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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PUEDE OPERAR EN LA FASE PROPIAMENTE ORAL, QUE COMPRENDE DEL SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2021. · Registro digital (IUS): 30775
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-07-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, Pág.2744.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ILIANA FABRICIA CONTRERAS PERALES, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE, JUDITH MOCTEZUMA OLVERA, QUIEN FORMULÓ VOTO CON SALVEDADES, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO Y MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO (PRESIDENTA). DISIDENTES: MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR Y GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. PONENTE: ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO. SECRETARIO: FORTRES MANGAS MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por un Magistrado integrante de uno de los tribunales que sustentan los criterios que dieron origen a la presente contradicción, que se encuentra facultado para ello, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el promovente es parte en los asuntos que motivaron la presente contradicción.

TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito.

I. Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

En sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que, por las razones adoptadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 68/2007 y 215/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 141/2007 y 1a./J. 65/2018 (10a.), es dable considerar que la obligación de las partes de excitar el proceso judicial oral mercantil no cesa, sino hasta que la única actuación pendiente por desahogar sea el dictado de la sentencia; por lo tanto, siempre operará la caducidad prevista en el artículo 1076 del Código de Comercio ante la inactividad de las partes, salvo que la única actuación pendiente por desahogar sea el dictado de la sentencia.

Determinación que en lo conducente se sustentó en las siguientes consideraciones:

"Ahora bien, al contrario de lo que sostiene la parte quejosa, el acto reclamado no vulnera los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, ni el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Lo anterior es así, ya que la figura jurídica de la caducidad de la instancia sí se actualizó en el presente asunto, pues se configuró el supuesto contenido en el artículo 1076 del Código de Comercio, ya que las partes dejaron de actuar con promociones que impulsaran el procedimiento por más de ciento veinte días.

"En efecto, de las constancias del juicio oral mercantil se advierte que la última actuación que dio impulso al procedimiento fue el auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, el cual fue notificado el tres siguiente, y surtió efectos el cuatro del mismo mes y año.

"También se advierte que en el mismo proveído se fijaron las once horas del doce de mayo de dos mil veinte para la celebración de la audiencia preliminar, la cual no tuvo verificativo en razón de la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por las medidas sanitarias adoptadas con motivo del fenómeno de salud pública ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación desde el dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte (salvo los casos urgentes).

"Luego, si de conformidad con el citado Acuerdo 21/2020, los términos y plazos se reanudaron a partir del tres de agosto de dos mil veinte, a partir de esta data el quejoso tuvo oportunidad de impulsar el procedimiento y solicitar al Juez responsable que señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar.

"Por lo que si no lo hizo, resulta inconcuso que desde del tres de agosto de dos mil veinte (día en que se reanudaron los términos y plazos en los juicios tramitados en los órganos del Poder Judicial de la Federación) al diecinueve de abril de dos mil veintiuno (día en que se dictó el auto reclamado en que se decretó la caducidad), transcurrieron más de ciento veinte días, de ahí que se configuró la hipótesis prevista en el artículo 1076 del Código de Comercio, lo que trae como consecuencia la caducidad de la instancia.

"Máxime que el quejoso no manifiesta la existencia de alguna actuación que hubiera impulsado el procedimiento, además que de una revisión del mismo, no se desprende que así hubiera sucedido, pues si bien constan las promociones acordadas mediante autos de diecisiete, veintisiete y treinta y uno de agosto del presente año, la primera promovida por **********, en su carácter de **********, en representación del hoy quejoso; la segunda, presentada por el quejoso, y la tercera, suscrita por **********, en su carácter de representante del banco demandado, en los que se señalaron autorizados y se solicitó el acceso al expediente electrónico, lo que pone en evidencia que estas promociones no tuvieron como objeto impulsar la secuela procesal en el contexto de la etapa correspondiente, es decir, mediante estas promociones ninguna de las partes impulsó el procedimiento solicitando al Juez responsable, por ejemplo, que señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, que corresponde a la siguiente etapa procesal en el juicio oral mercantil de origen pendiente de celebración.

"Robustece lo anterior la ya transcrita jurisprudencia 1a./J. 72/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN.’

"Por lo que, como lo sostuvo el juzgador responsable, al haber transcurrido un plazo mayor de ciento veinte días, se configuró la institución jurídica de la caducidad prevista en el artículo 1076 del Código de Comercio.

"Por lo tanto, no basta que la parte quejosa aduzca que el acto reclamado vulnera los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; esto, pues al resolver la contradicción de tesis 140/2005-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de acceso a la justicia no es un beneficio para el particular, sino un derecho del gobernado para que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, con la obligación correlativa de que aquél cumpla con los requisitos exigidos por la ley, de manera que a pesar de que la voluntad de las partes es la que impera en los juicios mercantiles, ésta siempre está supeditada a lo dispuesto por las leyes procesales.

"En ese sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal señaló que la figura jurídica de la caducidad de la instancia contenida en el artículo 1076 del Código de Comercio, constituye un reflejo del principio dispositivo consistente en que el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, sus límites y la actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes.

"Que la figura jurídica de la caducidad de la instancia no impide el acceso a la impartición de justicia, pues no coarta el derecho de la parte actora de acudir a los tribunales para resolver un caso concreto; que la parte actora puede impulsar el procedimiento en el supuesto de que el Juez omita la realización del emplazamiento o cualquier otra actuación judicial, con el fin de que no opere la caducidad de la instancia, por lo que en el supuesto de que ésta se actualice, únicamente es imputable a la actora, en virtud de que es la interesada en que se resuelva la controversia planteada.

"Que por lo anterior, el numeral 1076 del Código de Comercio no vulnera el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es perfectamente aplicable por identidad jurídica al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que también tutela el derecho de acceso a la justicia.

"Por ello, resulta infundado lo que arguye el quejoso en el sentido de que la resolución reclamada vulneró en su perjuicio los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que la caducidad de la instancia decretada por el Juez natural no vulnera el derecho humano de acceso a la justicia.

"Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 27/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo XXIV, julio de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente:

"‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL NUMERAL 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE AUTORIZA A DECRETARLA AUN CUANDO NO SE HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 149, con el rubro: «CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO.», sostuvo que el artículo 1076 del Código de Comercio establece que la caducidad de la instancia opera de pleno derecho una vez que transcurran ciento veinte días de inactividad procesal, desde el primer auto que se dicte en el juicio y hasta la citación para oír sentencia, por lo que dicha figura opera en cualquier momento de éste, sin necesidad de que haya sido emplazado el demandado, pues este requisito sólo es necesario para fijar la litis. En ese orden de ideas y tomando en consideración que la garantía de acceso a la justicia no es un beneficio para el particular, sino un derecho del gobernado para que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, con la obligación correlativa de que aquél cumpla con los requisitos exigidos por la ley, de manera que a pesar de que la voluntad de las partes es la que impera en los juicios mercantiles, ésta siempre está supeditada a lo dispuesto por las leyes procesales, se concluye que el indicado artículo 1076 que constituye un reflejo del principio dispositivo consistente en que el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, sus límites y la actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes, no viola el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque el citado artículo 1076 no impide el acceso a la impartición de justicia, pues no coarta el derecho de la parte actora de acudir a los tribunales para resolver un caso concreto, y si bien corresponde a la autoridad judicial emplazar a la parte demandada a efecto de hacerle saber que se ha instaurado un juicio en su contra, en caso de que dicha notificación no haya ocurrido, la parte actora puede impulsar el procedimiento, solicitando al Juez que ordene el emplazamiento al demandado con el fin de que no opere la caducidad de la instancia, por lo que en el supuesto de que ésta se actualice, únicamente es imputable a la actora, en virtud de que es la interesada en que se resuelva la controversia planteada.’

"Por otro lado, el quejoso argumenta que la sentencia reclamada es incongruente, pues el Juez responsable aplicó la caducidad de la instancia a un juicio oral mercantil que se rige única y exclusivamente por los artículos que contemplan el capítulo respectivo, donde no se contiene la figura procesal de la caducidad, por lo que es evidente que, en términos de los artículos 1390 Bis 8 y 1390 Bis 2 del Código de Comercio, no puede ser aplicada en un juicio oral mercantil, el cual se rige por los principios de continuidad e inmediación del procedimiento; por lo que al no existir la caducidad en este tipo de juicios no se debió aplicar el artículo 1076 del Código de Comercio.

"El anterior argumento resulta infundado, ya que contrario a lo alegado, la figura jurídica de la caducidad de la instancia contenida en el artículo 1076 del Código de Comercio sí resulta aplicable a los juicios orales mercantiles.

"Efectivamente, el juicio oral mercantil fue incluido en el Código de Comercio, de conformidad con el decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil once, en cuyos procesos legislativos se advierte el propósito de contar con un instrumento de solución de conflictos con la prontitud y celeridad necesarios para evitar rezagos en el pronunciamiento de las resoluciones, conforme al dinamismo social y las exigencias de los tiempos actuales.

"Para lograr esa inclusión, el legislador estableció que el procedimiento se rige por los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración y a diferencia de otros procesos jurisdiccionales mercantiles, confirió al Juez la dirección procesal, con el objetivo de desarrollar su función en forma pronta y expedita, dando seguridad procesal a las partes.

"De modo que, ante la ausencia de regulación de la caducidad de la instancia en el capítulo específico que regula los juicios orales mercantiles, esa situación permite que le sean aplicables las reglas supletorias o generales contenidas en el Código de Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 8 que establece que las reglas generales que no se opongan a las disposiciones del título que regula la tramitación de los juicios orales serán aplicables a éstos, como la figura de la caducidad establecida en el numeral 1076.

"Esto es, dado que las disposiciones específicas que regulan el juicio oral mercantil no contemplan la figura jurídica de la caducidad, es evidente que debe existir una sanción por ello, por lo que debe tomarse en cuenta el contenido del principio dispositivo que incide en el juicio oral mercantil, vinculado con el principio de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal.

"Ahora bien, los procedimientos judiciales pueden dirigirse basándose en dos sistemas distintos, como son:

"i. El inquisitivo: en el que se confiere al Juez una serie de atribuciones tanto en la instauración de la relación procesal como en su desarrollo, para impulsar el procedimiento y lograr la resolución de la controversia; o,

"ii. El dispositivo: en el que la iniciativa del proceso corresponde a las partes, quienes deben impulsarlo hasta obtener la resolución de sus pretensiones.

"Este último sistema (dispositivo) es el adoptado por la mayoría de las legislaciones del país; de ahí que la acción procesal esté encomendada, tanto en su forma activa como pasiva, a las partes y no al Juez, razón por la cual, las leyes imponen a las partes la carga procesal de ‘impulsar’ el procedimiento hasta el dictado de la sentencia; gravamen cuyo incumplimiento da lugar a una sanción, la caducidad de la instancia, principio que impera en los procedimientos orales mercantiles.

"De ahí que, de conformidad con este principio, las partes son las que tienen la carga de impulsar el procedimiento bajo la sanción que, de no hacerlo, se actualizará la caducidad que el mismo Código de Comercio prevé, pues de no ser así, se dejaría a cargo de las partes de forma indefinida la conclusión de este tipo de procedimientos, lo cual atenta contra el principio de seguridad jurídica; por ende, no es jurídicamente válido afirmar que en la legislación mercantil no existe precepto que sancione la inactividad o desinterés de las partes, pues de conformidad con el artículo 1390 Bis 8, está permitida la aplicación de las reglas generales del Código de Comercio en lo no previsto por el capítulo que regula los juicios orales mercantiles, como en el caso lo es la caducidad de la instancia.

"Por ende, cuando el actor no impulsa el procedimiento por más de ciento veinte días, se hace evidente que la consecuencia jurídica es la caducidad, pues no se opone a las reglas de los juicios orales mercantiles.

"Sustenta lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 57/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 81, diciembre de 2020, Tomo I, página 335, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente:

"‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. DEBE DECRETARSE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTOR DE PUBLICAR LOS EDICTOS.—Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de la consecuencia jurídica que debe decretarse para el caso del incumplimiento en que incurre la parte actora del juicio oral mercantil, derivado de su obligación procesal de publicar los edictos ordenados para emplazar a la parte demandada.—Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, ante la circunstancia de incumplimiento descrita, debe operar la caducidad de la instancia prevista en el Código de Comercio y no una diversa sanción jurídica.—Justificación: En el juicio oral mercantil impera el principio dispositivo, consistente en que la iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no en el juzgador. Por ello, la inactividad de las partes de impulsar la continuación del procedimiento para que el Juez esté en oportunidad de poner el juicio en estado de resolución y cumplir con su obligación de impartición de justicia pronta y expedita, es sancionada mediante la figura jurídica de la caducidad. Siendo así, ante el incumplimiento del deber procesal conferido al actor de publicar los edictos ordenados para emplazar al demandado, es aplicable la caducidad prevista en el artículo 1076 del Código de Comercio, que se actualiza una vez transcurridos los ciento veinte días posteriores al requerimiento, sin que medie promoción del actor en la que se evidencie su voluntad de continuar con la conclusión del juicio. No es posible considerar que en la legislación mercantil exista una laguna jurídica sobre este tema, de forma que no es dable procurar integrar la norma a partir de interpretaciones derivadas de otras legislaciones, como lo sería la Ley de Amparo abrogada.’."

II. Criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En los juicios 189/2021, 194/2021, 193/2021, 196/2021 y 246/2021 de su índice, el tribunal contendiente sostiene que una vez agotada la etapa postulatoria, termina la carga de las partes de observar el principio dispositivo, pues desde ese momento comienza una etapa procesal que se rige por el principio inquisitivo; así, que una vez que culmina la etapa postulatoria ya no puede operar la caducidad prevista en el artículo 1076 del Código de Comercio, porque a partir de ese momento procesal opera el principio inquisitivo, que se traduce en que le corresponde al juzgador y no a las partes, velar por el desahogo del procedimiento.

Determinación que se sustentó esencialmente en las siguientes consideraciones:

(Amparo directo 189/2021, resuelto en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintiuno)

"CUARTO.—Estudio. Es sustancialmente fundada la causa de pedir que vierte la quejosa, en el sentido de que es ilegal que se haya decretado la caducidad de la instancia, ya que era obligación del Juez de Distrito señalar la fecha para la audiencia preliminar, pues ello es una obligación que la ley le impone en términos del artículo 1390 Bis 20 del Código de Comercio.

"Lo anterior es así, atento a las siguientes consideraciones.

"Los límites al principio dispositivo.

"En principio, es conveniente señalar que el principio dispositivo consiste en que la iniciativa del proceso corresponde a las partes, las cuales tienen el deber de impulsarlo si quieren obtener una resolución a sus pretensiones.

"El sistema que se sigue en el Código de Comercio está basado en el principio dispositivo, el cual consiste en no darle la facultad al Juez para dirigir el proceso o de impulsarlo, pues de acuerdo a la tendencia individualista y liberal que inspira el sistema procesal civil lato sensu, el ejercicio de la acción procesal está encomendado, tanto en su forma activa como en la pasiva, a las partes y no al Juez.

"En esa tesitura, la caducidad de la instancia consiste en una sanción a las partes cuando no impulsan el procedimiento conforme al principio dispositivo. Esta institución procesal tiene como consecuencia la extinción de la relación jurídica sin que el tribunal decida o se pronuncie sobre la cuestión de fondo planteada por las partes.

"Ahora bien, en la doctrina(1) se ha reconocido un diverso principio, denominado como de impulsión oficiosa del proceso, el cual se relaciona directamente con el inquisitivo, y consiste en que, una vez iniciado el proceso, debe el Juez impulsar su marcha sin necesidad de que las partes lo insten a hacerlo, pues simplemente se trata de cumplir las normas legales que lo regulan, y son responsables de cualquier demora ocasionada por su culpa, en tanto que tal principio es muy importante para la celeridad de la justicia, esto es, guarda relación directa con el principio de celeridad procesal y con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita.

"En la misma línea argumentativa, la doctrina señala que la importancia de este principio es extraordinaria, porque evita la exagerada prolongación del proceso y, por tanto, de la incertidumbre sobre los derechos o relaciones jurídicas que en aquél se tutelan, lo cual significa la consecución más rápida del fin de interés general en la paz y la armonía social.

"Conforme a lo expuesto, este tribunal estima correcto afirmar que, como cualquier principio jurídico, el principio dispositivo encuentra límites y matices en su aplicación en atención a las particularidades de cada caso concreto y a las disposiciones especiales que rigen cada tipo de procedimiento mercantil.

"En efecto, como lo relata Devis Echandía, en su obra intitulada: ‘Teoría general del proceso’, en todos los sistemas legislativos se han otorgado al Juez ciertos poderes (mayores o menores, según haya sido el influjo del principio inquisitivo), y al mismo tiempo ciertas iniciativas exclusivamente a las partes, de manera que el Juez no puede tomarlas en su lugar (según el influjo del principio dispositivo).

"Como se ve, incluso doctrinalmente se ha reconocido que el principio dispositivo no es ilimitado y que encuentra límites en el sistema inquisitivo.

"Ahora, en relación con el sistema inquisitivo, la autorizada pluma de Hugo Alsina(2) refiere que éste es uno de los tres modos que existen para impulsar el procedimiento, siendo que, en el sistema analizado, no sólo el Juez tiene la iniciativa, sino que a él le corresponde la conducción del proceso, es decir, la investigación de los hechos, la formación del material de conocimiento, o sea la aportación de las pruebas, así como las medidas tendientes a hacer efectivo el avance del procedimiento: citación de las partes y terceros, designación de audiencias, aplicación de sanciones, etcétera, están en manos del Juez.

"El mismo autor sostiene que al hablar de los sistemas procesales, éstos pueden ser clasificados fundamentalmente en dos: uno, en el que la iniciativa del proceso está reservada a los particulares (sistema dispositivo) y otro en que ella se confiere al órgano jurisdiccional (sistema inquisitivo). En el mismo sentido, reseña que éstos no son sistemas absolutos, porque no hay procesos puramente dispositivos o inquisitivos.

"Efectivamente, el procesalista citado menciona que, al no existir sistemas puros, la prevalencia que en el procedimiento se asigne a un sistema respecto del otro depende de la posición en que la ley coloque a las partes frente al Juez, según el modo como se conciba la función jurisdiccional.

"En ese orden, a la luz de la doctrina analizada, este tribunal arriba al convencimiento de que en el juicio oral mercantil se presentan ambos sistemas; sin embargo, el sistema dispositivo opera durante la fase postulatoria del juicio oral mercantil y, el sistema inquisitivo, opera desde la segunda etapa del citado juicio, ya que, como se demostrará, a partir de que comienza la segunda fase de éste, el Juez adquiere la obligación de continuar el procedimiento motu proprio en todas sus etapas.

"En ese contexto, hay que decir que durante un amplio lapso, los juicios mercantiles se encontraban ciertamente concentrados, en su mayoría, en juicios ordinarios y ejecutivos tradicionales; no obstante, una reforma al Código de Comercio implementó el juicio oral mercantil; un procedimiento novedoso para su tiempo, que trajo consigo nuevas reglas procesales que no habían sido implementadas en los procedimientos escritos, probablemente uno de los cambios más significativos en este tipo de controversias fue el papel que el legislador le otorgó al juzgador como rector y participante del procedimiento, eliminando con ello varios de los rigorismos judiciales que, en su tiempo, habían sido tildados de enervantes e, incluso, de inconstitucionales.

"Para corroborar lo antes dicho, basta con hacer referencia a la intención legislativa que tuvo el Poder Reformador al proponer la inclusión del juicio oral mercantil en las controversias mercantiles reguladas por el Código de Comercio.

"En efecto, en la exposición de motivos, el legislador señaló, en esencia, lo siguiente:

"‘...

"‘Dada la naturaleza del procedimiento oral, se consideró necesario dotar al Juez con mecanismos de control y rectoría que le permitan llevar la mejor conducción del juicio. Al efecto se le otorgan las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden en las audiencias, incluido el poder de mando de la fuerza pública, la limitación del acceso del público a ellas y la facultad de decretar recesos, de estimarlo necesario, sin que ello implique dilación del procedimiento.

"‘A fin de mantener los propósitos de celeridad que exige un procedimiento de naturaleza preponderantemente oral, se propone suprimir la totalidad de las notificaciones personales, con excepción del emplazamiento, con la finalidad de agilizar el procedimiento y cuidando el respeto pleno de la garantía de audiencia. Asimismo, se tienen por hechas las notificaciones de los acuerdos pronunciados en las audiencias, aun cuando no acudan las partes.

"‘Para lograr la agilidad del desarrollo de las audiencias y acorde con la oralidad que impera en ellas, se establece la incorporación tecnológica para su registro, sin que ello implique el desuso de otras formas establecidas de registro, como los medios tradicionales, teniendo además la factibilidad de que los medios electrónicos utilizados habrán de ser considerados instrumentos públicos, y constituyen prueba plena.

"‘Con independencia de los medios que se utilizan para el registro de las audiencias, se propone también que se instruya un acta para describir en forma breve el lugar y la fecha en que tuvo lugar la diligencia, así como los nombres de las personas que intervinieron en la audiencia, lo que brinda mayor certeza jurídica.

"‘En la estructura del juicio oral se establece la figura de la audiencia preliminar, que tiene como propósito depurar el procedimiento, conciliar a las partes con la intervención directa del Juez, fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos para dar mayor agilidad al desarrollo del desahogo de pruebas, fijar acuerdos probatorios, pronunciarse respecto a la admisión de pruebas para evitar duplicación en su desahogo y pasar a la fase siguiente del procedimiento.

"‘Asimismo, se dota al Juez de las más amplias facultades de dirección para efectos de conciliar a las partes, con el propósito de solucionar aún más rápido las controversias que se plantean ante los tribunales. Acorde con lo anterior, se conmina la asistencia de las partes mediante la imposición de una sanción, dado que es necesaria su presencia a fin de lograr acuerdos conciliatorios entre ellas.

"‘Con la finalidad de que el procedimiento sea ágil y el desahogo de pruebas se realice en una sola audiencia (audiencia de juicio), se establece la carga para las partes en la preparación de sus pruebas y que, de no encontrarse debidamente preparadas, se dejarán de recibir. Lo anterior, para que el juicio oral no pierda agilidad, lo que evita en la medida de lo posible tácticas dilatorias y el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30775-cffa1615/caducidad-de-la-instancia-en-juicio-oral-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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