RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 508/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. 6 DE JUNIO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: ÓSCAR VÁZQUEZ MORENO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto, del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, de ahí que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes:
I. Criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito
Resolvió el juicio de amparo directo civil **********, del que destacan los antecedentes siguientes:
1. ********** y **********, en su carácter de endosatarias en procuración de **********, demandaron en la vía ejecutiva mercantil, a través de la acción cambiaria, a ********** diversas prestaciones.
2. Seguido el juicio por sus etapas legales, el trece de mayo de dos mil once, el Juez Segundo de lo Mercantil de Durango, Durango, dictó la sentencia correspondiente en el expediente **********, en la que resolvió que la parte actora probó la acción cambiaria ejercida y la demandada no justificó la excepción perentoria de pago que hizo valer.
3. Inconforme con esa determinación, mediante escrito de diecinueve de mayo de dos mil once, la parte reo interpuso recurso de apelación, el cual fue desechado por el Juez de instancia en acuerdo de veinte de mayo siguiente, bajo la consideración de que en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, el recurso no era procedente por razón de cuantía.
4. En virtud de lo anterior y dentro del término a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, la demandada ********** promovió el juicio de amparo directo **********, contra la sentencia de trece de mayo de dos mil once. En sesión de diez de noviembre de dos mil once, el Tribunal Colegiado de referencia dictó la sentencia correspondiente, en la que determinó conceder el amparo solicitado y, para lo que al caso interesa, sostuvo lo siguiente:
"En el caso particular, el acto reclamado es la sentencia de primer grado pronunciada por el Juez Segundo de lo Mercantil de la capital, el trece de mayo de dos mil once, en un juicio ejecutivo mercantil cuya cuantía asciende a cincuenta y cuatro mil ciento veinte pesos como suerte principal, por tanto, no está en la hipótesis de que proceda en su contra el recurso de apelación, al tenor de lo previsto por el artículo 1339 del Código de Comercio. Luego, se está ante una sentencia definitiva respecto de la cual no procede recurso ordinario alguno, cuya impugnación procede en amparo directo, competencia, del Tribunal Colegiado de Circuito. Ciertamente, contra esa sentencia, la aquí quejosa ********** promovió recurso de apelación mediante escrito presentado el diecinueve de mayo del año en curso. Sin embargo, en acuerdo de veinte de ese mes y año, dicho juzgador determinó, con fundamento en el artículo 1339 del Código de Comercio vigente, no admitir el recurso de referencia, toda vez que no es procedente por razón de la cuantía. En virtud de lo anterior, dentro del término a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, ********** promovió demanda de amparo directo contra la sentencia pronunciada por el Juez de instancia, y que es materia de análisis en esta ejecutoria, toda vez que, se repite, se trata de una sentencia definitiva, ya que decidió el juicio en el (sic) principal, respecto de la cual no procede recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada, conforme a lo dispuesto por los artículos 1339, 1340 y 1341, todos del Código de Comercio, vigente a partir de la reforma que entró en vigor el dieciséis de julio de dos mil ocho, los cuales se transcriben enseguida, no sólo como sustento de las consideraciones expuestas anteriormente, sino también para dar respuesta a diverso concepto de violación. Esos numerales son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 1339.’ (se transcribe). ‘Artículo 1340.’ (se transcribe). ‘Artículo 1341.’ (se transcribe). Conforme a los preceptos transcritos, contra las sentencias definitivas dictadas en los juicios mercantiles, procede el recurso de apelación, sólo cuando el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de interposición del recurso; de igual manera, sólo si la sentencia definitiva es apelable, lo serán los autos causantes de perjuicio a la parte interesada no reparable en definitiva, o cuando así lo ordena la ley. En la inteligencia que no es materia de debate el acuerdo que inadmitió la apelación propuesta por la aquí quejosa contra el fallo reclamado. Y esa falta de técnica jurídica no lleva al extremo de considerar que se está ante una resolución que pone fin al juicio, porque el medio de defensa no es apto, en ese caso, para modificar, revocar o anular la sentencia de primer grado y que sea el acuerdo que inadmitió el recurso propuesto el reclamable en amparo directo, porque en ese caso la litis se concretaría solamente a establecer la procedencia o no del recurso, sin entrar al análisis de la sentencia, lo cual generaría estado de indefensión a la quejosa. En esa medida, no se comparte el respetable criterio que sustenta el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/2, consultable en la página setecientos treinta y cinco, Tomo XXXI, junio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Por su parte, el artículo 1334, párrafo primero, del Código de Comercio dispone: ‘Artículo 1334.’ (se transcribe). De conformidad con la norma legal citada, contra cualquier auto que no sea apelable y contra los decretos procede el recurso de revocación. Por tanto, la procedencia o no del recurso de apelación contra la sentencia definitiva, en función de la cuantía del negocio, determina la naturaleza del recurso procedente contra los autos pronunciados en los juicios mercantiles."
II. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región
Resolvió, entre otros, el amparo directo civil ********** (cuaderno auxiliar **********), del que destacan los antecedentes siguientes:
1. **********, por conducto de su representante, promovió juicio ejecutivo mercantil contra **********, por la cantidad de $********** (**********).
2. La parte reo formuló su contestación de demanda.
3. Seguido el juicio en sus etapas, el treinta de septiembre de dos mil nueve, el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos, en el Estado de Chihuahua, dictó la sentencia correspondiente, en la que resolvió que la actora probó su acción, por lo que condenó a la parte reo al pago de la cantidad exigida. Dicha resolución se notificó por lista al demandado el uno de octubre de dos mil nueve.
4. Inconforme con esa resolución, mediante escrito de catorce de octubre de dos mil nueve, ********** interpuso recurso de apelación, atento a lo cual, por acuerdo de quince de octubre siguiente, el Juez del conocimiento resolvió que no había lugar a tener por interpuesto dicho recurso, toda vez que la suerte principal era menor a la prevista por el artículo 1339 del Código de Comercio, por lo que la resolución era irrecurrible.
5. Atento a lo anterior, dentro del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, el demandado promovió juicio de amparo contra la sentencia de treinta de septiembre de dos mil nueve que, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Así, mediante sesión de tres de febrero de dos mil diez, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en auxilio de las labores del citado órgano colegiado, determinó que era legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito en turno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al tenor de las siguientes consideraciones:
"ÚNICO. Este Tribunal Colegiado de Circuito se declara incompetente para conocer del presente asunto, toda vez que en contra de la sentencia que constituye el acto reclamado no procede el juicio de amparo directo. Para una clara precisión, se procede hacer una sucinta reseña de los antecedentes que lo conforman: ... Precisado lo anterior, es necesario destacar algunas cuestiones generales relativas a la procedencia del amparo directo, al órgano jurisdiccional competente para conocerlo, así como lo que debe entenderse por sentencia definitiva para los efectos del amparo, el momento y las razones por las que adquiere ese carácter. El artículo 107, fracción V, incisos b) y c), de la Constitución Federal establece: (se transcribe). A ese respecto, los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo señalan lo siguiente: (se transcriben). También conviene reproducir lo que establece el artículo 37 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice: (se transcribe). De lo anterior, se obtiene que se está en presencia de una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo directo, en los siguientes dos casos: a) Cuando la sentencia decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no concedan ningún recurso ordinario en virtud del cual pueda ser modificada o revocada. b) La sentencia dictada en primera instancia, en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados (las dos partes) hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, siempre que la ley así lo autorice. Ordinariamente, los juicios concluyen con la sentencia que resuelve el juicio en lo principal, sin embargo, existen otros modos en que finalizan sin que se resuelva la materia del fondo de la contienda, por lo que, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Amparo, también es jurídicamente factible promover juicio de amparo directo contra resoluciones que pongan fin al juicio. A ese respecto, el referido artículo 46 precisa que se entenderá por resolución que pone fin al juicio, aquella que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario. Lo anterior, en virtud de que en las distintas etapas de los procedimientos ante los tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, puede suceder que dicho procedimiento no concluya con la sentencia que dirime el asunto en lo principal, pues previo a su dictado se emita una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dé por concluido impidiendo el dictado de la sentencia, por lo que al finalizar la instancia judicial de esa manera, se actualizará el segundo supuesto de procedencia previsto por la Ley de Amparo, respecto a aquellas resoluciones que pongan fin al juicio. Igualmente, en caso de que posteriormente a la sentencia que dirime el juicio en lo principal, se emita una resolución contra la cual no proceda recurso alguno, que surja con motivo de la presentación de un instrumento que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar dicha sentencia, esta última resolución judicial también actualizará el supuesto de ser una resolución que pone el fin al juicio, para la procedencia del juicio de amparo uniinstancial. Respecto de lo anterior, la doctrina ha sido uniforme al establecer que una sentencia carece de firmeza si se encuentra pendiente de resolver impugnaciones en su contra; esto es, que no se puede considerar la sentencia mientras esté sujeta a alguna impugnación, como acto jurídico bajo condición suspensiva, y menos bajo condición resolutoria, sino más bien un elemento que con el concurso de otro podrá llegar a ser la declaración del derecho. Cabe hacer mención, que las diferentes legislaciones prevén los medios para que las sentencias puedan ser recurridas y sometidas a revisión, como es la creación de los tribunales de alzada, así como toda la gama de instituciones jurídicas para esos efectos, como lo es el recurso de apelación, lo anterior, con el fin de que la última decisión en cada uno de esos procedimientos cuente con la seguridad jurídica necesaria. Establecido lo anterior, en el caso aconteció que el demandado en el juicio natural, aquí quejoso, interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil nueve, que resuelve el fondo del asunto, el que, posteriormente, el Juez de origen desechó, con fundamento en el artículo 1345 del Código de Comercio, que establece que será el Juez de origen quien resuelva sobre la admisión del recurso. Posteriormente, el quejoso promovió la presente demanda de garantías señalando como acto reclamado la sentencia de treinta de septiembre de dos mil nueve. La demanda de garantías fue interpuesta a los trece días hábiles posteriores de los que surtió efectos la notificación de la sentencia, es decir, estaba dentro del término establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en cuenta que el juicio de amparo directo únicamente es procedente contra sentencias que resuelvan el juicio en lo principal, así como las resoluciones que sin hacerlo ponen fin al juicio, respecto a las cuales la ley no prevea ningún medio de impugnación; en el presente asunto, la sentencia de treinta de septiembre de dos mil nueve, dictada por el Juez de origen, no constituye una resolución definitiva para los efectos del juicio de amparo directo. En efecto, si bien la sentencia reclamada, de conformidad con el artículo 1339 del Código de Comercio, no reúne el requisito para la procedencia del recurso de apelación, consistente en que el negoció exceda de doscientos mil pesos, por concepto de suerte principal. Sin embargo, lo anterior no es válido para considerar a la citada sentencia como definitiva para efectos del juicio de amparo directo, pues la misma perdió la característica que en el caso le daba la categoría de definitiva, esto es, que daba por concluido el juicio en lo principal, al haberse interpuesto en su contra por el ahora quejoso el recurso de apelación, medio ordinario de defensa que, de conformidad con el artículo 1336 del Código de Comercio, constituye un instrumento establecido dentro del procedimiento mercantil que tiene por objeto revocar o modificar la sentencia de primera instancia. Lo anterior es así, pues la relación procesal en el juicio ejecutivo mercantil de mérito, no se encuentra finalizada con la referida sentencia de primera instancia, pues ésta no tiene la firmeza que requiere una sentencia definitiva, ya que no finalizó la relación procesal, al encontrarse sub júdice al medio de impugnación intentado, por lo que no cumple con los requisitos de procedencia de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo. Es decir, si bien es cierto una sentencia que resuelva el juicio en lo principal, se puede considerar como definitiva, ello se encuentra supeditado no sólo a que la ley que rige la materia no contemple un recurso en su contra, sino, además, que de hecho no se hubiera promovido un medio defensivo capaz de modificarla o revocarla pues, en este último caso, también perderá su definitividad, toda vez que, de hecho, la relación procesal continúa pendiente y sujeta al resultado de dicho medio de impugnación. Lo anterior, pues una impugnación no es más que la continuación del propio procedimiento, por lo que mientras se encuentre pendiente de solución la impugnación, también se encuentra pendiente la solución de la relación procesal. Al respecto, el autor **********, ha establecido lo siguiente: (se transcribe). Por consiguiente, se tiene que en el caso, la resolución que define en definitiva la relación procesal del demandado en el juicio mercantil, no se encuentra en la sentencia de primera instancia aquí reclamada pues, si bien es cierto, de no haber intentado el quejoso el recurso de apelación en su contra, constituiría una sentencia definitiva para efectos del juicio de garantías, pues en tal caso el juicio mercantil hubiera concluido con dicha decisión, sin embargo, para el aquí quejoso, al haber intentado el citado recurso, es evidente que no fue así, sino que el juicio se prolongó mediante el recurso de apelación y, consecuentemente, al auto que lo tiene por desechado. Conviene establecer, que de conformidad a lo establecido por los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, ya analizados, la naturaleza del amparo directo no permite que puedan coexistir en el mismo juicio una sentencia definitiva y una resolución que ponga fin al juicio respecto a las cuales, en ambos casos, proceda el juicio de amparo directo, pues, por su naturaleza y que éste deriva del recurso de casación, únicamente analiza los procedimientos llevados por los tribunales judiciales, administrativos y laborales, una vez que se encuentran concluidos de manera definitiva. Luego, no puede considerarse que si los artículos relativos a la procedencia del juicio de amparo directo la restrinjan a la decisión final que concluye el procedimiento, contemple, asimismo, la posibilidad de su procedencia contra más de una clase de resolución en un mismo juicio. Respecto al tópico que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en sus criterios jurisprudenciales, que los autos que desechan el recurso de apelación o lo declaran ‘inadmisible’, así como los recursos de denegada apelación, constituyen resoluciones que ponen fin al juicio, toda vez que estas determinaciones se asemejan a la sentencia dictada en el recurso de apelación, por lo que dejan firme la sentencia de primer grado, lo que constituye un signo inequívoco de conclusión de juicio. Tienen aplicación al respecto, las dos jurisprudencias emitidas por unificación de la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de números 51/2004 y 97/2008, que al respecto dicen: ‘APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.’ (se transcribe). ‘DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (se transcribe). Cabe señalar, que los anteriores criterios jurisprudenciales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, son de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales, como lo es este tribunal; asimismo, no se advierte que en las anteriores jurisprudencias o de las ejecutorias de las que derivan, se haya contemplado a manera de excepción que en los casos que el recurso intentado no resulte procedente conforme a la ley del acto, deje de considerarse a las resoluciones que no admiten o desechen el recurso de apelación como la resolución que da por concluido al juicio para efectos del juicio de amparo directo. Asimismo, por analogía, tiene aplicación al presente asunto la reciente jurisprudencia de la citada Primera Sala, registrada con el número 03/2010, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y aprobada en sesión de dos de diciembre de dos mil nueve, en la que establece que en los juicios de carácter mercantil, únicamente con la presentación del recurso de apelación es suficiente para acreditar la causa de improcedencia contemplado en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativa a declarar improcedente el juicio de garantías, cuando exista un recurso pendiente de resolver, respecto del acto reclamado; situación que si bien es distinta a la acontecida en el caso en particular, resulta útil para demostrar que el simple pronunciamiento del Juez respecto de la presentación del recurso de apelación (como en el caso aconteció), es suficiente para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa, independientemente que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia. El rubro y texto de la referida jurisprudencia son los siguientes: ‘RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En consecuencia, toda vez que el recurso de apelación y la posterior determinación del Juez de desecharla, tuvieron como efecto la continuación de la relación procesal, se colige que la sentencia de primera instancia reclamada, no es la definitiva para los efectos del juicio de amparo. Entonces, al no ser la reclamada una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo directo, es inconcuso que no se surte la competencia que el artículo 158 de la Ley de Amparo finca en los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que con fundamento en el artículo 47, tercer párrafo, de la ley en cita, este órgano jurisdiccional debe declararse legalmente incompetente y remitir la demanda al Juez de Distrito correspondiente. De conformidad con lo decidido, no es factible analizar la procedencia de la acción constitucional intentada, toda vez que por una cuestión de orden y de principio, es indiscutible que primero debe estudiarse lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional para después definir y resolver lo conducente respecto de la procedencia del juicio, toda vez que la declaración de incompetencia impide al tribunal que así se considere, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, ni siquiera por economía procesal, pues éstas son cuestiones que deben decidirse únicamente por el tribunal competente. Cobra exacta aplicación a la decisión adoptada, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2002, que establece: ‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.’ (se transcribe)."
Al resolver los juicios de amparo directo **********, **********, ********** y **********, el Tribunal Colegiado de referencia reiteró el anterior criterio, mismo que generó la formación de la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXI, junio de 2010
"Tesis: VIII.1o.(X Región) J/2
"Página: 735
"AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA, NO ADMITE O TIENE POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE RESUELVE EL FONDO DEL ASUNTO, PUES CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE AQUÉLLA SE HUBIERE ESTIMADO IRRECURRIBLE DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA. De conformidad con los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 21, de rubro: ‘APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.’, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de sentencias definitivas, o bien, de resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, respecto de las cuales las leyes no concedan recurso ordinario alguno en su contra, esto en virtud de que en las distintas etapas de los procedimientos ante los tribunales judiciales, puede suceder que no concluyan con la sentencia que dirime el asunto en lo principal, y que previo a su dictado se emita una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido impidiendo el dictado de la sentencia, por lo que al finalizar la instancia judicial de esa manera se actualizará el segundo supuesto de procedencia previsto por la Ley de Amparo respecto de aquellas resoluciones que pongan fin al juicio; igualmente, en caso de que posteriormente a la sentencia que dirime el juicio en lo principal se emita una resolución contra la cual no proceda recurso alguno, que surja con motivo de la presentación de un instrumento que de conformidad con su naturaleza sea apto para modificarla, revocarla o nulificarla también se actualizará el supuesto de ser una resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo. Este último supuesto se actualiza si se interpone el recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia que resuelve el fondo del asunto, y éste es desechado, no admitido o se tiene por no interpuesto por estimarse improcedente por irrecurrible de acuerdo con la legislación de la materia, pues independientemente de la procedencia del recurso, lo cierto es que al haberse interpuesto un instrumento que resulta apto, por su naturaleza, para modificar, revocar o nulificar la sentencia que resuelve el asunto en lo principal, la resolución que en definitiva lo desecha o lo tiene por no admitido constituye una resolución que pone fin al juicio, no obstante que haya resultado improcedente. Esto es así, pues ese proveído se equipara a la sentencia de fondo dictada en el recurso de apelación, pues deja firme la sentencia de primer grado, lo que constituye un signo inequívoco de conclusión del juicio. Es decir, debido a que la relación procesal en el procedimiento judicial no se encuentra finalizada con la sentencia de primera instancia, ésta no tiene la firmeza que requiere una sentencia definitiva al encontrarse sub júdice el medio de impugnación intentado, así como la resolución que lo tuvo por no admitido. Cabe resaltar, además, que la naturaleza del amparo directo no permite que puedan coexistir en el mismo juicio una sentencia definitiva y una resolución que ponga fin al juicio respecto de las cuales, en ambos casos, proceda el juicio de garantías uniinstancial, pues por su naturaleza y porque éste deriva del recurso de casación, únicamente analiza los procedimientos una vez que se encuentran concluidos de manera definitiva. En consecuencia, será la resolución que en definitiva desecha o tiene por no admitido el recurso de apelación la que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo.
"Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región."
CUARTO. Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-, aunque legales.
Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23822-26694324/recurso-no-idoneo-la-sentencia-emitida-en-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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