TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 172/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo lo siguiente:
"OCTAVO. Los agravios expuestos por el recurrente son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"...
"No asiste la razón al recurrente, porque su demanda de amparo, como bien lo determinó el Juez de Distrito, es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo.
"En efecto, tales numerales establecen: (se transcriben)
"La correcta interpretación de los preceptos legales transcritos permite inferir que el juicio de garantías es improcedente cuando el acto reclamado no provenga de una autoridad, entendiéndose como tal, aquella que promulga, publica, ordena, ejecutora o trata de ejecutar dicho acto.
"Pues bien, como se recordará, el promovente del amparo reclamó del secretario de Educación del Estado, del coordinador de educación básica y del director general de personal, básicamente, la reintegración del salario que percibía; la permanencia definitiva e ininterrumpida en el lugar de adscripción al que pertenecía como servidor público, así como la devolución de la clave presupuestal que tuvo desde el inicio de su relación laboral con la citada secretaría, todo lo cual fue modificado a partir del quince de septiembre de dos mil once.
"Entonces, es evidente que tales reclamaciones del quejoso, las hace como trabajador a la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco, como patronal, pues dicho carácter es con el que debería, en caso de que procediera conforme a derecho, reintegrar el salario, la clave presupuestal y la adscripción a la cual pertenecía el citado inconforme.
"De ahí que el citado secretario de Educación, el coordinador de educación básica y el director general de personal, no actuaron como autoridades en los términos concebidos para efectos del amparo, sino en un plano de coordinación, como será explicado a continuación:
"...
"En ese orden de ideas, resulta claro que, como los actos reclamados al secretario de Educación del Estado, del coordinador de educación básica y del director general de personal, se relacionan con el cambio de adscripción, clave presupuestal y salario del inconforme, que afirmó fue objeto a partir del quince de septiembre de dos mil once, se tratan de actos que afectarán la relación laboral entre el trabajador quejoso y la Secretaría de Educación Jalisco, a la cual presta sus servicios, esto es, no son actos emanados de autoridad alguna, pues, opuesto a lo alegado por el recurrente, no implican una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente laboral, como es, las condiciones laborales del impetrante.
"Es así, pues los actos que reclama el quejoso (cambio de adscripción, clave presupuestal y salario) derivan de la relación de coordinación patrón-trabajador que existe entre el quejoso y la Secretaría de Educación Jalisco, la cual se entabla entre particulares; por tanto, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.
"Así, debe convenirse con el juzgador en el sentido de que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con los mismos únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder al servidor público, que incidirían directamente en el ámbito laboral, que deriva de la relación de trabajo que existe entre el operario y la patronal (Secretaría de Educación de Jalisco), ya que de ello dependería la modificación de las condiciones de trabajo del aquí recurrente, relacionadas con su clave presupuestal, adscripción y salario.
"Por tanto, se reafirma lo sostenido por el Juez de Distrito, en cuanto a que lo reclamado por el quejoso no tiene el carácter de actos emitidos por una autoridad; esto, específicamente, porque los efectos inherentes a tales actos, revisten un carácter estrictamente laboral, dado que inciden directamente en los derechos que de esa naturaleza, corresponden al impetrante del amparo, al cambiar su clave presupuestal, adscripción y salario, de ahí que la problemática que se suscite al respecto, debe estar sujeta a la ley laboral que corresponda.
"Al respecto, resulta conveniente tener en cuenta lo establecido en los artículos 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 22, fracción V y 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1o., 2o., 114, fracción I, 120, fracciones I y II, y 128, párrafo primero, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que estatuyen: (se transcriben)
"Del transcrito contexto legal se extrae que el aquí quejoso, como profesor empleado de la Secretaría de Educación de Jalisco, perteneciente al Gobierno del Estado de Jalisco, es servidor público de dicha entidad oficial; y que para dirimir la controversia planteada por el referido promovente, suscitada precisamente con motivo de la propia relación de trabajo mencionada, cuenta con el procedimiento jurisdiccional correspondiente ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del propio Estado de Jalisco, donde podrá accionar como demandante contra su aludida patrona, quien figurará como demandada en un plano de igualdad y equidad jurídica procesal.
"En conclusión, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, es claro que los mismos fueron realizados por la Secretaría de Educación de Jalisco, a través de su titular, del coordinador de educación básica y del director general de personal de la misma, señaladas como responsables, no en una relación administrativa de supra a subordinación, sino en una relación laboral existente entre la Secretaría de Educación Jalisco y el quejoso, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, esto es, en un plano de igualdad, de coordinación; por lo que es evidente que no actuaron como autoridades, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio de garantías, en interpretación, en sentido contrario, de los artículos 1o. y 11 de la Ley de Amparo, sino mediante la instancia laboral ordinaria ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, como se precisó en el párrafo anterior, donde el ahora recurrente estará en aptitud de impugnar los actos patronales que estime lesivos de sus derechos de trabajo.
"Es oportuno citar el criterio sustentado en la tesis P. XXVIII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, página 119 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero del siguiente año mil novecientos noventa y siete, que dice:
"‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.’ (se transcribe)
"Y el inmerso en la tesis VII.2o.A.T.10 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la Novena Época, página 487 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero del siguiente año mil novecientos noventa y nueve, que dispone:
"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.’ (se transcribe)
"...
"En esas condiciones, al no advertir este Tribunal Colegiado motivo para suplir la deficiencia de la queja en favor del recurrente, lo pertinente es confirmar el auto recurrido y desechar la demanda de garantías.
"NOVENO. Precisado lo anterior, se debe indicar que la consecuencia de la resolución tomada en este asunto no implica la terminación de la instancia del quejoso, sino sólo la del juicio de amparo iniciado, pues lo que procede es garantizar que la pretensión del quejoso sea resuelta por la autoridad competente, acorde con lo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la tutela jurídica efectiva.
"En principio, conviene hacer referencia a las reformas de los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Carta Magna, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 que, en lo que interesa, quedaron de la siguiente manera: (se transcriben)
"Como se observa, las reformas a los numerales transcritos impactan directamente en la administración de justicia federal, porque amplían el objeto de protección del juicio de amparo; es decir, afín a la lógica internacional, se extiende el espectro de protección del juicio de amparo a los derechos humanos, puesto que mediante el juicio de amparo se protegen de manera directa, además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en los que operan los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.
"Así, los mandatos que disponen los reformados artículos 1o. y 103 constitucionales, deben interpretarse junto con lo que prevé el diverso artículo 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país.
"Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el numeral 1o., en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que establezca en cualquier norma inferior.
"Al respecto, es oportuno citar la tesis número P. LXVII (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicar, de rubro y texto siguientes:
"‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe)
"De este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. Así, el parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos que contemple la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos que dispongan los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte; y, d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
"En esos términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LXVIII/2011 (9a.), pendiente de publicación, que dice:
"‘PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.’ (se transcribe)
"Destacado lo anterior, ahora, conviene precisar lo que dispone el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: (se transcribe)
"Así, en términos del ordinal 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Mexicano reconoció que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, y adquirió la obligación de garantizar que la autoridad competente decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; así como de desarrollar las posibilidades de recurso judicial y la de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
"De esa manera, el instrumento internacional invocado consagra el derecho a la protección judicial efectiva que incluye el derecho de contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos fundamentales.
"Y en ese sentido, el Estado Mexicano se encuentra obligado a establecer y garantizar recursos judiciales idóneos y efectivos para la protección de los derechos del gobernado; por lo que deberá establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos, así como dar aplicación efectiva a los mismos.
"Así, es posible establecer que no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben ser efectivos y adecuados, esto es, que sean idóneos para proteger la situación jurídica infringida y que sean capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos.
"Por tanto, a efecto de determinar la sencillez, rapidez y efectividad de un recurso, debe tenerse en cuenta: a) la posibilidad del recurso para determinar la existencia de violaciones a los derechos fundamentales; b) la posibilidad de remediarlas; y, c) la posibilidad de reparar el daño causado y de permitir el castigo a los responsables.
"Ello, permite dar cuenta que la noción de efectividad del recurso que emana del artículo 25 de la Convención Americana, se asocia a la idoneidad del remedio para prevenir, detener, privar de efectos y reparar la afectación al derecho humano de que se trate.
"Luego, debe destacarse que para el ejercicio del derecho a un recurso efectivo el Estado deberá asegurar que toda persona tenga la posibilidad de acceder al mismo y que éste sea aceptable así como de calidad para cumplir con su función; finalmente, que su aplicación se realice a la luz del principio de igualdad y no discriminación, así como que sea progresiva y con la asignación apropiada de recursos para la realización de los derechos humanos.
"Por tanto, el Estado implementará los mecanismos legales necesarios, suficientes y eficaces para permitir a toda persona hacer valer su derecho a un recurso efectivo, para que el acto considerado violador de derechos se atienda por una autoridad que con atribuciones legales sobre el mismo revise su legalidad o constitucionalidad o convencionalidad o todas a la vez, al grado de permitir el desarrollo y continuidad del proceso de forma tal que llegue hasta sus últimas consecuencias.
"Esto es, el Estado dará paso al gobernado ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, al grado de poder resolver sobre los derechos en disputa, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla a través de los órganos jurisdiccionales estatuidos, con antelación al conflicto, para proporcionar ese servicio sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución.
"En esos términos, el poder público en modo alguno puede condicionar u obstaculizar el acceso a entidades a quienes corresponda la administración de justicia, lo cual se debe entender desde una perspectiva global o esférica en la medida que la ley aplicable no deberá imponer limitantes a ese derecho y sí la previsión de formalidades esenciales para el desarrollo del proceso; también se debe entender que los órganos encargados de llevar a cabo funciones de decisión de conflictos deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción, porque si bien deben ajustar sus actos a las disposiciones aplicables, también lo es que sus actuaciones deberán tender a favorecer la eliminación de actos de acción u omisión innecesarios o impeditivos, al tenor de los cuales se obstaculice la prerrogativa en comento y hagan nugatorios el derecho previsto en el ordinal 25 convencional.
"Deviene comprensible lo expuesto, porque en atención a los principios de pro persona y progresividad, las disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se deben entender como el mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan las personas; esto es, no se deben apreciar como un techo o límite de medios legales protectores de derechos y, además de ello, los órganos con funciones jurisdiccionales deben hacer efectivas las prerrogativas de todo sujeto, porque de lo contrario carecería de sentido su incorporación y reconocimiento formal en el texto normativo.
"Al tenor de las consideraciones expuestas, los entes con funciones jurisdiccionales deben tener presente que tienen la obligación de velar por la protección judicial efectiva y dejar de lado todo tipo de aseveraciones que pudiesen constituir trampas o laberintos procesales de imposible comprensión cuyo efecto sea hacer nugatoria esa prerrogativa; por tanto, en aras de privilegiar el derecho de defensa en comento, tales entes se deben concebir como garantes de los derechos y colaboradores del gobernado en la real administración de justicia, a fin de privilegiar el análisis de fondo del asunto, ello con sujeción a la normatividad aplicable y en privilegio del principio de igualdad del gobernado bajo la imparcialidad del juzgador.
"En la especie, como quedó precisado en el considerando que antecede, se estimó que no era procedente el juicio de amparo promovido por el quejoso, ahora recurrente, en contra de los actos de la Secretaría de Educación del Estado, por conducto de su titular, del coordinador de educación básica y del director general de personal, consistentes en la reintegración del salario que percibía; la permanencia definitiva e ininterrumpida en el lugar de adscripción al que pertenecía como servidor público, así como la devolución de la clave presupuestal que tuvo desde el inicio de su relación laboral con la citada secretaria, todo lo cual, afirmó el inconforme, fue modificado a partir del quince de septiembre de dos mil once; puesto que tales actos únicamente afectarán la relación laboral entre el trabajador quejoso y la Secretaría de Educación Jalisco, a la cual presta sus servicios, esto es, no son actos emanados de autoridad alguna, pues no implican una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente laboral, como son las condiciones laborales del impetratante; por tanto, era evidente que tales actos no podían ser impugnados a través del juicio de garantías, sino que contaba con el procedimiento jurisdiccional correspondiente, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del propio Estado de Jalisco, donde podrá accionar como demandante contra su aludida patrona, quien figurará como demandada en un plano de igualdad y equidad jurídica procesal.
"Sin embargo, para garantizar el derecho contemplado en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es, que el quejoso tenga derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante el Juez o tribunal competente que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, se estima procedente ordenar al Juez de Distrito que remita los autos a la Oficialía de Partes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, pues, como se vio, es el competente para conocer de la controversia, quien una vez que reciba la demanda, en su caso, deberá requerir al impetrante para que adecue su demanda a las directrices del juicio ante su potestad y en su oportunidad, revisará la legalidad o constitucionalidad o convencionalidad del reclamo del quejoso, al grado de permitir el desarrollo y continuidad del proceso de forma tal que llegue hasta sus últimas consecuencias, con lo cual se garantizará el derecho del quejoso a un recurso efectivo.
"Cabe destacar que lo anterior no implica indefensión a la Secretaría de Educación en el Estado, pues el único efecto de ese proceder se circunscribe a permitir que la pretensión del inconforme sea atendida por el órgano al que legalmente le corresponde su conocimiento y en el juicio que eventualmente se inicie, la citada secretaría tendrá posibilidad de ejercer su derecho de defensa como lo considere pertinente; es decir, no se violenta el principio de igualdad procesal en tanto se permite al demandado hacer efectivo su derecho de defensa.
"También, debe destacarse que, para efectos de determinar la presentación oportuna o no de la demanda, será necesario considerar la fecha de la presentación de la demanda de amparo, de manera que no será procedente declarar la extemporaneidad en la presentación de la demanda, ni la prescripción de las acciones, porque de permitirlo el efecto sería hacer nugatorio el derecho de defensa de la inconforme, a pesar de haber presentado esa demanda dentro del término de ley.
"Al respecto, por las razones que la informan, es oportuno citar la tesis I.4o.A.705 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, marzo de 2010, página dos mil ochocientos cincuenta y tres, que dice:
"‘ACCESO A LA JUSTICIA. LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA ELEGIDA POR EL ACCIONANTE, DEBIDO A LA INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL INSTADO, NO DEBE TRASCENDER EN DENEGAR UNA SOLUCIÓN JUDICIAL EFECTIVA.’ (se transcribe)."
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEGUNDO. El estudio de los agravios compaginado con el análisis de la resolución recurrida y de los antecedentes que informan el caso, conduce a realizar las siguientes consideraciones jurídicas:
"Ante todo, resulta importante abordar el tópico relativo a la facultad del Juez de Distrito para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto, indudable y notorio de improcedencia, sin perder de vista que esto constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"...
"Luego, contrariamente a lo alegado en los agravios, la anterior determinación, en lo que constituye la esencia del problema planteado, carece de la ilegalidad que se le atribuye.
"Para arribar al convencimiento de la conclusión apuntada, se parte de que de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 1o., fracción I y 11 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que las leyes o los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Al respecto, son ilustrativos los criterios jurídicos plasmados en las tesis que seguidamente se trasuntan:
"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (se transcribe)
"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.’ (se transcribe)
"Precisado lo anterior, cabe convenir con el Juez de Distrito, que en la especie se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el numeral 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, y 145 del propio ordenamiento jurídico, porque los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del amparo.
"A dicha conclusión se arriba, al tener en cuenta que en el apartado B del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general.
"En particular, destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral.
"En efecto, las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otros motivos tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón.
"Por tanto, lo que haga el Estado dentro de ese vínculo equiparado a uno laboral, no constituirá un acto de autoridad, sino de un patrón equiparado, por lo que el amparo en su contra es improcedente.
"Tal conclusión tiene apoyo, por las razones que la informan, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, página 92, que dice:
"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.’ (se transcribe)
"Sentado lo anterior, se tiene en cuenta que el quejoso relató en su demanda de amparo, que presta sus servicios para la Procuraduría General de la República, que es una dependencia del Poder Ejecutivo de la Unión.
"Eso por un lado, por otro, al interpretar en su integridad la demanda de amparo, con el fin de determinar con exactitud la intención del promovente para, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’ (se transcribe)
"Como se decía, al interpretar en su integridad la demanda de amparo, se advierte que el enjuiciante, de lo que se duele fundamentalmente, es de que el día quince de septiembre de dos mil once, le fue informado por la encargada del despacho de la Subdelegación Estatal Jalisco de la Procuraduría General de la República, que su relación laboral con la institución había terminado y que sólo prestaría sus servicios hasta esa misma fecha.
"Pues bien, tal conclusión del nombramiento deriva del vínculo equiparado a uno de trabajo entre la parte quejosa y una entidad pública revestida del carácter de patrón equiparado, por lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, lo que hace improcedente el juicio de garantías, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo.
"Por lo demás, cabe considerar que la parte quejosa, en todo caso, puede ventilar en un procedimiento laboral que al efecto gestione, en el que se tendrían que dilucidar los cuestionamientos que externa, a la luz de la ley de la materia, si concurre o no su derecho a que no se dé por terminado su nombramiento.
"En iguales términos, durante sesión de nueve de marzo de dos mil once, se resolvió la improcedencia **********, del índice de este órgano colegiado.
"Por otra parte, debe decirse que en el caso, contrario a lo alegado, con la decisión del Juez de Distrito, no se violan los tratados y convenios internacionales que cita el recurrente, habida cuenta que no puede soslayarse que el a quo, si bien es un órgano de control constitucional y de convencionalidad, lo cierto es que está obligado previamente a analizar la procedencia del juicio de garantías; lo que indudablemente no se traduce en una denegación de justicia o violación a dichos tratados, puesto que ello ocurre cuando existe una defi de justice o que un fallo no puede obtenerse dentro del tiempo legalmente razonable; empero, en el caso, con el actuar del Juez al desechar la demanda de garantías, no se está coartando el derecho del promovente, ni violando los convenios internacionales,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24088-737b489a/tutela-judicial-efectiva-su-alcance-frente-al-desechamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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