INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NO DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 181/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO SÉPTIMO Y VIGÉSIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ. PONENTE: MAGISTRADO JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ. SECRETARIO: MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 181/2024 suscitada entre los Tribunales Colegiados Cuarto, Decimocuarto, Decimoséptimo y Vigésimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si contra el fallo de una licitación pública es necesario agotar la inconformidad prevista en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, previamente a promover el juicio contencioso administrativo federal.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, una persona física denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Cuarto, en el amparo directo 708/2017, Decimocuarto, en el amparo directo 242/2023, Decimoséptimo, en el amparo directo 331/2023, y Vigésimo, en el amparo directo 212/2023, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
4. SEGUNDO. Radicación del asunto. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional, admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 181/2024.
5. En esa misma actuación, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
6. De igual forma, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: “Determinar si es obligatorio agotar la inconformidad prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, previamente a promover el juicio contencioso administrativo federal”; asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
7. TERCERO. Informes de Tribunales Colegiados. Mediante proveído de presidencia de dos de julio de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los Tribunales Colegiados Cuarto, Decimocuarto, Decimoséptimo y Vigésimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales informaron que los criterios sustentados en los amparos directos 708/2017, 242/2023, 331/2023 y 212/2023 de sus índices, respectivamente, continuaban vigentes.
8. CUARTO. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En auto de presidencia de doce de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
9. QUINTO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de esa anualidad, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
10. SEXTO. Primer acuerdo de integración. Por acuerdo de presidencia de diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la integración de este Pleno Regional, quedando conformado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
11. SÉPTIMO. Confirmación de turno. Mediante proveído de presidencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó la orden de turno del expediente electrónico a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
12. OCTAVO. Segundo acuerdo de integración. En auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la integración de este Pleno Regional, quedando conformado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Guillermina Coutiño Mata, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
13. NOVENO. Tercer acuerdo de integración, returno y confirmación. Por acuerdo de presidencia de doce de mayo de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la integración de este Pleno Regional, quedando conformado por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González-Loyola Pérez.
14. Además, se returnó el presente asunto a la ponencia del Magistrado José Patricio González-Loyola Pérez y se confirmó el turno del expediente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
15. DÉCIMO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
II. COMPETENCIA
16. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
17. Se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados especializados en materia administrativa pertenecientes al Primer Circuito, correspondiente a la región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa, tal como se advierte de las ejecutorias denunciadas.
III. LEGITIMACIÓN
18. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la parte quejosa en los asuntos de los que derivaron los criterios contendientes.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
19. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados para emitirlas.
• Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 708/2017.
20. Demanda de nulidad. Una persona física demandó la nulidad del fallo que declaró desierta una licitación pública.
21. Trámite del juicio. El conocimiento de la demanda correspondió a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo instructor la admitió y tramitó bajo el número de expediente *****************.
22. Sentencia. Seguido el trámite de ley, la sala del conocimiento dictó la sentencia respectiva, en la que estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al considerar que la parte actora debió agotar previamente el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que sobreseyó en el juicio.
23. Demanda de amparo. En contra de lo anterior, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual la admitió y registró bajo el expediente D.A. 708/2017.
24. Resolución. Mediante sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado concedió el amparo solicitado, con base en las siguientes consideraciones:
“SEXTO.- El primer concepto de violación propuesto por el quejoso es fundado y suficiente para conceder el amparo.
(...)
Lo fundado de los argumentos en estudio, se da atento a que, contrario a las consideraciones que anteceden, en el presente caso, no debe agotarse el recurso de inconformidad previo a acudir al juicio de nulidad, como se explica a continuación.
El ahora quejoso demandó la nulidad de la resolución de dos de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente de Licitación Pública número **********, por la cual el Jefe de Proyecto de Contratos y Control de Obras de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, declaró desierta la licitación para llevar a cabo servicios de ‘Coordinación, supervisión y control de los trabajos relativos al mantenimiento del Río Ameca en tramos críticos, en canales y barrancas de la cuenca tributaria, Municipios de Amecameca, Ayapango, Temamatla, Valle de Chalco, Tenango del Aire, Estado de México’, ya que la totalidad de las proposiciones presentadas no reunieron los requisitos solicitados en la convocatoria.
Los artículos 83, fracción III, y 84, de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, en los que se apoyó la Sala, son del contenido siguiente:
[Se transcriben]
Del contenido de los numerales transcritos se aprecia que:
• La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas;
• Los actos en contra de los cuales procede la inconformidad son:
a) La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones;
b) La invitación a cuando menos tres personas;
c) El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo;
d) La cancelación de la licitación; y
e) Los actos y omisiones de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria, o en la ley.
• En todas las fracciones del artículo 83 se señala a la persona legitimada para hacer valer la inconformidad;
• La inconformidad deberá presentarse por escrito directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, o a través de CompraNet;
• La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación;
• La autoridad que conozca de la inconformidad podrá prevenir al promovente cuando haya omitido algunos requisitos, para que los subsane, con el apercibimiento que de no cumplir se desechará.
De lo precisado con antelación es dable concluir que el legislador no estableció expresamente que el recurso de inconformidad es obligatorio para el afectado, antes de acudir al juicio contencioso administrativo, como lo resolvió la Sala responsable, pues sólo se precisó la autoridad que resulta competente para conocer del recurso, los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, respecto de los que procede el medio de defensa; las personas que están legitimadas para hacerlo valer, así como los requisitos de la demanda y en su caso la prevención que procede por falta de algún requisito.
Ahora bien, la excepción al principio de definitividad tiene su origen en la modificación del artículo 1° constitucional que contempla que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual se colma a través de disposiciones legales que propicien el acceso a los medios de defensa que el particular estima debe hacer valer para obtener una resolución favorable a sus intereses.
En ese contexto, si el legislador no estableció como obligatorio el agotar el recurso de inconformidad, tratándose de los actos de los procedimientos de licitación pública como el impugnado por el quejoso, previamente al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no se justifica que la Sala responsable hubiera condicionado la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento obligatorio del recurso de inconformidad, en razón de que su aplicación deriva de un acto voluntario del quejoso, consistente en intentar o no ese medio de impugnación, al ser optativo, porque el legislador, no dispuso que es de carácter obligatorio, ya que en los preceptos legales que sirvieron de sustento a la Sala responsable para resolver en la forma en que lo hizo, no se señala expresamente que la interposición de la inconformidad resulta obligatoria previamente al juicio contencioso administrativo.
Además, debe considerarse que los recursos representan un beneficio para los afectados y no una trampa procesal; en consecuencia, están en posibilidad de promover directamente el juicio de nulidad en contra de las resoluciones que les causan una afectación.
Tiene aplicación al respecto, por analogía, la tesis jurisprudencial de rubro y sumario siguientes:
‘RECURSO DE REVISIÓN. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, ES DE CARÁCTER OPCIONAL Y NO OBLIGATORIO (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 18 DE ENERO DE 1999 AL 6 DE JUNIO DE 2006). [Se transcribe].’
Sin que en el caso resulte necesario realizar una interpretación adicional del artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional.
Lo anterior porque el texto del artículo 83 no es dudoso por cuanto a que el medio de defensa no debe agotarse de manera obligatoria antes de acudir a la instancia jurisdiccional.
Es aplicable al caso, por su sentido, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que este Tribunal comparte, cuyo rubro y sumario son del tenor siguiente:
‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). [Se transcribe].’
Corolario de lo expuesto, lo que procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo reclamado y emita otro bajo los lineamientos de la presente ejecutoria y considere que no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada.
(...).”.
• Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 242/2023.
25. Demanda de nulidad. Una persona física demandó la nulidad del fallo de una licitación pública.
26. Desechamiento. De la demanda correspondió conocer a la Decimosegunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que la radicó bajo el número de expediente ************* y la desechó por improcedente, al estimar que la parte actora debió agotar previamente el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
27. Reclamación. Inconforme con lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de reclamación.
28. Resolución. Seguido el trámite de ley, la Sala del conocimiento dictó la resolución respectiva, en la que confirmó el proveído que desechó la demanda de nulidad.
29. Demanda de amparo. En contra de lo anterior, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual la admitió y registró bajo el expediente D.A. 242/2023.
30. Resolución. Mediante sesión de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado negó el amparo solicitado, por las siguientes razones:
“SÉPTIMO. Estudio y determinación del tribunal
I. Desechamiento de la demanda de nulidad
(...)
Los conceptos de violación resultan infundados.
Como se advierte, el reclamo del quejoso radica en que, la instancia de inconformidad que se encuentra prevista en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no es de carácter obligatorio, sino optativo, para efectos del juicio contencioso administrativo, y que dicha instancia, prevé mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los contemplados en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Para demostrar lo infundado de tales planteamientos, conviene recordar que la parte quejosa demandó en el juicio contencioso administrativo, la nulidad del acta de fallo levantada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la licitación pública nacional número **********, para llevar a cabo los servicios de ‘desazolve de tramos críticos de los canales y barrancas de la cuenca tributaria del Río Ameca, municipios de Amecameca, Ayapango, Temamatla, Valle de Chalco, Tenango del Aíre, Estado de México’, emitida por el Gerente de Recursos Materiales de la Comisión Nacional de Agua. De la demanda de nulidad correspondió conocer a la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; cuya Magistrada Instructora, por auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, determinó desecharla por improcedente, al estimar que el acto impugnado no constituía una resolución definitiva, competencia material del citado Tribunal, de acuerdo a lo previsto por el artículo 3º de su Ley Orgánica.
(...)
Inconforme con tal determinación, la actora interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por la Sala responsable el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el sentido de confirmar el auto recurrido, al estimar, esencialmente lo siguiente:
(...)
Como se observa, la Sala responsable confirmó el auto recurrido, al estimar que el juicio contencioso administrativo resultaba improcedente, ya que el acto impugnado, consistente en el acta de fallo levantada el veintiuno de dos mil veintidós, correspondiente a la licitación pública nacional número **********, no era la resolución definitiva, ya que previamente, la actora tuvo que agotar la instancia de inconformidad que prevé la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual estimó, era de carácter obligatorio.
Tales consideraciones se comparten porque contrario a lo planteado, el quejoso sí debió agotar la instancia de inconformidad que contempla la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para estar en el supuesto de procedencia que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; es decir, que se impugnara una resolución definitiva.
Para ello, conviene traer a cuenta el contenido de los artículos 39, último párrafo, 83, fracción III, y 92, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales prevén lo siguiente:
[Se transcriben]
De los citados preceptos, se advierte que en contra del fallo emitido en una licitación pública, no procederá recurso alguno, sin embargo, sí la inconformidad, de la cual corresponderá conocer a la Secretaría de la Función Pública; que la resolución que al efecto se emita en dicha instancia, podrá impugnarse por el inconforme o el tercero interesado, mediante el recurso de revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.
Al respecto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 659/2012, analizó la instancia de inconformidad que se encuentra prevista en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
En aquel asunto, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país consideró que la instancia en cuestión, no constituía un remedio recursal, ya que atendiendo a la puntal expresión del legislador en el artículo 39 de la mencionada Ley, la inconformidad se entendía como un medio extraordinario de autocontrol de los actos emitidos en el desarrollo de un procedimiento de licitación a que se refiere el propio ordenamiento, el cual se tramita a petición de parte, en las condiciones y términos ahí previstos; cuyo objeto es verificar, precisamente, la legalidad de los actos ahí emitidos y, por ende, imprimir seguridad jurídica en su realización, especialmente frente a quienes intervinieron o participaron, pero no en el debate alrededor de su situación particular.
En ese sentido, determinó que de la exposición de motivos de veintiséis de marzo de dos mil nueve, relativa a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y el Código Penal Federal, el legislador, a través de la inconformidad, no buscó diseñar una vía recursal para quienes participaran en los procesos de licitación, en defensa de intereses propios en lo específico, sino lograr una instancia en la que pudieran intervenir con la finalidad de verificar la legalidad de los actos ahí emitidos; salvaguardando la seguridad jurídica en la realización de ese tipo de procedimiento, dada la complejidad y obscuridad del sistema.
De igual forma, señaló que otra razón para confirmar la naturaleza de la instancia de inconformidad –más no recurso-, es que en atención a la citada Ley, la resolución que ponga fin a ésta, sí puede ser objeto de impugnación a través del recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; lo que corrobora, aún más, que aquella instancia no era un recurso.
Conforme a este criterio, se puede determinar que la inconformidad que se encuentra regulada por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no constituye un recurso para impugnar el fallo que se emita en una licitación pública, sino una instancia dentro del procedimiento administrativo de licitación pública, cuya resolución que al efecto se emita, será definitiva; pues en contra de ésta determinación, podrá interponerse, ya sea el recurso de revisión o bien, acudir a sede jurisdiccional.
De ahí que no asista razón a la parte quejosa, ya que en un primer aspecto, la inconformidad mencionada no constituye un recurso, sino una instancia dentro del procedimiento de licitación pública; y en segundo, porque su promoción sí es de carácter obligatorio, ya que su resolución será definitiva, para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo, en términos de lo determinado por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, al emitir la tesis 2a. X/2003 (9a.), de rubro: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’
Cabe puntualizar que este criterio es acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 28/2011 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el quejoso.
En dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, analizó la instancia de inconformidad que se regula en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que guarda similitud con la prevista en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; sin embargo, en ningún momento se determinó que dicha instancia fuera optativa para efectos de la procedencia del juicio contencioso; por el contrario, se estableció que la resolución que se emitiera en aquella, podría ser impugnada, de manera opcional, a través del recurso de revisión o bien, ante sede administrativa.
Por lo cual, en aquel criterio, se estimó que si el recurso administrativo previsto, resultaba optativo respecto al juicio contencioso administrativo, ello implicaba una excepción al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo.
En ese sentido, si el artículo 3º, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé que el juicio contencioso administrativo, procede en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, en las que, en el supuesto que nos interesa, se originen por fallos en licitaciones públicas; es patente, tal y como lo sostuvo la Sala responsable, que el acto impugnado en el juicio de origen, esto es, el acta de fallo levantada el veintiuno octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la licitación pública nacional número **********, emitida por el Gerente de Recursos Materiales de la Comisión Nacional de Agua, no constituye la resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo de licitación pública.
Por tanto, la resolución definitiva dentro de un procedimiento de licitación pública, para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo, será aquella que se dicte en la instancia de inconformidad que se prevé en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a la cual se analice la legalidad de los actos ahí emitidos; lo que en la especie no aconteció.
Resulta aplicable la tesis XXX.2o.1 A (11a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, criterio que este órgano comparte, de rubro y contenido siguiente:
‘INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ES NECESARIO AGOTARLA PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNAN LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EL ACTA RESPECTIVA, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. [Se transcribe]’
De igual forma, cabe precisar que no se soslaya la jurisprudencia 2a./J. 144/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, de rubro: ‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO’, que invoca el quejoso.
Sin embargo, el criterio jurídico que se estableció en la jurisprudencia, no es materia de análisis en el presente asunto, ya que en aquel se dilucidó sobre la procedencia del juicio de amparo, y aquí sobre si resulta procedente o no el juicio contencioso administrativo, respecto al acto impugnado.
En ese sentido, no debe perderse de vista que los principios procesales que rigen en el juicio de amparo, para efectos de su procedencia, como por ejemplo los requisitos que se prevén para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, son distintos a los que prevé el juicio contencioso administrativ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33402-529283e2/inconformidad-prevista-en-la-ley-de-obras-publicas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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