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Modo: Corpus Pro

FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS. ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD CONTRA EL REQUERIMIENTO DE SU PAGO, ES IMPERATIVO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, CUANDO ASÍ SE HAYA PACTADO EN LA PÓLIZA RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. · Registro digital (IUS): 28274
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-01-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo II, Pág. 1008.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO Y VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, EMITIENDO VOTO DE CALIDAD EL PRIMERO DE LOS NOMBRADOS. DISIDENTES: ARTURO HERNÁNDEZ TORRES, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ Y ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN. PONENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIO: NELSON JACOBO MIRELES HERNÁNDEZ.

Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al trece de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS para resolver la contradicción de tesis 4/2018, suscitada entre los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Primero y Segundo, ambos del Décimo Sexto Circuito; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, recibido en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Circuito mencionado, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado, al resolver los juicios de amparo directo **********, **********, ********** y **********; y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma Materia y Circuito; al fallar el amparo directo administrativo ********** (fojas 2 y 3).

SEGUNDO.—Trámite. Por auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito registró la denuncia como contradicción de tesis 4/2018, la admitió a trámite, solicitó al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado el archivo electrónico de la sentencia dictada en el amparo directo ********** y, finalmente, requirió a los Magistrados presidentes de los órganos contendientes para que informaran sobre la vigencia de los criterios sustentados en sus respectivas sentencias (fojas 129 y 130).

Mediante proveído de seis de septiembre siguiente, el Magistrado presidente del Pleno de Circuito tuvo a su similar del Segundo Tribunal Colegiado dando cumplimiento a lo solicitado en el auto anterior, y por informando que el criterio se encuentra vigente, el cual, se reiteró al resolver el amparo directo ********** (foja 135).

Integrado el asunto, por acuerdo de veinte de septiembre del año en cita, se turnaron los autos al Magistrado Víctor Manuel Estrada Jungo, en términos de los artículos 41 Ter, fracción III, y 42 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para su estudio y formulación del proyecto de resolución (foja 145).

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa pertenecientes a este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; en virtud de que fue promovida por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, quien participó en la resolución de los juicios de amparo directo **********, **********, ********** y **********, del índice de ese órgano jurisdiccional, las cuales son materia de la presente contradicción de tesis.

TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el objetivo de resolver el presente asunto debe determinarse, en primer lugar, si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual, es necesario tener en cuenta los antecedentes y las consideraciones que sustentan las ejecutorias participantes.

A. Antecedentes. De la lectura de dichas ejecutorias se obtiene que son similares los antecedentes en los asuntos analizados por ambos Tribunales Colegiados de Circuito, y son los siguientes:

1) Las quejosas son instituciones afianzadoras que expidieron sendas pólizas de fianza mediante las cuales se constituyeron como fiadoras de diversas empresas constructoras o contratistas y de una consultora (en el amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado), respecto de la ejecución de obras públicas y de la elaboración de un proyecto para el inventario de infraestructura educativa (en el caso de la consultora); todas ellas en favor de diversas dependencias del Gobierno del Estado de Guanajuato.

2) Ante el incumplimiento en que incurrieron las referidas empresas en la culminación y entrega de las obras públicas y proyecto que se obligaron a realizar, la Dirección de Procesos y Resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, despachó sendos oficios dirigidos a las fiadoras, a fin de requerirles el pago de las cantidades consignadas en las pólizas.

3) Inconformes con esos requerimientos, las instituciones garantes ocurrieron a demandar su nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aunque, previo a ello, actuaron de la siguiente manera:

Ver manera en que actuaron las instituciones garantes

4) La Sala, al dictar sentencia, declaró el sobreseimiento en los juicios referidos, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI [actual fracción XVII] del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 103 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, consistente en no haberse agotado previamente el procedimiento conciliatorio instituido en las pólizas, el cual se erige como un presupuesto indispensable de procedencia de la eventual impugnación del cobro en el juicio contencioso administrativo.

5) Inconformes, las empresas actoras promovieron demandas de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió a los Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa de este Circuito.

B. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito desestimó los conceptos de violación y negó la protección constitucional solicitada por las quejosas, con base en las siguientes consideraciones:

1) Conforme al artículo 2 de la abrogada Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la naturaleza jurídica del contrato de fianza es mercantil; empero, la naturaleza de la obligación garantizada se determina por la relación o negocio jurídico que le dio origen, el que, para el caso de las fianzas que se otorgan con motivo de una obra pública, es administrativa, pues así lo dispone el diverso 5, fracción III, inciso a), del mismo ordenamiento.

2) Esa naturaleza administrativa de la fianza de obra hace permisible que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se relacione con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para sustentar la causal de improcedencia decretada en la sentencia reclamada, consistente en la fracción XVI de su numeral 8 [actualmente, fracción XVII].

3) El artículo 14, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa [actualmente, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa] prevé la procedencia del juicio de nulidad cuando se requiera el pago de garantías en favor de la Federación, el Distrito Federal [Ciudad de México], los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales.

4) De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 33/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, página 203, registro digital: 200556, de rubro: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES."; "reclamación" y "requerimiento"; son dos figuras distintas, conclusión a la que arribó el Alto Tribunal a partir del análisis de los artículos 93, 93 Bis, 95 y 120 de la abrogada Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y 1 y 3 del REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA EL COBRO DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS, DISTINTAS DE LAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES A CARGO DE TERCEROS.

5) Con base en la interpretación sistemática de esos preceptos, la Segunda Sala determinó que la efectividad de las pólizas de fianza expedidas por las instituciones autorizadas está sujeta a distintos tratamientos procedimentales, atendiendo a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas, a saber:

5.1. El procedimiento llamado "ordinario o general": es seguido cuando los beneficiarios de las fianzas son personas distintas de la Federación, Distrito Federal [Ciudad de México], Estados o Municipios; esto es, se trata de sujetos en general que no requieren calidad específica o distintiva alguna.

De conformidad con los numerales 93 y 93 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (abrogada), el beneficiario debe reclamar primeramente a la institución obligada el pago de la fianza y, en su caso, seguir, bien un juicio, o bien un procedimiento arbitral o conciliatorio a elección del reclamante, y sólo después de oída y vencida la afianzadora, operará la ejecución de la sentencia o laudo.

5.2. Un procedimiento "privilegiado" respecto del anterior, el cual cobra vigencia cuando los beneficiarios de la fianza son la Federación, el Distrito Federal [Ciudad de México], los Estados o los Municipios, siempre que tratándose de la Federación no se hayan garantizado obligaciones fiscales a cargo de terceros.

Dichos beneficiarios pueden optar por hacer efectivas las fianzas siguiendo el procedimiento a que se refieren los invocados artículos 93 y 93 Bis, o bien, el contenido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y su reglamento, que establecen las etapas fundamentales siguientes:

- La autoridad que hubiere aceptado la póliza lo comunicará a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación de la oficina de la institución fiadora de las señaladas para recibir requerimientos, acompañando los documentos a que se refiere en la fracción I del artículo 1 del reglamento.

- Dicha autoridad ejecutora debe formular a la institución el requerimiento de pago correspondiente, con el apercibimiento que, de no efectuarse en el plazo señalado, se rematarán valores de su propiedad, lo cual tendrá lugar mediante solicitud que al efecto realice a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

- Ese remate tendrá verificativo si transcurrido el plazo, la institución de fianzas no acredita haber hecho el pago requerido o que, en caso de inconformidad, ocurrió ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación [actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa] de la jurisdicción que corresponda.

5.3. El procedimiento "excepcional": este es procedente solamente cuando la fianza cuya efectividad se pretende fue otorgada en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso de excepción en el que debe aplicarse el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

6) De acuerdo con esa clasificación de los procedimientos, el Alto Tribunal concluyó que la "reclamación" se establece como obligatoria dentro del procedimiento "ordinario o general"; pero es optativa para el procedimiento "privilegiado", de tal suerte que cuando la Federación, el Distrito Federal [Ciudad de México], los Estados o los Municipios, se constituyen como beneficiarios de la fianza, tienen dos opciones para hacerla efectiva:

6.1. Seguir el procedimiento inserto en los artículos 93 y 93 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (abrogada), es decir, el conciliatorio, cuya sustanciación se encuentra definida en esos preceptos; o

6.2. Acudir al procedimiento previsto en el numeral 95, que inicia cuando la autoridad ejecutora formula a la institución afianzadora el "requerimiento de pago" con apercibimiento de remate, el cual se materializa si no demuestra que hizo el pago requerido o que, en caso de inconformidad, ocurrió ante la Sala Regional de la jurisdicción que corresponda.

7) En las pólizas analizadas por la Sala en cada uno de los casos, se indicó expresamente que, cuando la fianza fuere exigible, la afianzadora se sometería al procedimiento inserto en los numerales 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas [esto es, vía requerimiento de pago], con independencia de la inconformidad que pudiera formular ante la Sala Regional competente en términos de la fracción V de ese primer numeral.

8) Sin embargo, en las propias pólizas se condicionó ese procedimiento a que el requerimiento de pago se encontrara debidamente fundado y motivado, pues, de no ser así, antes de la impugnación del requerimiento, debía agotarse el procedimiento de conciliación, a partir de lo cual se concluyó que en la póliza se contemplaron las dos opciones que se tienen en el procedimiento "privilegiado", que inicia con el "requerimiento de pago", y limita la conciliación para el caso de que el requerimiento no esté debidamente fundado y motivado.

9) Asimismo, en las pólizas no se especificó en torno a qué aspectos debían satisfacerse esas exigencias de fundamentación y motivación, es decir, si se refiere a temas de forma o de fondo, subsanables o no; por lo que ha de entenderse que no se hizo distingo alguno, incluso, porque el numeral 93 Bis no lo hace, sino que sólo contempla a la conciliación como un procedimiento opcional para el caso de que exista inconformidad con el requerimiento.

10) Por ende, al haberse sometido expresamente a esa opción, es innegable que las actoras debieron agotar previamente esa conciliación, como lo resolvió la Sala Regional; si bien no se especificaron las reglas del procedimiento conciliatorio, debería verificarse atendiendo a las pautas insertas en el artículo 93 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (abrogada).

11) La particularidad de que las empresas hubieren informado que "no era posible la conciliación" (en uno de los casos), así como que hubieren solicitado expresamente la apertura del procedimiento (en dos de los asuntos), no implica que se haya satisfecho la sustanciación del presupuesto procesal omitido.

12) La Ley Federal de Instituciones de Fianzas fue abrogada por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor en abril de dos mil quince, en términos de su primera disposición transitoria; los numerales 279 y 282 de la legislación vigente igualmente prevén el procedimiento conciliatorio, el cual debe desahogarse ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, pero tampoco se desahogó por las actoras.

13) Aunque la fracción IX del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece la competencia de ese tribunal para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que "requieran" el pago de garantías en favor de la Federación, el Distrito Federal [Ciudad de México], los Estados o los Municipios; tratándose de los requerimientos de pago de fianzas en favor de personas morales oficiales, dicho juicio es improcedente cuando no se agota previamente el procedimiento de conciliación pactado entre la afianzadora y el beneficiario de la garantía.

14) En las últimas tres ejecutorias (**********, ********** y **********), se precisó que la conclusión asumida no es contraria al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional, pues su ejercicio no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales; sumado a que fue la propia fiadora quien aceptó someterse a un procedimiento conciliatorio, de tal manera que, en esa hipótesis, rige el principio de autonomía de la voluntad, el cual incluso está elevado a rango constitucional, según se observa de la tesis 1a. CDXXV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación «del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas» y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 2019, registro digital: 2008086.

Esas consideraciones dieron lugar a la integración de las tesis XVI.1o.A.132 A (10a.) y XVI.1o.A.163 A (10a.), consultables en el Semanario Judicial de la Federación «del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y del viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas y» a fojas 1017 del Libro 44, Tomo II, julio de 2017, y 1495 del Libro 56, Tomo II, julio de 2018, respectivamente, ambas de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registros digitales: 2014720 y 2017429, del siguiente contenido:

"FIANZAS OTORGADAS PARA CUBRIR OBLIGACIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. NO SE VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA CUANDO LAS PARTES SE OBLIGAN, EN CASO DE HACERSE EFECTIVA LA GARANTÍA, A SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD. El derecho referido, contenido en los artículos 1o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues ello equivaldría a que se dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, con lo cual se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de ésta, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal. Esta prerrogativa se encuentra en consonancia con el principio de autonomía de la voluntad, que deriva del derecho fundamental de dignidad humana, reconocido en los artículos 1o., 2o., 3o. y 18 constitucionales, respecto del cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CDXXV/2014 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas y en la página 219 del Libro 13, Tomo 1, diciembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y subtítulo: ‘AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL.’, consideró que goza de ese nivel normativo y no debe reconducirse a un simple principio que rige el derecho civil, pues la protección del individuo como persona requiere el respeto de su autodeterminación individual, por lo que si no existe libertad del individuo para estructurar sus relaciones jurídicas de acuerdo con sus deseos, no se salvaguarda dicha autodeterminación; de ahí que el principio mencionado tiene reflejo en el derecho de propiedad y en la libertad de contratación, los cuales también son un elemento central del libre desarrollo de la personalidad, y en cuya virtud las partes de una relación jurídica pueden gestionar su propio interés y regular sus relaciones, sin injerencias externas. Por tanto, cuando dicha autonomía se ejerce por medio de una póliza de fianza otorgada para cubrir obligaciones de naturaleza administrativa, en la que ambas partes, en una relación simétrica, sin la intervención de alguna categoría sospechosa que implique desigualdad o discriminación se obligan, en caso de hacerse efectiva la garantía, a someterse al procedimiento de conciliación, previo a acudir al juicio de nulidad, no se viola el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva."

"FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTADOS O LOS MUNICIPIOS. CONTRA EL REQUERIMIENTO DE SU PAGO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PACTADO ENTRE LA AFIANZADORA Y EL BENEFICIARIO. Conforme al artículo 14, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, procede el juicio de nulidad cuando se requiera el pago de garantías en favor de la Federación, el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales. Por su parte, la efectividad de las pólizas de fianza expedidas por las instituciones autorizadas, de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, también abrogada, está sujeta a distintos tratamientos procedimentales, atento a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas, a saber: a) uno ordinario o general, cuando los beneficiarios son personas distintas de la Federación, la Ciudad de México, los Estados o los Municipios, en el cual, atento a los artículos 93 y 93 Bis de este último ordenamiento, deberá sustanciarse obligatoriamente un procedimiento conciliatorio en el cual se formulará una reclamación; y, b) uno privilegiado, cuando los beneficiarios sean las personas morales oficiales aludidas quienes, para hacer efectiva la fianza, pueden seguir el procedimiento referido en el inciso a), esto es, el conciliatorio, o bien, acudir al diverso previsto en el numeral 95 de la misma ley, que inicia cuando la autoridad ejecutora formula a la institución afianzadora el requerimiento de pago con el apercibimiento de remate. Al margen de ello, la afianzadora y el beneficiario de la garantía pueden convenir en someterse al procedimiento conciliatorio antes de la impugnación del requerimiento de pago, cuando éste no se encuentre debidamente fundado y motivado; en este caso, las partes generan espontáneamente una condición ineludible, a fin de superar los vicios del acto y que pueda ejercerse válidamente la acción anulatoria. Por tanto, aunque el artículo 14 señalado establece la competencia del órgano jurisdiccional indicado para conocer del juicio de nulidad tratándose de requerimientos de pago de fianzas en favor de personas morales oficiales, dicho juicio es improcedente cuando no se agota previamente el procedimiento de conciliación pactado entre la afianzadora y el beneficiario de la garantía."

C. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo **********, acogió uno de los conceptos de violación, por lo cual determinó conceder la protección constitucional solicitada por la quejosa, sustentándose en las siguientes consideraciones:

1) La fianza es un acto comercial por medio del cual, una parte llamada "fiador" se obliga subsidiariamente ante otra denominada "acreedor" al cumplimiento de una prestación determinada, o su equivalente, para el caso de que un tercero deudor de aquél no cumpla con la obligación pactada.

2) Por disposición expresa del numeral 2 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y al margen de su naturaleza, que es administrativa, conforme al inciso a) de la fracción III del numeral 5 del propio ordenamiento, las fianzas y los contratos que en relación con ellas otorguen o realicen las instituciones de fianzas, son mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como beneficiarias, solicitantes, fiadas, contrafiadoras u obligadas solidarias, excepción hecha de la garantía hipotecaria.

3) Por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 Bis de la abrogada Ley Federal de Instituciones de Fianzas [correlativo del numeral 288 de la vigente Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas], en relación con el diverso 78 del Código de Comercio, son válidas las cláusulas que, en ejercicio de los principios de autonomía de la voluntad y de libertad contractual, pacten las afianzadoras con las entidades que tengan el carácter de beneficiarias, sobre la implementación de procedimientos convencionales o conciliatorios que puedan dar lugar a tener por extinguidas las obligaciones convenidas de forma heterocompositiva o autocompositiva, siempre que ello tenga el objeto específico de sustraer la controversia del ámbito jurisdiccional estatal, pero con la salvedad de que lo acordado al respecto no llegue al extremo de erigirse como un obstáculo o traba para que las partes, eventualmente, puedan acceder de modo efectivo a la justicia, dado que, frente a las prerrogativas sujetas a la libre disposición de las partes, también se encuentran los derechos humanos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Federal.

4) En cuanto la efectividad de las pólizas de fianza expedidas por las instituciones autorizadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la jurisprudencia 2a./J. 33/96, de rubro: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, página 203, registro digital: 200556, que está sujeta a distintos tratamientos procedimentales, atendiendo a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas, a saber:

4.1. El procedimiento ordinario o general: es seguido cuando los beneficiarios de las fianzas son personas distintas de la Federación, Distrito Federal [Ciudad de México], Estados o Municipios, esto es, se trata de sujetos en general que no requieren calidad específica o distintiva.

4.2. El procedimiento privilegiado, aplicable cuando los beneficiarios de la fianza son la Federación, el Distrito Federal [Ciudad de México], los Estados o los Municipios, siempre que tratándose de la Federación no se hayan garantizado obligaciones fiscales a cargo de terceros.

Dichos beneficiarios pueden optar por hacer efectivas las fianzas siguiendo el procedimiento a que se refieren los artículos 93 y 93 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (abrogada), o bien, aquel a que se contrae el diverso 95 del mismo ordenamiento.

4.3. El procedimiento excepcional, es procedente solamente cuando la fianza cuya efectividad se pretende fue otorgada en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso de excepción en el que debe aplicarse el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

5) En esa medida, como las partes pueden pactar lo que a sus intereses convenga, siempre que no se opongan a lo expresamente dispuesto por la ley, son válidas las cláusulas de las pólizas en las que establezcan la modalidad de pasar por una fase de autocomposición previa al litigio, lo que no significa desnaturalizar el carácter ejecutivo del procedimiento privilegiado regulado en los numerales 95 y 95 Bis de la abrogada Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

6) Conforme al contenido del derecho humano de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado de forma reiterada que cuando la ley, un reglamento o una convención privada establezcan la implementación de figuras autocompositivas antes de acudir a la jurisdicción del Estado, esa sumisión previa debe tenerse como una facultad potestativa para los interesados, pues haciendo a un lado su observancia, pueden acudir, inclusive, directamente al órgano jurisdiccional competente; por lo que, en el eventual caso de que se dé el voluntario sometimiento, ello no puede redundar en perjuicio de las partes.

7) Tanto más si las instancias autocompositivas propuestas por las partes realmente las colocan en un plano de igualdad en el que ninguna de ellas puede someter a la otra al acogimiento directo de sus pretensiones, de modo que no existe justificación alguna para condicionar el acceso efectivo a la justicia que corresponde administrar, en ese tipo de conflictos, a un órgano jurisdiccional; de interpretarse lo contrario, las instancias conciliadoras respectivas, lejos de agilizar la impartición de justicia, provocarían su retraso, en contravención al mandato constitucional aludido.

8) Sobre esas bases, si bien en las pólizas objeto del juicio de nulidad se estipuló que, previo a la impugnación del requerimiento de pago previsto en el artículo 95 de la abrogada Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la afianzadora agotaría un procedimiento de conciliación ante la entidad beneficiaria, la Sala debió tomar en cuenta, como parámetro de interpretación conforme con la Constitución, que, en su artículo 17, se encuentra tutelado en favor de los gobernados el derecho humano de acceso completo a la jurisdicción, lo cual conlleva a que la solución de las controversias sea efectiva e integral, desde un punto de vista material y no únicamente formal; por ende, la locución "deberá agotarse un procedimiento de conciliación", contenida en las mencionadas pólizas, debe entenderse como una convención potestativa, es decir, como un "podrá".

9) Al margen de lo anterior, para el caso de que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28274-c3754633/fianzas-otorgadas-en-favor-de-la-federacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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