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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, CONFORME A LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/2002].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. · Registro digital (IUS): 29764
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-04-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, Pág. 1506.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALBERTO EMILIO CARMONA, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ Y ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIA: MA. DEL CARMEN ZÚÑIGA CLETO.

Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia. Por oficio ********** recibido en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito el tres de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado Víctor Manuel Estrada Jungo, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por ese órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 332/2019 y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito en el recurso de queja 71/2019 (fojas 2 y 3).

SEGUNDO.—Trámite. Mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el presidente de este Pleno de Circuito ordenó registrar la denuncia de mérito con el número de expediente 5/2019, la admitió a trámite y solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito que remitiera copia certificada de la ejecutoria correspondiente y el archivo electrónico relativo. En la misma actuación requirió a los Tribunales Colegiados de Circuito informaran si los criterios que sustentaron estaban vigentes (fojas 23 y 24).

En el oficio ********** el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal contradicción de tesis alguna, en la que el tema a resolver guardara relación con la que es objeto del expediente en que se actúa; comunicación que se tuvo por rendida el veintiocho de febrero de dos mil veinte, misma actuación en la que se ordenó turnar el asunto al Magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero para formular el proyecto de resolución respectivo (foja 75).

En atención al dictamen presentado por el Magistrado ponente, el diez de marzo de dos mil veinte, se aplazó el dictado de la resolución, hasta en tanto se resolviera la contradicción de tesis 545/2019 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por plantearse en ella el mismo tema objeto de esta contradicción (fojas 78 a 80).

El tres de septiembre de dos mil veinte se acordó el levantamiento del aplazamiento del dictado de la resolución, en virtud de que la Segunda Sala del Alto Tribunal resolvió inexistente la contradicción de tesis 545/2019 (foja 118).

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que contienden Tribunales Colegiados de este Décimo Sexto Circuito, especializados en la misma materia administrativa.

Se precisa que este asunto se sesiona por videoconferencia, en términos del artículo 27, fracción III, del Acuerdo General 21/2020, modificado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y veintinueve de octubre del mismo año, respectivamente.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito en los juicios de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.

Lo anterior, toda vez que la denuncia la formuló el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. El contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis, es como sigue:

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 332/2019, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO.—Estudio. El ‘único’ concepto de violación (en realidad constituye el primero en su orden respecto de los demás), en el que el quejoso plantea la actualización de una violación procesal, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional.

"En dicho motivo de disenso expone que, de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, al reclamarse la sentencia deben hacerse valer las violaciones al procedimiento, siempre que se hayan impugnado por el quejoso durante la tramitación del juicio y la violación respectiva trascienda al resultado del fallo.

"Agrega que si bien el inciso a) de la fracción I del numeral 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato prevé la procedencia del recurso de reclamación en contra de acuerdos que ‘desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas’; sin embargo, no alude a los proveídos que admiten o desechan parcialmente una demanda, como sucedió en el caso.

"De tal suerte que esa ambigüedad, en cuanto a la procedencia del recurso de reclamación, representa una dificultad para el accionante, pues implica llevar a cabo una interpretación adicional para determinar si debió interponer el referido medio de defensa, por lo cual debe privilegiarse su derecho fundamental de acceso a un recurso judicial efectivo y concluir que no estaba obligado a agotarlo.

"Hecha esa precisión, aduce que fue ilegal el desechamiento de la demanda por cuanto ve a la boleta de infracción con folio **********, dictado por el Magistrado en el auto inicial, porque, contrario a lo que sostuvo, sí constituye un procedimiento administrativo el levantamiento de la boleta de infracción y la posterior calificación que de ella haga la autoridad competente.

"Afirma que ello es así, porque en la fracción XXII del artículo 11 del reglamento se prevé la facultad de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya para: ‘Sustanciar los procedimientos de sanción a los infractores de la ley y del presente reglamento, así como calificar e imponer las sanciones que resulten aplicables, salvo las de competencia del Ayuntamiento’; lo cual se complementa con lo que señala el diverso 197 del propio ordenamiento reglamentario: (transcribe).

"A partir de lo anterior obtiene que es hasta la resolución del procedimiento administrativo (calificación de la infracción), cuando la boleta adquiere el carácter de definitiva para efectos de su impugnación, lo cual evidencia lo ilegal del desechamiento parcial.

"Refiere que en el supuesto de que este Tribunal Colegiado de Circuito comparta el criterio de la Sala y estime que no se trata de un procedimiento administrativo, sino de actos autónomos, impugnables en lo individual; aun así debió admitirse a trámite la demanda por cuanto ve a la boleta de infracción, debido a que en ésta no se le señaló el plazo con que contaba para impugnarla y, por tanto, se surte la hipótesis prevista en la tesis XVI.1o.A.179 A (10a.), sustentada por este órgano colegiado, intitulada: ‘ACTO ADMINISTRATIVO. CUANDO LA AUTORIDAD INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL GOBERNADO LA VÍA Y PLAZOS PARA SU IMPUGNACIÓN, DEBE ESTIMARSE SIEMPRE OPORTUNA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO).’

"...

"Cabe destacar que en contra del proveído que desecha parcialmente una demanda de nulidad tampoco procede el juicio de amparo indirecto, según se explica a continuación:

"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/99-PL, interpretó el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo (abrogada) e instituyó que si bien el acuerdo que desecha parcialmente una demanda, sin ulterior recurso, se considera una violación adjetiva o procesal; no obstante, es reclamable en amparo indirecto, como excepción a la regla general de que éste sólo procede en contra de actos en juicio que de modo inmediato afecten derechos sustantivos contenidos en la Constitución.

"Ello porque, explicó, se afecta al actor en grado predominante o superior, pues la admisión parcial de la demanda implica, en lo no admitido, que las acciones, elementos o sujetos materia de la inadmisión no formen parte del proceso litigioso y, por ende, del pronunciamiento judicial, lo que le causa una afectación de extrema gravedad, además de que dicho desechamiento parcial no constituye un acto reparable con el hecho de obtener una sentencia condenatoria favorable al demandante, ya que no resolverá sobre la acción no admitida, por no haber sido parte de la litis.

"Esas consideraciones dieron lugar a la integración de la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, publicada en la página 446 del Tomo XXIX de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: (transcribe).

"No obstante, este Tribunal Colegiado de Circuito, en una nueva reflexión, estima que esa tesis ya no rige en la actualidad y, por ende, es inaplicable en el caso concreto, por lo cual se abandona el criterio que informan las ejecutorias dictadas en los amparos directos administrativos ********** y **********, los cuales se resolvieron con base en la aludida jurisprudencia 2a./J. 55/2002.

"En efecto, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, el Pleno del Alto Tribunal expuso que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación (entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte), proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo.

"Además de que, añadió, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, mediante la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en:

"a) La exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y

"b) Que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de ser ‘sustantivos’, expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

"Con base en lo anterior, el Pleno del Alto Tribunal razonó que no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: ‘VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.’ y ‘ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, ya que se generaron conforme a una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece conforme a la Ley de Amparo vigente y, por ende, debe prescindirse de su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal.

"Esas consideraciones dieron lugar a la integración de la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la página 15 del Libro 29, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro (sic) y texto: (transcribe).

"Al resolver la diversa contradicción de tesis 370/2017, el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó esas consideraciones y reiteró que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’ no pueden seguir rigiendo los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior.

"Sobre esa base, determinó que la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la ‘afectación material’ necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, porque tal acto únicamente tiene consecuencias dentro del procedimiento –al afectarse la celeridad o prontitud de tal juicio–, pero no trasciende a la persona o bienes del justiciable, más allá de lo meramente procesal.

"El Pleno agregó que aun cuando la determinación de la negativa de llamar a juicio a un tercero no sea abordada en la sentencia definitiva, en caso de impugnarla como violación procesal en la vía directa y concederse el amparo solicitado, se dejaría insubsistente y se ordenaría llamar al tercero, con lo cual se subsana la afectación resentida dentro del juicio ordinario.

"Asimismo, destacó que si bien con la referida reposición del procedimiento se generaría una afectación a la justicia pronta, dicho menoscabo no participa de la naturaleza material necesaria para generarse el supuesto de procedencia excepcional del amparo indirecto, en tanto que, insistió, únicamente tiene afectaciones a la celeridad o prontitud que debe revestir el juicio, pero no genera consecuencias para la persona o bienes del justiciable que trasciendan a las cuestiones meramente procesales; por ende, ese acto no es de imposible reparación, en términos del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

"Añadió que esa interpretación es la más acorde con el propósito al que está llamado a salvaguardar la redacción vigente del citado precepto de la Ley de Amparo, que es ‘evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional’; lo cual no podría observarse si se estimara que la negativa de llamar a juicio a un tercero pudiera ser impugnada a través del juicio de amparo indirecto; por lo contrario, la promoción de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar ese derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el juicio respectivo.

"Esos razonamientos quedaron sintetizados en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), visible a foja 6 del Libro 63, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido literal: (transcribe).

"Esas consideraciones revelan que el desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia tiende o se orienta a que el amparo indirecto proceda en contra de violaciones procesales que verdaderamente vulneren algún derecho sustantivo, como, por ejemplo, la orden de desahogar una prueba pericial en materia contable, pues en ese supuesto, la contabilidad del interesado habrá quedado expuesta con motivo de la práctica de la pericial y no existe posibilidad de que pueda subsanarse la violación a la invasión a la privacidad de sus papeles, ni siquiera obteniendo sentencia favorable.

"De ahí que lo ordinario sea que las violaciones procesales se planteen, en una sola oportunidad, en la demanda de amparo directo que, en su caso, se promueva en contra de la sentencia, con independencia de la fase procesal en que ocurran.

"Es así que las razones que informan la aludida jurisprudencia 2a./J. 55/2002, intitulada: ‘DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.’, ya no rigen conforme a la hipótesis de procedencia contenida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente y a la interpretación que de ella ha realizado el Alto Tribunal.

"Se afirma ello, en tanto que la referida jurisprudencia se sustenta, fundamentalmente, en que dicho acto causaba al promovente una afectación ‘en grado predominante o superior’, lo cual, como se vio, ya no es un aspecto útil para determinar la procedencia del amparo indirecto.

"Más bien, debe atenderse a que el desechamiento (o admisión) parcial de la demanda de nulidad carece de una ‘afectación material’, porque tal acto no trasciende a la persona o bienes del justiciable, más allá de lo meramente procesal.

"Ciertamente, el hecho de que la Sala Administrativa deje de pronunciarse en la sentencia en torno a la validez o ilegalidad del acto administrativo materia del desechamiento parcial de la demanda, no menoscaba algún derecho sustantivo del actor.

"Ello es así porque, como lo apuntó el Alto Tribunal, en caso de impugnar ese proveído como violación procesal en la vía directa y de concederse el amparo solicitado, quedaría insubsistente y se ordenaría admitir a trámite la demanda por todos los actos, con lo cual se subsana la afectación resentida dentro del juicio ordinario.

"Tampoco es obstáculo para sustentar la improcedencia del amparo indirecto en contra del desechamiento parcial de la demanda, el que con la eventual reposición del procedimiento se genere una afectación a la justicia pronta, porque dicho menoscabo no participa de la naturaleza material necesaria para generarse el supuesto de procedencia excepcional del amparo indirecto; en tanto que, como se vio, únicamente tiene afectaciones a la celeridad o prontitud que debe tener el juicio, pero no genera consecuencias en la persona o bienes del justiciable que trasciendan a los aspectos meramente procesales.

"Corolario de lo anterior, el desechamiento parcial de una demanda de nulidad ingresada ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, no es un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo."

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 71/2019, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, determinó, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO.—Los agravios expuestos en contra del acuerdo desechatorio, son esencialmente fundados y suplidos en sus deficiencias en términos de la siguiente jurisprudencia –invocada por la parte quejosa recurrente–, cuyos datos de localización, rubro y texto dicen:

"Desde esa perspectiva y contrariamente a lo apreciado en el acuerdo desechatorio recurrido, no se actualiza en el caso la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acta de audiencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve, en atención al orden cronológico, dictada dentro del expediente **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, en el que no se fijó la litis agraria de manera integral, dado que no se incluyeron las acciones que fueron reclamadas por el demandado principal, actor reconvencionista, ahora quejoso recurrente, además de que se tuvo por perdido su derecho de ofrecer más pruebas, así como lo tocante al desahogo de la prueba confesional que ofreció, afecta de modo directo e inmediato el derecho sustantivo de acceso efectivo a la justicia, en su primera etapa –derecho de acción–, previsto en el artículo 17 constitucional, es decir, consiste en un acto de imposible reparación.

"Ello es así, porque el pronunciamiento de dicha resolución afecta materialmente a la parte quejosa recurrente, ya que la admisión parcial de la demanda de reconvención implica que lo no admitido, no forme parte del proceso litigioso y, por ende, del pronunciamiento judicial, con lo cual se causa a dicha parte una afectación de extrema gravedad, pues en la sentencia definitiva que se pronuncie en su oportunidad, no se podrán resolver las acciones que hizo valer y no le fueron admitidas, de ahí que se transgreda el derecho de acceso efectivo a la justicia.

"En relación con ello, es pertinente destacar lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/99-PL, que en lo que interesa dice:

"‘No obstante lo anteriormente considerado, se llega a la conclusión de que el acuerdo que desecha parcialmente una demanda agraria sin ulterior recurso, constituye un acto de imposible reparación susceptible de reclamarse en la vía de amparo indirecto ante Juez de Distrito, porque el pronunciamiento de dicha resolución, aun cuando sólo afecta derechos adjetivos o procesales, los lesiona en grado predominante o superior, ya que la admisión parcial de la demanda implica, en lo no admitido, que no formen parte del proceso litigioso y, por ende, del pronunciamiento judicial, las acciones, elementos o sujetos materia de la inadmisión, con lo que se causa al actor una afectación de extrema gravedad, en virtud de que cuando en una demanda se hacen valer varias acciones o se señalan varios demandados, es razonable esperar que tengan relación entre sí; asimismo, que el acervo probatorio tenga vinculación con todos los planteamientos jurídicos y que ello repercuta también a los demandados o terceros, que si por la inadmisión parcial no son llamados a juicio desorganizan o fracturan lo pretendido en el libelo, además de que en la sentencia definitiva, aun siendo favorable al actor en lo admitido, ya no podrá repararse la violación en la parte que no se admitió.

"‘Al hacer la distinción entre actos de ejecución irreparable dentro del juicio y aquellos que no lo son, este órgano colegiado ha establecido que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, según la tesis que ya se transcribió anteriormente, aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, porque siendo los efectos de este tipo de violaciones meramente formales, son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable y, por ello, procede el amparo directo, lo cual no sucede con el auto firme que desecha parcialmente una demanda, pues a pesar de infringir un derecho de naturaleza adjetiva, afecta al actor de modo extraordinario, como ya se expresó, además de que en la sentencia definitiva que se pronuncie en su oportunidad, no se podrán resolver las acciones y pretensiones que hizo valer y no le fueron admitidas.

"‘En el supuesto que se examina se reitera el criterio ya sostenido por el Pleno en la tesis que más adelante se transcribirá, relativo a que la distinción entre actos de ejecución irreparable dentro del juicio y aquellos que no lo son, según se afecten derechos sustantivos o adjetivos, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso del desechamiento parcial de una demanda. Para así estimarlo, debe reiterarse que las violaciones procesales son impugnables ordinariamente en amparo directo cuando se reclame la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas éstas cuya concurrencia, en el caso del desechamiento parcial de una demanda, le imprimen a esas decisiones un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo.

"‘...

"‘En conclusión, el auto firme que desecha parcialmente una demanda debe considerarse como un acto de ejecución irreparable que es impugnable en la vía de amparo indirecto.’ (Énfasis añadido)

"La anterior ejecutoria dio origen a la siguiente jurisprudencia –invocada por la parte quejosa–, cuyos datos de localización, rubro y texto son:

"‘Novena Época

"‘Registro: 167732

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Tipo de Tesis: Jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo XXIX, marzo de 2009

"‘Materia: común

"‘Tesis: 2a./J. 55/2002

"‘Página: 446

"‘DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.’ (transcribe)

"En ese contexto, contrario a lo expuesto por el Juez de Distrito, sí resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 reproducida, pues si bien fue pronunciada bajo la abrogada Ley de Amparo, cuya excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto consiste en las afectaciones adjetivas en grado predominante o superior, misma que no fue prevista en la actual legislación de la materia, lo cierto es que del análisis de la contradicción de donde se originó dicha tesis, realmente se dispuso que el acuerdo que desecha parcialmente una demanda agraria sin ulterior recurso, constituye un acto de imposible reparación susceptible de reclamarse en la vía de amparo indirecto ante un Juez de Distrito, figura jurídica que se encuentra prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, lo cual aconteció en el caso.

"De ahí que, contrario a lo expuesto por el resolutor de amparo, no resultan aplicables las tesis de rubros: ‘ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).’, ‘ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS.’ y ‘AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE).’, además, porque no son obligatorias para este Tribunal Colegiado al haber sido emitidas por órganos jurisdiccionales que se encuentran en un plano de verticalidad y no de horizontalidad.

"Por tanto, conforme a lo expuesto, se insiste que el acto reclamado es de imposible reparación, pues afecta materialmente el derecho sustantivo tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (acceso efectivo a la justicia, en su primera etapa –derecho de acción–), pues trasciende a los bienes de la parte quejosa recurrente, ya que se determinó no fijar la litis agraria respecto de la acción de pago de perforación del pozo y demás aditamentos para su extracción, situación que le resulta una afectación de extrema gravedad, por lo que se actualiza la procedencia excepcional del amparo indirecto contra ese acto intraprocesal. Apoya a lo anterior, la siguiente jurisprudencia:

"‘Décima Época

"‘Registro: 2019176

"‘Instancia: Pleno

"‘Tipo de Tesis: Jurisprudencia

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Libro 63, febrero de 2019, Tomo I

"‘Materia: común

"‘Tesis: P./J. 7/2019 (10a.)

"‘Página: 6

"‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN «ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN», POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.’ (transcribe)

"Asimismo, el acto reclamado es de imposible reparación, pues transgrede el derecho de acción que integra la primera de las etapas que conforman el derecho de acceso a la justicia c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29764-31eb33b5/juicio-de-amparo-indirecto-no-procede-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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