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Modo: Corpus Pro

EMBARGO PRECAUTORIO EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU LEVANTAMIENTO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA DERECHOS SUSTANTIVOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 89/2017. · Registro digital (IUS): 27969
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-08-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Pág. 2768.

AMPARO EN REVISIÓN 89/2017. 13 DE DICIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: DANIEL RICARDO FLORES LÓPEZ. PONENTE: CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. SECRETARIA: MARISSA ALEJANDRA CHÁVEZ SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—El agravio planteado resulta fundado y suficiente para revocar la resolución recurrida.

Previo al estudio de dichos agravios y con el objeto de tener un mejor conocimiento del problema jurídico a resolver, es conveniente relatar algunos antecedentes del presente asunto.

Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, **********, por conducto de su apoderado licenciado **********, promovió juicio ordinario mercantil contra ********** y **********, a quienes reclamó las prestaciones siguientes:

"A) Para que se condene a los hoy demandados ********** y la sociedad mercantil denominada **********, por concepto de suerte principal al pago de la cantidad de $********** dólares (********** moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente para solventar obligaciones en moneda extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación al momento de realizar el pago.

"B) Que se condene a la parte demandada al pago de los intereses ordinarios correspondientes que se generaron a razón del **********% (********** por ciento), anual sobre saldos insolutos, los cuales fueron pactados por las partes en el documento base de la acción, a partir de la fecha de suscripción del mismo, hasta la fecha de su vencimiento, los cuales suman la cantidad de $********** dlls. (********** moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente para solventar obligaciones en moneda extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación al momento de realizar el pago.

"C) Que se condene a la parte demandada al pago de los intereses moratorios correspondientes que se han causado a razón del **********% (********** por ciento), anual sobre saldos insolutos, los cuales fueron pactados por las partes en el documento base de la acción, a partir de la fecha de incumplimiento, y hasta la fecha del pago total de las sumas adeudadas, los cuales están liquidados hasta el día 14 de marzo de 2016, y que ascienden a la cantidad de $********** dlls. (********** moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más aquellos que se sigan generando a partir de esa fecha hasta la total solución del adeudo o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente para solventar obligaciones en moneda extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación al momento de realizar el pago.

"D) Que se condene a la parte demandada al pago de los gastos y costas que se ocasionen como consecuencia de la tramitación del presente juicio."

De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, donde por auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, se radicó como juicio ordinario mercantil **********, y se ordenó emplazar a juicio a los demandados, y como providencia precautoria declaró real, legal y formalmente embargados los bienes ahí descritos, propiedad de la parte demandada –fojas 20 a 22 del tomo I del auxiliar de pruebas–.

Contra tal acuerdo, la demandada **********, interpuso recurso de apelación –fojas 513 a 518 y 573 a 587, auxiliar de pruebas tomo I–; el cual quedó radicado el seis de octubre de dos mil dieciséis, en la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, bajo el toca **********, resuelto el treinta y uno de octubre siguiente, bajo el punto resolutivo que se reproduce a continuación:

"PRIMERO.—Se modifica el auto dictado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial Morelos, con fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, en los autos del juicio ordinario mercantil del que deriva este toca, para efectos de que en lo conducente al embargo precautorio solicitado por la actora quede como sigue:

"‘En relación con su diversa petición, respecto al embargo precautorio que solicita, dése vista a la parte demandada por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, toda vez que es el trámite incidental que ordenan los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio, cuando el juicio ya ha iniciado.’." –fojas 12 a 13 del auxiliar de pruebas tomo II–.

Inconforme con ello **********, promovió demanda de amparo indirecto, de la cual correspondió conocer a la Juez Primero de Distrito en el Estado, quien en la resolución aquí recurrida determinó sobreseer en el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, no era de imposible reparación, ya que sus consecuencias no eran susceptibles de afectar de manera inmediata derechos sustantivos.

Ello, pues indicó que la resolución reclamada no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el hecho de que el Magistrado responsable haya ordenado modificar el auto (de radicación), para efecto de ordenar reponer el procedimiento en lo relativo al embargo precautorio decretado en él y, en su lugar, ordenar dar vista a la parte demandada por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera (al señalar que ese trámite incidental es el que se establece en los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio, para cuando el juicio ya ha iniciado) y, además, dejó insubsistente el embargo precautorio, el monto de la garantía fijada y las actuaciones posteriores en relación con dicha medida, no podían considerarse como actos dentro del juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación, al no producir de manera directa e inmediata afectación a derecho fundamental alguno.

Agregó que la afectación que pudiera ocasionarse podía ser subsanada si el actor quejoso volvía a solicitar la medida precautoria de embargo al Juez natural y éste, en vez de resolver de plano, otorgaba "garantía" de audiencia al demandado, sustanciando la medida en la vía incidental, acorde con lo previsto en los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio.

En desacuerdo, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión, donde expone como agravios lo que se sintetiza a continuación:

• La Juez de Distrito, en su resolución, violentó el artículo 74, fracciones I y II, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como los principios de congruencia y exhaustividad, para con ello preservar la violación sustantiva a derechos humanos actuales de la parte quejosa, al no analizar de manera sistemática la naturaleza del acto reclamado a la luz de sus efectos y que se desprenden del informe justificado pues, indebidamente, consideró que del contenido y efectos de la resolución de segunda instancia, el acto no era de imposible reparación.

• Así, la Juez de amparo omitió el estudio de la violación sustantiva consistente en la ausencia de fundamentación por indebida interpretación de la responsable en torno a los artículos 1177, 1178 y 1179 del Código de Comercio, es decir, no apreció el acto reclamado, como se expuso en los conceptos de violación, pues consideró sobreseer.

• Así, no fue materia de estudio la ausencia de fundamentación por la indebida interpretación de los dispositivos mercantiles por parte de la responsable, cuando esto fue, precisamente, el acto reclamado y no la resolución y sus efectos pues, de manera incongruente, la Juez hace un análisis de fondo de los referidos dispositivos mal interpretados por la responsable y los aplica para sobreseer en el amparo.

• Para la a quo, el levantamiento de embargo, previo al emplazamiento de la demandada, en nada afecta, sin embargo inobservó que quedan inauditos los derechos sustantivos del quejoso, pues los efectos inmediatos son privarlo de la garantía que brinde la certeza a la eventual sentencia, la cual riñe por completo con lo argumentado por la Juez de amparo, en el sentido de que existe la vía incidental para solicitar la medida precautoria; además, resulta incongruente y ausente de exhaustividad porque, por un lado, usa los dispositivos cuya interpretación indebida se reclamó, para después utilizarlos para sobreseer, cuando la materia del acto reclamado es, precisamente, que se arrebató del quejoso un derecho real e inminente pues, la revocación dictada por la responsable, lo constituyó la falta de fundamentación por aplicar de manera inexacta la legislación mercantil y, con ello, se pone en riesgo la ejecutabilidad en la eventual condena y que, contrario a lo sugerido la vía incidental no brinda las mismas garantías (sic), dado que previene al actor para insolventarse.

• Es decir, la Juez violenta la procedencia del juicio constitucional en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque permite preservar el arrebato de un derecho procesal no subsanable en sentencia ni en la secuela procesal, ya que es ajeno a la litis del juicio principal porque su efecto es brindar eficacia a la ejecutoriedad de la sentencia de fondo que se dé, por ello, la ley permite dictar ese tipo de medidas sin necesidad de llamar contra quien se dicte, a fin de que la obligación no se vuelva evadible.

• Pues la indebida interpretación de la norma aducida en el amparo, que no fue materia de estudio ante el sobreseimiento, produce un efecto consecuencial y, por ende, una indebida aplicación que permite u obliga a ejecutar un acto procesal diverso que no brinda las mismas garantías (sic) de defensa y de aseguramiento para el acreedor en el juicio natural, tal como lo sugirió la Juez de amparo, con lo cual soslayó que la violación aducida trasciende y afecta materialmente derechos sustantivos al impedir el libre ejercicio de un derecho, como lo es la garantía sobre bienes de la demandada en el juicio natural, que permitan una eficaz ejecución.

• Por lo que no era dable para el tribunal de amparo sobreseer en el juicio, dado que el derecho tutelado es la eficacia de la ejecución de la eventual sentencia en perjuicio del derecho de propiedad, es decir, se viola también el derecho humano de acceso a la justicia porque, de levantarse el embargo, el demandado estará en aptitud de transmitir la propiedad de los bienes asegurados y quedar insolvente para hacer frente a sus eventuales obligaciones en sentencia, que no se repararía con ella, porque se privaría de la garantía obtenida con el embargo previo al llamado de la demandada, previsto por la propia legislación, siendo el acto de molestia la ausencia de fundamentación y privación de garantía previa, que en ninguna parte del proceso, incluso, en sentencia puede ser reparable, lo que constituye una excepción al principio rector previsto en la fracción V del artículo 74 (sic) de la Ley de Amparo, ante el temor fundado, reconocido a favor de un acreedor de que, de levantarse el embargo, los bienes que sirven para garantizar el futuro del juicio, se tornen en una inminente insolvencia.

• Por tanto, la Juez de amparo se equivoca al considerar que el acto reclamado lo constituye en sí la resolución de treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis pues, al no apreciar el acto reclamado como fue probado, omitió analizar, como se expuso puntualmente, que la indebida interpretación de la responsable en dicha resolución, debió arribarse a la inminente conclusión de que existe una diferencia procesal en el dictado de la providencia precautoria previo y posterior al llamado de la demandada, debido a que en el primero se evita anticipar a la demandada impidiendo la fácil evasión y trascienden al desenlace del juicio brindándole certeza y, en el segundo, incidentalmente dicha medida depende de diversos procesos que no brindan garantía para la eficacia de la ejecución, ya que ante la no anticipación ocurre la insolvencia inminente.

• Indica que, sobre tal tópico, se pronunció la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.),(1) donde realizó un estudio profundo e interpretó el sentido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, utilizado por la Juez para sobreseer, del cual dispuso que: "...debe entenderse por actos de imposible reparación –sostuvo el Pleno–, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas.

"De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento:

"La primera, la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo.

"La segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de ‘sustantivos’, expresión opuesta a los derechos de naturaleza ‘formal o adjetiva’ (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)."

• De lo anterior se deduce que la Juez de amparo violenta los principios y dispositivos en comento, al no apreciar el acto reclamado tal como le fue sometido a su consideración, pues se limitó a estimar que el acto de molestia lo era la resolución y no la indebida interpretación que concluyó con efectos de arrebatar un derecho procesal no subsanable pues, a la luz de los conceptos de violación y del informe rendido por la responsable, es evidente que la ausencia de fundamentación y aplicación ante una indebida interpretación de los artículos 1177, 1178 y 1179 del Código de Comercio, que dicho sea de paso, así como por completo la figura de la providencia precautoria y la intención o espíritu del legislador, varió la litis constitucional sometida a su consideración y, por si fuera poco, analizó de manera incongruente la legislación ordinaria para sobreseer, en perjuicio de la parte quejosa.

• Pues de haber analizado el acto reclamado como se encuentra probado por la responsable, y a la luz de los conceptos de violación, se hubiese llegado a la inminente conclusión de que la violación cometida, va más allá de ser subsanable con la petición del embargo precautorio en la vía incidental.

• El agravio yace, precisamente, en el hecho de que para la a quo, el efecto del acto reclamado fue tal como lo dijo en el sentido de que "la afectación producida puede ser subsanada si sólo se pide la medida precautoria de embargo al Juez natural y este vez (sic) de resolver de plano, otorga la garantía de audiencia a la demandada, subsanando la medida en la vía incidental atendiendo a lo previsto en los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio". Es decir, para el tribunal de amparo por el solo hecho de volver a solicitar la medida precautoria, reparará la medida precautoria previo al emplazamiento, soslayando y el efecto que produce en perjuicio de la aquí quejosa, como lo es perjudicar el propósito para lo que fue creada la medida cautelar previo a la incorporación de la relación jurídico procesal en el juicio de origen, que de ser como lo sugirió la responsable, anticipa al demandado antes del emplazamiento haciendo nugatorio e inútil la figura de la medida, pues la torna fácilmente evadible en perjuicio de quien cuenta con un derecho de garantía (sic) sobre los bienes de un posible deudor que se probó la inminente insolvencia.

• Contrario al sentir simplista de la a quo, si su argumento toral para considerar subsanable la violación, fue la posibilidad de volver a solicitar la medida, la incongruencia se aloja, precisamente, en que para el quejoso no resulta un efecto similar el estadio jurídico del embargo previo al llamado de la contraria al posterior del referido llamado, puesto que la medida, una vez dictada, se llamó a la demandada quien únicamente contaba con la vía incidental para reclamar el fondo de la providencia, pero como tal reclamación requiere la garantía previa, optó por la apelación, la cual, dicho sea de paso, era necesario que agotara la vía incidental previo a la apelación. Sin embargo, el Magistrado responsable revocó la resolución que concede la precautoria usando una interpretación completamente incongruente y fuera de todo contexto, y varió por completo la intención del legislador, lo cual privó a la quejosa de su garantía (sic), siendo ello lo que constituyó, en esencia, el acto reclamado, perseguido en la demanda inicial de amparo, a fin de que se purguen los vicios de interpretación que vulneraron derechos reales y actuales del aquí quejoso, interpretación de la norma que no es subsanable que incide directamente en la ejecución de la sentencia definitiva.

• Por lo anterior, al sobreseerse inadvirtió que los efectos que dice suceder, previo al llamado del demandado y posterior a éste, en la vía incidental, no brindan derechos similares, dada la anticipación que la primera hipótesis otorga y que en la interpretación que constituye el acto reclamado, se abandonó por completo el principio de "relación jurídico procesal" que surge a raíz del emplazamiento, la cual es el punto de partida para determinar la procedencia de ambas hipótesis, y la medida precautoria revocada, donde se aplicaron disposiciones legales de manera equivocada que implica una ausencia de fundamentación, se dejó en completo estado de indefensión al quejoso, dada su irreparabilidad en sentencia, pues de un análisis armónico e integral de la norma y no de manera aislada como lo realizó, tanto la responsable como el Juez de amparo, se llegaría a la inminente conclusión de la imposibilidad de subsanar en el proceso la pérdida del aseguramiento de los bienes del demandado, aquí tercero.

Punto de estudio.

Como se anticipó, este Tribunal Colegiado estima sustancialmente fundados los agravios expuestos, en cuanto a que el amparo indirecto sí es procedente respecto del acto reclamado consistente en la resolución de segunda instancia que modificó el auto de radicación dictado en el juicio ordinario mercantil de origen, donde se acordó de manera favorable la petición del actor quejoso de decretar de plano el embargo de bienes a la parte demandada como providencia precautoria; lo cual implicó se levantara el embargo trabado, con lo cual se afectan derechos sustantivos.

A fin de evidenciar lo anterior, es necesario tener en cuenta que, en el caso particular, el acto reclamado se emitió dentro del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto de radicación dictado en el juicio ordinario mercantil de origen, donde se decretó un embargo precautorio de sus bienes; luego, dado que en él se modificó el proveído impugnado, ello conlleva un levantamiento de embargo, actuación que este Tribunal Colegiado estima afecta derechos sustantivos.

Al respecto, es oportuno señalar que para que se produzca la afectación material a derechos sustantivos, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.

Interpretación que se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento:

• La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y

• La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

Las ideas anteriores se extrajeron, en lo conducente, de la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;’; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."(2)

En ese orden, el acto reclamado en el juicio de amparo que dio origen al presente recurso de revisión, sí constituye un acto considerado como de imposible reparación, en los términos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que se trata de una resolución que levantó el embargo, que afecta directamente derechos sustantivos del ahora recurrente, en la medida que desvanece el derecho sustantivo del acreedor consistente en la preferencia que le otorga esa constitución del embargo frente a otros acreedores que tenga el deudor y que pretendan cobrarse con los mismos bienes. Esto es, el derecho de preferencia o prelación es el eje de todo régimen eficaz de las operaciones garantizadas, en otras palabras, es el mecanismo principal con el que las leyes resuelven los conflictos de garantías sobre los bienes del deudor, entre acreedores concurrentes.

El embargo precautorio goza de dos características: garantizar el adeudo y la preferencia del acreedor frente a otros, cuestiones que implican derechos sustantivos, derivadas de su género que es el patrimonio, que sin lugar a dudas se verían afectados materialmente con la anulación del embargo, y no constituyen una naturaleza formal o adjetiva, en tanto que su afectación trascendería más allá del resultado del fallo.

En ese contexto, el acto reclamado produce una transgresión a derechos sustantivos, pues la afectación es actual ya que, en ese momento, desaparecen el gravamen y la prelación en su derecho respecto de lo embargado que garantizaba su derecho adquirido.

Sirve de apoyo a lo considerado, por las razones que la forman, la tesis 1a. CCXLV/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:

"INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.’, deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto."(3)

Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 29/2010, también dictada por la referida Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"EMBARGO. LA NEGATIVA DEL JUEZ NATURAL DE ORDENAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS E HIDALGO).—De los artículos 526 y 534 de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Chiapas e Hidalgo, respectivamente, se advierte la obligación de inscribir el embargo de bienes inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, para dar seguridad jurídica frente a otros acreedores de la situación que guardan aquéllos, a través de la publicidad de la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y gravamen de los derechos reales y posesión de bienes inmuebles, porque los actos que se inscriben en aquél surten efectos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27969-25fe1400/embargo-precautorio-en-un-juicio-ordinario-mercantil-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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