APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 246/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO; EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, EN APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO; Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. SECRETARIAS: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ Y MÓNICA CACHO MALDONADO.
México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintiocho de agosto de dos mil trece, emite la siguiente:
Resolución
1. Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 246/2013, sobre la denuncia planteada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, entre el criterio sustentado por dicho tribunal (similar al que sostiene el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito) y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, cuyo probable tema es resolver, si en términos de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, la procedencia del recurso de apelación conforme a la cuantía del juicio se rige por la norma vigente al momento de presentarse la demanda o si debe aplicarse la ley vigente al momento en que se actualiza el derecho a apelar.
I. Antecedentes
2. Los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, mediante oficio recibido el veintitrés de mayo de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por el tribunal referido (acorde con el emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito), y el que sostiene el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región.
3. Los denunciantes señalaron que la probable contradicción se advierte entre lo resuelto en la ejecutoria del amparo directo 90/2013 (cuaderno auxiliar 209/2013), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, y lo decidido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al resolver el amparo directo 850/2012 (cuaderno auxiliar 1042/2012).
4. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al emitir pronunciamiento en el cuaderno auxiliar 209/2013 de su índice, resolvió que sí era procedente el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia dictada por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, en el Estado de Chiapas, respecto de la cual no procedía recurso alguno a través del cual pudiera ser revocada o modificada porque, con motivo de la reforma al artículo 1339 del Código de Comercio, se incrementó el monto a considerar para la procedencia del recurso de apelación que ascendió a quinientos mil pesos; de ahí que, si dicha reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación conforme al único transitorio de dicho código,(1) sin que el legislador hiciera referencia sobre su aplicación en cuanto a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, debía aplicarse la legislación vigente al momento de dictarse la sentencia y no la vigente al momento de la presentación de la demanda. Tal criterio -dijo el Tribunal Colegiado- coincide con el sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el recurso de reclamación 3/2012, y del cual derivó la tesis «I.11o.C.13 (10a.)», de rubro: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LA LEGISLACIÓN QUE ESTÉ VIGENTE AL MOMENTO DE DICTARSE LA SENTENCIA EN EL JUICIO Y NO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA."
5. En cambio, al resolver el cuaderno auxiliar 1042/2012, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región estimó que, para determinar la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia, en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, debe tomarse en cuenta el valor del negocio a la fecha de presentación de la demanda, que es cuando se determina la cuantía del negocio.
II. Trámite
6. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis. Asimismo, ordenó girar oficios a la presidencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y a la del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, para que remitieran copias certificadas de las ejecutorias de sus respectivos índices, así como su envío a la cuenta de correo electrónico correspondiente, en términos de lo establecido mediante la circular 3/2011-P, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se les requirió para que informaran si el criterio de que se trata se encuentra vigente, o si esto no es así y, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
7. Por acuerdo de siete de junio de dos mil trece, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avocó al conocimiento del asunto; y ordenó enviar los autos al Ministro José Ramón Cossío Díaz, para la elaboración del proyecto respectivo.
8. Posteriormente, en autos de doce, veintiuno y veintisiete de junio de dos mil trece, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte tuvo por cumplido el requerimiento realizado al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y a los Primero y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, respectivamente, quienes remitieron copias certificadas de las resoluciones dictadas en los asuntos que participan en esta contradicción. Así, al estar debidamente integrado el expediente, ordenó que los autos se enviaran al Ministro José Ramón Cossío Díaz, para la elaboración del proyecto respectivo.
III. Competencia
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala. Lo anterior, con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.*
10. No pasa inadvertido para este Alto Tribunal, que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, fue dictada el veinticinco de abril de dos mil trece, esto es, cuando la Ley de Amparo actual ya había entrado en vigor (a partir del tres de abril de dos mil trece); mientras que, tanto la sentencia dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, como la emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, se dictaron con anterioridad a dicha reforma (la primera el veintiséis de abril de dos mil doce en el recurso de reclamación 3/2012, y la segunda el diez de enero de dos mil trece, al resolver el cuaderno auxiliar 1042/2012, correspondiente al amparo directo 850/2012). Sin embargo, cabe destacar que los tres asuntos se resolvieron conforme a la Ley de Amparo abrogada, en conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, vigente que determina que, los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley continuarán su trámite hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, lo que permite que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en condiciones de analizar la posible contradicción suscitada entre los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales mencionados.
IV. Legitimación
11. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado Auxiliar que emitió la resolución de uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
V. Existencia de la contradicción
12. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:(2)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
13. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:
14. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al resolver el juicio de amparo directo DC. 90/2013 (identificado como cuaderno auxiliar 209/2013 de su índice), analizó un asunto con las siguientes características:
a) Por escrito presentado el siete de junio de dos mil once, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles del Distrito Judicial de Comitán, en el Estado de Chiapas, el actor demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de $********** (**********), por concepto de suerte principal.
b) El diez de junio posterior, el Juez al que correspondió conocer del asunto, radicó el juicio ejecutivo mercantil número 599/2011, y dictó auto de exequendo.
c) En el proceso, el actor otorgó endoso en propiedad a favor de otra persona, datos que se insertaron en el título ejecutivo y de lo que proveyó en sus términos el Juez del conocimiento.
d) Seguido el juicio, el cuatro de diciembre de dos mil doce, se emitió la sentencia definitiva que acogió la pretensión iniciada por el actor original y seguida por el endosatario en propiedad, condenó al pago de la suerte principal, de los intereses moratorios y de las costas del juicio; asimismo, concedió a la enjuiciada el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que fuera legalmente ejecutable la resolución, para hacer pago de las prestaciones con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se procedería al remate de los bienes embargados. Tal resolución fue el acto reclamado en el juicio de amparo.
15. Al analizar la procedencia del juicio de amparo, en relación con el principio de definitividad, el tribunal emitió las consideraciones que enseguida se sintetizan:
• La sentencia dictada por el Juez del conocimiento constituye una sentencia definitiva en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, pues decide el juicio en lo principal, y respecto de ella, la ley aplicable no concede recurso alguno por virtud del cual pueda ser modificada o revocada.
• En la fecha en que se presentó la demanda, los autos y resoluciones dictadas en el juicio, incluso la sentencia, admitían el recurso de apelación, en los términos previstos en el artículo 1339 del Código de Comercio entonces vigente. Sin embargo, en la fecha que se dictó el fallo impugnado -cuatro de diciembre de dos mil doce-, el mencionado precepto ya había sido modificado en el sentido de incrementar el monto dispuesto para la procedencia del indicado recurso, a la suma de $********** (**********). Al respecto, conforme al transitorio único de dicha reforma, ésta entró en vigor "al día siguiente de su publicación",(3) sin que el legislador hiciera referencia o exclusión alguna sobre su aplicación a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
• De acuerdo con el artículo 1339 del Código de Comercio, vigente a partir del diecisiete de abril de dos mil ocho y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once, la sentencia reclamada de cuatro de diciembre de dos mil doce, se incluyó en el supuesto de aquellas que no admiten recurso de apelación, porque en el transitorio de la reforma el legislador no hizo salvedad alguna, en relación con los juicios que se encontraran en trámite al momento de la entrada en vigor de dicha disposición.
• En mérito de lo anterior, si el artículo 1339 del Código de Comercio (ya vigente el cuatro de diciembre de dos mil doce), establece que sólo serán apelables las sentencias recaídas en juicios mercantiles cuyo monto sea mayor a $********** (**********), por concepto de suerte principal, se estima que la resolución impugnada en amparo, no es de aquellas que admiten apelación, debido a que la cuantía que ventila a la fecha de interposición del recurso es de $********** (**********), y al no existir algún otro medio ordinario de defensa por el que pudiera ser modificada o revocada, tiene el carácter de definitiva; y, en consecuencia, en su contra es procedente el amparo uniinstancial.
16. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el recurso de reclamación 3/2012, interpuesto por el tercero perjudicado en contra del auto de presidencia que admitió a trámite la demanda de amparo directo donde el acto reclamado fue la sentencia definitiva dictada por el Juez del conocimiento. El trámite del asunto tuvo las siguientes características:
a) Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil diez, las actoras demandaron en la vía ordinaria mercantil (con aplicación de la Ley sobre el Contrato de Seguro) a **********, el pago de $********** (*********), por concepto de suerte principal, derivado de un contrato de seguro de vida; intereses moratorios, daños y perjuicios y los gastos y costas del juicio, entre otras prestaciones.
b) El conocimiento del asunto correspondió al Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente 452/2010.
c) Seguido el juicio, el trece de febrero de dos mil doce, se emitió la sentencia definitiva que acogió, en parte, la pretensión de la demandante y condenó a la enjuiciada al pago de $********** (**********), así como al pago de intereses moratorios. Tal resolución fue el acto reclamado en el juicio de amparo, que fue admitida por auto de presidencia de quince de marzo siguiente.
d) En contra de la admisión mencionada, la tercera perjudicada (actora en el juicio de origen) interpuso el recurso de reclamación resuelto por el Tribunal Colegiado.
17. Al analizar los agravios expresados, el órgano jurisdiccional emitió las consideraciones que enseguida se sintetizan:
• El Tribunal Colegiado precisó que la causa de improcedencia invocada por la tercera perjudicada encontraba fundamento en el artículo 73, fracción XIII, y no en la fracción XI de esa disposición, como lo adujo la reclamante.
• No obstante lo anterior, desestimó por inoperantes los agravios relativos a ese tema porque, aun en el caso de que fuera fundada la causal invocada por la tercera perjudicada, ello no llevaría al desechamiento de la demanda, sino que involucraría un tema de competencia. Esto es, el Tribunal Colegiado consideró que, de estimarse fundada la causa de improcedencia, el acto reclamado no constituiría una sentencia definitiva y, en todo caso, correspondería a un Juez de Distrito resolver sobre la admisión o desechamiento (por improcedencia) de la demanda de amparo.
• Una vez sentado lo anterior, el órgano jurisdiccional explicó que la sentencia de trece de febrero de dos mil doce, dictada por el Juez del conocimiento constituye una sentencia definitiva, en términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, pues decidió el juicio en lo principal, y respecto de ella, la ley aplicable no concede recurso alguno en virtud del cual pueda ser modificada o revocada.
• Lo anterior, dijo, porque la interpretación de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil doce, que entró en vigor el uno de enero del mismo año, lleva a sostener la inimpugnabilidad, mediante recursos ordinarios de la sentencia reclamada.
• Al respecto, consideró que los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, en su texto anterior, correspondiente a la reforma de diecisiete de abril de dos mil ocho, vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once, establecían la recurribilidad de las resoluciones y sentencias dictadas en negocios cuyo valor excediera de doscientos mil pesos. A partir de ello y en atención a los antecedentes del asunto, consideró que la cuestión a dilucidar en el recurso de reclamación era resolver si el acto reclamado tenía o no el carácter de sentencia definitiva -por razón de la cuantía-, en términos de los artículos mencionados.
• Para dar respuesta a ese cuestionamiento, el Tribunal Colegiado consideró que en virtud de la reforma a los preceptos mencionados, publicada el nueve de enero de dos mil doce, la cuantía para efectos de procedencia del recurso fue incrementada a ********** y que, conforme al transitorio único de dicha reforma, ésta entró en vigor el uno de enero de ese año, sin que el legislador hiciera referencia o exclusión alguna sobre su aplicación a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, por ende, el órgano jurisdiccional resolvió que, si el acto reclamado se dictó durante la vigencia de esas normas, no había razón fundada para afirmar que tales disposiciones no le eran aplicables.
• Para sustentar su decisión, el tribunal de amparo explicó la teoría de los componentes de la norma, que parte de la base de que toda norma contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que, si el supuesto se realiza, debe producirse la consecuencia. Existen tres hipótesis: a) Cuando durante la vigencia de una ley se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia jurídica, si con posterioridad a ello entra en vigor una nueva disposición, ésta no podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto y consecuencia; b) Cuando la norma establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas, si dentro de la vigencia de esa norma se actualiza el supuesto y no todas sus consecuencias, sino solamente alguna o algunas de ellas, una nueva ley no podrá variar las ya ejecutadas; y, c) Cuando la norma legal contempla un supuesto integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia, en tal evento, si bajo el tiempo de vigencia de la citada disposición se actualiza alguno de esos actos parciales o supuestos, la nueva legislación que se expida no podrá variar los ya producidos, de donde se deriva que, si alguno de esos actos parciales o supuestos previstos por la disposición anterior que no se ejecutaron durante su vigencia, son modificados por la nueva norma, tal acto o supuesto va a generarse bajo el imperio de la nueva ley y, consecuentemente, son a las determinaciones de ésta a las que habrá de supeditarse su realización, así como la consecuencia jurídica que deba producirse.
• Precisado lo anterior, el órgano colegiado estimó que en el caso que resolvía, se actualizó la última hipótesis mencionada, porque aun cuando los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, en su texto anterior, preveían que la sentencia que se dictara en el juicio sería apelable siempre y cuando el valor del negocio excediera de doscientos mil pesos, por concepto de suerte principal, lo cierto fue que uno de los actos parciales o supuestos previstos por la ley anterior, no se actualizó durante el tiempo de vigencia de ésta, de manera que no pudo producir la consecuencia jurídica (derecho de apelar), pues la sentencia se dictó durante la vigencia de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, reformado y vigente a partir del uno de enero de dos mil doce, que disponen que los asuntos que no excedan de quinientos mil pesos serán inapelables.
• Luego, si la demanda que dio origen al juicio ordinario mercantil en la que se reclamó como suerte principal la cantidad de $********** (**********), se presentó el trece de agosto de dos mil diez, y la sentencia definitiva se dictó el trece de febrero de dos mil doce, es claro que ese último acto se dictó bajo la vigencia de la normatividad reformada y, por ende, no procedía recurso de apelación en su contra, máxime que, tratándose de normas procesales, por regla general, las partes en litigio no adquieren derecho alguno para que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento vigentes en el momento de inicio del juicio, ya que los derechos y las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa de aquél, por lo que cada una de sus fases se rige por la norma vigente en que se desarrolla, a menos de que el legislador haya establecido expresamente algo diferente, lo que no ocurrió en el caso.
• Además, el tribunal dijo no pasar inadvertida la expresión contenida en el artículo 1339 del Código de Comercio, que dice: "... fecha de presentación de la demanda ..."; sin embargo, en su opinión, tal expresión se empleó por el legislador como punto de referencia y solamente como indicativa de que para establecer la cuantía del negocio no se deben tomar en cuenta los intereses y accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. De todo lo anterior, concluyó que la sentencia reclamada era una sentencia definitiva y, por ende, confirmó el auto de presidencia impugnado que admitió a trámite la demanda de garantías en la vía de amparo directo.
18. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al resolver el juicio de amparo directo DC. 850/2012 (identificado como cuaderno auxiliar 1042/2012 de su índice), analizó un asunto con las siguientes características:
a) Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil once en la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, la actora demandó en la vía ordinaria mercantil (con aplicación de la Ley sobre el Contrato de Seguro) a **********, el cumplimiento de diversas prestaciones, entre ellas, las siguientes: liberarla del pago del deducible por $********** (**********), el pago de la renta mensual por la cantidad de **********, hasta la culminación del juicio, por concepto de daños y perjuicios y la cantidad de $********** (***********), como pago total del vehículo asegurado.
b) La demanda fue admitida y registrada por el Juez del conocimiento con el número 442/10-2011-1M.
c) Seguido el juicio, el seis de julio de dos mil doce, se emitió la sentencia definitiva que acogió, en parte, la pretensión de la actora, resolvió que ésta no debía hacer el pago del deducible; ordenó la entrega del vehículo asegurado; condenó a la aseguradora a pagar la cantidad de $********** (**********), por concepto de deducible, con motivo del incumplimiento reclamado; absolvió a la demandada del pago del valor del vehículo, en virtud de que el siniestro ocurrido no fue por "daño total" y, finalmente, la condenó al pago de los gastos judiciales, daños y perjuicios, y al pago de la tenencia del vehículo que hizo la parte actora. Tal resolución fue el acto reclamado en el juicio de amparo.
19. Al analizar la procedencia del juicio de amparo, en relación con el principio de definitividad, el tribunal emitió las consideraciones que enseguida se sintetizan:
• Después de explicar los alcances de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, el órgano jurisdiccional concluyó que la sentencia de seis de julio de dos mil doce, que constituye el acto reclamado, no es una sentencia definitiva, en virtud de que, en su contra, procede un recurso ordinario (apelación), en virtud del cual puede ser modificada o revocada.
• En el caso, es aplicable el artículo 1339 del Código de Comercio vigente en el momento de la promoción del juicio ordinario mercantil (veintisiete de junio de dos mil once), según el cual, se debe tomar en cuenta el valor del negocio a la fecha de presentación de la demanda.
• Según el precepto aplicable, el recurso de apelación procede contra sentencias definitivas cuando recaigan en asuntos cuyo valor exceda de doscientos mil pesos actualizados por concepto de suerte principal, sin considerar accesorios, reclamados a la fecha de presentación de la demanda. En el caso específico, al momento de la presentación de la demanda, la suma actualizada prevista en tal disposición ascendía a $********** (**********), en tanto que la suerte principal de lo demandado ascendió a la cantidad de $********** (**********) como valor del vehículo, sin contar el resto de las prestaciones que no fueron determinadas en cantidad líquida.
• Entonces, si el monto del negocio es superior a los $********** (**********) que, como mínimo, exige el artículo 1339 del Código de Comercio, para la procedencia del recurso de apelación, el Tribunal Colegiado concluyó que la sentencia reclamada era impugnable, mediante el recurso de apelación que, al no haberse interpuesto, dio lugar a declarar su incompetencia legal y la remisión de la demanda con sus anexos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, para proveer lo conducente.
20. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los tres asuntos que contienden en esta contradicción de tesis se refieren a juicios mercantiles, a los que les resultan aplicables los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio; asimismo, en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada, ya que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región sostiene que la recurribilidad o irrecurribilidad del juicio, mediante apelación, se establece según la regla prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, vigente al momento de presentarse la demanda; en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en similares términos al criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, estimó que las normas rectoras deben ser las vigentes al momento en que surgió el derecho de apelar, lo que -en los casos que se analizan- se verificó en el momento en que se dictó el fallo impugnado, no así cuando se inició el trámite del juicio relativo.
21. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta: En términos de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, la procedencia del recurso de apelación conforme a la cuantía del juicio ¿se rige por la norma vigente al momento de presentarse la demanda o por la vigente cuando se actualiza el derecho a apelar?
VI. Consideraciones y fundamentos
22. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis de que, por regla general, la norma que determina la procedencia del recurso de apelación conforme a la cuantía del juicio en los procedimientos mercantiles, debe ser la vigente al momento en que se genera el derecho a apelar, en virtud de que se trata de una norma procesal que, por su naturaleza, se actualiza conforme se van sucediendo las distintas etapas o estadios del procedimiento, la cual admite como excepción la afectación a derechos adquiridos o cuando el legislador ordena en forma expresa una aplicación distinta, como se demuestra enseguida.
23. El artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, fórmula en la cual se recoge el principio de irretroactividad de las leyes que vincula a toda autoridad, i
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24679-c2f41a48/apelacion-en-el-juicio-mercantil-para-la-procedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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