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Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA AL PROMOVER JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO LA PARTE ACTORA MANIFIESTA DESCONOCER LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LA AUTORIDAD DEMANDADA ACREDITA QUE LA NOTIFICÓ LEGALMENTE, SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPIDE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELATIVOS A LA PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL, PLANTEADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 85/2025. · Registro digital (IUS): 33849
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-02-13
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL SEXTO, TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.513.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 85/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 10 DE DICIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y MARIANA FLORES VEGA, Y DEL MAGISTRADO JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión celebrada el diez de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

VISTOS;

Y

RESULTANDO:

Primero. Denuncia de la posible contradicción de criterios. Mediante escrito signado electrónicamente por una persona física, se denunció a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, la posible contradicción de criterios suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 430/2023 y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver el amparo directo 188/2024.

Segundo. Radicación y turno. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional ordenó formar y registrar el expediente con el número 85/2025; admitió a trámite la denuncia; turnó los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina; y solicitó a los órganos contendientes que informaran si los criterios denunciados aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el planteado en el presente asunto, a saber:

"Determinar si, resulta procedente analizar el planteamiento relativo a la prescripción del crédito fiscal previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, con independencia de que sea improcedente por extemporáneo el juicio de nulidad conforme al numeral 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o bien, no es factible su estudio derivado del sobreseimiento al no promover el juicio en contra de la determinación del crédito fiscal, dentro de los términos establecidos para ello."

Tercero. Vigencia de los criterios. Mediante proveídos de siete y nueve de octubre del presente año, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por desahogados los requerimientos formulados a los tribunales contendientes.

Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. En auto de veinte de octubre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento el diverso informe del Secretario General de Acuerdos del Alto Tribunal, en el sentido de que durante los últimos seis meses no se radicó en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios vinculada con el tema consultado.

Quinto. Confirmación del asunto. Una vez integrado el expediente, mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, se confirmó el turno del asunto, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 1/2024, del propio Pleno, aprobado en sesión de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro]; en relación con el artículo 1o., fracción II, punto 2, y el artículo 2o., estos del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado a través de Acuerdo General 38/2023, del mismo Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:

"Décimo Noveno.-Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos".

Luego, si la presente contradicción de criterios se suscita entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa, pertenecientes al tercer circuito, ambos comprendidos en la Región Centro-Sur, materia y región respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción; como se adelantó, esté órgano colegiado es competente para conocer y resolver del asunto.

En efecto, la contradicción denunciada se suscitó entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa del tercer circuito, esto es, los órganos denunciados residen en el área geográfica asignada a este órgano. Además, ambos tribunales están especializados en materia administrativa.

Por tanto, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, tiene competencia para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, al haberse formulado por el autorizado de la parte quejosa en el juicio de amparo directo 430/2023 (según se desprende del acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintitrés dictado en dicho juicio), del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo criterio forma parte de los denunciados en el presente asunto.

TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se precisan los antecedentes que dieron origen a los criterios denunciados y las consideraciones que les dan sustento, en la parte que interesa a esta contradicción.

A. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Amparo directo 430/2023.

Antecedentes.

1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Occidente una persona física demandó la nulidad de:

• La resolución de 10 de diciembre de 2015, mediante la cual se le impuso una multa por $********** (*********** ********* *** *********** ***** ****** ****** ********). Resolución que manifestó desconocer en términos del artículo 16, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

• El requerimiento de multas federales no fiscales de 20 de enero de 2023, así como sus respectivas actas de requerimiento de pago y embargo, emitidas por el Director de Notificación y Ejecución Fiscal, de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

2. De la demanda conoció la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que la admitió a trámite en la vía ordinaria y corrió traslado a las autoridades demandadas para que produjeran su contestación.

3. Una vez admitida la contestación a la demanda hecha por las autoridades demandadas, se ordenó correr traslado a la actora para que formulara la ampliación respectiva.

4. Presentada que fue la ampliación a la demanda, se corrió traslado a las demandadas para que formularan su contestación a la ampliación y, hecho esto, se otorgó a las partes el término legal para presentar alegatos.

5. Agotada la instrucción del juicio, la sala regional dictó la resolución en la que sobreseyó en el juicio contencioso al considerar que:

• Respecto de la resolución impugnada (multa), se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la demanda se había presentado fuera del plazo establecido para tal efecto.

• Respecto del requerimiento de multas federales no fiscales, así como sus respectivas actas de requerimiento de pago y embargo; que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 18/2009, de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006.", no se trataba de resoluciones definitivas.

Dicha decisión se reflejó en los resolutivos siguientes:

"I. Resulta fundada la causal de improcedencia que se estudió de oficio hizo valer la autoridad demandada, así como la estudiada de oficio por esta Juzgadora, por ende;

II. Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad.

III. NOTIFÍQUESE".

6. Inconforme con esa resolución la parte actora promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que lo radicó en el número de expediente 430/2023.

La sentencia dictada por el tribunal colegiado en mención es la que se denunció en la presente contradicción de criterios y que, en lo que interesa, se transcribe:

"QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa expuso los conceptos de violación siguientes:

1. Que la sala responsable actuó ilegalmente al decretar el sobreseimiento por estimar que se actualizaba la causa de improcedencia relativa al consentimiento tácito de los actos impugnados al no haberse hecho valer la acción de nulidad dentro de los plazos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues realizó un pronunciamiento tocante al estudio de fondo del asunto que analizó la legalidad de la notificación y estableció que prevalece la presunción de legalidad.

(...)

Estos argumentos son infundados, como se verá a continuación:

El artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que es improcedente el juicio ante el Tribunal cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el tribunal, en los plazos que señala la Ley.

Por su parte, el numeral 9 de la citada legislación prevé que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

Asimismo, el artículo 49 de la misma ley refiere, entre otras cosas, que para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el artículo 9 de dicha legislación, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.

En el concepto de impugnación de su demanda inicial la parte quejosa expuso que la autoridad demandada emitió supuestos actos de molestia y no fueron notificados legalmente, evitando que su derecho de defensa sea respetado.

Luego, en su ampliación argumentó que son ilegales las notificaciones de los supuestos oficios que contienen el requerimiento de obligaciones omitidas, pues se exhibieron en copias fotostáticas y que tampoco fueron notificados personalmente a la parte actora, por lo que no se cuenta con la certeza jurídica de que la actora conoció dicho acto administrativo, y además que las constancias de citatorios y notificaciones son ilegibles, así como que la ilegalidad también se hace consistir en que la notificación no existe y no nació a la vida jurídica, pues no cuenta con la firma del funcionario que la practicó.

La sala responsable estableció de que son infundadas las imputaciones de ilegalidad expuestas, toda vez que refirió que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación prevé los requisitos para llevar a cabo las notificaciones personales y en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo deriva la obligación del Notificador de que al realizar una notificación, en caso de no encontrarse la persona que se busca se deberá levantar un acta circunstanciada y requerir por su presencia, y que si al constituirse de nuevo no está el destinatario la diligencia se practique con quien se encuentre en el domicilio.

Por tanto, de las constancias que exhibió la autoridad demandada se desprende que el acta de notificación y su citatorio previo reúnen dichos elementos para considerarla suficientemente circunstanciada y, por ende, consideró que la resolución impugnada fue debida y legalmente notificada.

Luego, la sala analizó las constancias de notificación y citatorio previo y determinó que son legibles, y declaró inoperante el hecho de que la autoridad deba exhibir sus originales, pues si bien es cierto que dichas las documentales aportadas por la demandada consisten en copias certificadas, también lo es que éstas establecen una presunción iuris tantum de la existencia de sus originales.

Posteriormente, se declaró improcedente el argumento de que la notificación no existe y no nació a la vida jurídica al carecer de la firma del funcionario que las practicó, ya que toda vez que las diligencias de citación y notificación no tienen que cumplir con las formalidades previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, consecuentemente la diligencia no constituye un acto de molestia, pues es un medio de comunicación procesal entre la emisora de un acto jurídico y el administrativo, por lo que sólo se debe cumplir con los extremos que impone el numeral 16 de la Carta Magna, tocante a que deben realizando cubriendo (sic) las formalidades de las leyes secundarias, en este caso el Código Fiscal de la Federación (artículos 134 al 137).

Asimismo, que los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación únicamente exigen que se entregue en el domicilio de la recurrente, y en caso de no encontrarse la persona a quien se va a notificar, dejar citatorio para que lo espere a una determinada (sic) al día hábil siguiente, y si no lo hiciere dicha diligencia se llevará a cabo con quien se encuentre, tal y como en el caso sucedió, por lo que no le resultaban atribuibles las exigencias del diverso numeral 38 de la referida ley.

Por ello, la sala consideró que debe prevalecer la presunción de legalidad de los actos de autoridad, pues no se desvirtuó la legalidad de la notificación de la resolución determinante impugnada.

Por otro lado, se calificó de inoperante el argumento consistente en que la fecha de la notificación es verosímil (sic), pues de las constancias allegadas se advierte que la resolución de diez de diciembre de dos mil quince y su notificación fue realizada el siete de enero de dos mil dieciséis, máxime que la actora no formuló más argumentos en contra de dicha notificación, por tanto, se tiene a la actora como conocedora de la resolución administrativa el siete de enero de dos mil dieciséis.

En esas condiciones, la sala actualizó la causa de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 8, fracción IV y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la demanda de nulidad fue presentada fuera del plazo de los treinta días previsto por el artículo 13, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De lo visto con antelación se advierte que al sobreseer la sala no hizo un pronunciamiento de fondo respecto de la resolución, sino por el contrario se estableció que existe un impedimento técnico para estudiar su legalidad y continuar con el respectivo estudio, y si bien analizó a legalidad de la notificación, ello se debió a la técnica de estudio aplicable, lo cual de ninguna forma puede implicar analizar cuestiones de fondo, es decir, la legalidad de la resolución impugnada.

Apoya a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

‘DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. (se transcribe).’

2. Que resulta contrario a los principios de congruencia y exhaustividad el sobreseimiento decretado con apoyo en los artículos 8, fracción III, 9, fracción III, y 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso numeral 127 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que tanto el requerimiento de multas federales no fiscales identificado con el número de control *************** de veinte de enero de dos mil veintitrés, así como sus respectivas actas de requerimiento de pago y embargo de uno de marzo del año próximo anterior no fueron controvertidas por la parte quejosa, de ahí que no pueda sobreseer respecto de actos que no formaron parte de la litis.

2.1 Que en el escrito de demanda y en su ampliación únicamente se realizaron conceptos de impugnación en contra de la resolución determinante ********* de diez de diciembre de dos mil quince.

2.2 Que en ningún momento se impugnó el procedimiento administrativo de ejecución, más bien éste sirvió de sustento para evidenciar la prescripción del derecho de la autoridad para efectuar el cobro de la multa federal no fiscal impuesta en el expediente administrativo ************************.

(...)

Dichos argumentos devienen infundados.

En su demanda la parte quejosa expuso que el juicio contencioso administrativo se interpuso en contra de la supuesta multa federal no fiscal, asimismo, en su ampliación refiere que la presenta contra de la multa federal no fiscal se hace consistir en que se desconocía el origen, contenido alcances y consecuencias de dicho acto administrativo.

Luego, en la ampliación de demanda, específicamente en su tercer concepto de impugnación manifestó que no existió gestión de cobro por notificación del inicio de procedimiento administrativo de ejecución, por el cual se pudiese considerar la interrupción del plazo previsto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad demandada Secretaría de la Hacienda y Crédito Público del Estado de Jalisco (autoridad ejecutora) no exhibió constancia alguna que demuestre la existencia de gestión de cobro.

Luego, la sala responsable determinó que los conceptos de impugnación vertidos en contra de la impugnación del requerimiento de multas federales no fiscales, así como sus respectivas actas de requerimiento de pago y embargo son inatendibles, ya que éstos son impugnables hasta la publicación de la convocatoria de remate como lo prevé el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación pues, al ser parte del procedimiento administrativo de ejecución, dichos actos no constituyen resoluciones definitivas, por lo que no son combatibles en el juicio de nulidad. Así las cosas, la sala responsable únicamente refirió que no podía atender a los conceptos de impugnación por lo que ve a las multas federales fiscales que, dicho sea de paso, de la demanda de nulidad, específicamente en la página 1 inciso a), se advierte que la quejosa sí atacó dichos actos, sin embargo, la Sala responsable no se pronunció por lo que ve a la prescripción de dicha multa porque no se puede pronunciar respecto de los conceptos de impugnación de un acto respecto del cual ya se sobreseyó, por lo que de ninguna manera se evidencia que se introduzcan actos novedosos a la litis.

3. Que la sala contravino el principio de congruencia y exhaustividad, pues no analizó los conceptos de impugnación mediante los cuales se hizo valer la prescripción del derecho de cobro de las autoridades demandadas.

3.1 Que el artículo 17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que supone el acceso a la justicia y el derecho a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada.

3.2 Que la sala omitió analizar y estudiar las cuestiones planteadas en el juicio de origen referente a la prescripción de las facultades de cobro para las autoridades demandada en términos de lo previsto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pues había transcurrido dicho término sin que se hubiera realizado gestión de cobro alguna, por lo que resulta evidente que la Sala fue omisa en atender las argumentaciones dirigidas a combatir esta situación y demostrar la prescripción.

3.3 Que la sala únicamente analizó las causas de improcedencia hechas valer en torno a la extemporaneidad de la demanda y aquella relativa a la definitividad de los actos controvertidos e indebidamente perdió de vista que el argumento destacado de la ampliación se hizo depender de la prescripción de las facultades de las autoridades demandadas para hacer efectivo el cobro de la multa emitida dentro del expediente administrativo ************************.

(...)

Estos argumentos son infundados, como se verá a continuación:

El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece que en un procedimiento administrativo de ejecución las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria.

Ahora, la sala responsable determinó que los conceptos de impugnación vertidos en contra de la impugnación del requerimiento de multas federales no fiscales, así como sus respectivas actas de requerimiento de pago y embargo son inatendibles, ya que éstos son impugnables hasta la publicación de la convocatoria de remate como lo prevé el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación pues, al ser parte del procedimiento administrativo de ejecución, dichos actos no constituyen resoluciones definitivas, por lo que no son combatibles en el juicio de nulidad.

De ahí, lo infundado del concepto de impugnación en cuanto a que la Sala no se pronunció respecto a la prescripción en la etapa de ejecución, pues dijo que ese argumento era inatendible; y la quejosa no combate esas razones.

Así pues, en todo caso podrá hacerlo valer en la última resolución del procedimiento de ejecución.

Además, la Sala sobreseyó en el juicio de origen al actualizar la causa de improcedencia y sobreseimiento previsto en los artículos 8, fracción IV y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la demanda de nulidad fue presentada fuera del plazo establecido.

Lo anterior es así, toda vez que al estudiar la legalidad de las notificaciones devino dicho sobreseimiento y en consecuencia no se pronunció de la totalidad de las cuestiones combatidas, pues el propio sobreseimiento impidió abordar el estudio.

Por lo que, no resulta ilegal que se haya pronunciado primero por lo que ve a la legalidad de las notificaciones impugnadas; posteriormente haya sobreseído por lo que ve a la resolución reclamada y por último, declarar inatendibles los conceptos de violación formulados contra los requerimientos de pago por no ser un acto definitivo, pues la propia técnica así lo exige.

Apoya, por analogía, a lo anterior, la tesis de la Primera Sala d la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. (se transcribe),’

Asimismo, se cita a mayor abundamiento la tesis del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que dice:

‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL DIRECTO. SON INFUNDADOS AQUELLOS QUE REPROCHAN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA OMISIÓN DE ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO E INOPERANTES LOS QUE SE EXPRESAN RESPECTO DE ÉSTE, SI EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE SOBRESEYÓ AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO (se transcribe).’

Así, ante lo ineficaces de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo solicitado a la parte quejosa.

(...)".

B. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Amparo directo 188/2024.

Antecedentes.

1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Occidente una persona moral, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de los siguientes actos:

• La resolución de 19 de julio de 2017, emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor, mediante la cual se le impuso una multa por la cantidad de $******** ***** *** ***** ****** *****. la promovente señaló conocer su existencia pero no su contenido a través del requerimiento de multas federales impuestas por autoridades no fiscales llevado a cabo por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.

• El requerimiento de multas federales impuestas por autoridades no fiscales de 4 de mayo de 2023, emitido por el Director de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco

• El Acta de Requerimiento de Pago y Embargo de 14 de julio de 2023 diligenciada por el Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público

• El pago de la multa y sus accesorios.

2. De la demanda conoció la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que la admitió a trámite en la vía sumaria, únicamente por los tres primeros actos, asimismo corrió traslado a las autoridades demandadas para que produjeran su contestación.

3. Una vez admitida la contestación a la demanda hecha por las autoridades demandadas, se ordenó correr traslado a la actora para que formulara la ampliación respectiva.

4. Presentada que fue la ampliación a la demanda, se corrió traslado a las demandadas para que formularan su contestación a la ampliación y, hecho esto, se otorgó a las partes el término legal para presentar alegatos.

5. Agotada la instrucción del juicio sumario, la magistrada instructora de la sala regional dictó la resolución en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio contencioso respecto de un acto (multa) y, por otra, reconoció la validez del requerimiento y el acta respectiva, al estimar que:

a. Respecto de la resolución impugnada (multa), se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la demanda se había presentado fuera del plazo establecido para tal efecto, ya que la actora no cuestionó la legalidad de la notificación de esa resolución.

b. Respecto del requerimiento de multas federales no fiscales, así como el acta de requerimiento de pago y embargo; determinó que había operado una preclusión procesal puesto que su único argumento (prescripción) lo había hecho valer en la ampliación a la demanda y no desde su escrito inicial y, al haberse evidenciado que tuvo conocimiento del acto impugnado previamente a la promoción del juicio contencioso, debió hacerlo valer desde el escrito inicial.

Dicha decisión se reflejó en los resolutivos siguientes:

"I.- La causal de improcedencia y sobreseimiento estudiada de oficio por este Juzgador, resulto fundada, y;

II. Se sobresee el presente juicio interpuesto en contra de la resolución determinante contenida en el oficio número 6682-2016 de fecha 19 de Julio de 2017, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de este fallo.

III.- La causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las autoridades demandadas, resulto infundada.

IV.- La actora no probó su acción, en consecuencia;

V.- Se reconoce la validez del requerimiento de multas federales impuestas por autoridades no fiscales de 4 de mayo de 2023, con número de folio *************, emitido por el Director de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco a través del cual se pretende hacer efectivo el crédito fiscal derivado de la resolución determinante descrita en el numeral anterior; y el Acta de Requerimiento de Pago y Embargo de 14 de julio de 2023 diligenciada por el Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Público.

VI.- NOTIFÍQUESE".

6. Inconforme con dicha resolución la parte actora promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que lo radicó en el número de expediente 188/2024.

La sentencia dictada por el tribunal colegiado en men

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33849-e62bd307/sobreseimiento-por-extemporaneidad-de-la-demanda-al-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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