IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. A FIN DE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD PARA LA SOLICITUD DE SU DEVOLUCIÓN, CUANDO SE OPTA POR HACERLA MEDIANTE EL MECANISMO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN VI, INCISO B), DE LA LEY RELATIVA, DEBE ATENDERSE A LO PREVISTO EN DICHO PRECEPTO LEGAL Y EN LA REGLA 2.3.18. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 3/2021. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS TEDDY ABRAHAM TORRES LÓPEZ (PRESIDENTE), JORGE ENRIQUE EDEN WYNTER GARCÍA Y RAQUEL FLORES GARCÍA. PONENTE: RAQUEL FLORES GARCÍA. SECRETARIA: VANESSA CANO PINELO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimocuarto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; así como en los numerales 2, fracción XVI, y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción de materia administrativa, fueron del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito y del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, por lo que se trata de órganos jurisdiccionales del mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación de contradicción. Los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.
En el caso concreto, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme «a» lo dispuesto por los preceptos legales invocados, ya que la formuló el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, en los asuntos que motivó (sic) la presente contienda.
TERCERO.—Las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, al resolver el juicio de amparo directo 338/2021, son las que a continuación se transcriben:
"QUINTO.—Antecedentes. De las constancias que integran el expediente contencioso administrativo federal 324/20-16-01-6 del índice de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su numeral 2o., así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro: ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.’, se advierte lo siguiente:
"Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, compareció **********, en representación de **********, promoviendo juicio contencioso en contra de la resolución contenida en el oficio 500-69-00-01-04-2010-026187, emitida el nueve de diciembre de dos mil diecinueve por la subadministradora desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán ‘1’, a través de la cual resolvió negar la solicitud de devolución DC7519000145583, por concepto de impuesto al valor agregado por el periodo de mayo de dos mil diecisiete en cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos.
"La demanda fue admitida por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte y la demandada produjo su contestación, la que se tuvo por admitida en proveído de dos de diciembre siguiente.
"En sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la validez de la resolución impugnada, por considerar, fundamentalmente, que si la contribuyente actora presentó trámite de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado por el periodo de mayo de dos mil diecisiete hasta el uno de octubre de dos mil diecinueve, dicha solicitud era extemporánea y perdió su derecho, en tanto incumplió con el plazo establecido en el artículo 5o., fracción VI, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que señala que tratándose de los gastos e inversiones efectuados, debía presentarse en el mes siguiente a aquel en que se realizaran, condicionándose la procedencia de la devolución a que se solicitara en esa temporalidad.
"Lo anterior, por cuanto el artículo 1o. del Código Fiscal Federal señala que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, así como que las disposiciones de ese código se aplicarían en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales; de modo que si la obligación de presentar la solicitud en el mes siguiente al en que se realizaran gastos e inversiones cuya devolución del impuesto al valor agregado se pretendiera, se encontraba prevista en el artículo 5o., fracción VI, primer párrafo, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ello implicaba que ante el incumplimiento de ese plazo el contribuyente perdía el derecho a obtener la devolución del tributo; de ahí que no era aplicable al caso el plazo de cinco años a que alude el artículo 22, párrafo décimo quinto, en relación con el 146, ambos del Código Fiscal Federal.
"Asimismo, la Sala consideró que no era aplicable la excepción a dicho plazo prevista en la regla 2.3.18., segundo párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, pues la actora no acreditó que cumplió con las exigencias previstas en esa normatividad, es decir, que presentara la primera solicitud de devolución sin que haya realizado actos o actividades por los que estaría obligada al pago del impuesto al valor agregado o a la realización de actividades a la tasa del 0 %, o bien, que la solicitud de devolución presentada el uno de octubre de dos mil diecinueve –que originó la emisión de la resolución controvertida–, se tratara de la primera por lo que respecta a los gastos e inversiones realizados en el periodo preoperativo; ni tampoco externó algún argumento en ese sentido.
"SEXTO.—Los conceptos de violación merecen el siguiente análisis.
"En principio, es inoperante aquel donde se plantea que la Sala se sustrajo de su obligación de resolver la cuestión efectivamente planteada y omitió la valoración de las pruebas.
"Ello, por cuanto la parte quejosa omite especificar a qué medios de convicción se refiere, a pesar de que tiene la carga procesal mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en (sic) los conceptos de violación en específico.
"Es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 172/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital: 166033 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 422, de la siguiente literalidad:
"‘AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE IMPUGNA LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, BASTA CON MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL TRIBUNAL ESTUDIE LA ALEGACIÓN RELATIVA, SIENDO INNECESARIO EXPONER SU ALCANCE PROBATORIO Y CÓMO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2o. de aquélla, la admisión de pruebas en amparo indirecto está sujeta a que no se trate de la confesional por posiciones, a que no contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, una vez admitidas las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con la litis constitucional y el Juez de Distrito (o el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad que conozca del amparo) debe valorarlas en la sentencia, según deriva de los numerales 77, fracción I, y 79, ambos de la ley de la materia, y cuando omite hacerlo comete una violación que vincula al afectado a impugnarla en los agravios que formule en el recurso de revisión, en términos del artículo 88, primer párrafo, de la misma ley, ya que de lo contrario, atento al principio de estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la propia legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de la queja deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la omisión cometida y subsanarla en su caso. Ahora bien, acorde con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 69/2000, de rubro: «AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.», así como con el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga procesal mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los agravios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello es suficiente para demostrar racionalmente la infracción alegada; luego, exigir al recurrente que además precise cuál es el alcance probatorio del medio de convicción eludido y de qué modo trascendió al resultado del fallo, como presupuesto para que el revisor analice el agravio relativo, so pena de considerarlo inoperante, constituye una carga procesal excesiva y conlleva materialmente denegación de justicia, al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, en desacato al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’ (Lo resaltado es de este tribunal)
"Por otra parte, son inoperantes los argumentos relacionados con la aplicación de la regla 2.3.18. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete.
"Al respecto, la quejosa alega que dicha regla no establece que el contribuyente perderá su derecho a dicha devolución, si no la solicita en el mes inmediato siguiente a aquel en que se realizaron los gastos e inversiones efectuados en el periodo preoperativo y por los cuales se trasladó el tributo, así como que acorde a la citada regla, el saldo a favor puede ser solicitado siempre y cuando el contribuyente no hubiere realizado actos o actividades por los que va a estar obligado al pago del mencionado tributo o a la realización de actividades a la tasa del cero por ciento.
"Y al final de los conceptos de violación reitera que por ninguna circunstancia se previó restringir el momento para solicitar la devolución, así como que la interpretación de la Sala no es acorde con el principio de equidad entre particulares y autoridad, debiendo analizarse el caso conforme al principio pro persona, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la norma o interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria; y en el caso, no se resta valor a la mencionada regla 2.3.18. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete citada desde la demanda de nulidad, dado que no establece una sanción que implique la pérdida del derecho a hacer una solicitud de saldo a favor del impuesto al valor agregado, sino lo que establece es una prerrogativa por la temporalidad en la presentación de dicho trámite.
"Se afirma que son inoperantes los resumidos motivos de queja, en virtud de que la quejosa omite controvertir de manera frontal la consideración que sustenta la sentencia reclamada, en cuanto a que la actora no acreditó, con probanza alguna, que se ubica en la hipótesis de la regla 2.3.18. a que se refiere, es decir, que presentara la primera solicitud de devolución sin que haya realizado actos o actividades por los que estaría obligada al pago del impuesto al valor agregado o a la realización de actividades a la tasa del 0 %, o bien, que la solicitud de devolución presentada el uno de octubre de dos mil diecinueve –que originó la emisión de la resolución controvertida–, se tratara de la primera solicitud de devolución por lo que respecta a los gastos e inversiones realizados en el periodo preoperativo; ni tampoco externó algún argumento en ese sentido.
"Entonces, si la quejosa se limita a exponer las razones por las cuales pretende beneficiarse con el contenido de la regla 2.3.18. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, pero no ataca las razones por las cuales se consideró que no probó reunir los supuestos que prevé, es evidente que debe quedar incólume la conclusión a que llegó la Sala en cuanto a que ésta no puede estimarse aplicable a la contribuyente actora y, por tanto, este Tribunal Colegiado no se encuentra en posibilidad de analizar el fondo de su pretensión.
"En el primer argumento de queja, la solicitante del amparo aduce, esencialmente, que la Sala violó los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, impidiéndole obtener la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado de mayo de dos mil diecisiete, a partir de una interpretación incorrecta del artículo 5o., fracción VI, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque éste no establece que el contribuyente perderá su derecho a dicha devolución, si no la solicita en el mes inmediato siguiente a aquel en que se realizaron los gastos e inversiones efectuados en el periodo preoperativo y por los cuales se trasladó el tributo.
"Señala que el invocado precepto no debe considerarse como una norma restrictiva o limitativa en el ejercicio del derecho de solicitar el saldo a favor, sino que debe tomarse únicamente como un punto de partida para ejercerlo en un caso particular, pero no para sostener la pérdida de la prerrogativa, máxime si, conforme al artículo 22, décimo quinto párrafo, en relación con el 146 del Código Fiscal de la Federación, el plazo para solicitar la devolución del saldo a favor de una contribución es de cinco años, dado que al tratarse de un periodo preoperativo se parte de la premisa de que aún no existen ingresos ni valor de actos que deban ser declarados, de modo que la consideración de la Sala resulta inequitativa y violatoria del artículo 31, fracción IV, constitucional.
"Reitera que, si conforme a los artículos 22 y 146 del código tributario federal, la obligación de las autoridades fiscales de devolver prescribe en cinco años a partir de que legalmente pudo realizarse la solicitud, es evidente que se encuentra reglada la temporalidad de aquella obligación y, por tanto, de manera paralela existe un derecho a solicitar la devolución acorde a esa temporalidad, y por ello éste no se pierde por el hecho de no formular la petición en el mes siguiente a aquel en que se realizaron los gastos e inversiones efectuados en el periodo preoperativo y por los cuales se trasladó el tributo, insistiendo en que esa consecuencia no se desprende del artículo 5o., fracción VI, párrafo primero, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual únicamente establece el momento en el cual se puede ejercer el derecho ahí previsto, pero no el momento y condiciones en que éste se pierde, que son situaciones muy diferentes.
"Argumenta que la contribuyente realizó la solicitud de devolución con fundamento en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y por ello, es incorrecto que éste sea de aplicación supletoria únicamente como erróneamente señaló la responsable.
"Alega que dicha autoridad debió verificar la exposición de motivos del artículo 5o., fracción VI, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual transcribe y concluye que el legislador nunca tuvo la intención de establecer una restricción al plazo para solicitar la devolución de ese tributo tratándose de gastos e inversiones en periodo preoperativo y menos considerar que el Código Fiscal de la Federación no es aplicable, sino sólo brindar un mayor acceso a la obtención del impuesto derivado de gastos en el periodo preoperativo, sin condicionarlo a que la solicitud se realizara en el mes siguiente de que se tratara, indicándose únicamente el momento de la solicitud a efecto de que el impuesto al valor agregado pudiera acreditarse desde antes del inicio de actividades con la finalidad de fomentar que las empresas contaran con un flujo de efectivo que les permitiera continuar con sus proyectos de inversión y desarrollo, para que quedara latente que la devolución en comento pudiera pedirse desde que se inició el periodo preoperativo, brindando con ello un beneficio a los contribuyentes, mas nunca se tuvo la intención de limitar el acceso a dicha devolución.
"Es infundado lo que así se argumenta.
"El artículo 5o., fracción VI, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala:
"‘Artículo 5o. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:
"‘...
"(Adicionada, D.O.F. 30 de noviembre de 2016)
"‘VI. Tratándose de gastos e inversiones en periodos preoperativos el impuesto al valor agregado trasladado y el pagado en la importación que corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0 %, será acreditable en la proporción y en los términos establecidos en esta ley, conforme a las opciones que a continuación se mencionan:
"‘...
"‘b) Solicitar la devolución del impuesto que corresponda en el mes siguiente a aquel en el que se realicen los gastos e inversiones, conforme a la estimativa que se haga de la proporción en que se destinarán dichos gastos e inversiones a la realización de actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0 %, respecto del total de actividades a realizar. En caso de que se ejerza esta opción, se deberá presentar a la autoridad fiscal, conjuntamente con la primera solicitud de devolución, lo siguiente: ...’ (Lo resaltado es de este tribunal)
"Como se advierte del inciso b) de la fracción VI del numeral 5o. transcrito, cuando se solicite la devolución del impuesto al valor agregado, opción que eligió la actora para recuperar el referido impuesto en periodo preoperativo, el legislador condicionó su procedencia a que dicha petición se realizara ‘... en el mes siguiente a aquel en el que se realicen los gastos e inversiones ...’
"En este contexto, el referido numeral sí establece la pérdida del derecho de devolución, al limitar su solicitud expresamente en el mes siguiente a aquel en el que se realizaron los gastos e inversiones, lo cual es la sanción de realizarlo extemporáneamente, es decir, después del referido mes siguiente, sin que sea dable afirmar, como pretende la inconforme, que la exigencia temporal de mérito carezca de una finalidad propia de la preclusión, ya que si la intención del legislador se limitara únicamente a brindar un mayor acceso a la obtención del impuesto derivado de gastos en el periodo preoperativo como se alega, no habría impuesto la obligación de instar la devolución en un plazo específico.
"De ahí que, contrario a lo que se asevera, la circunstancia de que en la exposición de motivos se planteara la conveniencia de fomentar que las empresas contaran con un flujo efectivo que les permitiera continuar con sus proyectos de inversión y desarrollo; ello no implica que deba estimarse vigente el derecho a la devolución cuando ésta fue solicitada fuera del plazo que el propio legislador estableció para ese efecto. "En consecuencia, fue correcto que la autoridad fiscalizadora negara el derecho a la contribuyente de la devolución del impuesto al valor agregado, pues lo solicitó fuera de la única oportunidad establecida en el artículo 5o., fracción VI, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
"Además, si en el caso específico la ley especial establece esa temporalidad, es evidente que la regulación del beneficio concedido a las empresas que se encuentren en periodo preoperativo, para recuperar el impuesto al valor agregado trasladado a raíz de los gastos e inversiones realizados en esa etapa, no tiene por qué complementarse con lo establecido en el Código Fiscal Federal, dado que como resolvió la Sala responsable, conforme al artículo 1o. del propio código tributario, las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, así como que las disposiciones de ese código se aplicarían en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.
"Luego, si el derecho de obtener la devolución del impuesto al valor agregado respecto de gastos e inversiones realizados en el periodo preoperativo se encuentra expresamente contemplado y regulado en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en lo que ve a la exigencia de presentar la solicitud en el mes siguiente a la realización de dichos gastos e inversiones, no existe razón jurídica para acudir a otras disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en defecto de aquella ley especial que regula no sólo la obligación y los términos en que se genera el impuesto al valor agregado, sino también la fecha en la que deben solicitarse su devolución cuando se trata específicamente de gastos en inversiones realizadas en el periodo preoperativo.
"Es decir, si en el artículo 5o., fracción VI, primer párrafo, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se establece la obligación de presentar la solicitud en el mes siguiente al que se realizaran gastos e inversiones cuya devolución del impuesto al valor agregado se pretendiera, es evidente que ante el incumplimiento de ese plazo el contribuyente perdía el derecho a obtener la devolución del tributo.
"Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 56/2020, en sesión ordinaria virtual de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.
"Por último, de la exposición de motivos del precepto en estudio reproducida en los conceptos de violación, se desprende que el legislador indicó el momento de la solicitud de devolución, pero sin especificar la consecuencia, lo que de suyo no implica que deba llegarse a la conclusión pretendida por la quejosa, ya que, como antes se razonó, al existir el requisito de temporalidad señalado en la ley especial, no existía necesidad de acudir supletoriamente al código tributario federal.
"En las consideraciones relacionadas, procede negar la protección constitucional instada por **********, en contra de la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio contencioso administrativo federal 324/20-16-01-6."
CUARTO.—Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, al resolver el juicio de amparo directo 129/2021, sostuvo lo siguiente:
"11. SEXTO.—Estudio de fondo. Previo al análisis de los conceptos de violación, conviene relatar los siguientes:
"Antecedentes
"12. Por escrito presentado el 23 (veintitrés) de enero de 2020 (dos mil veinte), ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **********, por conducto de su representante legal **********, promovió juicio de nulidad contra la resolución contenida en el oficio 500-69-00-01-04-2019-025222 de 22 (veintidós) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), emitida por la subadministradora desconcentrada de Auditoría Fiscal ‘1’, en suplencia por ausencia de la administradora desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán ‘1’, mediante la cual le negaron su solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado, en cantidad de ********** pesos, moneda nacional, correspondiente a septiembre de 2017 (dos mil diecisiete).
"13. Por auto de 13 (trece) de febrero siguiente, se admitió a trámite la demanda, siendo radicado el juicio relativo como expediente 178/20-16-01-2 y se ordenó el traslado de ley.
"14. En proveído de 23 (veintitrés) de octubre ulterior, se tuvo por contestada la demanda y previos (sic) trámites de ley, el 7 (siete) de diciembre subsecuente se dictó sentencia donde se reconoció la validez del acto impugnado, por considerarse que el artículo 5o., fracción VI, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado en periodo preoperativo debe presentarse en el mes siguiente al en que se realicen los gastos e inversiones y que la consecuencia de no hacerlo, es la pérdida de ese derecho, por parte del contribuyente.
"Análisis de los conceptos de violación
"15. En ellos, la quejosa básicamente sostiene:
"• El acto reclamado es contrario a lo previsto por los artículos 14, 6 (sic) y 17 constitucionales, así como el numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues se realizó una indebida interpretación de lo previsto por el artículo 5o., fracción VI, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que este precepto no prevé una consecuencia para el caso de que la solicitud de devolución no se presente en el mes siguiente al en que se realicen los gastos e inversiones, sino que debe tenerse como la delimitación del punto de partida desde el cual, el contribuyente puede pedir la devolución correspondiente.
"• Que es el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el que establece que el derecho a obtener la devolución nace desde la presentación de la declaración correspondiente y encuentra como límite temporal con el que cuenta un contribuyente para pedir la devolución de un impuesto, el plazo de cinco años a que se refiere el artículo 146 del propio código.
"• Que lo referido cobra mayor sentido, si se considera que al tratarse del periodo preoperativo, es indicativo de que aún no existen ingresos ni valor de actos que deban declararse, lo que justifica que se marque como referente el mes en que se hace el gasto o inversión, por lo que la interpretación realizada por la responsable, es contraria a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, que exige un trato equitativo a los contribuyentes que se encuentran en una situación similar.
"• Insiste que, si la obligación de la autoridad para realizar una devolución prescribe en el plazo de cinco años, es ése el referente temporal que se debe considerar, e igualmente lo hace al aludir que el numeral 5o., fracción VI, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no establece una consecuencia para el caso de que no se solicite la devolución en el mes siguiente.
"• Considera que en el caso, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación no puede tenerse como de aplicación supletoria, sino que es la norma que regula lo aplicable en materia de una devolución de impuestos, siendo diferente el momento a partir del cual se puede gestionar una solicitud de devolución, respecto de aquel en que se pierde el derecho para ello, por tanto, opina que la responsable inobservó la jurisprudencia P./J. 48/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2007547, pues con base en ese criterio, para que la responsable concluyera que se perdió el derecho a obtener el saldo a favor, era necesario que interpretara y aplicara lo dispuesto en los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación.
"16. Bien, resulta fundado el argumento vertido por la quejosa relativo a la incorrecta interpretación que hace la autoridad responsable del artículo 5o., fracción VI, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
"17. Para arribar a esta conclusión, en principio, cabe destacar que no existe discrepancia entre las partes, en lo referente a que el impuesto al valor agregado cuya devolución se negó, se generó en el periodo preoperativo de la quejosa y que, por tanto, le resultaba aplicable lo establecido por el artículo 5o., fracción VI, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
"18. Precisado lo anterior, la litis en el presente asunto versa en la interpretación del citado precepto, ya que, por una parte, en el acto reclamado se dispuso que de no presentar la solicitud de devolución en el mes siguiente al en que se realice el gasto o inversión, tiene como consecuencia la preclusión del derecho para hacerlo y, por su parte, la quejosa afirma que no se prevé esa consecuencia, sino sólo se trata de la delimitación del momento a partir del cual se puede pedir la devolución respectiva.
"19. A fin de dilucidar lo anterior, es pertinente transcribir el indicado artículo 5o., fracción VI, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2017 (dos mil diecisiete), que corresponde al periodo en que se llevó a cabo el supuesto de la norma:
"‘Artículo 5o. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse, entre otros, (sic) los siguientes requisitos:
"‘...
"‘VI. Tratándose de gastos e inversiones en periodos preoperativos, el impuesto al valor agregado trasladado y el pagado en la importación que corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0 %, será acreditable en la proporción y en los términos establecidos en esta ley, conforme a las opciones que a continuación se mencionan:
"‘a) Realiz
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30911-eba8313f/impuesto-al-valor-agregado-a-fin-de-determinar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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