualquier problema de falta de ley, es necesario acudir a su interpretación jurídica y a los principios generales del derecho, tal como lo consigna el artículo 14 constitucional, antes citado.

"Interpretación proviene del latín interpretatio y éste, a su vez, del verbo interpretor que significa ‘servir de intermediario’ o ‘venir en ayuda de’, de lo que se sigue ‘explicación’ o ‘esclarecimiento’. Interpretar quiere decir desentrañar el significado de una cosa y, tratándose de la ley, lo que se busca desentrañar es el espíritu de ella.

"‘Toda ley debe expresar un pensamiento en forma tal que valga como norma. Quien interprete, pues, una ley, debe analizar el pensamiento contenido en la ley, debe investigar el contenido de la ley. Interpretación es lo primero: reconstrucción del contenido de la ley.’ (Savigny, Friedrich Karl Von. Metodología Jurídica. Depalma, Buenos Aires, trad. J.J. Santa-Pinter, 1994, p. 12).

"En cierta medida, la interpretación parte de la idea de que un sistema jurídico, en sí mismo, es completo y congruente y, por lo mismo, no permitiría la existencia de una laguna, la cual, si llegare a presentarse, sería sólo en apariencia, pues otra norma jurídica tendría que regular el supuesto aparentemente no regulado. Uno de los instrumentos de que se vale la interpretación para dar coherencia al sistema jurídico es la analogía.

"Analogía proviene del griego analogía, compuesto de aná ‘conforme a’ y de lógos ‘razón’ o ‘medida’ y significa relación de semejanza entre cosas distintas. En el ámbito del derecho, el ‘argumento por analogía’ o ‘el procedimiento argumentativo permite trasladar la solución prevista para un determinado caso, a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero.’ (Atienza, Manuel. Sobre la Analogía en el Derecho. Ensayo de análisis de un razonamiento jurídico. Madrid, 1986, p. 29).

"El empleo del argumento por analogía se encuentra sujeto a los siguientes requisitos:

"a) Que un ordenamiento jurídico presente una laguna o, como se vio con anterioridad, una laguna aparente, respecto de un caso no regulado.

"b) La existencia de otra norma jurídica que regule un caso semejante al que carece de regulación.

"Este requisito tiene importancia en tanto que la semejanza que existe entre uno y otro caso debe radicar en los elementos jurídicamente relevantes y no en aquellos accidentales o accesorios. Debe tenerse en cuenta el objeto y la finalidad de la norma.

"c) La inexistencia de una voluntad del legislador contraria a la aplicación analógica. Debe recordarse que en nuestro sistema jurídico nacional, la ley es la fuente más importante de derecho, de manera que el uso del argumento por analogía puede limitarse por una prohibición expresa del legislador en ese sentido, o bien, por la limitación que se haga del ámbito de aplicación de una norma que excluyera su extensión a los casos análogos.

"Entendida en ese sentido, es decir, como la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas para un supuesto a otro que resulta semejante, la analogía puede asimilarse a la supletoriedad, la cual consiste, precisamente, en la aplicación complementaria de una ley respecto de otra y que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17185-f147e6c4/responsabilidad-administrativa-de-los-elementos-de-los-cuerpos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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