AUTO QUE FIJA LA CONTRAFIANZA PARA LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN EL JUICIO NATURAL. OCASIONA UN AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO AL QUEJOSO, QUE HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 29 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ARTURO GONZÁLEZ ZÁRATE, GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ Y EDUARDO FRANCISCO NÚÑEZ GAYTÁN. DISIDENTES: VÍCTOR JÁUREGUI QUINTERO Y ALICIA GUADALUPE CABRAL PARRA. PONENTE: ALICIA GUADALUPE CABRAL PARRA. ENCARGADO DEL ENGROSE: CARLOS ARTURO GONZÁLEZ ZÁRATE. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.
RESULTANDO
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Pleno de Circuito el doce de mayo de dos mil diecisiete, el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, denunció la posible contradicción de tesis respecto del criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 69/2017, en sesión de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, y el diverso emitido por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito de la misma materia y Circuito, en el amparo en revisión 222/2013, en sesión de seis de junio de dos mil trece.
SEGUNDO.-Trámite de la denuncia de posible contradicción de tesis. El presidente del Pleno de Circuito admitió la denuncia de posible contradicción de tesis por auto de quince del mes y año en cita -la cual se registró con el número 4/2017-; asimismo, solicitó a las presidencias de los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que manifestaran si continuaba vigente su criterio, así como el envío de las ejecutorias involucrados en disco óptico, además de en copia certificada al presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, y se ordenó informar a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la referida admisión -para los efectos a que se refieren los artículos 22 y 27, punto F, del Acuerdo General 20/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito-.
TERCERO.-Turno de los autos. Recabada la información solicitada, entre la cual destaca la proporcionada por la coordinadora de Compilación de Tesis en cita, en el sentido de no existir alguna denuncia de contradicción de tesis en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema de la presente, y la manifestación de sendos presidentes del Cuarto y del Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Tercer Circuito, en el sentido de continuar vigente el criterio sostenido en los criterios contendientes, en auto de veinticinco de mayo del año que transcurre, se ordenó turnar el asunto a la Magistrada Alicia Guadalupe Cabral Parra, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, quien -mediante oficio presentado el trece de junio del año en curso-, solicitó la prórroga del plazo para la elaboración del referido proyecto, la cual le fue otorgada en auto de presidencia de catorce del mismo mes.
CONSIDERANDO
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último en el Diario Oficial de la Federación, el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco.
TERCERO.-Posturas contendientes. Se trata de los siguientes criterios:
Primera postura
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 69/2017, por ejecutoria sesionada el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, que en lo conducente, dice:
"TERCERO.-Resultan fundados los agravios.
"De la copia certificada de diversas actuaciones del juicio de origen que remitió el Juez de Distrito al rendir su informe justificado, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente:
"1. En el juicio mercantil ordinario número 222/2017 del índice del Juzgado Octavo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, que promovieron las empresas ahora recurrentes, contra ********** y el **********, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el veinticuatro de enero del presente año, el Juez natural dictó un proveído en el que entre otras cosas, admitió la demanda intentada por las ahora disconformes y a su petición, decretó de plano, sin audiencia de su contraparte y bajo la más estricta responsabilidad de aquéllas, las medidas cautelares que solicitaron, a fin de que en esencia, los demandados garantizaran y les permitieran continuar en el referido aeropuerto, con el ejercicio de los servicios de remodelación de fachada principal del edificio terminal 1; de reordenamiento de vialidades exteriores; de techumbre en paso de peatones al estacionamiento del edificio terminal 1; de separación de drenajes etapa 1, así como de las actividades de servicios a que se encontraran obligadas, en términos de cada uno de los contratos de prestación de servicios exhibidos como fundatorios; de igual forma, se ordenó a la parte demandada conservar la situación de hecho y de derecho que imperaba actualmente en las áreas del **********, como es, que a la fecha no existen bloqueos o situaciones que impidan el acceso a esas áreas y se les prohibió actos tendientes a ello, que pudieran limitar o impedir el acceso a las obras dentro y fuera de las terminales 1 y 2, así como transgredir el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de la parte actora; por último, se ordenó girar oficios a la Fiscalía General del Estado a través del comisionado de Seguridad Pública del Estado; de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, al través de los generales de brigada de la Quinta Región Militar, para que mediante la presencia de sus elementos, se garantizara a las empresas actoras, el ejercicio de la correcta prestación de sus servicios derivados de los contratos exhibidos como fundatorios (foja 46 a 57 del cuaderno de constancias).
"Asimismo se advierte, que en el mismo auto, el a quo natural fijó como garantía para poder ejecutar esas medidas, la suma de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional), para responder de los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar con su otorgamiento.
"2. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero último, la parte actora solicitó se le tuviera exhibiendo la garantía que se le fijó para que surtieran efectos las medidas cautelares reseñadas; y en proveído del mismo día, así se le tuvo en tiempo y forma, ordenándose girar los oficios relativos para que se llevaran al cabo aquéllas (foja 42 y 44 ídem).
"3. En auto de treinta y uno de enero pasado, el Juez natural tuvo al presidente, al secretario y al tesorero del **********, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, compareciendo al juicio con la personalidad que ostentaron; a petición suya, fijó una contrafianza por la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional), a fin de que no se ejecutaran las medidas cautelares decretadas en diverso acuerdo del veinticuatro del citado mes y año, señalando que era ilegal (fojas 40 y 41).
"4. Contra esa decisión y la inconstitucionalidad que, en concepto de la parte ahora recurrente impera en los artículos 1179 del Código de Comercio y 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles, promovió demanda de amparo indirecto, en la que en lo que interesa, señaló como actos reclamado los siguientes:
"‘... ii. El proveído de 31 de enero de 2017 dictado en el juicio ordinario mercantil de origen número 222/2017, a través del cual aplicando los artículos que también se reclaman de inconstitucionales se fija a la demandada -hoy tercero interesada- contrafianza para efecto de levantar las providencias precautorias decretadas a favor de esta parte por auto de 24 de enero de 2017; y, como consecuencia de todos y cada uno de los actos que le reclamo al mencionado Juez responsable; iii. La ilegal e injustificada omisión de la referida autoridad judicial responsable de dar y respetar al quejoso la garantía de audiencia previa al acto privativo de derechos, que se materializa en el proveído reclamado dictado dentro del juicio mercantil antes referido. Omisión que se reclama por cuanto a que sin dar vista a mi representado y de manera unilateral determina fijar contrafianza con el objeto de levantar las providencias precautorias decretadas en mi favor por auto de 24 de enero de 2017; iv. Como un efecto natural de todos y cada uno de los actos que se reclaman, también señalo como acto el que se permita a los terceros interesados transgredir los derechos de mis manantes (sic) consignados en los diversos contratos de obra a precio unitario, su derecho al libre ejercicio de su actividad y en general, se vuelva ilusorio el dictado de una sentencia de fondo en el juicio de origen al no encontrase garantizada la materia del mismo ...’
"5. Que dicha demanda se registró con el número de juicio 110/2017-V del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado, cuyo titular la desechó en acuerdo de tres de febrero pasado, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6o., ambos de la Ley de Amparo, en razón de que, en su concepto, el acto reclamado no producía afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, porque el auto que combatió, relativo a la fijación de la contrafianza, no le generaba un agravio definitivo, dado que no le causaba por sí solo un perjuicio, ya que era necesario que el Juez responsable hiciera efectivo el acto para el que se otorgó aquélla, es decir, que fuera entregada por la parte interesada para que se decretara su aprobación por parte de esa autoridad, por ende, el levantamiento de las medidas precautorias concedidas en acuerdo de veinticuatro de enero pasado, ya que dicha condición se encontraba sujeta al actuar de las partes, pudiendo incluso suceder, que no se entregara esa caución por la demandada o que no se obtuviera su aprobación, por lo que, añadió el aludido juzgador federal, sólo representaba la posibilidad de que en un futuro se levantaran las referidas medidas precautorias, ya que esto sólo podía concretarse hasta que la parte interesada presentara esa caución y la responsable emitiera expresamente la orden para que eso ocurriera, siendo a partir de entonces, añadió, que se produciría una afectación que legitimaría a la parte quejosa para solicitar la protección constitucional; agregó el Juez de Distrito, que no era obstáculo para sostener su decisión, que la parte inconforme combatiera la inconstitucionalidad de los artículos 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 1179 del Código de Comercio, ya que la causal de improcedencia analizada respecto de la resolución reclamada, debía hacerse extensiva a las normas generales impugnadas, pues no podía desvincularse su estudio al de su acto de aplicación, sobre el que, como se expuso, resultó improcedente el juicio de amparo promovido.
"Refiere la parte disconforme que, contra lo sostenido por el Juez Federal, el acuerdo que fijó contrafianza para el levantamiento de las medidas cautelares que se le otorgaron dentro del juicio de origen, debe considerarse de ejecución irreparable, por las consecuencias que tiene frente a su esfera jurídica, ya que del artículo 1179 del Código de Comercio, que prevé la figura de la contrafianza se desprende, que la orden de levantamiento se origina a través de la determinación donde se resuelve fijar aquélla, no después, porque si bien no se prevé un mecanismo claro para que opere, lo cierto es que ello obedece en todos los casos, a la previa orden de su levantamiento por parte del Juez, dado que no se fija una contrafianza sin resolver previamente aquélla, ya que la ejecución material de dicha determinación se encuentra condicionada únicamente a la exhibición de la caución fijada, sin que ello implique que se ordene de nueva cuenta su levantamiento, pues éste ya se encuentra desde su fijación misma, hoy reclamada, por tanto, su ejecución se realizará sin vista de la quejosa; por lo que insiste, la resolución de fijación de contrafianza, por su naturaleza intrínseca debe entenderse como de imposible reparación, ya que su exhibición se convierte en un mecanismo de efectividad que supone una ejecución irreparable y es una consecuencia lógica y natural de la primigenia fijación, ante la cual no se cuenta con medio de defensa alguno; por lo que insiste, que la orden de levantamiento importa una afectación de imposible reparación y definitiva en términos del artículo 107 de la ley de la materia.
"En su segundo agravio, afirma la parte disidente, que el Juez constitucional realizó un deficiente análisis del acto reclamado, porque soslayó que el natural, previo a definir el monto de la contrafianza, determinó que ello era para el efecto de que no se ejecutaran las medidas cautelares que decretó en su favor, es decir, para que se levantaran lo que no sujetó a una nueva orden, ni a diversa condición material o jurídica, ya que la exhibición que en su momento se haga de la contrafianza, es un mero acto de ejecución de la decisión ahora reclamada; por lo que resultaba de vital importancia que el Juez de distrito analizara lo apuntado, ya que al no hacerlo, motivó que resolviera que el acto impugnado sólo se trataba de una fijación de contragarantía y que su levantamiento era incierto y futuro; siendo que, insiste, dicho acto lleva implícita, la orden de levantamiento de las medidas cautelares, que no está condicionada, ya que la exhibición de la caución fijada debe entenderse como una consecuencia lógica y natural de ese acto; más aún si se considera, que el Juez Federal soslayó lo manifestado en su demanda de amparo, al no hacer un examen integral de ello, como es, que los actos impugnados los hizo consistir, en la contrafianza fijada para el efecto de levantar las referidas providencias y que su efecto inminente era, que se dejaran de asegurar sus intereses materia de la controversia primigenia, por lo que, contrario a lo sostenido por dicho juzgador, eso sí le causa agravios.
"Sigue diciendo en el tercer agravio, que contra lo sostenido por el Juez de Distrito, la causal de improcedencia que invocó, no es indudable ni manifiesta, para desechar la demandada, por tanto, no tiene sustento al carecer de los elementos materiales y procesales suficientes para llegar a esa conclusión, dado que se requiere de un examen acucioso de las constancias de autos a la luz del acto reclamado, el que sólo puede llevarse al cabo en sentencia definitiva.
"Son fundados los sintetizados motivos de queja, porque como bien lo apunta la parte disconforme, el Juez de Distrito analizó incorrectamente el acto reclamado (específicamente, el auto de treinta y uno de enero pasado, en el que como se expuso, el natural, a petición del ejido demandado, fijó una contragarantía para que no se ejecutaran las medidas cautelares decretadas en favor de la ahora recurrente), al considerar que no producía afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, ahora recurrente, porque la fijación de esa garantía, por sí sola, no le causaba perjuicio, ya que sólo representaba la posibilidad de que en un futuro se levantaran las medidas precautorias, lo cual se presentaría hasta que la parte interesada exhibiera la contrafianza y el natural la aprobara y, con base en ello, ordenara el referido levantamiento.
"Porque adversamente a lo que sostuvo, el análisis integral de la demanda de amparo revela, que la parte disconforme reclamó el precitado acto por la afectación que, por sí misma, estima le causa, el que el Juez de origen accediera a fijar a su adversaria la contragarantía que peticionó para que no se ejecutaran las medidas cautelares decretadas en su favor, tan es así, que además de reclamar la inconstitucionalidad de los artículos en los que apoyó esa decisión, en sus conceptos de violación también hizo valer la ilegalidad que, en su concepto reviste que, sin audiencia de parte interesada, sin analizar las consecuencias que pudiera producir el levantamiento de esas medidas y sin que se actualicen las hipótesis previstas en los numerales invocados por el natural, se fijara la contrafianza con base, únicamente en la solicitud de su adversaria, aduciendo que ello tenía como fin, privarla de los derechos que se encuentran protegidos con el otorgamiento de las referidas providencias.
"En ese sentido no es dable concluir, que el referido acto reclamado no cause a la parte quejosa una afectación a su esfera jurídica, toda vez que al ser la parte actora en el juicio y solicitante de las referidas medidas precautorias, es obvio que está interesada en que éstas subsistan, por lo mismo, cualquier acto de autoridad que tienda a impedir su ejecución, como es el caso del proveído impugnado, le ocasiona un perjuicio en su esfera jurídica.
"Por tanto, al no ser patente ni clara la causal de improcedencia invocada por el Juez Federal, lo procedente será declarar fundado el presente recurso de queja, para el efecto de que deje insubsistente el auto recurrido y, en su lugar dicte otro, en el que prescindiendo de las consideraciones que aquí se estimaron incorrectas, provea sobre la admisión de la demanda de amparo relativa.
En esas condiciones resulta innecesario analizar los restantes agravios que formula la recurrente, acerca de que, contra lo sostenido por el Juez Federal, el acuerdo que fijó contrafianza para el levantamiento de las medidas cautelares que se le otorgaron dentro del juicio de origen, debe considerarse de ejecución irreparable, por las consecuencias que tiene frente a su esfera jurídica, ya que del artículo 1179 del Código de Comercio, que prevé la figura de la contrafianza se desprende, que la orden de levantamiento se origina a través de la determinación donde se resuelve fijar aquélla, no después, porque si bien no se prevé un mecanismo claro para que opere, lo cierto es que ello obedece en todos los casos, a la previa orden de su levantamiento por parte del Juez, dado que no se fija una contrafianza sin resolver previamente aquélla, ya que la ejecución material de dicha determinación se encuentra condicionada únicamente a la exhibición de la caución fijada, sin que ello implique que se ordene de nueva cuenta su levantamiento, pues éste ya se encuentra desde su fijación misma, hoy reclamada, por tanto, su ejecución se realizará sin vista de la quejosa; por lo que insiste, la resolución de fijación de contrafianza, por su naturaleza intrínseca debe entenderse como de imposible reparación, ya que su exhibición se convierte en un mecanismo de efectividad que supone una ejecución irreparable y es una consecuencia lógica y natural de la primigenia fijación, ante la cual no se cuenta con medio de defensa alguno y reitera, que la orden de levantamiento importa una afectación de imposible reparación y definitiva en términos del artículo 107 de la ley de la materia; que contrario a lo resuelto por el Juez Federal, la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) no se fijó ante la incertidumbre de si las medidas se levantarían o no, o si la Juez de origen resolvería sobre la procedencia de su levantamiento, sino que previo a ello, se resolvió no ejecutar las referidas providencias, lo que aun ante su ausencia o ambigüedad, debe entenderse implícito en la determinación que fijó la contrafianza; y que el levantamiento de las medidas cautelares de mérito, le ocasiona un perjuicio de difícil reparación para efectos de la suspensión en el amparo, porque con ello se dejan de asegurar los intereses de la promovente, a pesar de que su propósito es preservarlo durante el tiempo estrictamente necesario para que sea reconocida la obligación exigida por sentencia ejecutoriada, impidiendo que el deudor eluda el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio, por lo que, la orden de levantamiento importa una afectación de imposible reparación y definitiva en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo.
"Lo anterior, al tenor de las razones que expone el criterio jurisprudencial que se comparte, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis número 575, publicada en la página 383 del Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que dice:
"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si se revoca la sentencia dictada por el Juez de Distrito a quo, fallándose favorablemente a los intereses del recurrente por uno de los capítulos de queja, es innecesario que se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en la revisión, pues ello a nada práctico conduciría.’
"Toda vez que obran agregadas al toca en el que se actúa, copia certificada de las constancias que fueron necesarias para documentar esta determinación, o se encuentran reproducidas en ella, con ello se atiende a lo previsto por los artículos 14 y 15, fracción IV, esta última interpretada en sentido contrario, del Acuerdo General conjunto Número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el numeral 3o. de la Ley de Amparo vigente.
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
"ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ********** y **********, todas por conducto de su autorizado **********, contra el auto de desechamiento de demanda de tres de febrero del año en curso, dictado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado, en el juicio de amparo indirecto **********.
"Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente, el que será susceptible de depuración, conforme al supuesto V del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el lapso que establece y agotados, en su caso, los procedimientos indicados en los puntos décimo primero y vigésimo segundo del propio acuerdo.
"Así lo resolvió y firma, por unanimidad de votos, el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados Jaime Julio López Beltrán, Eduardo Francisco Núñez Gaytán y Francisco Javier Villegas Hernández, siendo ponente el tercero de los nombrados, ante la secretaria de Acuerdos licenciada Aida Azucena Castañeda Franco, que autoriza y da fe, hasta hoy nueve de mayo dos mil diecisiete, en la que se terminó de engrosar la presente ejecutoria."
Segunda postura
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo el siguiente criterio, al resolver el amparo en revisión 222/2013, en sesión de seis de junio de dos mil trece:
"TERCERO.-No se examinarán los agravios hechos valer ni las consideraciones que sustentan el auto recurrido, debido a que este órgano colegiado advierte de oficio la actualización de una causal de improcedencia distinta a la invocada por el Juez de Distrito, cuyo análisis es factible realizar conforme lo establece la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 321, que dispone:
"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE CONFIRMAR EL AUTO QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, POR UNA CAUSA DIVERSA A LA INVOCADA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO, SIEMPRE QUE SEA INDUDABLE Y MANIFIESTA.-Conforme al artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo y al criterio sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/99, de rubro: «IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.», el tribunal que resuelve el recurso de revisión interpuesto contra el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, incluso sin analizar la causal de improcedencia de que se trate, puede confirmar el sobreseimiento si advierte probado otro motivo legal para ello. En congruencia con lo anterior, se concluye que dicha facultad es aplicable por igualdad de razón cuando la materia de la revisión es el auto que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, siempre que la causal de improcedencia advertida sea indudable y manifiesta, ya que en este caso también rige el principio de que la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público cuyo análisis puede efectuarse en cualquier instancia sin importar que las partes la aleguen o no. Lo anterior, porque interpretar de manera rigorista el indicado artículo 91 en el sentido de que la facultad mencionada sólo puede ejercerse cuando el sobreseimiento en el juicio se decreta en la audiencia constitucional, no sólo implicaría desconocer el aludido principio, sino que contravendría la garantía de prontitud en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, pues a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para la celebración de la audiencia de ley, en tanto que al existir diversa causa de improcedencia, el órgano revisor podrá invocarla de oficio y arribar a la misma conclusión, es decir, confirmar el auto recurrido y sobreseer en el juicio.’
"En efecto, se surte la hipótesis prevista por el numeral 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 4o., ambos de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado no produce un agravio personal y directo en la esfera jurídica de los inconformes.
"Previo a exponer las razones que sustentan lo anterior, es pertinente destacar que de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, se desprende, entre otras cosas, lo siguiente:
"a) El de origen es el juicio ordinario civil **********, en el que los ahora recurrentes demandaron a ********** y otros, por la nulidad, tanto de la convocatoria como, de los acuerdos adoptados en la asamblea llevada a cabo el diez de febrero de dos mil doce, protocolizada en la escritura quince mil trescientos cuarenta y dos, de veintiséis de abril de dos mil doce, por el notario público seis de Tonalá, Jalisco.
"b) En el ocurso inicial se solicitó la autorización de una providencia precautoria, consistente en la suspensión provisional de los referidos acuerdos, previa caución que se fijara por la autoridad responsable (a fojas 1 a 19 del cuaderno de pruebas, tomo I).
"c) Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil doce, luego de tener a los actores exhibiendo la garantía indicada, se concedió la medida cautelar de mérito en los siguientes términos: ‘Por consiguiente, se ordena girar atento oficio al **********, a efecto de hacerles de su conocimiento que suspendan los acuerdos tomados en la asamblea de fecha 10 diez de febrero del año 2012 dos mil doce, absteniéndose de realizar cualquier acto tendiente a la ejecución de los mismos, hasta en tanto se resuelva mediante sentencia ejecutoriada el presente juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedores a las medidas de apremio que prevé la legislación procesal vigente.-Asimismo, se ordena girar atento oficio a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Delegación Jalisco, a efecto de hacerle de su conocimiento la suspensión de los acuerdos tomados en la asamblea de fecha 10 diez de febrero del año 2012 dos mil doce, y se abstenga de dar trámite al intento de registro de sus archivos al acta de asamblea antes aludida, hasta en tanto se resuelva mediante sentencia ejecutoriada el presente juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedores a las medidas de apremio que prevé la legislación procesal vigente.’ (a fojas 27 del mismo legajo).
"d) Emplazado que fue el mencionado reo **********, al contestar la demanda solicitó, en lo que interesa, el levantamiento de la providencia apuntada (a fojas 130 y 131).
"e) Por auto de tres de septiembre de dos mil doce, se proveyó, en lo conducente: ‘Respecto a lo que solicita, toda vez que con fundament
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27437-bf7b1a19/auto-que-fija-la-contrafianza-para-levantar-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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