CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA AL NEGAR LA EXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES A CARGO DE LA ACTORA Y AFIRMAR QUE SE TRATA DE PROPUESTAS DE PAGO AUTOLIQUIDADAS, CUANDO SON CONTROVERTIDOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 29 DE MARZO DE 2022. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PATRICIA ELIA CERROS DOMÍNGUEZ (PRESIDENTA) Y LEONEL JESÚS HIDALGO. DISIDENTE: ALFONSO GABRIEL GARCÍA LANZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: LEONEL JESÚS HIDALGO. SECRETARIO: ROGELIO PÉREZ REYES.
Cancún, Quintana Roo. El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito en la sesión ordinaria remota por videoconferencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el expediente relativo a la contradicción de tesis 6/2021; y
RESULTANDO
1. PRIMERO.—Consideración especial previa. Con motivo de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 [reformado mediante Acuerdo General 6/2020], suspendió en su totalidad las actividades de los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al cinco de mayo de dos mil veinte, así como los plazos y términos procesales, con excepción en la tramitación y resolución de asuntos urgentes.
2. Por su parte, el artículo 1o., fracción II, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 [reformado mediante Acuerdo General 10/2020], reanudó la posibilidad de resolver aquellos casos ya radicados y que se hubieren tramitado físicamente, en los que únicamente quedara pendiente la emisión de sentencia o resolución final, así como los juicios promovidos en línea.
3. Asimismo, el artículo 1o., fracción II, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 [reformado mediante los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020], habilitó la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hubieren tramitado físicamente, en los que únicamente quedara pendiente la emisión de sentencia o resolución final y los juicios en línea.
4. De conformidad con los artículos 1o., 2o. y 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se reanudaron las actividades jurisdiccionales [atendiendo a los señalamientos plasmados en dicho Acuerdo General], así como los términos para resolver los diversos asuntos de su competencia.
5. La vigencia del Acuerdo General 21/2020, ha sido prorrogada a través de los relacionados con los números 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022 por lo que su vigencia transcurre del tres de agosto de dos mil veinte al uno de mayo de dos mil veintidós.
6. SEGUNDO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 2100/2021, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el propio Tribunal, al resolver el amparo directo 329/2020 y el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del referido Circuito, al fallar el amparo directo 555/2019, en tanto que el Primer Tribunal sostuvo, en esencia, que tratándose de créditos fiscales impugnados en el juicio de origen, corresponde a un acto positivo, es decir, un hacer de la autoridad demandada, que supone que dicha autoridad debió ejercer determinadas facultades para liquidar ciertos adeudos del quejoso por el incumplimiento de las disposiciones fiscales; pero si la autoridad demandada al contestar la demanda negó la existencia de tales créditos fiscales controvertidos, entonces, corresponde a la parte actora desvirtuar esa negativa.
7. Por tanto, si la accionante no desvirtuó la negativa planteada por la enjuiciada ya que no ofreció medio probatorio alguno en dicho sentido, no se acreditó la existencia del acto de autoridad fiscal, ni siquiera en forma presuntivamente (sic), por lo que es correcto el sobreseimiento en el juicio de nulidad.
8. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado, al resolver el diverso juicio de amparo 555/2019, estableció en esencia en un caso similar, que la carga de la prueba para acreditar la improcedencia del juicio corresponde a la autoridad demandada, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social al producir la contestación formuló como excepción la improcedencia del juicio, donde a pesar de que negó la existencia de los créditos fiscales, dicha negativa no fue simple, sino que envuelve la afirmación de un hecho expreso consistente en que los periodos debatidos fueron autodeterminados, pagados en tiempo y forma mediante propuestas de pago por la actora.
9. TERCERO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis bajo el número 6/2021, y la admitió a trámite.
10. Asimismo, solicitó únicamente a la entonces Magistrada presidente del Tercer Tribunal Colegiado de dicho Circuito, copia certificada de la ejecutoria del amparo directo 555/2019, de su índice, y que informara si el criterio sustentado en el asunto materia de la presente denuncia, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; en virtud de que con motivo de la denuncia realizada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo (sic) Circuito, obra copia certificada de la resolución dictada por el citado tribunal.
11. Finalmente, en el citado acuerdo se ordenó que una vez recibido el informe solicitado, se diera aviso por correo electrónico al Alto Tribunal, sobre la admisión de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con el artículo 27, inciso f), del Acuerdo 20/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito.
12. De igual forma, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio cuenta con el informe remitido por oficio 113/2021, en el cual el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito refirió que el criterio adoptado en el amparo directo 555/2019, estaba vigente. En el mismo auto, se dio aviso al Alto Tribunal, a fin de tener conocimiento sobre la existencia o no de una diversa contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema en cuestión, remitiendo las constancias relativas al oficio en que se denuncia la contradicción, testimonios de las ejecutorias de los tribunales contendientes y acuerdo de admisión de la posible contradicción.
13. En acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio firmado electrónicamente por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual se informó que no se advirtió la existencia de una contradicción de tesis que guardara relación con el tema materia de la presente.
14. En el mismo proveído se ordenó turnar el expediente al Magistrado Jorge Mercado Mejía, para la elaboración del proyecto correspondiente, quien entonces representaba al Tercer Tribunal Colegiado de este Vigésimo (sic) Circuito e integraba este Pleno de Circuito.
15. Por diverso auto de siete de diciembre del citado año, se reservó la continuación del trámite del asunto en virtud de que el plazo de diez días para que los Magistrados integrantes formularan observaciones al proyecto de resolución, así como la sesión del asunto y el engrose respectivo, transcurriría después del quince de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, fuera del lapso por el cual fue integrado el Pleno para el año dos mil veintiuno.
16. Finalmente, mediante acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, se ordenó returnar la presente contradicción de tesis al Magistrado Leonel Jesús Hidalgo como representante del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo (sic) Circuito.
CONSIDERANDO
17. PRIMERO.—Competencia legal. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como los numerales 1o., 2o. y 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, por tratarse de una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito.
18. SEGUNDO.—Plazo para emitir resolución. De conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, la presente resolución se emite con base en el proyecto presentado en el término legal.
19. TERCERO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que es uno de los órganos contendientes en la presente contradicción.
20. CUARTO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente reproducir las consideraciones y argumentaciones que informan las ejecutorias que emitieron los órganos colegiados de circuito contendientes, al resolver los impedimentos 1/2021 y 4/2020 de sus índices, respectivamente, que generaron la contradicción de tesis denunciada:
I. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 329/2020, sostuvo:
20.1. "Estudio del asunto. De manera previa a abordar los conceptos de violación, se estima necesario precisar una breve síntesis de los aspectos más relevantes que se advierten del expediente administrativo **********, y que dieron origen al acto reclamado.
20.2. "I. Antecedentes.
20.3. "1. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho, **********, promovió juicio contencioso administrativo para demandar la nulidad de diversos créditos fiscales emitidos por el Titular de la Subdelegación Cancún 07, dependiente de la Delegación Estatal Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 1 a 12).
20.4. "2. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado instructor de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en Cancún, radicó la demanda como expediente **********, y requirió a la actora que exhibiera o remitiera los documentos originales o copias certificadas con los que acreditara su personalidad en el juicio, so pena que de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda (fojas 27 a 29).
20.5. "Previo cumplimiento al requerimiento formulado en el acuerdo que antecede, el siete de septiembre de dos mil dieciocho se admitió la demanda en la vía sumaria tradicional, ordenó correr traslado a la demandada (fojas 41 a 43).
20.6. "En proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el Magistrado del conocimiento, acordó el oficio **********, que contiene la contestación de demanda del Instituto Mexicano del Seguro Social, y entre otras cuestiones, requirió a la demandada para que exhibiera las pruebas que omitió anexar a su escrito (fojas 71 a 72), una vez que realizó lo anterior, en proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó correr traslado a la parte quejosa del citado oficio y su anexo para que en el plazo de cinco días pudiera ampliar su escrito inicial de demanda (foja 79).
20.7. "Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora amplió su escrito inicial de demanda, donde se refirió a la causa de improcedencia y sobreseimiento (fojas 85 a 121), la cual se admitió el tres de diciembre de dos mil dieciocho, y se le corrió traslado a la demandada al **********, para que en el término de cinco días ampliara su contestación a la ampliación de demanda (foja 122).
20.8. "En proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, el Magistrado instructor, acordó el oficio **********, que contiene la contestación de la ampliación de la demanda de la autoridad demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, admitió las pruebas ofrecidas por la actora y autoridad demandada, con excepción de las pruebas marcadas con los incisos 5) y 6), relativas a las testimoniales y un oficio, asimismo, ordenó correr traslado a la actora con las documentales admitidas para que en el plazo de cinco días pudiera ampliar nuevamente su escrito inicial de demanda (fojas 2620 a 2623).
20.9. "En escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, la parte actora amplió por segunda ocasión su escrito inicial de demanda (fojas 2653 a 2667), la cual se admitió el diecinueve de marzo de ese año (foja 2676).
20.10. "El quince de abril de dos mil diecinueve, el Magistrado instructor recibió el oficio **********, donde la autoridad demandada contestó la segunda ampliación de demanda e insistió en la causal de improcedencia que propuso en su contestación de demanda (foja 2713).
20.11. "Cabe agregar que la parte actora, interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve (donde se admitieron diversas pruebas documentales a la demandada), y la autoridad demandada también interpuso recurso de reclamación contra dicho proveído en la parte donde no se admitieron las pruebas 5 y 6 de su ocurso (fojas 2640 y 2668).
20.12. "Respecto del recurso de la parte actora, en resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno de la Sala Regional declaró fundado el medio de impugnación y precisó que se emitiera un nuevo pronunciamiento para que no se admitan las pruebas documentales (señaladas en los números 1, 2, 3 y 4 del escrito de la demandada), y para que se dejara sin efectos el plazo otorgado a la parte actora para formular su segunda ampliación de demanda (fojas 2834 a 2848).
20.13. "En cuanto al recurso interpuesto por la autoridad demandada, en resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno de la Sala Regional lo declaró infundado (fojas 2881 a 2894)
20.14. "Con lo anterior, se aprecia que se dejó sin efectos la segunda ampliación de demanda.
20.15. "Finalmente, seguidas las etapas del juicio, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Magistrado instructor responsable dictó sentencia con los siguientes resolutivos (fojas 3019-3035 del expediente de origen):
20.15.1. "‘...
20.15.2. "‘I.- Resultó fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada, en consecuencia:
20.15.3. "‘II.- Se sobresee el presente juicio, respecto de los actos señalados como impugnados, descritos en el resultando primero de este fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando segundo de esta sentencia.
20.15.4. "‘...’
20.16. "En esas condiciones se dictó la sentencia reclamada en este juicio de amparo, en contra de la cual se hacen valer los siguientes conceptos de violación.
20.17. El examen de los conceptos de violación será de estricto derecho, pues se trata de un asunto en materia administrativa y quien acude a esta instancia no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo.(2)
20.18. "II. Análisis (sic) conceptos de violación y decisión.
20.19. "En su único concepto de violación, la quejosa esgrime en esencia que la sentencia combatida vulnera sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8o., 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que los hechos que motivaron la resolución impugnada fueron apreciados en forma equivocada, pues se sobreseyó considerando que los actos impugnados derivaban de propuestas de pago, sin observar que la autoridad demandada en ningún momento lo acreditó y fue omisa en exhibir las resoluciones determinantes.
20.20. "Que la Sala responsable de manera ilegal determinó sobreseer el juicio de nulidad, perdiendo de vista que conforme a los artículos 16, fracción II, y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la carga probatoria que rige en el procedimiento contencioso administrativo le correspondía a la autoridad demandada probar los hechos que dan origen a la citada impugnación, aunado a que se dejó de observar que el interés jurídico se actualizó con la simple presentación de la demanda, que las propuestas de pago que dijo la demandada debió haber sido probado, que fue la autoridad demandada quien sostuvo que los créditos fueron pagados y cancelados, y que por consiguiente resultó excesivo revertir la carga de la prueba para acreditar los créditos fiscales, en tanto fue la autoridad quien afirmó que se trataban de propuestas de pago.
20.21. "Luego, señala que ante la afirmación de que los créditos reclamados eran en realidad ‘propuestas de pago’, resultó necesario dar a conocer las resoluciones a través de los cuales se emitieron los créditos fiscales contenidos en la documental ‘CRÉDITOS PAGADOS Y CANCELADOS’ los cuales fueron identificados y relacionados por la autoridad fiscal con los actos impugnados pero de los cuales resultó imposible identificar los conceptos que alude fueron pagados de forma oportuna, por lo que resultó excesivo revertir la carga probatoria.
20.22. "Señala que la Subdelegación de Cancún demandada, al contestar la demanda de nulidad manifestó que los créditos impugnados de manera genérica correspondían a propuestas de pago, entonces, ante esa afirmación, conforme el numeral 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las autoridades estaban obligadas a acreditar que los actos correspondían a las calificadas como propuestas de pago y no créditos fiscales efectivamente pagados con motivo de una determinación emitida por autoridad; por tanto, la carga probatoria correspondía únicamente al instituto.
20.23. "Que la Sala Administrativa indebidamente sostiene que la supuesta confesión expresa actualiza la manifestación de la existencia de supuestas propuestas de pago, cuya naturaleza señaló la demandada que ostentaban los actos impugnados; sin embargo, perdió de vista que lo señalado por la autoridad es propiamente una excepción para refutar sus conceptos de anulación, y no una confesión expresa como lo califica en la sentencia de marras.
20.24. "Que si al contestar la demanda la autoridad argumentó que existieron propuestas de pago, emitidas en términos del numeral 39 A de la Ley del Seguro Social, ello corresponde a una declaración que le beneficia, al pretender con esa afirmación el sobreseimiento en el juicio, y no un hecho que le perjudique, por lo que esa manifestación conforme a los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no constituye una confesión expresa cuya naturaleza y efectos son distintos; por tanto, indebidamente le otorga valor probatorio pleno a una simple manifestación. 20.25. "Sigue diciendo que, por el contrario, la confesión expresa o tácita se actualizó con el reconocimiento que la autoridad misma efectúa en las documentales créditos pagados y cancelados en las que reconoció que controló dichos actos como créditos fiscales, y no como propuestas de pago.
20.26. "Que indebidamente se otorgó valor probatorio a una simple manifestación, cuando la autoridad demandada se encontraba obligada a exhibir el origen de los créditos fiscales impugnados, aunado a que fue omisa en exhibir las supuestas propuestas, pues únicamente presentó copia certificada de la relación de créditos pagados y/o cancelados, de los cuales no se puede inferir que correspondan a las propuestas de pago, en tanto no son idóneas para acreditarlo, pues no cumplen con las características que señala el artículo 39 A de la Ley de Seguro Social.
20.27. "Asimismo, dice que la autoridad dijo que los créditos eran inexistentes por haberlos cancelado, pero no genera seguridad jurídica, porque en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dejó de exhibir prueba idónea para demostrar esa circunstancia, únicamente realiza una simple manifestación, aunado a que tampoco exhibió las supuestas propuestas de pago, y no puede basarse en simples manifestaciones o presunciones de la inexistencia de los créditos impugnados.
20.28. "Refiere que la Sala responsable realizó una incorrecta apreciación de las pruebas, pues lo exhibido por la autoridad no corresponde a la documental propuestas de pago, sino al listado de créditos pagados y cancelados, en el cual se asignaron los diversos números de los créditos en los periodos controvertidos, de donde se aprecia la existencia de créditos fiscales a cargo de la actora determinados por la autoridad y los cuales constriñen al pago de una contribución en materia de seguridad social.
20.29. "Asimismo, dice que la autoridad fue omisa en exhibir en el juicio de nulidad las propuestas de pago (inserta imagen), porque las pruebas que exhibió no contienen las características que señala el artículo 39 A de la Ley de Seguro Social.
20.30. "Concluye que es inoperante la causal de improcedencia y sobreseimiento por inexistencia de los actos impugnados, ya que el Magistrado instructor responsable se basó en presunciones, pues la autoridad no exhibió la documental propuestas de pago, sino el listado de créditos pagados y cancelados, de donde sólo se desprende que la autoridad tiene registrado en su sistema créditos fiscales, por lo que debió aportar el documento determinante que le dio origen, y al no hacerlo, la responsable debió declarar su nulidad lisa y llana.
20.31. "Los resumidos argumentos son infundados.
20.32. "En primer lugar, y como punto de partida, es conveniente tener presente el contenido del artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fundamento del sobreseimiento que se decretó en la resolución reclamada, cuyo texto es el siguiente:
20.32.1. "‘ARTÍCULO 8o.’ (Se transcribe)
20.33. "Por su parte, el artículo 9, fracción II, de la referida ley, dispone lo siguiente:
20.33.1. "‘ARTÍCULO 9o.’ (Se transcribe)
20.34. "Texto de los numerales transcritos, de los que se advierte que el juicio de nulidad será improcedente cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o el acto impugnados, y de actualizarse tal hipótesis es correcto que se decrete el sobreseimiento.
20.35. "Por tanto, es requisito, ‘sine qua non’, para que se actualice la causal prevista en la fracción XI del artículo 8o. de la citada Ley Federal, que conforme a las constancias de autos, se advierta claramente, que no existe la resolución o acto impugnado.
20.36. "Inclusive, la procedencia del juicio, al ser un presupuesto procesal, conforme al último párrafo del mencionado artículo 8o. de la ley referida, será examinada aun, de oficio.
20.37. "Ahora, conviene tener presente el contenido del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual dispone lo siguiente:
20.37.1. "‘Artículo 16.’ (Se transcribe)
20.38. "Dicho texto normativo fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 188/2007,(3) y al respecto, señaló que si bien el Código Fiscal de la Federación, sustenta el principio general de que deben presumirse legales los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, amparado en el privilegio de autotutela; es decir, en la capacidad de la administración de tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, con sus consecuencias de ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa, propias de los actos administrativos; lo cierto es que ese principio se encuentra acotado en la propia legislación fiscal, concretamente en el texto del actual artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al señalar que cuando la parte actora en el juicio contencioso administrativo alegue que desconoce el acto administrativo que pretende combatir, ya sea porque no le fue notificado o que lo fue ilegalmente, así lo expresará en su demanda, señalando a la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, actualizando con ello la obligación para la autoridad correspondiente de que cuando conteste tal demanda deberá exhibir constancia del acta administrativa de que se trate y de su notificación, para que con base en ello el actor tenga oportunidad de combatirlos mediante la ampliación de la demanda.
20.39. "El Máximo Tribunal sostuvo que al imponerse a la autoridad administrativa el deber de presentar tanto la constancia del acta administrativa de que se trate, como la de su notificación, para poder desvirtuar la negativa del contribuyente en el sentido de que desconoce el acta de referencia, sin establecer caso alguno de excepción –por lo cual, tal deber se convierte en un requisito ineludible–, evidencia la intención del legislador de otorgar al contribuyente protección ante posibles actos arbitrarios de la autoridad, a fin de que dentro de los procedimientos contenciosos administrativos, en los cuales el actor sostenga que desconoce el contenido del crédito que se le requiere, se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídicas de los que debe gozar, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, evitando así que el contribuyente quedara sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento.
20.40. "Asimismo, el Alto Tribunal señaló que la lectura del numeral 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite concluir que el legislador consideró necesario que durante el procedimiento contencioso administrativo, el actor ante su afirmación de que desconoce el contenido del crédito que se le pretende hacer efectivo, esté en condiciones de tener ante su vista la constancia administrativa que se le reclama, para que conozca así, de manera cierta y determinada, el monto de lo que se le exige y, por tanto, puede ejercer su derecho de audiencia, haciendo valer lo que a sus intereses convenga, todo ello en estricto apego a los principios constitucionales a que se ha hecho referencia.
20.41. "Así, se argumentó que la obligación de cuenta impuesta a la autoridad conlleva de manera implícita un derecho otorgado en favor del contribuyente que niega conocer el crédito que se reclama, a fin de que la autoridad exhiba ambas constancias y el actor pueda conocer su contenido de manera indubitable, amplíe su demanda y haga valer lo que le convenga, lo cual se traduce en una formalidad esencial del procedimiento.
20.42. "La Segunda Sala concluyó que si el actor tiene derecho a que se le otorgue un plazo para ampliar su demanda, después de que el demandado emita su contestación e introduzca aspectos que aquél desconocía; es claro que dicha posibilidad de ampliación de demanda se actualiza si desde la presentación de la demanda el actor afirma categóricamente que desconoce el contenido del crédito que se le requirió a través de la notificación, cuya constancia presenta el demandado; de aquí que deba sostenerse válidamente que ante la afirmación del desconocimiento de esa constancia, la parte demandada está obligada, en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a exhibir no sólo la constancia de notificación del requerimiento, sino el acta que contenga el crédito que se le requiere, pues de lo contrario se haría nugatorio el derecho de audiencia y de ampliación de demanda del contribuyente, ya que no tendría los elementos necesarios para impugnar el contenido de un crédito que se le requirió.
20.43. "Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 209/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 203, de la Novena Época, registro digital 170712, de rubro y texto siguiente:
20.43.1. "‘JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.’ (Se transcribe)
20.44. "Conforme a lo anterior, ante la manifestación de la actora en el juicio contencioso administrativo de que desconocía el acto impugnado, la autoridad demandada debía exhibir en original o copia certificada tanto el acto impugnado como su notificación, con el objeto de que la accionante se encontrara en posibilidad de ampliar su demanda, lo cual constituye una formalidad esencial del procedimiento contencioso administrativo.
20.45. "Ahora bien, debe destacarse qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30685-2edcd854/carga-probatoria-en-el-juicio-de-nulidad-corresponde · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA AL NEGAR LA EXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES A CARGO DE LA ACTORA Y AFIRMAR QUE SE TRATA DE PROPUESTAS (PC.XXVII. J/4 A (11a.))
- JUICIO DE NULIDAD, PRUEBAS DE LA AUTORIDAD EN EL. SU ESTUDIO NO ES OFICIOSO POR PARTE DE LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SI EL ACTOR NO AMPLIÓ SU (XXI.4o.2 A )
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD POR EL QUE SE COMBATE UN ACUERDO MEDIANTE EL CUAL UNA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA REQUIERE LA EXHIBICION DE DIVERSAS DOCUMENTALES RELACIONADAS C (s/clave)
- NULIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EL ACTOR AFIRMA DESCONOCER EL CRÉDITO FISCAL QUE ORIGINÓ LOS ACTOS DE EJECUCIÓN IMPUGNADOS Y LA AUTORIDAD AL CONTESTAR L (I.7o.A.503 A )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis