EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. DEBE DECRETARSE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTOR DE PUBLICAR LOS EDICTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTES: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JOSÉ MANUEL DEL RÍO SERRANO.
III. Competencia
8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos y, al ser un asunto en materia civil, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.
IV. Legitimación
9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue presentada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito.
V. Criterios denunciados
10. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las consideraciones y argumentos en las que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones.
A. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 417/2014.
11. Antecedentes. Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, demandó, en la vía oral mercantil, de *********** el pago de diversas cantidades por concepto de saldo insoluto, amortizaciones no pagadas, intereses vencidos y moratorios, así como por concepto de costas, daños y perjuicios, en virtud del vencimiento anticipado del plazo de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria.
12. De la demanda conoció el Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en Cancún, Quintana Roo, quien la admitió a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada.
13. Ante la imposibilidad del actuario adscrito para emplazar a la señora *********** en los domicilios proporcionados por la parte actora y por diversas autoridades, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1070 del Código de Comercio, la parte actora solicitó emplazar a su contraparte mediante edictos.(5)
14. El Juez de Distrito proveyó de conformidad, por lo que requirió a la actora para que dentro del plazo de tres días compareciera a recoger los edictos y dentro de los cinco días siguientes exhibiera el ejemplar de la primera publicación, o bien, demostrara las gestiones correspondientes.
15. Asimismo, le apercibió que, para el caso de no hacerlo, daría de baja el asunto por falta de interés en su prosecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio.(6)
16. La parte actora manifestó su imposibilidad para presentar la carta de gestión, por lo que solicitó una prórroga; sin embargo, el Juez del conocimiento determinó que el plazo conferido había transcurrido sin que hubiera dado cumplimiento al requerimiento, por tanto, hizo efectivo el apercibimiento decretado y dio de baja el asunto, dejando sin efecto todo lo actuado.
17. Inconforme con lo anterior, la institución financiera promovió juicio de amparo directo en el que sostuvo que el acto reclamado vulneró sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues la responsable no fundó ni motivó el apercibimiento que le impuso a fin de demostrar las gestiones inherentes a la publicación de los edictos, además que no se consideró la imposibilidad manifestada.
18. Criterio. En sesión de dieciséis de octubre de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado del conocimiento, con residencia en Cancún, Quintana Roo, concedió el amparo solicitado por la sociedad actora. En esa ejecutoria consideró lo siguiente:
• Que las reglas de sustanciación que rigen en el juicio oral mercantil aplican en el orden siguiente: primero, el título especial relativo del Código de Comercio (artículos 1390 Bis al 1390 Bis 50); después, las generales del propio Código de Comercio,(7) entre las cuales se contempla la remisión al Código Federal de Procedimientos Civiles y, en último momento, al código de procedimientos civiles local.(8)
• Por ende, la decisión del Juez de la causa relativa a emplazar al demandado mediante edictos, fue acertada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1070 del Código de Comercio y en el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles.(9)
• No obstante, el requerimiento y apercibimiento decretado para que la parte actora cumpliera con la publicación de los edictos en dos momentos careció de sustento; pues, ante la falta de una regulación en la ley, la autoridad responsable debió emplear métodos de integración normativa por analogía.
• Así, el juzgador fijó, discrecionalmente, los plazos en que el actor debía cumplir con las obligaciones que comprende el emplazamiento por edictos; sin embargo, debió ceñir los plazos al desarrollo que legal y jurisprudencialmente se ha abordado en relación con el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado en la Ley de Amparo abrogada.(10)
• Por lo que el mismo problema jurídico fue resuelto en la contradicción de tesis 16/2000-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que analizó que, para el caso de que el quejoso no recogiera los edictos, pagara o exhibiera su publicación, entonces, se sobreseía en el juicio.(11)
• En la ejecutoria se sostuvo que la falta de publicación de los edictos y exhibición de su prueba, por parte del quejoso, generaba que el juzgador de amparo no pudiera resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, lo cual torna improcedente el respectivo juicio, ya que queda paralizado y entorpece la administración de la justicia, por retardarse la solución del conflicto.
• En consecuencia, del análisis comparativo entre la normativa aplicable en el juicio oral mercantil y la Ley de Amparo, se aprecia que comparten características análogas en cuanto al emplazamiento por edictos se refiere, que constituye un presupuesto procesal que, en caso de no verificarse, impide la prosecución del procedimiento.
• En el caso del juicio oral mercantil prevalece una laguna relacionada con el plazo para diligenciar los edictos. De tal forma que, dada la identidad en lo general de ambos juicios, resulta válido extrapolar las reglas y desarrollo jurisprudencial de la Ley de Amparo al juicio oral mercantil, con la finalidad de determinar el plazo para diligenciar los edictos.
• En ese sentido, el Juez de la causa debió integrar la norma, otorgándole al actor un plazo general de veinte días, para estar en oportunidad de cumplir con todos los actos necesarios para publicar los edictos, bajo el apercibimiento de dar de baja el expediente para el caso de incumplimiento.
19. Tesis emitida: Las consideraciones del Tribunal Colegiado, en torno a los plazos para la recepción y trámite de los edictos, quedaron reflejadas en la siguiente tesis aislada:
"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. A FIN DE DETERMINAR EL PLAZO PARA DILIGENCIARLO, DEBE ACUDIRSE A LA INTEGRACIÓN NORMATIVA POR ANALOGÍA Y APLICAR EL DE VEINTE DÍAS PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO. La falta de regulación en cuanto al plazo que debe otorgarse al actor para la publicación de los edictos en el Código de Comercio y en las leyes de aplicación supletoria, conduce a estimar válido el empleo del método de integración normativa por analogía, cuyo mecanismo radica en plantear para el supuesto de hecho no previsto en la ley, la imputación de una consecuencia jurídica externa proveniente de regulaciones similares, principios generales del derecho e, incluso, la equidad. Ello, con el fin de aunar dos elementos jurídicos distintos para unificar el ordenamiento aplicable con otra regla de derecho, fusionando el antecedente no previsto con una consecuencia desarrollada en alguna regulación análoga. Así, dado que la actividad del aplicador del derecho no cesa ante algún vacío legal, se estima que en el requerimiento y apercibimiento correspondientes formulados por el juzgador en el juicio oral mercantil a la parte actora para que cumpla con la publicación de los edictos deberá brindarse, por analogía, el plazo integral y genérico de veinte días de acuerdo al desarrollo legal y jurisprudencial que se ha abordado en relación con el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado (ahora tercero interesado) en la Ley de Amparo. Se colige así, pues inductivamente se revelan semejanzas particulares en dichos ordenamientos que muestran asequible la consabida pauta integradora, ya que las legislaciones que contemplan ambos procesos convergen -sin desarrollar totalmente el contenido y la forma en que habrán de publicarse y remitir a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles- en estimar que la obligación de recoger y hacer las gestiones necesarias para publicar los edictos constituye un presupuesto procesal cuya formalidad, en caso de no verificarse, impide la prosecución del procedimiento; sin embargo, en el juicio oral mercantil, a diferencia de la Ley de Amparo, prevalece una laguna que no puede ser superada a través de la supletoriedad como método de integración legislativa, siendo tal, el consabido plazo para diligenciar los referidos edictos. Por ende, si en su parte general las reglas previstas en la Ley de Amparo y su desarrollo jurisprudencial pueden extrapolarse con validez al juicio oral mercantil, dada su identidad, entonces, aquéllas son aplicables al momento de fijar el plazo para cumplir la publicación de los edictos a costa de la actora en el juicio oral mercantil, una vez agotada la investigación del domicilio de la parte demandada, en la inteligencia de que los actos que comprende corresponden a una secuencia lógica que entraña diversos momentos: recoger los edictos, pagarlos y entregarlos para su publicación, lo que deberá comprobarse ante el Juez dentro del plazo de veinte días."(12)
B. Criterio Sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 527/2019.
20. Antecedentes. La empresa Pisos y Más de Celaya, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó, en la vía oral mercantil, a ***********. Del juicio conoció el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, el cual, después de emitidas diversas ejecutorias de amparo directo, fue admitido a trámite y se ordenó emplazar a la enjuiciada.(13)
21. Ante la imposibilidad para emplazar a la parte demandada en los domicilios proporcionados por la parte actora y diversas autoridades, con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, el Juez del conocimiento ordenó emplazar a la demandada por medio de edictos.(14)
22. En dicho proveído, el Juez indicó que los edictos debían ser publicados tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, así como en un periódico local del Estado de Guanajuato, cuyo costo de publicación corría a cargo de la sociedad actora.
23. Asimismo, el juzgador confirió a la empresa el término de tres días para que acudiera a recoger los citados edictos y, hecho lo anterior, contaría con un plazo de veinte días para acreditar haber realizado las gestiones administrativas y pago de derechos correspondientes para la publicación ordenada.
24. Finalmente, el Juez de Distrito apercibió a la actora que, para el caso de no recoger los edictos en el término conferido, o bien, de que no acreditara haber realizado las gestiones y pago de derechos, dentro de los plazos conferidos, se daría de baja el expediente ante la falta de interés de la parte actora en la integración del juicio mercantil, así como en la prosecución del trámite ordinario.
25. El Juez justificó el plazo de veinte días otorgado en la tesis aislada XXVII.3o.17 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. A FIN DE DETERMINAR EL PLAZO PARA DILIGENCIARLO, DEBE ACUDIRSE A LA INTEGRACIÓN NORMATIVA POR ANALOGÍA Y APLICAR EL DE VEINTE DÍAS PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO."(15)
26. Con motivo del incumplimiento de la actora, el Juez federal hizo efectivo el apercibimiento decretado y dio de baja el expediente del juicio oral mercantil, en virtud de la falta de interés de la parte actora en la integración del juicio, así como en la prosecución del trámite ordinario del mismo.
27. Inconforme, la empresa accionante promovió juicio de amparo directo. En los conceptos de violación refirió que en armonía con el Código de Comercio la figura de la caducidad era la que se actualizaba y no así la aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Por lo que, de conformidad con el artículo 1076 del Código de Comercio contaba con un plazo de ciento veinte días para poder realizar las gestiones relativas a recoger, publicar y agregar los edictos para que obraran en el expediente.
28. Criterio. En sesión de ocho de enero de dos mil veinte, el órgano de amparo consideró fundados los argumentos del único concepto de violación, por lo que otorgó el amparo solicitado por la sociedad quejosa, con base en los siguientes razonamientos:
• Que la determinación del juzgador no podía tener sustento en la tesis aislada citada, toda vez que no resultaba obligatoria en los términos del precepto 217 de la Ley de Amparo;(16) además de que el contenido de la tesis era excesivo y contrario al principio de impartición de justicia pronta que refiere el artículo 17 de la Constitución Federal.
• Asimismo, el apercibimiento formulado por el Juez fue contrario a derecho, porque no existe precepto legal que le confiera facultad para dar por concluido el juicio en el supuesto de que la actora no recogiera los edictos en el término perentorio de tres días, o bien, no presentara el comprobante de pago de las publicaciones correspondientes en el diverso plazo de veinte días.
• En cambio, si el motivo de la sanción que se pretendía atribuir a la actora era la falta de interés en la prosecución del procedimiento, entonces, esa conducta se equipara a la figura de la caducidad de la instancia.
• En ese sentido, conforme con el artículo 1076 del Código de Comercio, la caducidad de la instancia se actualiza por la inactividad procesal de las partes durante el lapso de ciento veinte días y, tratándose de incidentes, en el de sesenta.
• Dichos plazos se deben computar a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada; con la condición de no ser interrumpidos mediante promoción, de cualquiera de las partes, tendente a dar impulso al procedimiento para su trámite o conclusión, ya sea del juicio o del incidente.(17)
• Por ende, la única forma de dar por concluido un asunto por falta de interés tendría que ser a través de la caducidad, porque con ella se sanciona la inactividad de continuar con el procedimiento.
• En ese sentido, de conformidad con el artículo 17 constitucional, las formalidades que deben acatarse en un proceso judicial deben facilitar el acceso a la contienda y no obstaculizarlo; de modo que los órganos jurisdiccionales no impongan a las partes, sin fundamento alguno, condiciones de trámite y de aspecto meramente formal que impliquen la denegación del derecho a la tutela jurisdiccional.
• Por tal razón, si el Código de Comercio no contiene disposición alguna en la que se pueda sustentar la prevención decretada por el Juez responsable, ello no puede tener como consecuencia la conclusión anticipada del proceso, porque con esa postura se pretende imponer una sanción no contenida en la legislación mercantil, en perjuicio de la demandante.
• Asimismo, el derecho humano a una tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, conlleva una obligación para los órganos jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.
• En consecuencia, las prevenciones que se realicen a las partes en el juicio deben ajustarse a lo señalado, con la finalidad de no dar margen a una inaccesibilidad a la tutela judicial derivado de formulismos excesivos.
Consideraciones que tienen sustento en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.) de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO."(18)
VI. Existencia de la contradicción
29. La unificación de criterios mediante las contradicciones de tesis es uno de los remedios previstos en la Constitución Federal para salvaguardar los valores de la justicia formal y el principio de universalidad en el razonamiento judicial.
30. Así, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Más bien, por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.(19)
31. En ese sentido, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación (no en los resultados) adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
32. A partir de lo expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte advierte que sí se actualizan las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción que se denuncia, como a continuación se explica:
33. La primera condición se cumple, pues ambos tribunales se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, para lo cual, recurrieron a su arbitrio judicial.
34. En efecto, los dos tribunales interpretaron las disposiciones que inciden en el juicio oral mercantil, como son: el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, para determinar la consecuencia jurídica procedente cuando, con motivo de la orden de emplazamiento a la parte demandada por medio de edictos, el actor no cumple con el trámite y publicación de los mismos, en el plazo conferido.
35. La segunda condición, consistente en que se encuentre al menos un razonamiento en el que el análisis realizado gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, también queda colmada, pues cada uno de los Tribunales Colegiados llegaron a una solución diferente para determinar la consecuencia jurídica que debe decretarse en el juicio oral mercantil, con motivo del incumplimiento del actor de tramitar y publicar los edictos ordenados para emplazar al demandado.
36. En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que, en virtud de que en las normas que regulan el juicio oral mercantil existe una laguna jurídica sobre la forma en que ha de sancionarse al actor ante la circunstancia descrita, entonces, el Juez de origen debe recurrir a la integración de la norma de manera análoga.
37. De tal forma que el juzgador debe aplicar las consideraciones y el procedimiento que jurisprudencialmente se determinó en casos similares, como lo es el del emplazamiento al juicio de amparo del tercero perjudicado por edictos, conforme a las reglas de la Ley de Amparo abrogada; el cual confiere un plazo de veinte días para recoger, pagar y publicar los edictos, bajo el apercibimiento de sobreseer en el juicio, ante la falta de interés del quejoso.
38. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito consideró que, de acuerdo al artículo 1076, el Código de Comercio sanciona la inactividad de las partes con la figura jurídica de la caducidad, la cual opera cuando hayan transcurrido ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, sin que exista promoción dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.
39. Por ende, si la forma de dar por concluido un asunto por falta de interés es a través de la caducidad, entonces, el plazo que debe considerarse para el trámite y publicación de los edictos ordenados para emplazar al demandado, debe ser el mencionado.
40. Lo anterior permite concluir que ambos tribunales sostuvieron posturas opuestas respecto de la consecuencia jurídica que debe decretarse con motivo del incumplimiento del actor de tramitar y publicar los edictos ordenados para emplazar al demandado. Esto se desprende de la siguiente tabla comparativa:
Ver tabla comparativa
41. En consecuencia, el tercer requisito también se cumple. Las posturas de los Tribunales Colegiados dan lugar al planteamiento y resolución por parte de esta Primera Sala sobre la siguiente interrogante: ¿Cómo debe proceder el Juez en el juicio oral mercantil, cuando el actor no desahoga los actos a su cargo, necesarios para emplazar al demandado mediante edictos?
VII. Estudio
42. Precisada la existencia de la presente contradicción, esta Primera Sala procede al estudio de fondo.
43. Como se indicó con anterioridad, el problema jurídico que debe resolverse consiste en determinar la sanción que debe decretar el Juez, ante el incumplimiento del actor de publicar los edictos ordenados con la finalidad de emplazar al demandado.
44. Al respecto, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se expresan:
45. En principio, es pertinente precisar que el juicio oral mercantil fue incluido en el Código de Comercio, de conformidad con el decreto de reforma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil once, en cuyos procesos legislativos se advierte el propósito de contar con un instrumento de solución de conflictos con la prontitud y celeridad necesarios para evitar rezagos en el pronunciamiento de las resoluciones, conforme al dinamismo social y las exigencias de los tiempos actuales.(20)
46. Para lograr su objetivo, el legislador estableció que el procedimiento se rige por los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.(21) A diferencia de otros procesos jurisdiccionales mercantiles, el legislador confirió al Juez la dirección procesal, con el objetivo de desarrollar su función en forma pronta y expedita, dando seguridad procesal a las partes, para lo cual debe contar con las más amplias facultades en el desempeño de su actuación jurisdiccional.(22)
47. Esto último se ve reflejado en las diversas facultades que el código prevé en diversos preceptos del título especial, las cuales se traducen en una actuación oficiosa constante, que persigue garantizar el debido proceso de las partes, a través de la obtención de una sentencia en la cual dirima las pretensiones sometidas a su potestad.
48. A modo de ejemplo, el juzgador cuenta con facultades oficiosas como las de subsanar omisiones e irregularidades, reponer el emplazamiento del demandado cuando encontrare que no se hizo conforme a la ley, presidir la audiencia, dirigir el debate, conservar el orden y disciplina de la audiencia, conciliar y/o mediar, decretar recesos o diferir la audiencia, entre otras.(23)
49. Dentro de las obligaciones principales que son asignadas al Juez, está la de ordenar el emplazamiento del demandado, conforme a las exigencias previstas en el artículo 1390 Bis 15 y, en su caso, dictar las medidas necesarias para entablar la relación procesal del juicio. Dicha diligencia, así como el auto que admita la reconvención, por regla general, son las únicas actuaciones que se practicarán de manera personal, en tanto las restantes serán llevadas a cabo conforme a las reglas de las notificaciones no personales.(24)
50. No obstante lo anterior, el título especial del juicio oral mercantil no prevé la circunstancia en que un demandado no es localizado en el domicilio proporcionado por el actor en el escrito de demanda; por ende, como se dijo, el juzgador se ve obligado a dictar las medidas necesarias para lograr el emplazamiento. De modo que, ante la ausencia de regulación de esa situación, le son aplicables las reglas supletorias.
51. Así, el numeral 1390 Bis 8 del Código de Comercio dispone que, en todo lo no previsto en el título especial, regirán las reglas generales de la mencionada codificación, con la condicionante de que no se opongan a las disposiciones que rigen para el propio juicio oral mercantil.(25)
52. Por tanto, cuando se ignore el domicilio de la persona que deba ser emplazada, los artículos 1070 y 1070 Bis del Código de Comercio indican el procedimiento que el rector del proceso ha de seguir para solventar el impedimento material que se ha presentado. En primer término, deberá realizar una investigación ante diversas autoridades e instituciones públicas, quienes se encuentran obligadas a coadyuvar en la identificación del domicilio requerido.(26)
53. Si la investigación resulta infructuosa, a continuación corresponde realizar la notificación por edictos, la cual se llevará a cabo mediante la publicación del auto respectivo tres veces consecutivas, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, así como en un periódico local del Estado o de la Ciudad de México.
54. De conformidad con lo expuesto hasta este punto, resulta jurídicamente posible afirmar que la legislación que incide en el trámite y resolución del juicio oral mercantil (y que como dijimos es el título especial y reglas generales del Código de Comercio) contempla las normas que han de observarse para el emplazamiento de la parte demandada, incluido el hecho de que el domicilio se desconozca, por lo cual será procedente la publicación mediante edictos.
55. Ahora bien, la circunstancia que surge con posterioridad a la orden de emplazar por edictos al demandado, que se presentó en los juicios orales mercantiles que dieron origen a la emisión de los criterios contendientes, corresponde al incumplimiento del actor con las formas y términos que le fueron impuestos para lograr el emplazamiento por edictos a su contraparte. Situación que se analiza a continuación:
56. Para ello, ha de precisarse que cuando el Juez confiere al actor obligaciones necesarias para el correcto desahogo del emplazamiento referido, como son: recoger, pagar y publicar los mencionados edictos, se constituye en una obligación procesal, la cual debe ser agotada con la finalidad de que el Juez cumpla su acometido inicial, consistente en poner el juicio en estado de resolución (lo cual implica emplazar al demandado) y, en su momento, pronunciar la sentencia que dirima las pretensiones de las partes.
57. De modo que esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que, para definir el contenido de la sanción que ha de actualizarse, como una consecuencia jurídica derivada del incumplimiento, debe tomarse en cuenta el contenido del principio dispositivo que incide en el juicio oral mercantil, vinculado con el principio de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución federal.
58. Conforme al anterior principio, esta Primera Sala consideró, en el amparo directo en revisión 3606/2012, que la prontitud implica que los tribunales están obligados a resolver las controversias ante ellos planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29673-0b204879/emplazamiento-por-edictos-al-demandado-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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