VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA EXIGIR EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO PARA EL REEMBOLSO DEL CRÉDITO, A TRAVÉS DE AQUÉLLA, ES INNECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O CREDITICIA ACREDITANTE LO REQUIERA PREVIAMENTE AL ACREDITADO EN EL DOMICILIO DEL INMUEBLE HIPOTECADO O EN CUALQUIER OTRO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).
VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA EXIGIR EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO PARA EL REEMBOLSO DEL CRÉDITO, A TRAVÉS DE AQUÉLLA, ES INNECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O CREDITICIA ACREDITANTE LO REQUIERA PREVIAMENTE AL ACREDITADO EN EL DOMICILIO DEL INMUEBLE HIPOTECADO O EN CUALQUIER OTRO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.
II. Competencia
5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito en un tema que, por ser de naturaleza mercantil, corresponde a la materia de especialidad de la Primera Sala; sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en los términos dispuestos por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la hacen valer los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
IV. Cuestiones necesarias para resolver el asunto
7. Antes de determinar la existencia de la contradicción denunciada, se hace necesario hacer una breve comparación de los hechos que motivaron los criterios que se estiman en contradicción.
IV.1. Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil 8463/98.
8. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, **********, por conducto de su apoderado, demandó en la vía ordinaria civil de ********** las siguientes prestaciones: i) la declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato de crédito simple en forma de apertura e hipoteca en primer lugar celebrado con la demandada; ii) el pago del capital ejercido a la firma del contrato base de la acción por la suma de N$433,100.00 (cuatrocientos treinta y tres mil cien nuevos pesos 00/100 M.N.), como resultado de sumar las cantidades contenidas en el contrato base de la acción; iii) el pago de los intereses ordinarios y moratorios generados a la fecha y que se sigan causando hasta la total solución del asunto; iv) el pago de las primas de los seguros contratados y los intereses que se sigan generando; y, v) el pago de gastos y costas.
9. El veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la demandada presentó su contestación de demanda, en la que opuso las excepciones y defensas de: i) falta de acción y de derecho; ii) incompetencia; iii) reducción de intereses; iv) lesión, entre otras.
10. Seguido el juicio en todas sus etapas, el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal dictó sentencia el doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en el sentido de absolver a la demandada de las prestaciones reclamadas y condenar a la actora al pago de gastos y costas.
11. Inconformes, las partes interpusieron recurso de apelación de los que conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo el toca 1403/98, el cual, dictó sentencia el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el sentido de confirmar la sentencia definitiva y condenar al pago de gastos y costas a la actora.
12. En contra de la resolución anterior, la actora promovió juicio de amparo directo, radicado en el índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el expediente 8463/98, respecto del cual, una vez agotadas las etapas procesales correspondientes, dictó acuerdo en sesión de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido de negar el amparo a la quejosa, bajo los razonamientos siguientes:
a) En términos de los artículos 78 y 1851 del Código de Comercio, la intención de los contratantes se establece en las palabras y en el sentido literal que expresan, porque siendo claros los términos del contrato suponen la voluntad de los contratantes. Por lo tanto, para que surja un problema de interpretación sobre la voluntad declarada por los contrayentes, debe surgir un problema de interpretación, ya sea porque las palabras parecieron contrarias a aquélla o por actos opuestos a las mismas en que el propósito de los contratantes se manifieste, lo que no ocurrió en la especie.
Lo anterior, porque al no haberse establecido en el contrato base de la acción el domicilio en el que se debía cubrir el precio, se entiende que estuvieron a lo dispuesto en los artículos 2082 y 2083 del Código Civil, que prevén que, en caso de señalamiento expreso de las partes, el pago deberá hacerse en el lugar donde esté ubicada la cosa, en tratándose de obligaciones reales como las garantizadas con hipoteca.
b) Los artículos 2082 y 2083 del Código Civil establecen el principio de exactitud en el pago con una doble finalidad: el procesal, que permite establecer la competencia del Juez para conocer de las demandas en caso de incumplimiento, y el sustantivo, que se refiere al lugar en que deberá efectuarse el cumplimiento de la obligación.
c) Tratándose de bienes inmuebles, si las partes no indican el lugar en que la obligación deba cumplirse, ésta se realizará en el lugar de ubicación de la cosa, en que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de apertura de crédito se garantizó con una hipoteca, a diferencia de las prestaciones relativas a cosas muebles que siguen la regla general del domicilio del deudor.
d) Por lo tanto, no debe entenderse como lugar de pago el de ubicación de la cosa el que en la cláusula sexta del documento base de la acción se haya convenido que los intereses serán pagaderos mensualmente a partir de la fecha de firma del instrumento, el día primero de calendario de cada mes y que en caso de que alguna de esas fechas sea inhábil bancario en el lugar de pago, los pagos deberán efectuarse el día hábil inmediato siguiente; toda vez que el hecho de que en dicha cláusula se señalen días hábiles bancarios no implica que el pago debiera efectuarse en alguna de las sucursales bancarias de la quejosa, ya que tal convención se pudo referir a los días en que el personal autorizado por la institución de crédito efectuaría el cobro correspondiente en el lugar en donde se encuentra el inmueble hipotecado.
e) Por otra parte, de conformidad con el artículo 1853 del Código Civil, los contratos se celebran con un fin y para que produzcan un resultado, sea el que fuere, el cual no resulta aplicable en el caso, porque no existe ineficacia de la cláusula y se tiene como lugar de pago el lugar donde se ubica el inmueble.
f) En términos del artículo 2082 del Código Civil, si las partes no indicaron el lugar en que la obligación habrá de cumplirse, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor y, en términos del diverso 2083, tratándose de prestaciones relativas a bienes inmuebles, éstas se realizarán en el lugar de ubicación de la cosa, por lo que debe exigirse como un elemento más la procedencia de la acción en el juicio especial hipotecario que siga una institución de crédito, como lo autoriza el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito.
g) Por ende, al haberse omitido el lugar en que debía cumplirse con la obligación garantizada por la hipoteca, es obvio que la deudora se encontraba en imposibilidad fáctica de cumplir con la obligación o pago, y si la acreditante quejosa no probó haber ocurrido al lugar en que está ubicado el inmueble en controversia en las fechas señaladas en el contrato base de la acción para realizar los pagos y que esta última se hubiera negado a pagarle en los términos pactados, debe concluirse que, en términos de los numerales 19, 1853, 1854, 2104, 2105 y 2082 del Código Civil, no se actualizó en la especie la hipótesis para exigir el vencimiento anticipado del plazo para el reembolso del crédito derivado del contrato basal; pues al haberse omitido el domicilio, la acreditada se encontraba en imposibilidad de cumplir con la obligación a su cargo, por lo que no pudo incurrir en mora, porque la falta de pago oportuno no se debió a causa que dependiera de su voluntad.
h) Para sostener la conclusión alcanzada, se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 5/98: "JUICIO HIPOTECARIO. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN IMPEDIDAS PARA PROMOVERLO." y los criterios I.4o.C. J/23: "MORA EN LA COMPRAVENTA CUANDO NO SE PACTA LUGAR DE PAGO NI CUMPLIMIENTO SIMULTANEO.", I.5o.C.42 C: "INTERPELACIÓN. OBLIGACIONES DE DAR. ES INNECESARIA PARA CONSTITUIR EN MORA AL DEUDOR CUANDO SE SUJETAN A PLAZO FIJO Y SE CONOCE EL DOMICILIO DEL ACREEDOR.", a contrario sensu, y I.8o.C. J/4: "PAGO. SU REQUERIMIENTO, ES UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR MORA, CUANDO NO SE SEÑALA EL DOMICILIO EN EL QUE SE DEBE DE CUBRIR EL PRECIO."
IV.2. Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo civil 529/2016.
13. El cinco de febrero de dos mil trece, ********** promovió juicio especial hipotecario, en el que demandó a ********** las prestaciones consistentes en: i) el vencimiento anticipado del plazo de pago del adeudo reclamado con motivo del crédito hipotecario otorgado; ii) la venta judicial del bien inmueble dado en garantía hipotecaria y con su producto el pago a la actora de 178,911.71 unidades de inversión por concepto de capital vencido, 2,519.00 unidades de inversión por capital amortizado y no pagado, 9,732.05 unidades de inversión por intereses ordinarios generados y no cubiertos al primero de diciembre de dos mil doce, 875.27 unidades de inversión por intereses moratorios generados en diciembre, 1,843.70 unidades de inversión por comisiones pactadas y generadas al primero de diciembre y de 877.99 unidades de inversión por primas de seguros generados al primero de diciembre de dos mil doce.
14. Dichas reclamaciones las hizo valer la actora con base en el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que, en su carácter de acreditante, celebró el ocho de octubre de dos mil cuatro con el demandado como acreditado, ante el incumplimiento del crédito otorgado por 204,366.09 unidades de inversión para la adquisición de casa habitación y que, ante la falta de pago de las amortizaciones relativas a agosto, septiembre y octubre de dos mil doce, se generaba el vencimiento anticipado del plazo para pagar el adeudo, conforme a lo dispuesto en la cláusula décima quinta del contrato base de la acción, haciéndose exigible en una sola exhibición la totalidad del capital adeudado.
15. Del asunto correspondió conocer al Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Mexicali, Baja California, quien radicó el asunto el cinco de febrero de dos mil trece bajo el toca 130/2013 y la admitió a trámite por diverso acuerdo de quince de marzo de dos mil trece.
16. Una vez emplazada la parte demandada, se apersonó a juicio, produjo su contestación y opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes.
17. Seguido el juicio en todas sus etapas, el Juez dictó sentencia definitiva, en la cual determinó que la actora no demostró los hechos constitutivos de la acción, la condenó al pago de gastos y costas que originó el juicio y absolvió al demandado respecto del pago de las prestaciones que le fueron exigidas.
18. En contra de la resolución que antecede, la institución de crédito actora interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual radicó el toca de apelación bajo el expediente 2134/2015 y que el trece de mayo de dos mil dieciséis confirmó la sentencia sometida a revisión.
19. Inconforme, la actora promovió juicio de amparo, mediante escrito presentado ante la responsable el dos de junio de dos mil dieciséis, radicada para su resolución en el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el cual, en sesión de cinco de enero de dos mil diecisiete, concedió el amparo a la quejosa, con base en lo siguiente:
a) Contrario a lo resuelto por la Sala responsable, la omisión de señalar en el contrato fundatorio de la acción el domicilio para que el demandado pagara el crédito hipotecario que le fue otorgado y no haberlo requerido de pago previamente a demandarlo en la vía especial hipotecaria, no hacía improcedente la acción; porque la existencia y exigibilidad del adeudo reclamado no se afectó por el hecho de que la accionante no hubiera requerido de pago al deudor en su domicilio, previo a la promoción del juicio.
b) Lo anterior, porque las partes contratantes estipularon en el contrato base de la acción el otorgamiento del crédito hipotecario que el vencimiento anticipado de las obligaciones acontecería, entre otros motivos, cuando se dejara de pagar puntualmente cualquier cantidad pactada conforme al contrato, por lo que, ante la falta de pago de las amortizaciones que se precisaron en el estado de cuenta certificado por contador, era procedente la acción hipotecaria.
c) Luego, si el acreedor omitió acudir al domicilio del deudor a requerirle el pago con posterioridad a la fecha de vencimiento anticipado del adeudo, la consecuencia de tal omisión no es la improcedencia de la acción, porque no es un elemento de ésta, pues en términos del artículo 457 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, para la procedencia del juicio especial hipotecario sólo se exige que el crédito conste en escritura pública, se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y sea exigible.
d) Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la codificación señalada, el juicio hipotecario únicamente tiene por objeto obtener el pago o prelación del crédito garantizado mediante hipoteca, lo que implica que se trata de un procedimiento privilegiado y sumario que sólo persigue el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la hipoteca, mediante el remate del inmueble objeto de la obligación real.
e) Si en el contrato base de la acción no se establece el domicilio o lugar de pago o si el acreedor no hubiera requerido de pago previamente al deudor en su domicilio, ello resulta irrelevante para eximir de la obligación que tenía el deudor, porque a diferencia de acciones como la rescisión que se funda en la mora, la acción hipotecaria presupone la existencia y exigibilidad de un derecho de cobro previamente establecido; como se dijo, se persigue el pago del crédito a través del remate del inmueble objeto de la garantía real otorgada. Por lo tanto, la falta de requerimiento de pago previo al deudor, de ninguna manera impedía el estudio de la acción intentada, por no ser la mora uno de sus elementos constitutivos, al haberse demandado exclusivamente el pago de un adeudo que se tornó exigible, del cual, el pasivo procesal tuvo conocimiento desde la celebración del contrario, con independencia de que tenía conocimiento del lugar de pago, pues ya había realizado con anterioridad otros.
f) Además, basta con que la obligación esté vencida y que, al momento del emplazamiento, el deudor no haya cubierto el pago de la cantidad recibida par que prospere la acción intentada, en virtud de que uno de los efectos del emplazamiento es interpelar judicialmente al demandado, como lo dispone el artículo 260, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Máxime que, tratándose de prestaciones relativas a inmuebles, en caso de que las partes no señalen domicilio donde deba cumplirse con la obligación, ésta debe realizarse en el lugar de la ubicación de la cosa.
Para sostener la conclusión anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 66/2006: "ARRENDAMIENTO. PARA SU PROCEDENCIA, LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS RENTAS INSOLUTAS NO REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ARRENDATARIO SE CONSTITUYÓ EN MORA.", las tesis de la otrora Tercera Sala: "INTERPELACIÓN. EL EMPLAZAMIENTO HACE SUS VECES." y "MORA, PARA INCURRIR EN, NO ES INDISPENSABLE EL REQUERIMIENTO EN OBLIGACIONES DE DAR CUANDO SE HA FIJADO FECHA PARA CUMPLIRLA Y SE CONOCE EL DOMICILIO DEL ACREEDOR.", así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito I.3o.C.170 C: "PRINCIPIO DE EXACTITUD EN EL LUGAR DE PAGO, EN TRATÁNDOSE DE CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO GARANTIZADOS CON UNA HIPOTECA CUANDO LAS PARTES NO CONVIENEN DÓNDE DEBERÁ EFECTUARSE."
g) En ese contexto, la Sala responsable resolvió que, al no señalarse domicilio para el pago de la obligación, conforme a lo dispuesto por los artículos 2082 y 2083 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, tal pago se debió efectuar en el domicilio de la ubicación del inmueble, pero también dijo que cuando una institución de crédito ejerce la acción especial hipotecaria para hacer efectiva la garantía de un contrato de apertura de crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, se debe considerar un elemento más para la procedencia de la de la acción, además de acreditar la existencia de la obligación, su exigibilidad y justificar que la actora requirió de pago al acreditado y que se negó a hacerlo, al no probarse ese requerimiento, existía imposibilidad de cumplir la obligación de pago y no procedía demandar en la vía judicial el vencimiento anticipado del plazo, ni el reembolso del crédito, al no incurrirse en mora.
Sin embargo, los artículos no son aplicables a la entidad federativa, al regir sólo para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), pero ya no en toda la República en materia federal; por lo cual, resulta ilegal que la autoridad responsable se apoyara en los artículos de que se trata para emitir la sentencia reclamada. No obstante, al no haberse combatido la aplicación ilegal por parte de la quejosa, debe seguir rigiendo el fallo reclamado.
h) Aunado a lo anterior, con independencia de lo señalado, la autoridad responsable aplicó incorrectamente los artículos 2082 y 2083 del Código Civil, debido a que sólo regulan el pago de las obligaciones, estableciendo que, por regla general, se debe hacer en el domicilio del deudor, salvo convenio en contrario y que, tratándose de la tradición de inmuebles o prestaciones que deriven de éstos, el pago deberá efectuarse en el lugar de su ubicación (de los cuales, el demandado realizó algunos en el lugar de su ubicación, como ya se indicó anteriormente).
i) Además, los numerales analizados, tratándose del pago de dicha obligación, no establecen como un elemento adicional para la procedencia de la vía especial hipotecaria que el acreditante tenga que justificar que requirió de pago al acreditado en el lugar del inmueble hipotecado y su negativa a hacerlo para que incurra en mora y proceda dicha vía. De igual forma, resulta ilegal la aplicación del artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, en que también se apoyó la autoridad responsable para resolver como lo hizo, debido a que el numeral en comento fue derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de junio de dos mil tres y, si la demanda se presentó el cinco de febrero de dos mil trece y la sentencia reclamada se dictó el trece de mayo de dos mil dieciséis, era evidente su inaplicabilidad en el caso.
j) Si la naturaleza del juicio hipotecario es ejecutiva, ya que pretende la satisfacción efectiva, rápida e inmediata de un crédito mediante la ejecución de la garantía hipotecaria y para su inicio sólo se requiere de un documento con carácter de prueba preconstituida generador de la presunción que el derecho del actor es legítimo y probado, entonces, procede el trámite de dicho juicio; para lo cual, basta que el documento base de la acción que se acompaña a la demanda inicial cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 457 y 468 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, tal y como aconteció en el particular, siendo aplicable la jurisprudencia (sic) 1a. CCVI/2016: "VÍA SUMARIA HIPOTECARIA. CONSTITUYE UNA VÍA PRIVILEGIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." y los criterios del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis aislada VI.1o.C.41 C: "ACCIÓN HIPOTECARIA. PREVIAMENTE A DEMANDAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE AQUÉLLA, QUE EL INFONAVIT REQUIERA AL TRABAJADOR EL PAGO DE AMORTIZACIONES NO PAGADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: "JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. SU PROCEDENCIA NO RADICA EN QUE EL TÍTULO EN QUE SE FUNDA SEA O NO DE CARÁCTER EJECUTIVO, SINO QUE SE EJERCITE CON BASE EN UN TÍTULO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 468 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL."
k) En conclusión, para la procedencia del juicio especial hipotecario, no es necesario que se acredite el requerimiento de pago que haga el acreditante al acreditado y la negativa de éste de hacerlo para que se dé la mora y proceda el citado juicio, toda vez que sólo basta se cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 457 del Código Civil para el Estado de Baja California.
V. Existencia de la contradicción de tesis
Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso, se actualiza una contradicción de criterios.
20. Para justificar lo anterior, como cuestión previa, es importante señalar que, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales, pues esta Primera Sala estima que, por contradicción de tesis, debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales, a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(4) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)
21. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
22. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.
23. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y, dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
24. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)
25. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se cumplieron los dos primeros requisitos para la existencia de la contradicción.
En primer lugar, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para decidir si es necesario que el acreditante demuestre haber requerido al acreditado para exigir el vencimiento anticipado del plazo para el reembolso del crédito en la vía especial hipotecaria.
26. En cuanto al segundo requisito, de un análisis a las ejecutorias remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes abordaron una misma temática con tramos discrepantes de razonamientos jurídicos.
27. Lo anterior, porque el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de un juicio de amparo directo que tiene como origen una vía especial hipotecaria, en la cual una institución de crédito solicitó el vencimiento anticipado del contrato de crédito simple en forma de apertura e hipoteca y el pago de capital, intereses ordinarios y moratorios y de primas de los seguros contratados, en el cual se declaró procedente la vía y se absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas; situación que confirmaron tanto el tribunal de apelación, como el Tribunal Colegiado de Circuito.
28. Este último, al estimar que para exigir el vencimiento anticipado del plazo para el reembolso del crédito a través del juicio especial hipotecario, ante la falta de domicilio establecido en el contrato, la institución acreditante debió demostrar que solicitó, previo al ejercicio de la acción, el cumplimiento de la obligación base del contrato en el domicilio del inmueble hipotecado; sin lo cual, la acreditada se encontraba en imposibilidad de cumplir y, por ende, tampoco podía incurrir en mora, pues la falta de pago oportuno no se debió a una causa que dependiera de su voluntad.
29. De igual forma, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito derivó de un juicio especial hipotecario instado por una institución de crédito solicitando al demandado el vencimiento anticipado del plazo de pago del crédito hipotecario, la venta judicial del bien inmueble dado en garantía, el pago de capital vencido, capital amortizado, intereses ordinarios y moratorios, de las comisiones pactadas y generadas y de las primas de seguros generadas; todo ello con motivo del incumplimiento del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria.
30. En este caso, tanto el Juez de primera instancia, como la Sala de apelación absolvieron a la demandada de las prestaciones reclamadas, al estimar que, ante la falta de precisar en el contrato base de la acción el domicilio para requerir al deudor el cumplimiento de sus obligaciones, éste no podía llevar a cabo el pago y, por ende, era improcedente la acción especial hipotecaria si el actor no demostraba haberlo hecho antes de instar el juicio. Empero, a juicio del Tribunal Colegiado, tales conclusiones eran incorrectas, porque para la procedencia de la vía especial hipotecaria no es necesario que el a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27872-5c3022af/via-especial-hipotecaria-para-exigir-el-vencimiento-anticipado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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