JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL CONTRATADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 354/2015. SUSCITADA ENTRE EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 21 DE JUNIO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.
III. Competencia
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en términos de la tesis aislada del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).".(3) Así como en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
IV. Legitimación
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
V. Existencia de la contradicción
9. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.
11. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil 598/2015, analizó un asunto con las siguientes características:
a) La parte actora demandó en la vía oral mercantil, el pago de varias cantidades, por el incumplimiento del contrato de crédito con garantía hipotecaria celebrado entre las partes.
b) El Juez de Distrito al que correspondió conocer del asunto, estimó que la vía hecha valer era procedente, porque la demanda se presentó una vez que entraron en vigor las disposiciones que instauraron el juicio oral mercantil, por lo que dictó sentencia de fondo (condenatoria).
c) Inconforme con tal resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo.
12. Al analizar los conceptos de violación, el Tribunal Colegiado negó el amparo bajo las consideraciones que enseguida se sintetizan:
• Son infundados los conceptos de violación en los que se alega que el Juez de Distrito debió analizar oficiosamente que la vía oral mercantil intentada resultaba improcedente, en razón de que el contrato fundatorio se suscribió el nueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho y, por tanto, le eran aplicables las reglas del Código de Comercio anteriores al decreto de reformas publicado el trece de junio de dos mil tres, acorde con lo establecido en el transitorio único, esto es, no podía retrotraerse lo dispuesto en el artículo 1055 Bis de la ley mercantil.(5)
• Lo anterior, porque contrario a lo argumentado por el quejoso, si bien es cierto que los presupuestos procesales deben estudiarse de oficio, el juzgador acertadamente consideró procedente la vía oral mercantil en el juicio de origen.(6) Esto es así, pues conforme al contenido del artículo 14 de la Constitución Federal -irretroactividad de la ley-, por regla general, las normas procesales son las vigentes al momento de promoverse la acción, salvo los casos en que existan derechos adquiridos o disposiciones transitorias que prevean una vigencia específica del supuesto normativo.
• Al respecto, mediante decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, se adicionó al Código de Comercio el juicio oral mercantil, en cuyos transitorios se estableció que entraría en funcionamiento un año más tarde de la publicación de dicho decreto. Posteriormente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil doce, se aprobaron diversas reformas al Código de Comercio, entre otras, adecuaciones al sistema oral mercantil, específicamente, la adición del numeral 1390 Bis 50(7) y, según el artículo transitorio segundo, ese decreto entraría en vigor el veintisiete de enero de dos mil doce; sin embargo, en el transitorio tercero, se determinó que hasta el primero de julio de dos mil trece, se tendría como plazo máximo para hacerse efectivas las reformas y acatar las disposiciones del juicio oral.
• De ahí que, el tribunal federal estimó que la vía elegida en el juicio natural resultaba procedente, en virtud de que la demanda de origen se presentó el veintitrés de octubre de dos mil catorce, esto es, una vez que entraron en vigor las disposiciones que instauraron el juicio oral mercantil.
• Además, en el caso, no se actualizó una causa de excepción a la regla general para la aplicación de las normas procesales, consistentes en: a) en aquellos casos en que existan derechos adquiridos o, b) cuando el legislador disponga expresamente en las disposiciones transitorias una vigencia específica del supuesto normativo; en tanto que, en el acto no se introdujo un bien, una facultad o un provecho al patrimonio del actor y "que por el hecho efectuado no pueda afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en ese acto, ni por una disposición legal en contrario", es decir, un derecho adquirido.
• Por el contrario, se trata de una expectativa de derecho, donde sólo se tiene la esperanza para que se realice una situación jurídica concreta, la cual no forma parte de su patrimonio, dado que el ejercicio de la acción de pago a través de la vía oral mercantil, depende de que el deudor en el crédito fundatorio incurra en incumplimiento, para que nazca el derecho a solicitar la intervención del Juez mercantil en la vía oral para obtener el pago. Además, se precisó que aunque el crédito base de la acción, se garantizó mediante la hipoteca, en el caso no se solicitó la ejecución de ésta, sino únicamente el pago de la deuda.(8)
• Por otro lado, el órgano de amparo señaló que los artículos transitorios de las reformas referidas no establecieron limitante en cuanto a que no se aplicaran a créditos contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor, de forma que tampoco se actualizó el supuesto identificado con el inciso b) de las excepciones a la regla general para la aplicación de las normas procesales.(9)
• Asimismo, adujo que no era necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 1055 Bis del Código de Comercio y su transitorio,(10) reformado mediante decreto publicado el trece de junio de dos mil tres, pues de su contenido, no se advierte que en dicha fecha se hubiera implementado en los juicios mercantiles la procedencia del juicio oral, pues sólo establece que tratándose de créditos con garantía real, el acreedor podrá ejercer sus acciones en juicio ejecutivo, ordinario, especial sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo con la legislación mercantil o civil. Por tanto, la vía elegida por el actor, debe ser la que determine la norma procesal. Al respecto, afirmó que fue hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de enero de dos mil doce, en la que se adecuó el artículo 1055 del Código de Comercio, para incluir expresamente al juicio mercantil oral.
• En ese orden, el Tribunal Colegiado sostuvo que no compartía los criterios sostenidos por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en las tesis aisladas XXVII.3o.15 C y VI.2o.C.35 C, respectivamente, de rubros: "JUICIO ORAL MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EN RELACIÓN CON CRÉDITOS PACTADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS HASTA ANTES DE LA REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL TRES." y "JUICIO ORAL MERCANTIL. LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2011, NO LE SON APLICABLES CUANDO LA PRETENSIÓN DERIVA DE CRÉDITOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA DE 13 DE JUNIO DE 2003."
13. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, resolvió un asunto (juicio de amparo directo civil 90/2013) con las características siguientes:
a) El banco actor demandó en la vía oral mercantil de una persona física, la declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre las partes, así como el pago de varias cantidades.
b) El Juez del conocimiento admitió el juicio oral mercantil. Dictó sentencia en la que declaró improcedente dicha vía y dejó a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía que estimaran procedente.
c) Inconforme con tal resolución, el banco actor promovió juicio de amparo directo, en el que se resolvió negar la protección federal.
14. Al dar respuesta a los conceptos de violación formulados por el quejoso, el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente:
• Calificó de infundados los conceptos de violación en los que se adujo que la responsable debió declarar procedente la vía oral mercantil intentada, en razón de que la parte actora promovió el juicio con base en un contrato de apertura de crédito simple celebrado el quince de agosto de dos mil dos y, por tanto, le eran aplicables las reglas del Código de Comercio anterior a la reforma de trece de junio de dos mil tres.
• Al respecto, precisó que desde las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil tres, se introdujo el artículo 1055 Bis en el Código de Comercio, en el que se determinó para los créditos con garantía real, diversas vías judiciales para reclamar su pago; asimismo, se reformó el artículo 1063 del mismo ordenamiento legal, que dispone que para los procedimientos ahí contemplados se debía atender a las leyes de comercio y, en su caso, al Código Federal de Procedimientos Civiles. De ahí que, las citadas reformas sustancialmente cambiaron la estructura procesal de los juicios de carácter mercantil, ya que establecieron normas adjetivas diversas a las vigentes.
• Luego, continuó el órgano federal, en el artículo único transitorio,(11) el legislador fincó la permanencia de las reglas aplicables a los créditos contratados con antelación a la reforma de trece de junio de dos mil tres, en los términos en que fueron contratados. De ahí que, los créditos otorgados con anterioridad a la vigencia de la norma que establece la procedencia de nuevas formas de juicio para los créditos con garantía real, no pueden retrotraerse, porque la norma de tránsito implementó su vigencia y lo prohíbe expresamente.
• De ese modo, si el juicio oral mercantil, proviene de un proceso evolutivo de reforma al artículo 1055 Bis del Código de Comercio que introduce las diferentes vías de procedencia de impugnación de los créditos con garantía hipotecaria, dada la restricción que se estableció en el artículo transitorio de la referida reforma, es improcedente la vía oral mercantil pretendida, porque el contrato fundatorio corresponde al año dos mil dos, fecha en la que únicamente se establecía la vía ordinaria.
• Lo anterior, en la inteligencia de que si bien el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil once, establece la introducción, vigencia y aplicación del juicio oral mercantil, no impone restricción alguna, ello no fue soslayado por el juzgador responsable, sino que atendió a las reglas que aplican tanto sustantiva como procesalmente al contrato base de la acción, sin que se les pueda aplicar retroactivamente las reformas de las que excepcionó el propio legislador.
• Asimismo, estuvo ajustado a derecho que el Juez Federal considerara que si bien las normas procesales que rigen son las vigentes, existen casos excepcionales que pueden preverse en un artículo transitorio del decreto que las introdujo, tal y como aconteció en el caso, pues el legislador al dictar el diverso decreto de trece de junio de dos mil tres, en su transitorio único limitó la aplicación de las reformas a aquellas obligaciones mercantiles que fueran contratadas posteriormente a su vigencia y excluyó a aquellos créditos que fueron contratados en fecha anterior a la entrada en vigor de esa reforma. Así, la interpretación de la norma transitoria, se sustenta en la realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del artículo transitorio del decreto que reformó el Código de Comercio en mil novecientos noventa y seis, en razón de que son sustancialmente iguales;(12) sin que para ello deba atenderse a la vigencia de las normas interpretadas, pues la aplicación de la jurisprudencia no puede ser retroactiva, en tanto que constituye un criterio de interpretación, que precisa, delimita y define el contenido de la norma.(13)
• Bajo esas condiciones, el Tribunal Colegiado estimó que, resultaban aplicables las jurisprudencias 1a./J. 4/2011 (10a.) y 1a./J. 54/2006,(14) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte, así como las consideraciones expuestas en las contradicciones de tesis de las cual derivan, porque ambas se refieren al tema de la aplicación de normas procesales vigentes en cuya reforma que las introduce, el legislador previó en su artículo transitorio una regla de excepción para determinados casos, esto es, la no aplicación para el caso de que se trate de créditos pactados con antelación a la entrada en vigor de las disposiciones reformadas.
• De esta resolución derivó la tesis aislada XXVII.3o.15 C (10a.), de rubro y texto siguientes:
"JUICIO ORAL MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EN RELACIÓN CON CRÉDITOS PACTADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS HASTA ANTES DE LA REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL TRES. El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil once establece la introducción, vigencia y aplicación del juicio oral mercantil, pero para la procedencia de esta vía debe atenderse a la evolución legislativa del Código de Comercio. Lo anterior, porque la reforma a este ordenamiento de trece de junio de dos mil tres es la que introduce el artículo 1055 Bis que regula la procedencia de los juicios ejecutivo, mercantil, ordinario, especial y sumario hipotecario para los créditos con garantía real, y en cuanto a normas procesales modifica el diverso 1063 para prever la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles, relevando a la ley procesal local respectiva; estos cambios estructurales en materia de procedimientos, a la postre, redundaron en la creación del juicio oral. Debe destacarse por tanto, que el decreto de dicha reforma en su única disposición transitoria excluyó la aplicación de esas disposiciones a los créditos contratados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, aun tratándose de novación o reestructuración de créditos. Así, el legislador en la norma de tránsito limitó la procedencia de las reformas que en forma estructural sufrió el Código de Comercio únicamente para aquellos créditos que se contrataran a partir del catorce de junio de dos mil tres. Por tanto, si el juicio oral mercantil proviene del progreso normativo del artículo 1055 Bis del Código de Comercio, esta vía será improcedente en relación con los créditos pactados, novados o reestructurados hasta antes de la reforma de trece de junio de dos mil tres."(15)
15. Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 362/2013, analizó un asunto con las características siguientes:
a) La institución bancaria actora demandó en la vía oral mercantil de una persona física, la declaración del vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, así como el pago de varias cantidades.
b) El Juez del conocimiento admitió la demanda. Dicho juzgador dictó sentencia en la que resolvió declarar la improcedencia de la vía oral mercantil, por lo que dejó a salvo los derechos de la parte actora, para que los hiciera valer en la vía y la forma que legalmente correspondiera.
c) En contra de esa resolución, la enjuiciante promovió juicio de amparo directo, en el que se negó el amparo.
16. Al analizar los conceptos de violación expresados, el órgano jurisdiccional emitió las consideraciones que enseguida se sintetizan:
• Son infundados los conceptos de violación, pues contrario a lo alegado por la quejosa, resulta acertado que la Juez responsable hubiera declarado la improcedencia de la vía mercantil, toda vez que en términos del artículo 14 constitucional y lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(16) a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
• Al respecto, el órgano de amparo consideró que de lo dispuesto en el artículo único transitorio del decreto de trece de junio de dos mil tres, para efectos de la aplicabilidad de las normas reformadas, se advierte que el legislador tomó en cuenta la fecha en que se verificó el acto jurídico que dio origen al crédito o a la relación contractual; en tanto que, en los transitorios de las reformas al Código de Comercio, publicadas el veintisiete de enero de dos mil once, relativas a las normas que introdujeron el juicio oral mercantil, el legislador determinó solamente que entrarían en vigor al año siguiente de su publicación.
• En ese orden, agregó el tribunal federal, en cuanto al alcance de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil trece, en la exposición de motivos contenida en la iniciativa del Ejecutivo se estableció, entre otras cuestiones, modificar la supletoriedad en materia de procedimientos mercantiles, para que en lugar de aplicar la ley de procedimientos locales respectiva, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego, una vez aprobada la iniciativa en mención, se estableció en el artículo único transitorio, la no aplicación de las reformas a los créditos contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de éstas ni aun tratándose de novación o reestructuración de créditos, esto es, una excepción de aplicación a las reformas.
• Así, del contenido del proceso legislativo, se advierte que el propósito fundamental de las reformas al Código de Comercio fue en un aspecto sustantivo, incentivar las operaciones crediticias y, en un aspecto adjetivo, agilizar los procedimientos para la resolución de controversias derivadas de esas contrataciones, especialmente, lo relativo a la ejecución de las garantías, reestructurando diversas operaciones crediticias. De ahí se advierte que la intención del legislador fue excluir la aplicación de las reformas al Código de Comercio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil tres, a un determinado sector de la población, es decir, a aquellas personas que tuvieran contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas, aun cuando los hubieran novado o reestructurado posteriormente.
• De ese modo, aun cuando en los artículos transitorios del decreto de veintisiete de enero de dos mil once, que instauró el juicio oral mercantil, no se mencionara su ámbito temporal de validez, vinculado al momento de la contratación de los créditos, dicho decreto no puede tener aplicación en asuntos que se refieren a créditos contraídos con anterioridad a las reformas del dos mil tres. Lo anterior, porque si bien es cierto que el artículo único transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres, excluye de la aplicación de ésta a los créditos contratados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto y que, en principio, no tiene el alcance de exceptuar la aplicación de futuras reformas, como es el caso de las que acontecieron en dos mil once y que instauraron el juicio oral mercantil, no puede desconocerse el impacto que dicha disposición transitoria genera sobre la aplicabilidad de la última reforma referida.
• Además, para el Tribunal Colegiado, la pretensión de que se aplique el Código de Comercio anterior a las reformas del dos mil tres, con los artículos adicionados en el dos mil once, que instauran la vía oral mercantil, generaría incertidumbre jurídica, complejidad e inconsistencias; máxime, en los casos en que sea necesario recurrir a la supletoriedad de la referida legislación mercantil.
• Por tanto, en virtud de que el artículo único transitorio del decreto de reformas al Código de Comercio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres, impide que deban aplicarse esas reformas a créditos contratados con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto, resulta improcedente la vía oral mercantil elegida por el demandante.(17)
• De la anterior resolución derivó la tesis VI.2o.C.35 C (10a.), de rubro y texto siguientes:
"JUICIO ORAL MERCANTIL. LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2011, NO LE SON APLICABLES CUANDO LA PRETENSIÓN DERIVA DE CRÉDITOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA DE 13 DE JUNIO DE 2003. Aun cuando los artículos transitorios del decreto de reformas al Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, nada hubieran mencionado en relación con su ámbito temporal de validez, vinculado al momento de la contratación de créditos llevados a juicio; lo cierto es que este decreto no puede tener aplicación en asuntos que se refieran a créditos contraídos con anterioridad a las reformas de 2003, porque el artículo único transitorio de la reforma publicada en el referido medio de difusión oficial el 13 de junio del indicado año, excluye de la aplicación de ésta a los créditos contratados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto; lo que si bien, por la forma en que fue redactado, no tiene el alcance de exceptuar la aplicación de futuras reformas, como es el caso de las que acontecieron en 2011 y que instauraron el juicio oral mercantil, no puede desconocerse el impacto que dicha disposición transitoria genera sobre la aplicabilidad de las reformas mencionadas en último lugar. Así, presentada la demanda en fecha posterior a la entrada en vigor del decreto publicado en 2011, cuya pretensión se sustenta en un crédito contratado con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas de 2003, al resolver sobre las normas aplicables, debe considerarse que sujetar la controversia al Código de Comercio reformado en 2011, llevaría a aplicar de manera implícita las disposiciones reformadas en 2003, situación que contraviene lo que expresamente prohibió el legislador en el sentido de que no deben aplicarse las reformas a aquellas personas que hayan contraído créditos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto. Tampoco resultaría viable la aplicación del Código de Comercio anterior a 2003, así como la parte reformada de esta legislación en 2011, que estableció la vía oral mercantil, porque la aplicación exclusiva de los artículos que fueron reformados daría lugar a inconsistencias, pues las citadas reformas de 2003 marcaron una diferencia notable en cuanto a la legislación aplicable supletoriamente en materia mercantil. Por tanto, la única solución posible es la aplicación de la legislación vigente antes de las reformas publicadas en 2003, en tanto que el único artículo transitorio del decreto de reformas impide que se apliquen a créditos contratados con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto."(18)
17. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes hay un punto de disenso, respecto a la cuestión jurídica analizada, ya que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostiene que, para determinar la procedencia del juicio oral mercantil debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda y no a la fecha de celebración del contrato, de manera que si al momento de que el actor ejerció su acción ya estaban vigentes los preceptos legales que instauraron el juicio oral mercantil dicha vía es procedente; sin que sea aplicable el artículo 1055 y el único transitorio de la reforma al Código de Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres, ya que en ese momento estaban regulados los juicios mercantiles ordinarios, ejecutivos y los especiales previstos en las leyes comerciales, no así el oral mercantil, el cual fue incorporado hasta la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil once, la que entró en vigor el nueve de enero de dos mil doce. En ese sentido, la vía elegida por el actor debe ser la que determine la norma procesal.
18. En tanto que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, estiman que para la procedencia del juicio oral mercantil se debe tomar en consideración la fecha en que se celebró el contrato de crédito con garantía real (base de la acción), tal como lo estableció el legislador en la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres, en cuyo transitorio fue contundente en disponer que tal reforma no era aplicable a los créditos contratados, novados o reestructurados con anterioridad a ella. Lo anterior, sostuvieron dichos tribunales, porque el juicio oral mercantil proviene de un proceso evolutivo de reforma al artículo 1055 Bis del Código de Comercio que introduce las diferentes vías de procedencia de impugnación de los créditos con garantía hipotecaria, de ahí que, dada la restricción establecida en el artículo transitorio, no procede la vía oral mercantil cuando el documento base de la acción es anterior al trece de junio de dos mil tres.
19. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta: ¿El juicio oral mercantil es procedente tratándose de créditos con garantía real contratados, novados o reestructurados con anterioridad a la reforma al Código de Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil tres?
VI. Consideraciones y fundamentos
20. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que coincide en lo sustancial con el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el sentido de que sí procede la vía oral mercantil, tratándose de créditos con garantía real contratados con anterioridad a la reforma al Código de Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres, cuya demanda se haya presentado con posterioridad a la fecha en que se incorporó este tipo de juicio en el ordenamiento mercantil.
21. La razón de esa decisión encuentra sustento en las consideraciones que desarrollan los temas siguientes:
• Reglas generales
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27408-e24403f0/juicio-oral-mercantil-es-procedente-tratandose-de-creditos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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