JUICIO ORAL MERCANTIL. LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 45, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO PROCESALMENTE VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA (LEGISLACIÓN REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2012).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 360/2015. SUSCITADA ENTRE EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Cuarto Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito: Javier Cardoso Chávez (presidente del Tribunal Colegiado), José Martínez Guzmán y Fernando Sánchez Calderón, siendo el mencionado Tribunal Colegiado uno de los contendientes en la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien conoció del amparo directo 259/2014, el cual tiene los siguientes antecedentes:
Juicio oral mercantil. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil trece en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ********** demandó de ********** (en adelante **********) ********** en la vía oral mercantil, el pago de la cantidad de **********, por concepto de la compra de frutas, verduras y abarrotes; el pago de intereses a razón del ********** % (seis por ciento) anual, por concepto de mora; así como el pago de gastos y costas.
Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil trece, ********** contestó la demanda y negó el derecho a su contraparte para reclamar de su representada las prestaciones de mérito.
Así, seguido el juicio por sus trámites, el Juez de origen dictó sentencia definitiva el quince de noviembre de dos mil trece, en la que declaró:
A. Procedente la vía oral mercantil en que la parte actora acreditó su acción, mientras que la parte no acreditó sus excepciones y defensas.
B. Condenar a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad de **********, por concepto de suerte principal.
C. Condenó a la parte demandada a pagar a la parte actora el interés moratorio al tipo legal del **********% (**********) anual, difiriendo en fechas de conformidad a las facturas.
D. No hacer especial condena en costas.
Primer juicio de amparo. Inconforme con la resolución anterior, la parte demandada promovió amparo directo que, por razón de turno, correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tramitado bajo el expediente DC. **********, mismo que fue resuelto en sesión de veintisiete de febrero de dos mil catorce, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la violación procesal, consistente en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil trece y, como consecuencia, la sentencia definitiva, y sin reponer el procedimiento en el juicio de origen, dictara nuevamente las referidas resoluciones, cumpliendo en la primera con el requisito de validez que había omitido, esto es, precisando no sólo el nombre, apellidos y firma del titular del juzgado de origen, sino también el nombre, apellidos y firma del secretario que autorizó y dio fe de ese acto.
Sentencia en cumplimiento. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo en mención, el Juez de origen emitió un nuevo proveído cumpliendo con el requisito de validez apuntado y, como consecuencia, una nueva sentencia el diez de marzo de dos mil catorce, en la cual se resolvió en los mismos términos que la sentencia referida de quince de noviembre de dos mil trece.
Segundo juicio de amparo. En contra de la sentencia definitiva mencionada en el párrafo anterior, la quejosa promovió demanda de amparo por escrito presentado el veintiséis de marzo del dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Segundo Civil de Proceso Oral del Distrito Federal. Del asunto conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito bajo el número de expediente **********, el cual, por sesión de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, resolvió negar el amparo, por las siguientes consideraciones:
• Previo a las cuestiones de fondo, se analizó el primer concepto de violación, en el que se reclamó la violación procesal consistente en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, dictado dentro del juicio natural, a través del cual, no se tuvo por realizada la objeción de documentos que planteó la quejosa en relación con los documentos base de la acción exhibidos por la actora con su demanda inicial.
• En primer término, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó, después del estudio respectivo, que tal violación procesal impugnada, encuadraba en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, al ser análoga a la prevista en la fracción III del propio numeral, conforme a la cual, se considera una transgresión al procedimiento, que se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, por virtud de que se impugna que no se tuvieron por objetadas las documentales ofrecidas por la parte actora en su demanda inicial.
• Arribada la conclusión mencionada, se transcribió el auto impugnado y se hizo referencia a los conceptos de violación de la quejosa, declarándolos infundados, por lo siguiente:
• Que de las constancias del juicio natural, se advierte que la quejosa dio contestación a la demanda, negó derecho a su contraparte para reclamarle las prestaciones demandadas, y en el propio escrito objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio los documentos básicos.
• En cuanto a esa objeción, el Juez responsable, en el auto materia de la violación procesal, no tuvo por hecha la objeción, por la siguiente consideración: "... Respecto a la objeción de documentos que señala, deberá hacerlo en la etapa procesal oportuna, lo anterior con fundamento en el artículo 1390 Bis 45 del Código de Comercio ..."
• Que conforme a lo transcrito, se aprecia que el Juez responsable no tuvo por hecha la objeción que planteó la quejosa, al contestar la demanda instaurada en su contra, por virtud de que en términos del artículo 1390 Bis 45 del Código de Comercio, ésta debe hacerse en la etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar.
• Lo cual, el Tribunal Colegiado estimó apegado a derecho. En principio, se refirió a que de la exposición de motivos del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, publicada el veintisiete de enero de dos mil once, advirtió que el procedimiento oral surgió, esencialmente, por la necesidad de contar con juicios expeditos, cuya tramitación fuera dinámica, ágil, en el que existiera la certidumbre e integralidad de las resoluciones judiciales, y en el que prevaleciera la oralidad por cuanto a su trámite.
• Por lo cual, considera, se propuso adecuar nuestro sistema jurídico a las necesidades y circunstancias actuales, reduciendo los formalismos, requisitos y trámites inocuos, para una mejora regulatoria en beneficio del procedimiento judicial y la población.
• En atención a ello, para lograr la agilidad del desarrollo del juicio oral, se propuso establecer que éste se desahogara en tres audiencias específicas:
1. La preliminar, que tendría como propósito la depuración del procedimiento, la conciliación de las partes por conducto del Juez, la fijación de acuerdos tanto de hechos no controvertidos, como de pruebas, la admisión de los medios de convicción y la citación para la audiencia siguiente.
2. La audiencia del juicio, en la que se desahogarían las pruebas admitidas y preparadas, se desestimarían o declararían desiertas las no preparadas, se oirían los alegatos de las partes y se declararía visto el asunto para dictar sentencia; audiencia que se dispuso, no se suspendería o diferiría por ninguna razón, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
3. Continuación de la audiencia, en la que se dictaría la resolución correspondiente, se le daría lectura -salvo que las partes no comparecieren a la audiencia- y se notificaría a las partes.
• Estableció que, en atención a ello, se propuso dotar al juzgador correspondiente de las más amplias facultades como rector del procedimiento, con el propósito de solucionar -dentro de las audiencias respectivas- las controversias que se le plantearan de manera aún más rápida. Que aunado a ello, se conminó la asistencia de las partes a cada una de las audiencias, dada la preeminencia de la oralidad en el desarrollo de ese procedimiento, y la posibilidad de conciliar sus intereses.
• Es por ello que considera que de los artículos 1390 Bis 21 y 1390 Bis 2 (sic) del Código de Comercio puede concluirse que, en el juicio oral mercantil, rigen como principios básicos, entre otros, los de oralidad e inmediación en su tramitación.
• Ahora bien, estimó que conforme al artículo 14 constitucional, se estima que para interpretar la ley, en el caso el Código de Comercio, será aquella que se obtiene de su propio texto y, posteriormente a ello, se hará a través de los métodos que para tal efecto se conocen.
• Así, haciendo una relación en cuanto al concepto de violación en el cual se estimó la transgresión a sus derechos fundamentales, porque el responsable debió tener por hecha en tiempo y forma la objeción que hizo al contestar la demanda inicial del juicio de origen de las facturas base de la acción, y no desestimar esa petición por el hecho de que no se hizo en la audiencia preliminar, en términos de lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 45 del Código de Comercio; el Tribunal Colegiado estimó que del primer párrafo del mencionado artículo se advertía que las partes podrán objetar los documentos en cuanto a su alcance y valor probatorio durante la etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar en el caso de los ofrecidos hasta ese momento; o en la audiencia en que se ofrezcan cuando se presenten después de la preliminar.
• Considerando que de la interpretación al texto de la norma estudiada, se desprendía que, al restringir la objeción de documentos a la fecha de la audiencia preliminar, limita claramente que esa situación no pueda realizarse en algún otro momento del procedimiento, esto es, que sólo puede y debe hacerse en dicha audiencia, tratándose de los documentos exhibidos hasta entonces; y respecto de los documentos exhibidos con posterioridad, la objeción se hará en la audiencia en que aquello acontezca.
• Por lo que concluyó que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral en cuestión, la objeción de documentos a que se refiere dicho precepto, no se puede plantear válidamente desde el momento de contestar la demanda, en virtud de que expresamente se dispone que sólo se podrá hacer valer en las hipótesis referidas.
• Lo cual consideró que no puede entenderse de otra forma, como erróneamente lo pretende la parte quejosa, bajo una aplicación analógica de la jurisprudencia en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el artículo 1247 de la legislación mercantil, puesto que ello rompería con los principios que rigen al procedimiento oral mercantil, en específico, los de oralidad e inmediación, de los que se deduce que todas las cuestiones que surjan en el procedimiento deben plantearse oralmente, y resolverse por y ante el Juez del conocimiento.
• Aunado a ello, estimó que la limitante en mención no deriva sólo de la interpretación literal del artículo en análisis, sino de la interpretación sistemática que se hace de éste con las diversas normas y principios que rigen al procedimiento oral en el Código de Comercio.
• A lo cual, hace nuevamente referencia a que los juicios orales mercantiles se rigen bajo los principios de oralidad e inmediación, los cuales se encuentran basados en el hecho de que su tramitación se constriñe, después de la presentación de la demanda y su contestación, así como de la reconvención y su respuesta [artículos 1390 Bis 11 a 1390 Bis 19], a las tres audiencias precitadas en párrafos precedentes, a las que se encuentran obligados a ocurrir los contendientes, bajo el riesgo de que precluya algún derecho procesal en su perjuicio en caso de no hacerlo, y en las que será el juzgador quien tendrá las más amplias facultades de dirección y disciplinarias para resolver lo que las partes sometan a su consideración, acorde a los artículos 1390 Bis 21 a 1390 Bis 39.
• Se refirió que dentro de las mencionadas audiencias, se encuentra la preliminar, en la que se proveerá sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, y en la que, en términos del numeral 1390 Bis 45 ("por lógica") deben objetarse los documentos allegados hasta entonces por las partes o en la audiencia que corresponda cuando esos documentos se ofrezcan posteriormente; ya que, a su consideración, es en dicha audiencia en la que el juzgador proveerá sobre la admisión de los medios de convicción, y donde la parte contraria, por igualdad procesal, estará en posibilidad de contrarrestar las razones o motivos que puedan alegarse en contra de las pruebas documentales que hubiere allegado e, incluso, ofrecer otras probanzas para desvirtuar la objeción que en contra de éstas pueda exteriorizarse.
• Por todo lo anterior, concluyó que si el legislador plasmó en el Código de Comercio, en el título especial del juicio oral mercantil, la restricción de que los documentos sólo se objetaran en la audiencia preliminar, para el caso de los ofrecidos hasta ese momento, y en la audiencia respectiva, cuando se ofrecieran después de aquélla; ello fue porque en ese tipo de procedimientos deben imperar los principios que lo rigen, entre ellos, los de oralidad e inmediación; y que permiten hacerlos expeditos, ágiles y dinámicos para su resolución; de ahí que es indefectible que la objeción no pueda plantearse al momento de contestar la demanda.
• Que de lo contrario, implicaría desarticular otras normas del proceso oral que tienen la finalidad de que el proceso se desarrolle bajo el orden ya determinado. Además de que ese proceder obligaría al juzgador a retomar oficiosamente en la audiencia respectiva, aspectos que constituyen cargas procesales cuyo ejercicio sólo corresponde hacer valer a las partes, máxime que, como se ha visto, éstas se encuentran constreñidas, en términos del artículo 1390 Bis 21 del Código de Comercio, a asistir a las audiencias, por sí o a través de sus legítimos representantes, y ello no tiene otra finalidad más que éstas, en las audiencias que integran el juicio oral mercantil, ejerzan los derechos que les confiere e impone la ley bajo la dirección del juzgador.
• Por tanto, estimó que la objeción de documentos, en cuanto a su alcance y valor probatorio en un juicio oral mercantil, debe realizarse en los términos señalados en el artículo 1390 Bis 45 del Código de Comercio, para que constituya un acto procesal válido del cual pueda ocuparse el juzgador, al decidir sobre la admisión o desechamiento de pruebas; por consecuencia, es incorrecto se plantee en la contestación de la demanda, pues como se ha visto, ello es incompatible con las reglas que rigen el procedimiento oral.
• Por cual, consideró no aplicarse analógicamente la jurisprudencia invocada por la quejosa, de rubro: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1247 DEL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE ABRIL DE 2008. PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO PROCESALMENTE VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA.", ya que en ella se interpreta una disposición aplicable a juicios distintos al oral mercantil, el cual se rige bajo sus reglas especiales y, además, porque así lo establece el artículo 1390 Bis 8.
De dicha ejecutoria derivó el criterio de rubro y texto siguientes:
"JUICIO ORAL MERCANTIL. LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS EN ÉL NO PUEDE PLANTEARSE AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 1390 BIS 45 DEL CÓDIGO DE COMERCIO [INAPLICABILIDAD ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2013 (10a.)]. De la interpretación al citado precepto, se advierte que en los juicios orales mercantiles la objeción de documentos no puede plantearse válidamente al momento de contestar la demanda, en virtud de que esa disposición prevé expresamente que sólo podrá hacerse valer durante la etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar -en el caso de los ofrecidos hasta ese momento-, o en la audiencia en que se ofrezcan -cuando se presenten después de la preliminar-, de modo que limita claramente que esa situación no pueda realizarse en algún otro momento del procedimiento; sin que pueda entenderse de otra forma, puesto que, de hacerlo, se rompería con los principios que rigen al procedimiento oral mercantil, en específico, los de oralidad e inmediación, de los que se deduce que todas las cuestiones que surjan en el procedimiento deben plantearse oralmente, y resolverse por y ante el Juez del conocimiento. Consecuentemente, es inaplicable analógicamente la jurisprudencia 1a./J. 14/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo I, marzo de 2013, página 729, de rubro: ‘OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1247 DEL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE ABRIL DE 2008. PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO PROCESALMENTE VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA.’, puesto que en ésta se interpreta una disposición aplicable a juicios distintos al oral mercantil que se rige bajo sus reglas especiales; además, estimarlo de otro modo, implicaría desarticular otras normas del proceso oral que tienen la finalidad de que el proceso se desarrolle bajo el orden ya determinado, en tanto que obligaría al juzgador a retomar, oficiosamente, en la audiencia respectiva, aspectos que constituyen cargas procesales cuyo ejercicio sólo corresponde hacer valer a las partes que se encuentran constreñidas, en términos del artículo 1390 Bis 21 del Código de Comercio, a asistir a las audiencias, por sí o a través de sus legítimos representantes, y ello no tiene otra finalidad más que éstas, en las audiencias que integran el juicio oral mercantil, ejerzan los derechos que les confiere e impone la ley, bajo la dirección del juzgador, como en el caso de la preliminar, en la que se proveerá sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, y en la que en términos del diverso numeral 1390 Bis 45 deben objetarse los documentos allegados hasta entonces por las partes o en la audiencia que corresponda cuando esos documentos se ofrezcan posteriormente, ya que es en dicha audiencia en la que el juzgador proveerá sobre la admisión de los medios de convicción, y donde la parte contraria -por igualdad procesal- estará en posibilidad de contrarrestar las razones o motivos que puedan alegarse en contra de las pruebas documentales que hubiere allegado e, incluso, ofrecer otras probanzas para desvirtuar la objeción que en contra de éstas pueda exteriorizarse."(2)
II. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien conoció del amparo directo 708/2015, del cual se desprenden los siguientes antecedentes:
Juicio oral mercantil. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil quince, en la Oficialía de Partes Común Civil, Familiar y Penal de Tlalnepantla, Estado de México, ********** (en adelante **********) demandó de ********** en la vía oral mercantil, el pago de la cantidad de $********** (**********), por concepto de suerte principal; el pago de intereses por concepto de mora; así como el pago de gastos y costas.
Por escrito presentado el uno de junio de dos mil quince, ********** contestó la demanda y negó el derecho a su contraparte para reclamar de su representada las prestaciones de mérito.
Así, seguido el juicio por sus trámites, el Juez de origen dictó sentencia definitiva el quince de noviembre de dos mil trece, en la que declaró:
A. Procedente la vía oral mercantil en que la parte actora acreditó su acción, mientras que la parte no acreditó sus excepciones y defensas.
B. Condenar a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad de **********, por concepto de suerte principal.
C. Condenó a la parte demandada a pagar a la parte actora el interés moratorio al tipo legal del *********% (**********) anual.
D. No hacer especial condena en costas.
Juicio de amparo. Inconforme con la resolución anterior, la parte demandada promovió amparo directo que, por razón de turno, correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, tramitado bajo el expediente DC. **********, mismo que fue resuelto en seis de noviembre de dos mil quince, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal por las siguientes consideraciones:
• El Tribunal Colegiado estimó que parte de los conceptos de violación expresados eran fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
• Se hace referencia a la consideración de la violación procesal, la cual fue la siguiente: "documentales que no fueron objetadas oportunamente por la demandada, conforme a derecho, lo que origina que se tengan por admitidas y surtan sus efectos como sí hubieran sido reconocidas expresamente en términos de los artículos ..."
• Así, el Tribunal Colegiado estimó que la quejosa cuestiona lo resuelto en el acto reclamado, en cuanto a que las facturas base de la acción demandada en el de origen, no se objetaron oportunamente y que, ante ello, surten efectos como si hubieren sido reconocidas expresamente, empero, que fueron debidamente objetadas en su contestación de demanda, no obstante la responsable, violando derechos humanos, tuvo por no admitida dicha objeción, fundándose en una tesis aislada, siendo que existe jurisprudencia de carácter obligatorio, de la que se obtiene que la objeción válidamente puede formularse en la contestación de demanda, cuestión soslayada por la responsable.
• Así, se estudia si la presente violación encuadra en lo dispuesto por la fracciones (sic) III del artículo 172 de la Ley de Amparo, concluyéndose que, aplicando la fracción XII del citado precepto, es un supuesto análogo, por lo cual es procedente estudiarla en amparo directo.
• Sentado lo anterior, se prosigue al estudio de los conceptos, que se estiman fundados, pues considera que es factible formular la objeción de documentos al contestar la demanda.
• Se señaló que, de conformidad al artículo 1390 Bis 45 del Código de Comercio, la objeción de documentos podrá formularse durante la audiencia preliminar; sin embargo, de una correcta interpretación de la citada norma legal, permite establecer como límite o último momento para realizarse dicha objeción "durante la audiencia preliminar", no así que sólo en ese acto procesal se pueda plantear válidamente la objeción de probanzas aportadas con el escrito de demanda.
• Para así estimarlo, se apoyó en la jurisprudencia emitida por esta Primera Sala, de rubro: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1247 DEL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE ABRIL DE 2008. PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO PROCESALMENTE VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA.", pues consideró que si, en términos del artículo 1390 Bis 13, en los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista, las partes ofrecerán sus pruebas, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, válidamente puede plantearse la objeción al momento de contestar la demanda respecto de los documentos ya presentados a ese momento procesal, aun cuando no se esté en la etapa de la calificación de la admisibilidad de pruebas, lo que es propio y exclusivo de la audiencia preliminar.
• Consideraciones que vertió en aras de evitar restricciones a la defensa adecuada y dar prioridad a los derechos de acceso efectivo a la jurisdicción, debido proceso y equilibrio procesal, pues la exigencia legal impuesta en el artículo 1390 Bis 45, consistente en que los documentos que presenten las partes podrán ser objetados en cuanto a su alcance y valor probatorio, durante la etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar que prevé el multimencionado artículo, únicamente tiene el propósito de fijar la preclusión del derecho de las partes a objetar los documentos presentados en juicio, es decir, precisar el límite de tiempo en que se puede ejercer tal prerrogativa y después de la cual queda extinguida, mas no el de impedir que tal derecho se ejerza respecto de los documentos presentados antes de esa etapa procesal, como es el caso de los exhibidos por el actor en la demanda.
• Atento a lo anterior, si la objeción de los mencionados documentos se formuló en la contestación de demanda, ésta se debe considerar hecha oportunamente, sin que haya necesidad de su reiteración o ratificación en el periodo de pruebas, pues la limitación de la objeción de un documento, al momento del periodo probatorio, atenta contra el debido proceso, al restringir o amenazar de manera extensiva la defensa adecuada; por ello, si el actor en el escrito de demanda ofrece o hace mención de diversos medios de convicción, es indudable que, en aras de que haya equilibrio procesal entre las partes, el demandado puede válidamente objetar el elemento de prueba que estime pertinente al contestar la demanda, con lo que se observa el principio de igualdad en el proceso.
• Estimando que las conclusiones arribadas no se rompen con los principios que rigen el procedimiento oral mercantil, especialmente los de oralidad e inmediación, ya que, si bien, como se ha dicho, el citado 1390 Bis 45, prevé que las partes podrán objetar los documentos durante la audiencia preliminar, el hecho de que previamente se tenga por formulada la objeción, nada impide que con ella dé cuenta en la audiencia preliminar, pues incluso en ese momento la contraparte estará en condiciones de ofrecer contra pruebas relacionadas con la objeción formulada.
• Asimismo, hace referencia a que estimar que la objeción de documentos en el juicio oral mercantil sólo puede formularse en la audiencia preliminar, se restringiría el principio a una adecuada defensa, al impedir que los documentos presentados en la demanda, se puedan objetar al momento de contestar ésta, sobre todo si las partes en sus escritos de demanda o contestaciones cuando deben ofrecer sus pruebas, por lo que si la objeción en un hipotético caso requiere de pruebas; el impedir que se formule desde la contestación, impediría que en tal acto se ofrezcan medios para justificar la aludida objeción; de ahí que se estima permisible formular la objeción en la contestación o en el desahogo de vista, pudiendo darse cuenta de la ya hecha en la audiencia preliminar.
• Hace la puntualización de que si las pruebas sólo pueden ofrecerse en los escritos que ciñen la litis (y, en su caso, al desahogar la vista con la contestación); si una objeción requiere de probanzas, entonces, debe admitirse que tal impugnación sea válida al producirse en la contestación; de manera que ahí mismo puedan ofrecer las pruebas en torno a ella.
• Nuevamente insiste, que las consideraciones no soslayan la naturaleza jurídica del juicio oral mercantil, dado que, en lo que corresponde a la demanda y a su contestación, se formulan por escrito, lo que revela que ese procedimiento participa de una naturaleza mixta, aun cuando predomina la oralidad, pues no puede desconocerse la existencia de actuaciones que se realizan por escrito; de ahí que nada impide que en la contestación, el demandado pueda formular la objeción de los documentos presentados con la demanda.
• Por último, se señaló que por las razones apuntadas, no comparte la postura asumida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, plasmado en la tes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27049-cad3b61f/juicio-oral-mercantil-la-objecion-de-documentos-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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