CUOTAS COMPENSATORIAS DETERMINADAS POR LAS AUTORIDADES ADUANERAS AL LIQUIDAR IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. SU IMPUGNACIÓN SE RIGE POR LA LEY ADUANERA QUE ESTABLECE COMO OPTATIVO EL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la presidenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es uno de los órganos jurisdiccionales de donde proviene uno de los criterios que se estiman contradictorios.
TERCERO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de fecha nueve de junio de dos mil seis, el recurso de revisión fiscal número RF. 152/2006 interpuesto por el administrador local jurídico del sur del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"SÉPTIMO. ... para una mejor comprensión de este asunto, resulta necesario precisar que la empresa actora en el juicio natural, Coppel, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad de la resolución contenida en el oficio 326-SAT-IV-47625, de fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro, emitida por la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual determinó un crédito fiscal en contra de la referida empresa, respecto de diversas operaciones de comercio exterior, por la cantidad de $2'056, 287.66 (dos millones cincuenta y seis mil doscientos ochenta y siete pesos 66/100 M.N.), por concepto de cuota compensatoria omitida actualizada, impuesto al valor agregado omitido actualizado, y multas, por los pedimentos números 02 40 3611 2005599, 02 40 3611 2005600, 02 40 3611 2005601, 02 40 3611 2005602, 02 40 3611 2005603, 02 40 3611 2005604, 02 40 3611 2005605, 02 40 3611 2005597, 02 40 3611 2005606. De la citada resolución impugnada se observa que la autoridad determinó confirmar las irregularidades asentadas en el escrito de hechos u omisiones con número de referencia GC-0440I-017, consistentes en la omisión total del pago de las cuotas compensatorias a que se encontraban sujetas las mercancías introducidas al territorio nacional al amparo de los citados pedimentos de importación y que fueron objeto del procedimiento de conformidad con la ‘resolución de carácter provisional que declara de oficio el inicio de la investigación administrativa sobre la importación de bicicletas y llantas y camas (sic) para bicicleta, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 40.11 40.13 y 87.12 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia’, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de mil novecientos noventa y tres, la ‘resolución definitiva de investigación antidumping sobre la importación de bicicletas, llantas y cámaras para bicicleta, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 40.11 40.13 y 87.12 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia’, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, la ‘resolución final del examen para determinar las consecuencias de la supresión de las cuotas compensatorias definitivas impuestas a las importaciones de bicicletas, llantas y cámaras para bicicleta, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias 40.11.50.01, 40.13.20.01, 87.12.00.01, 87.12.00.02, 87.12.00.03, 87.12.00.04 y 87.12.00.99 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia’, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil, y el ‘acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago de cuotas compensatorias’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, reformado el veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis, cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dos de marzo de dos mil uno y veinticinco de marzo de dos mil dos; lo anterior, en virtud de no haber acreditado conforme a las disposiciones legales aplicables en materia de certificación de origen, que la mercancía importada mediante los pedimentos referidos era originaria de un país distinto a aquel que las exportó en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior, en relación con las fracciones I inciso d), y II, inciso a) del artículo cuarto del referido acuerdo y por lo mismo omitió el pago de una cuota compensatoria en razón del 144% que se aplicó sobre el valor en aduana de la mercancía, en términos de lo dispuesto por el punto 73 de la resolución citada en tercer término (fojas 75 y 77). La Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, una vez tramitado el procedimiento, con fecha diecisiete de octubre de dos mil cinco, dictó sentencia en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, con el argumento de que la autoridad demandada había omitido resolver la situación de la empresa actora en el procedimiento administrativo en materia aduanera que instauró en su contra, dentro del plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera. Ahora bien, en el primer agravio la autoridad recurrente alega que ... los anteriores argumentos son fundados porque no obstante que la autoridad demandada en su oficio de contestación a la demanda, no hubiese hecho valer la causal de improcedencia que ahora aduce la autoridad recurrente, lo cierto es que en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, la Sala Fiscal estaba obligada a analizar de oficio, la procedencia del juicio, pues en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del citado precepto legal. En efecto, el artículo 202, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, establece lo siguiente: ‘Artículo 202. Es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por las causales y contra los actos siguientes: ... VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa. ...’. El artículo transcrito establece que es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en contra de actos que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa; es decir, dicha disposición establece la regla general consistente en la obligación de los interesados de acatar el principio de definitividad del acto reclamado, esto es, que debe agotar previamente al juicio de nulidad el recurso ordinario, conforme a la ley ordinaria que rija en el caso; sin embargo, dicha regla tiene una excepción que el juicio de nulidad no resulta improcedente cuando el recurso sea optativo para el interesado. Ahora bien, como lo alega la autoridad recurrente, la Ley de Comercio Exterior, que regula el acto impugnado en el juicio de nulidad, en sus artículos 94, fracción V, 95 y 96, fracción I, disponen lo siguiente: ‘Artículo 94. El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones: ... V. Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen; ...’. ‘Artículo 95. El recurso a que se refiere este capítulo tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto reclamado, los fundamentos legales en que se apoyen y los puntos de resolución. El recurso de revocación se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, siendo necesario su agotamiento para la procedencia del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revocación o aquellas que lo tengan por no interpuesto, podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante juicio que se sustanciará conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las resoluciones no recurridas dentro del ámbito establecido en el Código Fiscal de la Federación se tendrán por consentidas, y no podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.’. ‘Artículo 96. En relación con el recurso de revocación que se interponga contra las resoluciones y actos a que se refiere la fracción V del artículo 94, se estará a lo dispuesto en el artículo 95 en lo que no se oponga a las siguientes reglas: I. Se interpondrá ante la autoridad que haya dictado la resolución, o bien, contra la que lo ejecute, salvo que en el mismo recurso se impugnen ambos, caso en el que deberá interponerse ante la autoridad que determinó las cuotas compensatorias; ...’. De los artículos antes transcritos se desprende lo siguiente: a) Que el recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen. b) Que el recurso de revocación se interpondrá ante la autoridad que haya dictado la resolución, o bien, contra la que lo ejecute, salvo que en el mismo recurso se impugnen ambos, caso en el que deberá interponerse ante la autoridad que determinó las cuotas compensatorias. c) Que el referido recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto reclamado, los fundamentos legales en que se apoyen y los puntos de resolución. d) Que el recurso en cuestión se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. e) Que es necesario agotar el recurso de revocación para la procedencia del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. f) Que las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revocación o aquellas que lo tengan por no interpuesto, podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante juicio que se sustanciará conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. g) Que las resoluciones no recurridas dentro del ámbito establecido en el Código Fiscal de la Federación se tendrán por consentidas, y no podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como se advierte, el artículo 95 señala que el recurso de revocación se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; al respecto los artículos 130 a 133-A que integran la sección III, denominada ‘Del trámite y resolución del recurso’ del referido cuerpo de normas, vigente en dos mil cuatro, establecen lo siguiente: ‘Artículo 130. En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso. Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración, se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad. Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades adquieren convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente esta parte de su resolución. Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal, a través del cual se puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación, en tanto no se opongan a lo dispuesto en este capítulo.’. ‘Artículo 131. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado.’. ‘Artículo 132. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución. No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo.’. ‘Artículo 133. La resolución que ponga fin al recurso podrá: I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso; II. Confirmar el acto impugnado; III. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución; IV. Dejar sin efectos el acto impugnado; V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana.’. ‘Artículo 133-A. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la resolución deje sin efectos el acto impugnado y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo su revocación; en el caso de revocación por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo perentorio de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquel en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurrido dicho plazo sin dictar la resolución definitiva, la autoridad no podrá reiniciar un procedimiento o dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada en el recurso, salvo en los casos en los que el particular, con motivo de la resolución del recurso, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le confirme un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la revocación de la resolución impugnada o lo indemnice por los daños y perjuicios causados. Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la resolución del recurso lo establezca y aun cuando la misma revoque el acto impugnado sin señalar efectos. b) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución impugnada ni puede dictarse después de haber transcurrido cuatro meses, aplicando en lo conducente lo establecido en el segundo párrafo siguiente al inciso a) que antecede. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en el que haya quedado firme la resolución para el obligado a cumplirla.’. Las disposiciones legales transcritas prevén la tramitación y resolución del recurso de revocación. En efecto, el artículo 130 prevé cuestiones relativas a la admisión y desahogo de pruebas en el recurso de revocación. El artículo 131 señala que la autoridad deberá dictar resolución en dicho recurso y notificarla en un término que no excederá de tres meses, contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El artículo 132 establece los requisitos que debe cumplir la resolución del recurso, así como la facultad de la autoridad de corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados. El artículo 133 enuncia el sentido en que podría emitirse la resolución del recurso de revocación, esto es, desecharlo por improcedente, confirmar el acto impugnado, ordenar la reposición del procedimiento, dejar sin efectos el acto impugnado, modificar este último o dictar un nuevo acto que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. Por último, el artículo 133-A establece los términos y plazos en que las autoridades demandadas y cualesquier otra autoridad relacionada, estarán obligadas a cumplir con las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, en los casos en que la resolución hubiese dejado sin efectos el acto impugnado y éste contenga un vicio de forma, o cuando esté viciada en cuanto al fondo. Bajo ese contexto es dable considerar que en las resoluciones en las que se determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las aplican, procederá, en términos de lo dispuesto en los artículos 94, fracción V y 95 de la Ley de Comercio Exterior, que es el ordenamiento legal que rige ese tipo de actos, el recurso de revocación, el cual se tramitará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 130, 131, 132, 133 y 133-A del Código Fiscal de la Federación que prevén las reglas generales para la tramitación y resolución del recurso de revocación. Por tanto, si en el presente caso la resolución impugnada en el juicio de nulidad fue emitida por la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se determinó a la empresa actora, Coppel, Sociedad Anónima de Capital Variable, un crédito fiscal en cantidad total de $2'056,287.66 (dos millones cincuenta y seis mil doscientos ochenta y siete pesos 66/100 M.N.), integrado por cuota compensatoria omitida actualizada, impuesto al valor agregado omitido actualizado y multas; la parte actora necesariamente debió impugnarla a través del recurso de revocación, previamente a la promoción del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tal como lo establecen los artículos 94, fracción V y 95 de la Ley de Comercio Exterior. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, que el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 117, fracción I, inciso c), 120 y 125 señale lo siguiente: ‘Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: ... c) Dicten las autoridades aduaneras. ...’. ‘Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente.’. ‘Artículo 125. El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro, a excepción de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos. Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo. Los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte, son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de defensa previstos por este código. Los procedimientos de resolución de controversias son improcedentes contra las resoluciones que ponen fin al recurso de revocación o al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.’. En efecto, dichos artículos establecen que el recurso de revocación es procedente contra las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales que dicten las autoridades aduaneras; y que la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado, antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, que el interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, esos artículos del Código Fiscal de la Federación no son aplicables a este asunto; en primer lugar, porque los mismos prevén la procedencia del recurso de revocación contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales que dicten las autoridades aduaneras, recurso cuya interposición será optativa; y en el presente caso, si bien la resolución impugnada fue emitida por una autoridad aduanera, como lo es la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, también lo es que en dicha resolución la autoridad determinó un crédito fiscal a la empresa actora, por omisión total del pago de las cuotas compensatorias a que se encontraban sujetas las mercancías introducidas al territorio nacional al amparo de los pedimentos de importación números 02 40 3611 2005599, 02 40 3611 2005600, 02 40 3611 2005601, 02 40 3611 2005602, 02 40 3611 2005603, 02 40 3611 2005604, 02 40 3611 2005605, 02 40 3611 2005597, 02 40 3611 2005606 y que fueron objeto del procedimiento, de conformidad con la ‘resolución de carácter provisional que declara de oficio el inicio de la investigación administrativa sobre la importación de bicicletas, llantas y cámaras para bicicleta, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 40.11 40.13 y 87.12 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia’, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de mil novecientos noventa y tres, la ‘resolución definitiva de investigación antidumping sobre la importación de bicicletas, llantas y cámaras para bicicleta, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 40.11 40.13 y 87.12 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia’, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, la ‘resolución final del examen para determinar las consecuencias de la supresión de las cuotas compensatorias definitivas impuestas a las importaciones de bicicletas, llantas y cámaras para bicicleta, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias 40.11.50.01, 40.13.20.01, 87.12.00.01, 87.12.00.02, 87.12.00.03, 87.12.00.04 y 87.12.00.99 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia’, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil, y el ‘acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago de cuotas compensatorias’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, reformado el veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis, cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dos de marzo de dos mil uno y veinticinco de marzo de dos mil dos; lo anterior, en virtud de no haber acreditado conforme a las disposiciones legales aplicables en materia de certificación de origen, que la mercancía importada mediante los pedimentos referidos era originaria de un país distinto a aquel que las exportó en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior, en relación con las fracciones I, inciso d), y II, inciso a) del artículo cuarto del referido acuerdo; y por lo mismo, la autoridad demandada le aplicó la cuota compensatoria a razón del 144% sobre el valor en aduana de la mercancía, en términos de lo dispuesto por el punto 73 de la resolución mencionada en tercer término. Por lo anterior, en este caso, la norma aplicable, a efecto de la procedencia del recurso de revocación, es la Ley de Comercio Exterior, que es la que rige lo relativo a las cuotas compensatorias en específico y no el artículo 117,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19817-8656117a/cuotas-compensatorias-determinadas-por-las-autoridades-aduaneras-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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