RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. SE REGULA POR LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA ESTATAL Y POR LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD, SEGÚN EL TIPO DE FALTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 183/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 357/2002, en lo conducente, son las siguientes:
"f) En su sexto concepto de violación manifiesta que la autoridad demandada carece de competencia y facultades para emitir la resolución en estudio ya que es un hecho notorio que los integrantes de los cuerpos policiacos se rigen por sus propias leyes y al invadir la esfera que corresponde al director general de Seguridad Pública y Tránsito, el contralor interno de la Secretaría General de Gobierno coarta las facultades a él otorgadas, violando lo dispuesto por el artículo 13, fracción VIII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, así como lo que dispone el numeral 123, fracción XIII, apartado B, constitucional, por lo que es claro que el procedimiento que se le siguió está viciado de origen, ya que se instrumenta un procedimiento con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, siendo que la ley aplicable es la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, tal como lo establecen los diversos numerales 4o., 63 y 81, fracción IV.
"Sigue arguyendo que el órgano de control interno no hace una correcta interpretación al último de los dispositivos de mérito, y que es el que da la pauta para que los miembros de seguridad pública preventiva estatal se sujeten en primer lugar a la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México ya que contempla los deberes (conducta, sanciones, procedimiento y órgano competente), sin que sea lícita la aplicación de la ley de responsabilidades en cita.
"Por otra parte, dice que la distinción de la ley es fundamental porque contienen diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, por lo que las acciones que dan lugar no pueden válidamente confundirse, en virtud de que no son optativas ni intercambiables.
"En otra parte de su motivo de disenso argumenta que se viola en su perjuicio el contenido del artículo 274, fracción III, del código adjetivo administrativo en comento, al no existir ratificación de contenido y autenticidad de las firmas de las personas que depusieron en su contra, dejándolo en completo estado de indefensión al no poder repreguntar sobre los hechos denunciados. Apoya su argumento en la tesis bajo el rubro: ‘TESTIGOS. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’
"Motivo de desacuerdo que aunque pudiera resultar fundado, es inoperante, dado que no combate la parte considerativa de la resolución señalada como acto reclamado, esto es, no dice nada en torno a que si bien es cierto que el actor a la fecha en que aconteció el hecho irregular que se atribuye era miembro de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, es sujeto de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, de conformidad con el artículo 4o. de la mencionada ley; sin embargo, tomando en consideración que el hoy quejoso como miembro de la dependencia pública de referencia, es un servidor público al servicio del Estado, es sujeto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, conforme a lo dispuesto por el dispositivo 2o. de la ley de responsabilidades que nos ocupa, el cual estatuye que son sujetos de la referida ley aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal en sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos, en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con independencia del acto jurídico que les dio origen; por lo que la autoridad demandada actuó legalmente al iniciar en contra del hoy impetrante de garantías un procedimiento administrativo disciplinario conforme al capítulo tercero, título tercero, de la ley invocada.
"Luego, si no controvierte la parte final es evidente la inoperancia, dado que no dice nada entorno a que el hoy quejoso como miembro de la dependencia pública de referencia, es un servidor público al servicio del Estado, es sujeto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, conforme a lo dispuesto por el dispositivo 2o. de la ley de responsabilidades que nos ocupa, por lo que la autoridad demandada actuó legalmente al iniciar en contra del hoy impetrante de garantías un procedimiento administrativo disciplinario conforme al capítulo tercero, título tercero de la ley invocada.
"Asimismo, también resulta inoperante lo concerniente a que la distinción de la ley es fundamental porque contienen diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, por lo que las acciones que dan lugar no pueden válidamente confundirse, en virtud de que no son optativas ni intercambiables.
"Es inoperante, pues no dice en qué consisten las causales de suspensión, remoción, así como los términos del procedimiento y defensas, para que así no pueda considerarse como optativa la ley, como lo concluyó la Sala Superior; entonces, al desconocerse la diferencia de los procedimientos de las diversas leyes, debe considerarse como inoperante.
"i) En su octavo concepto de violación alega que se violan en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el 38 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, ante la indebida motivación y fundamentación del acto de autoridad, ya que la autoridad demandada carece de competencia y facultades para emitir la resolución de origen, en virtud de que es un hecho notorio que los integrantes de los cuerpos policiacos se rigen por sus propias leyes, y al invadir la esfera que corresponde al director general de Seguridad Pública y Tránsito, el contralor interno, coarta las facultades a él otorgadas, violando lo dispuesto en el artículo 13, fracción VIII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, así como el apartado B del artículo 123, fracción XIII, constitucional.
"Resulta infundado, toda vez que como bien lo resolvió la Sala superior responsable, si bien es cierto que el actor a la fecha en que aconteció el hecho irregular que se atribuye era miembro de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, es sujeto de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, de conformidad con el artículo 4o. de la mencionada ley; sin embargo, tomando en consideración que el hoy quejoso como miembro de la dependencia pública de referencia, es un servidor público al servicio del Estado, es sujeto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, conforme a lo dispuesto por el dispositivo 2o. de la ley de responsabilidades que nos ocupa, el cual estatuye que son sujetos de la referida ley aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal en sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos, en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con independencia del acto jurídico que les dio origen; por lo que la autoridad demandada actuó legalmente al iniciar en contra del hoy impetrante de garantías un procedimiento administrativo disciplinario conforme al capítulo tercero, título tercero, de la ley invocada.
"Como puede evidenciarse, la Sala Superior responsable motivó y fundó, al considerar que la autoridad demandada actuó legalmente al iniciar en contra del ahora quejoso un procedimiento administrativo disciplinario conforme a lo dispuesto en el capítulo tercero, título tercero, de la ley de responsabilidades en mención.
"En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes en parte e infundados en otra, los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado contra la resolución de veintidós de mayo del año dos mil dos, dictada por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, al resolver el recurso de revisión número 124/2002."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 9/2003, en lo que aquí interesa, sostuvo lo siguiente:
"Por la misma razón de método mencionada, se procede ahora al examen de los conceptos de violación que se estiman fundados.
"De esa manera, dada la estrecha relación de los conceptos de violación ‘primero, segundo y tercero.’, identificados como ‘agravios’ por el impetrante de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, se examinan en su conjunto.
"En efecto, esencialmente refiere el solicitante de amparo, que:
"1) Se viola en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica, ya que por un lado, el Magistrado de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, emitió sentencia a su favor, considerando que se vulneró en su perjuicio, el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que la autoridad demandada le impuso una sanción, consistente en la suspensión laboral de cinco días, fundamentándola en el artículo 49, fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, siendo que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, al ser miembro de una institución de policía, en materia de incumplimiento de obligaciones, le debió aplicar la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México; y por otro, la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en su resolución de trece de noviembre de dos mil dos, considera que sí es aplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
"2) Que la segunda sección de la Sala Superior, hizo una indebida aplicación del precepto 67 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México;
"3) Que la sentencia reclamada, no está debidamente fundada y motivada, ya que no consigue explicar el por qué le es aplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios, si el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, es muy claro al decir que los militares, marinos y miembros de las instituciones policiales, entre otros, se regirán por sus propias leyes y que, por tanto, la sentencia reclamada no está debidamente fundada y motivada;
"4) Que se viola en su perjuicio, lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, que señala que los militares, marinos, agentes del Ministerio Público, personal del servicio exterior, y miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes, cuestión que la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo en el Estado de México, permitió la aplicación en su contra de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando en el orden constitucional, es aplicable la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México.
"Así pues, se colige que son sustancialmente fundados los sintetizados conceptos de violación, ya que sostiene la Sala responsable, que la sanción impuesta al ahora quejoso Juan García Hernández, en resolución de veinticuatro de mayo de dos mil dos, por el contralor interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, consistente en la suspensión por el término de cinco días del cargo que desempeña en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en Acolman, Estado de México, conforme al artículo 49, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por conculcar lo estipulado en las fracciones V y XXII del artículo 42 de dicha codificación, es correcta, porque el artículo 67 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, señala que los miembros de seguridad pública serán sancionados cuando incumplan con los deberes y obligaciones establecidos en tal ley o en normas que establezcan sus respectivos reglamentos y que no ameriten su remoción, independientemente de la aplicación de las sanciones que señalen otras leyes, diciendo que los artículos 4o. y 67 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, norman la conducta de los servidores públicos, adscritos a los cuerpos policiales, susceptibles de ser sancionados por leyes diversas a la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, al decir en la sentencia reclamada lo siguiente: ‘... los servidores públicos adscritos a los cuerpos policiales, susceptibles de ser sancionados por leyes diversas a la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, pues con claridad establece que las sanciones por violación o incumplimiento de los deberes y las obligaciones que en ella establecen, son independientes de la aplicación de las sanciones que señalen otras leyes, por lo que la autoridad demandada al fundar la sanción impuesta al actor, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo hace de manera correcta con lo cual queda desvirtuado que la autoridad demandada viola el artículo 16 constitucional, por lo que debe revocarse la sentencia recurrida.’ (fojas diecinueve y diecinueve vuelta del cuaderno de revisión 1159/2002). Consideración, que este órgano de control constitucional estima contraria a derecho, pues si bien es cierto que el artículo 67 de la antedicha Ley de Seguridad Pública Preventiva, señala que los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública serán sancionados cuando incumplan los deberes y las obligaciones establecidos en dicha ley o las normas que establezcan sus respectivos reglamentos y que no ameriten su remoción, independientemente de la aplicación de las sanciones que señalen otras leyes; infiriéndose así, de la interpretación armónica de tal precepto, que los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública serán sancionados conforme a la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, cuando incumplan los deberes y las obligaciones establecidos en dicha ley o en las normas que establezcan sus respectivos reglamentos, es decir, serán sancionados, cuando incumplan con las obligaciones previstas en dicha ley; por tanto, si el origen de la sanción impuesta en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil dos, por el contralor interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, fue porque Juan García Hernández manifestó en su garantía de audiencia, que la unidad número 14026, se encontraba parada desde el día nueve de marzo de dos mil dos, siendo que la orden de mantenimiento y reparación de dicha unidad fue recibida el once de marzo de tal año, por la oficina de vehículos oficiales de la Subdirección Nor-Oriente en Ecatepec, y que no tuvo debido cuidado de los vehículos que están bajo su custodia, como lo es la bitácora de control de combustible de la unidad 14005, documentación que debe estar en las instalaciones del agrupamiento y no en el domicilio particular, es indudable que no cumplió con las obligaciones previstas por el artículo 55 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, que en su fracción II señala que es obligación de los cuerpos preventivos de seguridad pública, formular en forma veraz y oportuna, los partes, informes, remisiones, bitácoras y demás documentos relacionados con el servicio, estableciendo el artículo 68 las sanciones disciplinarias, aplicables a tales cuerpos preventivos de seguridad pública, como son la amonestación, arresto hasta por treinta y seis horas y separación temporal del servicio hasta por quince días; de ahí que la sanción que debió imponer al ahora quejoso García Hernández, es de las previstas en el numeral 68 de dicha ley, por no cumplir con las obligaciones antes referidas, contempladas en el normativo 55 de la invocada Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México. Luego, si el artículo 67 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México literalmente señala que independientemente de lo previsto en él, podrá aplicarse a los cuerpos preventivos de seguridad pública sanciones que señalen otras leyes; es indudable que da lugar a la aplicación de sanciones de otro rango, como serían en su caso, las previstas en la ley sustantiva penal o civil.
"De ahí que del precepto 67 antes aludido, se desprenda que la responsabilidad de los servidores públicos descanse en un principio de autonomía que evita la confusión entre lo determinado por la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, al establecer sanciones diferentes. Lo anterior es así, pues tal autonomía se traduce en que para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades por una sola conducta, y susceptible de ser sancionado en varias en diferentes vías y con distintas sanciones, por lo que la naturaleza de la responsabilidad que se le finque dependerá de las reglas que resultan violadas con su actuación, pues puede acontecer que un hecho no pueda ser constitutivo de delito, por no ajustarse a la descripción de la norma legal, pero sí resulte una infracción disciplinaria, que además haya causado infracción al erario público, en cuyo caso el servidor público podrá ser sancionado administrativamente con una multa o destitución, por ejemplo, o la inversa, puede suceder que un hecho no pueda ser constitutivo de infracción administrativa, pero si constitutivo de delito.
"Sobre el tema, es pertinente citar la tesis número P. LX/96 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho del Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: ‘RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TÍTULO CUARTO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).
"De igual forma, cobra aplicación al presente asunto, por identidad jurídica sustancial, la tesis identificada con el número IV.1o.A.T.16 A de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en la página 799, del Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILIDAD DEL, TIENE DIVERSOS ÁMBITOS LEGALES DE APLICACIÓN (ADMINISTRATIVA, LABORAL, POLÍTICA, PENAL, CIVIL).’ (se transcribe).
"Sin que sea óbice a lo anterior, lo determinado por la Sala responsable en la sentencia reclamada, al decir que es errada la interpretación que hace el Magistrado de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de México, en relación a lo previsto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, ya que si bien el artículo 133 de dicha Constitución establece el principio de supremacía constitucional, de los numerales 108, 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulan la responsabilidad administrativa de los servidores públicos; empero, como se dijo en líneas anteriores, dicha responsabilidad y sanción es diferente a la que prevé la Ley de Seguridad Pública preventiva del Estado de México, pues el susodicho artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, es enfático al señalar que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiacas se regirán por sus propias leyes.
"Corolario de lo anterior, ante lo inoperante e infundado de unos conceptos de violación y al resultar fundado el restante de éstos, lo que procede es conceder al quejoso la protección constitucional instada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar emita otra, en la que considere lo determinado en la última parte del considerando sexto de esta ejecutoria, prescindiendo de los argumentos que fueron desestimados en esta ejecutoria."
QUINTO. Sustentado lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que debe prevalecer, procede analizar las ejecutorias que dieron lugar a la denuncia correspondiente.
De conformidad con lo señalado en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, este Alto Tribunal ha señalado que para que se configure ésta, es menester que se actualicen los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior ha sido sustentado en la jurisprudencia del Tribunal Pleno número P./J. 26/2001, publicada en la página 76, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En la especie, se actualizan los supuestos referidos en la tesis antes transcrita, tal como se procede a explicar a continuación.
En primer término, debe quedar de manifiesto que los Tribunales Colegiados contendientes partieron de las mismas circunstancias fácticas y analizaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
En efecto, los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Segundo Circuito, emitieron los criterios materia de esta contradicción al resolver juicios de amparo directo.
Tanto en uno como en otro juicio, se controvirtieron sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, dictadas al resolver recursos de revisión.
En ambos casos, los juicios de amparo fueron promovidos por miembros de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, es decir, elementos de un cuerpo de seguridad pública local.
En los dos casos, el motivo de la solicitud de amparo fue que a los quejosos se les impuso una sanción consistente en cinco días naturales de suspensión de sus labores.
En las respectivas demandas de amparo directo, ambos quejosos hicieron valer como concepto de violación que tanto el procedimiento administrativo, como la sanción que en virtud del mismo se les había impuesto, estaban viciados de origen, ya que el procedimiento se había instruido con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo que en opinión de los impugnantes era incorrecto, porque de acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública se rigen por sus propias leyes, razón por la cual estimaban que se debieron observar las formalidades procesales y sanciones previstas en la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México.
Ahora bien, al tenor de ese contexto fáctico, los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Segundo Circuito, arribaron a conclusiones disímiles.
Efectivamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al analizar el concepto de violación reseñado, manifestó expresamente que el quejoso, como miembro de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, es un servidor público al servicio del Estado y que, por tanto, se encuentra sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios conforme a lo dispuesto en el artículo 2o. de dicha ley, de tal forma que, en su opinión, la autoridad responsable había actuado legalmente al iniciar en contra del quejoso un procedimiento administrativo disciplinario en términos del capítulo tercero, título tercero, de la ley invocada.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver sobre el mismo punto planteado, aunque no con la claridad que fuese deseable, concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso por considerar que se le había sancionado incorrectamente en términos de la referida ley de responsabilidades, siendo que, en su opinión, al caso resultaba aplicable la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, dado que de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiacas se deben regir por sus propias leyes.
Como puede advertirse de lo anterior, en los asuntos abordados en cada uno de los amparos directos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis, se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones jurídicas discrepantes; en ambos casos, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las sentencias respectivas, y por último, es claro también que los criterios discrepantes provienen del examen de los mismos elementos. Todo esto permite concluir que en la especie, sí existe la oposición de criterios denunciada.
No obsta a lo anterior que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito haya estimado inoperante el citado concepto de invalidez por considerar que el mismo no atacaba directamente los argumentos en que se fundó el acto reclamado, habida cuenta de que, independientemente de ello, sí se pronunció sobre el punto y específicamente precisó que, en su opinión, al ser el quejoso un servidor público, le era aplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, del Estado de México.
Tampoco obsta a lo anterior, que los razonamientos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito no sean del todo claros ni ofrezcan suficientes argumentos para sostener su postura, dado que más allá de esta circunstancia, al quejoso se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal por el hecho de que se le había aplicado incorrectamente la ley de responsabilidades referida, siendo que en opinión de este Tribunal, se le debía haber sancionado conforme a la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada 2a. XXVIII/2002, consultable en la página 427 del Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE DE MANERA IMPLÍCITA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO EXPRESA CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CRITERIO CUESTIONADO, PERO ARRIBA A UNA CONCLUSIÓN DIVERSA DE LA QUE ESTABLECE EL OTRO TRIBUNAL SOBRE EL MISMO PROBLEMA JURÍDICO. Aun cuando uno de los Tribunales Colegiados de Circuito no exponga en la ejecutoria respectiva las consideraciones en que sustenta el criterio jurídico materia de la contradicción de tesis, ésta existe en forma implícita si tal ejecutoria contiene elementos suficientes para establecer un criterio contrario al del otro Tribunal Colegiado, pues si bien es cierto que la divergencia de criterios debe darse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas en las sentencias, ello no obsta para determinar que sí existe contradicción y decidir cuál tesis debe prevalecer, cuando los órganos jurisdiccionales arriban a conclusiones diversas respecto de la sustancia de un mismo problema jurídico, mientras no se trate de aspectos accidentales o meramente secundarios, ya que para dilucidar cuál tesis ha de prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, un criterio diverso sobre la misma cuestión jurídica."
Así, el punto concreto de la contradicción que corresponde dilucidar a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la responsabilidad administrativa de los miembros de cuerpos de seguridad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18241-6c4e36c9/responsabilidad-administrativa-de-los-miembros-de-los-cuerpos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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