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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO CONTEMPLADO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS A LA REFORMA AL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, ESTO ES, DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO DEBE ATENDERSE A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE EMITIÓ LA SENTENCIA RECURRIDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2018. · Registro digital (IUS): 28723
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-06-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Pág. 4514.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2019. PONENTE: OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA. SECRETARIA: DULCE MARÍA DOMÍNGUEZ BRAVO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una probable contradicción, entre criterios sostenidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, sobre un tema que corresponde a la materia administrativa de la especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que sustenta uno de los criterios que se estiman contradictorios.

TERCERO.—Los antecedentes más relevantes de los asuntos que dieron origen a las ejecutorias contendientes, así como las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, son las siguientes:

1. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión contenciosa administrativa R.C.A. 150/2018.

Por escrito presentado el **********, en la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, **********, por derecho propio, demandó la nulidad de la resolución de **********, dictada por el contralor interno de la entonces Delegación Cuauhtémoc, en el expediente **********, mediante el cual se le impuso una sanción, consistente en la suspensión de su empleo, cargo o comisión por el plazo de sesenta días.

Del asunto, registrado bajo el expediente **********, correspondió conocer a la Segunda Sala Ordinaria del mencionado Tribunal, la que pronunció sentencia el **********, en la que declaró la nulidad del acto administrativo impugnado.

Inconforme con esa decisión, la autoridad demandada interpuso recurso de apelación, resuelto por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México **********, en el sentido de confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

Contra esa determinación, el contralor interno en la entonces Delegación Cuauhtémoc interpuso recurso de revisión contenciosa administrativa, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo registró bajo el expediente R.C.A. 150/2018 y lo admitió a trámite.

En sesión de **********, el mencionado tribunal dictó sentencia, en la que desechó por improcedente la revisión contenciosa administrativa de referencia, por considerarse legalmente incompetente para su conocimiento.

Las consideraciones en que se sustenta esa determinación, en la parte que aquí interesa, enseguida se transcriben:

"Único. Este órgano federal carece de competencia legal para conocer del presente recurso de revisión contencioso administrativo, porque el precepto constitucional que originalmente otorgaba competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de dicho recurso, tras la reforma de veintinueve de enero de dos mil diecisiete, suprimió esa atribución, razón por la cual este órgano federal no está legalmente facultado para conocer de ese medio de defensa.

"Para evidenciarlo es preciso recordar que el recurso de revisión contencioso administrativo ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un medio de defensa de naturaleza extraordinaria instituido a favor de las autoridades administrativas cuando en un juicio contencioso administrativo, la sentencia definitiva no es favorable a sus pretensiones; por eso, el recurso en cuestión tiene un carácter restrictivo y selectivo, principios derivados de su propia evolución legislativa y jurisprudencial.

"La viabilidad del medio impugnativo se justifica por la importancia y trascendencia excepcional del caso, en tanto no es un medio ordinario de defensa cuya única condición de procedencia sea el dictado de una sentencia adversa a los intereses de la autoridad administrativa demandada, dada su condición extraordinaria y excepcional, sólo procede cuando por la importancia o trascendencia del asunto, se justifique verificar la regularidad del fallo anulatorio por los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que, además, se reúnan las exigencias formales que el legislador local estableció para ese efecto.

"Debido a todo esto, la creación del recurso se estableció en la constitución federal y ahí se asignó la competencia de esos medios excepcionales a los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, quienes a virtud de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Suprema podían realizar el estudio de la regularidad legal de los fallos invalidantes de los actos de la administración pública federal y del entonces Distrito Federal.

"En efecto, el artículo 104, fracción I, Constitucional vigente hasta el tres de agosto de mil novecientos ochenta y siete, establecía la procedencia del recurso de revisión para resolver controversias suscitadas entre la Administración Pública Federal y del entonces Distrito Federal con los particulares, los cuales eran competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Luego, a partir de la reforma Constitucional de diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, la existencia de ese recurso se mantuvo en el artículo 104, fracción I-B, en el cual se precisó que ese medio de defensa sería del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito.

"El seis de junio de dos mil once el mencionado dispositivo Constitucional fue modificado; pero mantuvo la competencia para conocer del recurso de revisión para los Tribunales Colegiados de Circuito en los mismos términos, la cual se estableció en la fracción III del mismo artículo 104.

"A partir del veintisiete de mayo de dos mil quince, la referida fracción III, del artículo 104 Constitucional fue modificada para especificar la procedencia del recurso, de este modo:

"‘Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

"‘...

"‘III.’ (se transcribe)

"De la porción normativa transcrita se colige que el Texto Constitucional otorgaba competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión contencioso administrativo, interpuesto por las autoridades en contra de las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal.

"Por esa razón, este órgano federal era legalmente competente para conocer de esos recursos extraordinarios en calidad de tribunal de alzada, por así estar establecido expresamente en la Constitución Federal.

"Sin embargo, al transformarse el régimen de la Ciudad de México para constituir al Distrito Federal como una entidad Federativa ahora denominada Ciudad de México, mediante la reforma Constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, los Tribunales Colegiados de Circuito no tienen más asignada la competencia constitucional para el conocimiento del recurso de revisión contencioso administrativo, de acuerdo con lo que a continuación se explica:

"Por el ‘Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México’ [publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis] se modificó el artículo 104, fracción III, de la Norma Fundamental para quedar como sigue:

"‘Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

"‘...

"‘III.’ (se transcribe)

"El artículo transcrito prevé ahora que los tribunales de la Federación conocerán de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional [que no es otro sino el Tribunal Federal de Justicia Administrativa], como se puede constatar de su texto:

"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"‘...

"‘XXIX-H.’ (se transcribe)

"La disposición de la Ley Suprema suprimió esa competencia de los Tribunales Colegiados, respecto de las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo de la ahora Ciudad de México que se prevé en el artículo 122 de dicho Pacto Constitucional.

"Dicho de otro modo, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la Constitución Federal establece exclusivamente, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de las revisiones interpuestas en contra de las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Constitución no asigna actualmente la competencia, respecto de las revisiones interpuestas en contra de resoluciones del Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

"Lo anterior encuentra justificación, porque se modificó el régimen constitucional y la injerencia de los poderes federales en el gobierno interior de la Ciudad de México, para ahora constituirla como una entidad federativa; la colocó ahora en el orden jurídico parcial de los Estados, estructurados en principio con base en el artículo 124 de la Constitución, por virtud del cual, lo que no está expresamente conferido a las autoridades federales, se entiende reservado a los Estados, y con especificación lo atinente a la Ciudad de México se precisa en el artículo 122 Constitucional con un ámbito diferenciado en sus respectivas competencias.

"Con mayor razón, la nueva reforma constitucional que consolidó el régimen de autonomía de la Ciudad de México genera que la relación entre los Poderes Federales y los de esta Ciudad ya no se rijan por facultades implícitas, sino única y exclusivamente expresas, tal como disponen los primeros párrafos del Apartado B del artículo 122 Constitucional que indica:

"‘Artículo 122 ...

"‘B.’ (se transcribe)

"En este tenor, cabe destacar que en el mismo decreto de reforma constitucional ya citado, se estableció lo siguiente:

"‘Artículo 122.’ (se transcribe)

"El texto anterior pone de manifiesto que la Constitución Federal estableció expresamente que sería en la Constitución Política de la Ciudad de México en donde se establecerían las normas que regulen el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa ‘y, en su caso, recursos contra sus resoluciones’; sin embargo, es claro que al romperse la relación antes existente entre los poderes federales y del entonces Distrito Federal, con la consolidación de la autonomía de la Ciudad de México y al haberse eliminado del nuevo artículo 104 Constitucional la procedencia del recurso en contra de las resoluciones de los tribunales administrativos de la Ciudad de México, el legislador local carece de competencia para regular la actividad de los Tribunales Colegiados de Circuito, pues éstos son órganos pertenecientes al orden jurídico federal, siendo que rigen su actuación por las disposiciones constitucionales y los ordenamientos federales.

"Así, la reforma Constitucional que consolidó el régimen de autonomía de la Ciudad de México separó lo atinente a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la competencia de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, para reservarlo al ámbito competencial de la nueva entidad, la cual creó en la Ley de Justicia Administrativa, entre otros aspectos, el juicio contencioso para combatir los actos de la administración pública local y los medios de defensa que pueden interponerse en dicho litigio.

"La referida modificación del régimen constitucional para la Ciudad de México y la supresión de la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer de la revisión contenciosa administrativa en contra de los fallos del tribunal local respectivo, se acotó en las disposiciones transitorias de la Carta Magna, para abarcar mediante la ultractividad los recursos existentes en trámite y los nuevos que se interpusieran mientras se emitía la normativa local correspondiente.

"Esto es, suprimida la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer de las revisiones interpuestas en contra de las sentencias del tribunal contencioso administrativo de la localidad (Ciudad de México), sólo se extendió tal competencia respecto de los recursos que ya estaban en trámite y de los nuevos que se interpusieran mientras se definía el sistema jurídico de la Ciudad de México, en los términos precisados por el Poder Reformador de la Constitución en el artículo décimo tercero transitorio, cuyo tenor es:

"‘Artículo Décimo Tercero.’ (se transcribe)

"La porción normativa transcrita arroja las siguientes hipótesis para determinar la fase de tránsito de la reforma en cuanto a la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación para conocer de los recursos de revisión contencioso administrativa, a saber:

"1. Los recursos de revisión contencioso administrativos interpuestos antes de la entrada en vigor de la reforma Constitucional, continuarán su trámite hasta su resolución con base en las normas vigentes al momento de su interposición.

"2. La competencia de los tribunales federales para conocer de esos recursos de revisión, continuará en forma transitoria hasta en tanto se implementa la legislación local de la Ciudad de México.

"Cabe destacar que esta fase de tránsito feneció el uno de septiembre de dos mil diecisiete, pues el día siguiente entró en vigor la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad.

"3. Concluida la fase de ultractividad, los recursos se tramitarán conforme con lo establecido en la ley local de la materia.

"Conforme a lo expuesto, es claro que sí se suprimió la competencia establecida en la Constitución para los Tribunales Colegiados a efecto de conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de los fallos del Tribunal de lo Contencioso del entonces Distrito Federal, en la actualidad ya no son competencia de aquéllos los recursos de mérito; por ende, conforme a la Ley Suprema de la Unión, en este órgano federal no se actualiza actualmente la competencia legal para conocer del recurso de revisión contencioso administrativo intentado en contra de los fallos del tribunal administrativo de la Ciudad de México, a menos que se actualice alguno de los supuestos de ultractividad destacados.

"Ahora bien, en el caso, el juicio contencioso del que deriva este recurso se promovió el tres de octubre de dos mil diecisiete, esto es, cuando ya no tenía vigencia la disposición constitucional que asignaba la competencia a los Tribunales Colegiados y cuando había concluido la fase de ultractividad de esa competencia establecida en el artículo décimo tercero transitorio la reforma constitucional.

"No es óbice a lo determinado, lo establecido en el artículo 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde aún se establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los recursos de revisión a que se refiere ‘la fracción I-B del artículo 104’ Constitucional.

"El mencionado dispositivo legal dispone:

"‘Artículo 37.’ (se transcribe)

"Como se observa, la porción normativa establece una de las hipótesis de las atribuciones de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación y mantiene en su texto la referencia a la competencia para conocer de los recursos de revisión, aunque hace referencia al texto de la Constitución vigente hasta el cinco de junio de dos mil once; es decir, cuando se establecía la competencia de los recursos de revisión tanto de los promovidos respecto de los fallos del Tribunal Federal Administrativo como del Tribunal Administrativo Local.

"Dicho texto de la ley orgánica no se reformó a (sic) virtud de la modificación Constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, donde se excluyó la referencia al artículo 122 de la Carta Magna, que generaba la competencia de los tribunales federales para conocer del recurso de revisión contencioso administrativo en contra de las determinaciones dictadas por los Tribunales Contencioso Administrativos de esta Ciudad.

"Lo anterior pudiera conducir a establecer que la ley orgánica sigue asignando la competencia a los colegiados en esos casos; sin embargo, no es así, debido a que el objeto de regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es precisamente regular orgánicamente a dicho Poder Federal, cuyas bases se encuentran en el capítulo IV del Poder Judicial y abarca de los artículos del 94 al 107, entre los cuales, evidentemente se encuentra el 104, de modo que si en éste –como se evidenció– ha sido suprimida dicha potestad, la ley reglamentaria de dichas bases constitucionales no puede superar lo que la norma fundamental dispone.

"No puede existir tampoco algún pretendido conflicto de normas, por asumir que una suprime la referida potestad y otra la mantiene, debido a que ese concurso de normas sólo podría darse si se tratara de disposiciones ubicadas en un mismo nivel o ámbito de validez, pero tal cosa no sucede tratándose de la Constitución que es la Ley Superior del País y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto ésta es una norma inferior cuya validez y objeto deriva de aquélla. Por ende, la disposición orgánica sólo puede tener cabida y así debe leerse en contexto de lo establecido en la Constitución, en cuanto al tema de las atribuciones o competencia de los Tribunales Colegiados, pues no puede establecerse en la segunda una potestad que ha suprimido aquélla.

"Así, cuando el conflicto aparente se presenta entre leyes de diversos grados pertenecientes a un mismo orden jurídico, la regla para determinar la aplicación de la norma consiste en el principio conforme a la cual la norma suprema deroga a la inferior.

"La jerarquía del orden jurídico mexicano depende de la Ley Fundamental, la cual es la base para emitir los demás ordenamientos que la regulan o a los distintos ámbitos jurídicos del sistema, los cuales no pueden contener previsiones superiores o contrarias a dicho Pacto.

"Sobre esa base, si la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es la norma que reglamenta el ordenamiento, integración y funcionamiento del mencionado Poder Federal, indiscutiblemente sus previsiones sobre el tema deben ser interpretadas de manera conforme con el Texto Constitucional.

"En esa medida, si el artículo 104 Constitucional establece cuáles son los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y entre las hipótesis descriptivas se excluyó el conocimiento de los recursos de revisión contencioso administrativo, entonces la disposición de la ley orgánica en cuestión debe ahora entenderse de manera concorde con la Ley Suprema, en el sentido de que se establece la competencia de los tribunales colegiados (aunque siga haciendo referencia a la fracción I-B del artículo 104 constitucional, que ya ni siquiera existe) para conocer de los recursos a que se refiere el artículo 104, fracción III, constitucional, el cual conforme al texto en vigor, sólo establece la potestad de dichos tribunales para resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias definitivas de los tribunales de justicia administrativa federales (regulados en la fracción XXIX-H del artículo 73 de la propia Ley Fundamental).

"En este orden de ideas, no cabe interpretar que los Tribunales Colegiados de Circuito continúan teniendo competencia para conocer de los recursos de revisión en contra de las sentencias de los Tribunales de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, con base en lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues tal potestad se suprimió en la Constitución.

"Por otra parte, tampoco es obstáculo a la determinación tomada en esta resolución, que el artículo 119 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Ciudad, establezca en forma expresa la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de las resoluciones dictadas por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad, debido a que el legislador local no está facultado para otorgar competencia a tribunales del orden federal, la cual existía derivado del texto Constitucional, que se insiste ha excluido esa competencia.

"Incluso no obsta a lo anterior, que en la ley local actual se establezca la procedencia de la revisión contenciosa administrativa, y que de ese medio extraordinario conocerán los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, porque tal circunstancia no es legalmente idónea para asignar esa competencia a estos tribunales.

"Pues bien y retomando la consideración que se hace en torno a que lo dispuesto en la ley local no puede ser válido para generar la competencia de los Tribunales Colegiados a efecto de resolver las revisiones contenciosas administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se hace necesario insertar el texto del mencionado 119 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Ciudad, el cual dispone:

"‘Artículo 119.’ (se transcribe)

"Como puede leerse, la norma local establece que serán los Tribunales Colegiados de Circuito quienes conocerán de los recursos de revisión contencioso administrativa interpuestos por las autoridades en contra de las sentencias dictas por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, conforme al catálogo de supuestos ahí establecidos.

"Sin embargo, dicha porción normativa no es acorde al nuevo régimen constitucional, en el cual se suprimió la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del mencionado medio de defensa extraordinario, por tanto, esa previsión normativa no es conforme con la Constitución, lo cual bastaría por sí sólo para dejar de aplicarla, pero no sólo eso impide atender a su texto, sino además que por provenir del órgano legislativo de la entidad local, en realidad invade la esfera de competencias del régimen federal, al pretender establecer una competencia de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, cuando eso es exclusivo del Congreso de la Unión.

"Recuérdese que en nuestro régimen jurídico existen tres niveles de gobierno: federal, local y municipal.

"Conforme a lo dispuesto en el numeral 49, primer párrafo, de la Constitución Federal, el nivel federal se divide para su ejercicio en tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

"A su vez, en el numeral 116 constitucional se dispone que las entidades federativas para su ejercicio también se dividen en tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en el caso de la Ciudad de México eso se encuentra previsto en el artículo 122 constitucional.

"En particular, la fracción VIII del mencionado dispositivo indica que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas del Tribunal de Justicia Administrativa para su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos en contra de sus resoluciones, para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y los particulares.

"Sin embargo, esa previsión legislativa en modo alguno autoriza a los órganos locales a legislar en el ámbito federal al cual no pertenecen, sino que se limita a regular como ya se dijo el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa en su ámbito competencial local.

"De conformidad con esa disposición de la Ley Suprema, el órgano legislativo local sólo está facultado para emitir normas que rijan en el ámbito de la Ciudad de México, pero no tiene potestad para legislar sobre materias que son propias de la Federación.

"El Congreso de la Unión es quien está facultado para legislar en materia federal, esas potestades las precisa el artículo 73 constitucional, el cual le otorga la atribución para legislar en diversas materias, entre ellas las atinentes a las competencias de los demás Poderes de la Unión, conforme a las bases de la propia Constitución Federal (la cual en el artículo 94 donde se dispone que la competencia de los Tribunales Colegiados, entre otros órganos, se regirán por lo que dispongan las leyes conforme a las bases de esa Ley Suprema).

"De ahí que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito está definida por lo previsto en la Constitución Federal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación emitida por el Congreso de la Unión, sin que el órgano legislativo de la Ciudad de México, pueda determinar competencia alguna para aquéllos; por ende, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los citados recursos de revisión contencioso administrativo, no puede válidamente sustentarse en el mencionado artículo 119 de la Ley de Justicia Administrativa, por no ajustarse a lo establecido actualmente en el artículo 104, fracción III, de la Ley Suprema del País.

"A lo anterior, debe agregarse la previsión expuesta en los transitorios primero, segundo y cuarto de la Ley Orgánica de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de uno de septiembre de dos mil diecisiete, en los cuales se dispone:

"‘Primero.’ (se transcribe)

"‘Segundo.’ (se transcribe)

"‘Cuarto.’ (se transcribe)

"El cuarto transitorio local hace referencia a que los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esa legislación, deben tramitarse hasta su resolución final con la ley con la cual se iniciaron, previsión con la que se confirma lo dispuesto en el décimo tercero transitorio constitucional antes referido, en el que se decidió que los recursos de revisión contenciosos administrativos serían del conocimiento de los Tribunales Colegiados a) cuando se hayan interpuesto antes de la reforma, y b) respecto de los iniciados con posterioridad a ésta y hasta en tanto se dicten las leyes locales que regulen esa cuestión, lo cual ha ocurrido a esta fecha.

"De ahí que el legislador local ha emitido las disposiciones conducentes para regular los recursos de revisión contencioso administrativos conforme a la ley local de la materia."

2. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión contenciosa administrativa R.C.A. 205/2018.

Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, **********, demandó la nulidad de la negativa ficta recaída a su petición de cuatro de enero del año en cita, con número de folio **********, en la que solicitó que la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas de la mencionada entidad emitiera la declaratoria de caducidad de sus facultades de comprobación, respecto al impuesto predial relativo a la cuenta catastral **********, correspondiente a los periodos del **********.

Del asunto correspondió conocer a la Cuarta Sala Ordinaria del tribunal de referencia, la que lo admitió bajo el expediente ********** y, mediante resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada.

Inconforme con la determinación asumida, la autoridad demandada interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el que lo registró con el expediente **********; seguida la secuela procesal, el once de julio de dos mil dieciocho dictó sentencia en la que confirmó la resolución emitida por la Sala Ordinaria.

Contra esa decisión, la subprocuradora de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal de esta entidad interpuso recurso de revisión contenciosa administrativa, cuyo conocimiento correspondió al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidencia lo registró bajo el expediente R.C.A. 205/2018-4316 y lo admitió a trámite.

En sesión de siete de diciembre de dos mil dieciocho, el citado tribunal desechó por improcedente la referida revisión, por estimar que carece de competencia para resolverlo.

Los razonamientos que sustentan esa determinación, en la parte conducente, enseguida se transcriben:

"Único. Este Tribunal Federal carece de competencia para resolver el recurso de revisión contencioso administrativo, dado que el precepto constitucional que originalmente otorgaba competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de ese medio de impugnación contra resoluciones definitivas del Tribunal Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal, ya no contempla esa atribución por virtud del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por lo que es improcedente el citado recurso, conforme a lo siguiente:

"1. El artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto modificado mediante decreto de reformas publi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28723-4c50da6b/revision-contenciosa-administrativa-es-improcedente-a-partir-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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