AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL Y ATENTO A LA NATURALEZA Y EFECTOS DEL ACTO QUE SE RECLAMA, ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA DAR TRÁMITE A PROMOCIONES Y ESCRITOS POR CARECER DE FIRMA DE LICENCIADO EN DERECHO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1.94 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, AUN CUANDO SE ALEGUE TRANSGRESIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS ORTEGA CASTRO, JACINTO JUÁREZ ROSAS, ISAÍAS ZARATE MARTÍNEZ, FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN Y MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA. PONENTE: JACINTO JUÁREZ ROSAS. SECRETARIO: EDGAR ALONSO GARCÍA ESTRADA.
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de veintisiete de agosto dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver los autos relativos a la contradicción de tesis 3/2017; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de la posible contradicción de tesis. Mediante oficio sin número, el Magistrado Isaías Zarate Martínez, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de los criterios sustentados por el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, al fallar los juicios de amparo directo 308/2014 y 323/2017, respectivamente, en contra de lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el recurso de queja 81/2017, y en el amparo en revisión 192/2017.
2. SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito admitió a trámite la posible denuncia de contradicción de tesis, formó y registró el expediente con el número de contradicción de tesis 3/2017, y solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes copias certificadas de las ejecutorias que participan en la presente denuncia, e informaran si el criterio sustentado se encontraba vigente, o en su caso, el motivo para tenerlo por superado o abandonado; asimismo, solicitó al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito remitiera copia certificada de las ejecutorias dictadas por ese órgano colegiado que guardaran relación con el tema de la contradicción de tesis, y finalmente, ordenó informar vía electrónica, así como por oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, sobre la denuncia de esa posible contradicción de tesis.
3. En diversos proveídos dictados el treinta de octubre de dos mil diecisiete, la presidencia del Pleno de Circuito tuvo por recibido los siguientes oficios:
4. Oficio de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remitió copias certificadas de las ejecutorias dictadas en el recurso de queja 81/2017 y en el amparo en revisión 192/2017, e informó que los criterios sustentados en dichos expedientes no han sido superados o abandonados.
5. Oficio de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, signado por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 323/2017, y manifestó que el criterio sustentado en ese expediente no ha sido superado o abandonado.
6. Oficio de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, signado por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual informó que ese órgano jurisdiccional no ha dictado sentencia respecto del tema citado.
7. Oficio de veinticuatro de octubre de dos mi diecisiete, signado por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo directo 308/2014, e informó que el criterio que sustenta en ese asunto no ha sido superado o abandonado.
8. Posteriormente, mediante acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio signado por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual menciona que fue informada por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se encuentra radicada en el Máximo Tribunal ninguna contradicción en la cual, el tema a dilucidar sea "si es procedente el juicio de amparo indirecto cuando se reclama la resolución que no provee escritos por carecer de la firma de abogado patrono".
9. TERCERO.—Turno al Magistrado relator: En proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito ordenó que se turnaran los autos al Magistrado Willy Earl Vega Ramírez, para que realizara el proyecto de resolución respectivo.
10. Luego, por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la presidencia del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, acordó returnar el asunto al Magistrado Ricardo Romero Vázquez, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
11. Mediante oficio de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Magistrado ponente remitió la versión impresa y el archivo electrónico del proyecto de resolución, con el cual se dio vista a los Magistrados integrantes del Pleno para que si lo estimaran pertinente formularan sus observaciones.
12. El Magistrado Virgilio Solorio Campos y el Magistrado José Martínez Guzmán formularon las respectivas observaciones y el segundo de los citados propuso que se integrara el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito a la presente contradicción, por haber emitido la jurisprudencia II.2o.C. J/33 (9a.), de rubro: "ABOGADOS, FIRMA DE AUTORIZADOS DE LOS. ES INNECESARIA EN LAS PETICIONES DE LOS INTERESADOS DIRECTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."
13. Así, en sesión ordinaria de ocho de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito acordó que se integrara a esta contradicción, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, como consecuencia, mediante auto de nueve de mayo siguiente, se regularizó el procedimiento y se dejó sin efectos el auto de turno; asimismo, solicitó al presidente de ese órgano colegiado remitiera copia certificada de las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia antes citada e informara si dicho criterio se encontraba vigente o, en su caso, el motivo para tenerlo por superado o abandonado.
14. Por acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió el oficio signado por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual remitió copia certificada de las ejecutorias emitidas en los amparos en revisión 38/2012, 89/2011, 134/2011, 3/2012, y la improcedencia 146/2002, informando que el criterio sustentado en dichas ejecutorias seguía vigente; asimismo, por diverso auto de catorce de junio siguiente remitió los archivos electrónicos correspondientes.
15. Returno. En proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno de Circuito ordenó returnar al Magistrado Ricardo Romero Vázquez, el asunto para que en el plazo de quince días presentara el proyecto de resolución.
16. Dictamen. El once de julio de dos mil dieciocho, y en atención a que las ejecutorias remitidas por el Segundo Tribunal Colegiado son de dos mil dos a dos mil doce, el Magistrado Ricardo Romero Vázquez consideró indispensable para resolver la presente contradicción, que el presidente de dicho órgano informara si a pesar de las reformas hechas a la Ley de Amparo ha continuado aplicando su criterio, y en su caso remita las ejecutorias correspondientes.
17. En atención a dicha solicitud, en proveído de doce de julio de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno de Circuito dejó sin efectos el plazo para presentar el proyecto de resolución hasta en tanto se encontrara debidamente integrado el asunto.
18. Posteriormente, mediante oficio de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado informó que el criterio que dio origen a la jurisprudencia II.2o.C. J/33 (9a.), de rubro: "ABOGADOS, FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LOS. ES INNECESARIA EN LAS PETICIONES DE LOS INTERESADOS DIRECTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", se aplicó en el juicio de amparo directo 7/2017.
19. Asimismo, informó que la demanda que dio origen al juicio de amparo directo 7/2017, se presentó inicialmente como amparo indirecto, la cual se desechó de plano por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, contra dicha determinación se interpuso el recurso de queja 195/2016, del índice de dicho tribunal, el cual dejó insubsistente el auto recurrido y ordenó tramitarlo en la vía directa.
20. Returno. Así, por proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno de Circuito ordenó returnar al Magistrado Ricardo Romero Vázquez, el asunto para que en el plazo de quince días presentara el proyecto de resolución.
21. Ampliación de término. Posteriormente, en acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho, previa petición, el citado presidente del Pleno de Circuito concedió una prórroga de diez días al Magistrado ponente a efecto de presentar el proyecto de resolución, la cual trascurriría del tres al diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.
22. Por oficio de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el Magistrado ponente remitió la versión impresa y el acuse del envió del archivo electrónico del proyecto de resolución, con el cual se dio vista a los Magistrados integrantes del Pleno, para que si lo estimaran pertinente formularan sus observaciones.
23. En auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito advirtió que el treinta y uno de octubre pasado feneció el plazo para que los Magistrados presentaran comentarios al proyecto de resolución; acordó que no era posible señalar fecha para llevar a cabo la sesión y discutir el proyecto, ya que el Pleno no se encontraba integrado, y se encontraba pendiente que el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito informara quién sería el Magistrado que integraría el Pleno de Circuito, reservándose señalar fecha de sesión hasta su integración y trascurriera el plazo para que el nuevo integrante presentara comentarios al proyecto de resolución.
24. Por oficio de quince de noviembre de dos mil dieciocho, el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos informó que en acatamiento a lo instruido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de noviembre de ese año, envió copia simple del punto de Acuerdo 50/2018, relativo a la conclusión en funciones del Pleno sin especializar del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, así como la incorporación de los Magistrados que lo conformaban como integrantes de los Plenos especializados del Segundo Circuito.
25. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito acordó que feneció el término para que el nuevo Magistrado integrante del Pleno presentara comentarios al proyecto de resolución, quien no formuló observación alguna.
26. El seis de febrero de dos mil diecinueve, el presidente del multicitado Pleno de Circuito solicitó a los Magistrados presidentes del Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, para que informaran si han dictado ejecutorias relacionadas con el tema de la contradicción, y de ser así, remitieran copia certificada de las ejecutorias, sus archivos electrónicos y manifestaran si el criterio se encontraba vigente.
27. Por auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio de la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, por el que comunicó que en ese órgano no se ha abordado el tema de la presente contradicción de tesis.
28. De igual forma, por auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio del actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, por el cual informó que ninguna de las ponencias que conforman ese órgano colegiado han resuelto algún asunto que aborde el tema de la contradicción.
29. Returno. En ese mismo auto, en virtud de estar debidamente integrada la contradicción, se returnó el asunto al Magistrado Jacinto Juárez Rosas, para que en el plazo de quince días presentara el proyecto de resolución respectivo.
30. Ampliación de término. Finalmente, mediante proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, previa petición, el presidente del Pleno de Circuito concedió una prórroga de quince días al Magistrado ponente a efecto de presentar el proyecto de resolución, la cual trascurriría del dieciocho de junio al ocho de julio siguiente.
CONSIDERANDO:
31. PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107 fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de este Segundo Circuito, en un tema relacionado con la procedencia del juicio de amparo en asuntos de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de este Pleno.
32. SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por un integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
33. TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar como jurisprudencia, se estima conveniente conocer los actos reclamados, resoluciones recurridas, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:
34. • Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
Amparo directo 308/2014.
35. Acto reclamado. En la demanda de amparo se señaló como violación procesal el auto donde se niega a dar trámite a la contestación de demanda, por carecer de firma de abogado.
36. Dicha violación procesal se consideró fundada y se concedió el amparo bajo las consideraciones que enseguida se sintetizan:
"- El tribunal precisó que la quejosa aduce como violación procesal que mediante auto de dieciséis de octubre de dos mil trece, se determinó no dar trámite a su contestación de demanda, porque dicho escrito carecía de la firma de su abogado patrono, argumentando que dicha actuación transgrede lo dispuesto por los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal, así como del artículo 2.109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues al negar la tramitación de su contestación a la demanda se transgredió su derecho de igualdad consagrado como derecho humano y garantía constitucional, así como el de audiencia y derecho a una defensa adecuada, pues a pesar de que su escrito cumplió con todos los requisitos legales para ser admitido, fue indebidamente desechado por una simple formalidad, consistente en que su abogado no firmó dicha contestación.
"- El tribunal precisó los requisitos previstos en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el estudio de las violaciones procesales consistentes en: que la violación se cometa en el curso del procedimiento, que afecte las defensas del quejoso, que trascienda al resultado del fallo, que haya sido impugnada mediante el recurso ordinario establecido en la ley, que se haga valer por las partes y que no haya un amparo anterior.
"- Respecto de ellos precisó que son ciertos los hechos en que se apoya la violación al procedimiento, pues mediante auto de dieciséis de octubre de dos mil trece, el Juez del conocimiento determinó no dar trámite a la contestación a la demanda que presentó la enjuiciada, porque dicho escrito carecía de firma de abogado patrono.
"- Afirmó que la demandada, interpuso recurso de apelación en contra del referido auto, el cual se desechó al estimarse que la demandada pretendía combatir un auto inapelable.
"- En el caso, se satisfacen los tres primeros requisitos que precisa la Norma Constitucional, porque la supuesta violación se cometió en el curso del procedimiento, específicamente, en el periodo expositivo.
"- Afectó las defensas de la quejosa, porque no se le dio trámite a su contestación a la demanda y, posteriormente, mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil trece, se tuvo por perdido su derecho para hacerlo y por presuntamente confesa de los hechos de la demanda. Además, la supuesta violación trascendió al resultado del fallo, precisamente por las razones señaladas en el párrafo que antecede, y porque las excepciones y defensas que opuso no fueron consideradas en el fallo de primer grado.
"- La quejosa no estaba obligada a agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley, en virtud de que en sus conceptos de violación señala que el artículo 1.94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es contrario a la Constitución; además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Federal dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por lo que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex oficio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio; en el entendido de que esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierte que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan.
"- Por tanto, como en el caso, se alega, entre otras cuestiones, que el desechamiento de la contestación de la demanda por falta de firma del abogado patrono transgrede el derecho a la impartición de justicia y, por otro lado, de acuerdo con el criterio invocado, el control de constitucionalidad puede ejercerse respecto de normas aplicadas durante el procedimiento cuando se advierta que éstas contravengan los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea Parte, aun cuando no haya sido impugnada; entonces, es claro que la quejosa no estaba obligada a recurrir la resolución de la que hace derivar la violación procesal.
"- La violación procesal es alegada por la demandada, aquí quejosa, y no existe un juicio de amparo anterior en el que debió estudiarse, lo cual colma los requisitos previstos en los numerales cinco y seis; por tanto, es procedente el análisis de la violación procesal.
"- En el caso resulta innecesario realizar un control de convencionalidad respecto del precepto de la legislación adjetiva civil del Estado de México, dado que la Constitución Federal prevé el derecho humano de acceso a la administración de justicia, además que también establece el principio de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano.
"- El primer párrafo del artículo 17 constitucional contiene una prohibición que se traduce en un derecho humano a través del cual se niega a los gobernados la posibilidad de que se haga justicia por sí mismos o ejerzan violencia para reclamar sus derechos, con lo cual se busca garantizar la armonía de las relaciones sociales; el segundo párrafo, garantiza a toda persona el derecho de acceso efectivo a la justicia, por medio de tribunales que estarán expeditos para brindarla de manera gratuita; de ahí que estén prohibidas las costas judiciales.
"- Afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho humano de acceso a la impartición de justicia consagra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita; además, el Máximo Tribunal del País estableció que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.
"- El artículo 1.94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece la obligación de que toda promoción de las partes, escrita o verbal, deba ser autorizada por un licenciado en derecho con su firma, pues sin dicho requisito, no se le dará curso; excepto en los casos de violencia familiar.
"- En ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha establecido que disposiciones como la referida en el párrafo que antecede, atentan contra la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, en cuyo contenido establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí sola ni ejercer violencia para reclamar su derecho, ya que para ello deberán acudir ante los tribunales que estarán expeditos para que se les administre en los plazos y términos que fijen las leyes.
"- Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha señalado que la exigencia de que toda promoción judicial deba estar respaldada por la firma de un licenciado en derecho, contraría al derecho que tienen los particulares de que los tribunales administren justicia en los plazos y términos que fija la ley, que establece el artículo 17 constitucional, pues impide al afectado obtener la actividad jurisdiccional, lo cual constituye el único medio del que se dispone para evitar que los particulares se hagan justicia por su propia mano y, si por un lado, se prohíbe la autodefensa en materia civil y, por otro, es a cargo del Estado administrar justicia en forma gratuita, ello no puede quedar supeditado a que el interesado disponga de los suficientes recursos económicos para pagar a quien lo patrocine ante los tribunales, en las causas que él intente o en las que figure como demandado.
"- Lo anterior, pone de manifiesto que el contenido del artículo 1.94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, contraría al derecho humano de acceso a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues, como se vio, impide al gobernado obtener la actividad jurisdiccional, cuyo ejercicio constituye el único medio del cual disponen para evitar hacer justicia por su propia mano; máxime que la Constitución prohíbe la autodefensa y el Estado es el encargado de administrar justicia en forma gratuita, por lo cual el exigir la firma de un licenciado en derecho en todas las promociones para darles trámite, se trata de una cuestión contraria al Texto Constitucional.
"- Además, en el caso, se debe tomar en cuenta la trascendencia del escrito respecto del cual se aplicó el referido precepto para no tramitarlo, es decir, de la contestación a la demanda, en donde se opusieron diversas excepciones y defensas; de ahí que la violación procesal invocada por la peticionaria de amparo es fundada.
"- En esas condiciones, como la sentencia reclamada emana de un procedimiento en el cual se cometió una violación procesal por aplicarse un artículo contrario al derecho humano de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual es de contenido sustancialmente idéntico al abrogado 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta también resulta violatoria de garantías.
"- Por lo anterior, concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable:
"1. Dictara una nueva sentencia, en la cual dejara insubsistente la aquí reclamada;
"2. Enseguida, revocara la apelada y ordenara al Juez del conocimiento reponer el procedimiento para que al proveer sobre la contestación de la demanda que obra en autos, se abstenga de aplicar el artículo 1.94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; y,
"3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resolviera conforme a sus atribuciones."
37. • Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
Sostuvo los siguientes criterios:
a) Amparo en revisión 146/2002 (improcedencia).
38. Acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. El auto que tuvo por no contestada la demanda en un juicio del orden común. La razón de la inadmisión fue que el escrito no estaba firmado por abogado patrono.
39. El Juez de Distrito desechó la demanda por considerar que los actos reclamados no eran de imposible reparación.
40. Al resolver el amparo en revisión 146/2002 (improcedencia), se revocó el auto recurrido y se ordenó al Juez de Distrito prevenir al quejoso a efecto de que transcribiera la totalidad del acto reclamado a fin de que estuviera en posibilidad de resolver en cuanto a la admisión o desechamiento, considerando que puede tener una ejecución de imposible reparación bajo los argumentos que se sintetizan enseguida:
"- Los agravios expresados por el inconforme, resultan esencialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido. Lo anterior es así, porque argumenta que se le tuvo por no contestada la demanda en el juicio natural, transgrediéndose con ello la garantía de audiencia, lo cual trajo como consecuencia que no tuviera la posibilidad de oponerse a la pensión alimenticia que le fue fijada, además de que a consecuencia de tal decisión judicial se le dejó en estado de indefensión, pues, es en la contestación de demanda, el único momento procesal donde podía oponerse defensas y excepciones tendientes a destruir la acción intentada en su contra.
"- Asimismo, en otro agravio refiere que el acuerdo por el que se le desechó su escrito contestatario sí tiene efectos irreparables, por lo cual debió proceder el amparo solicitado y no desecharse su demanda de garantías, sobre todo porque ello le impide ver a su hija hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia; además, precisa que, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, el acto reclamado no fue dictado después de concluido el juicio, por lo cual dicho argumento no sería válido para desechar la demanda.
"- En un tercer agravio, el recurrente sostiene que se desechó su demanda de garantías haciendo una inexacta aplicación del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que en el caso sí se trata de un acto de imposible reparación en el juicio, porque ya no se le permitirá oponer defensas y excepciones, además de que contra dicho auto no procede ningún recurso, razón por la cual debió proceder el juicio de garantías por la vía indirecta, y agrega que con los actos reclamados no se afecta únicamente un derecho de carácter adjetivo o procesal, sino un derecho sustantivo, en la medida en que se le violentó su garantía de audiencia y ello le impidió defenderse adecuadamente, lo que sí es protegible mediante el juicio de amparo.
"- Las anteriores inconformidades, determinó el Tribunal Colegiado, resultaban fundadas y suficientes para revocar el desechamiento de la demanda de garantías decretado por el Juez de Distrito, en cuanto se aduce que se le causa un agravio de imposible reparación al impedírsele con el acto reclamado oponerse a la pensión alimenticia que le fue fijada, así como al impedírsele ver a su hija, hasta que se resuelva el juicio.
"- Esto es así, porque la consumación de tales determinaciones judiciales en el procedimiento constituyen afectación directa e inmediata a los derechos subjetivos públicos del quejoso, ya que en caso de consumarse en sus términos, no habría posibilidad de restituirle sus derechos violados.
"- En cuanto a la pensión alimenticia fijada, en caso de resultar injustificada tal fijación en el auto admisorio de la demanda, el quejoso no tendría oportunidad de que durante el procedimiento o al pronunciarse la sentencia relativa, se analizaran las alegaciones que al respecto hiciere en su contestación, por no haberse admitido la misma; y por lo que respecta a la imposibilidad de ver a su hija, tampoco tendría oportunidad de que el Juez analizara los alegatos relativos que al respecto expresara en su escrito de contestación por no haberse admitido.
"- Por tanto, el Tribunal Colegiado adujo que el desechamiento de la demanda hecho sin que el Juez de Distrito tuviera a la vista mayores datos del contenido de los acuerdos dictados en el procedimiento natural, considerando improcedente la acción sólo con lo manifestado por el promovente en su escrito inicial, sin dictar auto aclaratorio para que se le proporcionaran mayores elementos de juicio que le permitieran proveer con pleno conocimiento de la situación procesal, trae
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29145-59c25124/amparo-indirecto-por-regla-general-y-atento-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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