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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS 37 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE PREVÉ LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR, CUANDO SE ADMITAN PRUEBAS DOCUMENTALES QUE NO REQUIERAN PREPARARSE, NO ES APLICABLE A LA PRUEBA CONFESIONAL DE POSICIONES, EN EL CASO DE QUE ÉSTA SE ADMITA Y DEBA DESAHOGARSE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 72/2023. · Registro digital (IUS): 32057
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo V, Pág.4734.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 72/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES. DISIDENTE: MAGISTRADO CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO. SECRETARIO: JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ.

INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL.

El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, se integra por los Magistrados:

• Magistrada Martha Leticia Muro Arellano (presidenta y ponente)

• Magistrado Héctor Martínez Flores

• Magistrado Cuauhtémoc Cuéllar de Luna.

Presente además,

• José Luis Vázquez López, Secretario.

Dicta la sentencia que se estructura a partir de:

ÍNDICE TEMÁTICO.

Ver índice temático

Síntesis

Tema: Determinar si en los juicios orales mercantiles, las personas juzgadoras están facultadas para concentrar en la audiencia preliminar –por estar presentes las partes– la audiencia del juicio, en el supuesto de que se admita y deba desahogarse la prueba confesional de posiciones, como sucede con la prueba documental cuando no requiere preparación su desahogo.

Posturas contradictorias:

Ver posturas

Conclusiones:

1) El derecho fundamental de debido proceso contiene un núcleo duro a observarse en todo el procedimiento jurisdiccional. 2) El legislador tiene amplio margen de configuración en torno a las normas procesales que han de regir en los juicios orales mercantiles, y de cómo se aplicarán los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. 3) Los trabajos legislativos que introdujeron los juicios orales en la codificación mercantil, muestran el propósito de darles celeridad, agilidad, expeditez, dinamismo y combatir la saturación del sistema judicial. 4) El principio de concentración implica regular en el menor número de audiencias un máximo posible de actuaciones para hacer ágil y rápido el proceso, y la práctica judicial donde permita apreciar, agrupados, los planteamientos y las pruebas. 5) El artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio, prevé una regla especial para reunir la audiencia del juicio en la audiencia preliminar, únicamente cuando se admitan documentos cuyo desahogo no requiere preparación, lo cual constituye expresión del mencionado principio. 6) La interpretación literal da lugar a establecer que la prueba confesional de posiciones en esa regla especial o de excepción, ni siquiera cuando estén presentes las partes. 7) No hay una laguna normativa, porque dicha prueba se comprende en la regla general del propio precepto, por lo cual, la intérprete judicial no está facultada para integrar la norma, por analogía, acorde al Código Mercantil. 8) Podría concebirse una laguna axiológica, donde la intérprete pretende que el supuesto de la norma especial se extienda a la prueba de confesión de posiciones, lo cual no le está permitido, al ser una facultad exclusiva del legislador en ejercicio de su libertad configurativa. 9) Una interpretación teleológica deja claro que el legislador sí tuvo en consideración las diferencias para el desahogo de la prueba confesional, que forjó su intención de no asimilarla en la regla de excepción. 10) Es idóneo, necesario, proporcional y razonable, la construcción normativa frente al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, vinculada a la impartición de justicia pronta y expedita, lo previsto acerca de la prueba de confesión de posiciones.

Decisión

Se propone determinar que, en los juicios orales mercantiles, las personas juzgadoras no están facultadas para concentrar en la audiencia del juicio en la audiencia preliminar –aun cuando asistan las partes a ésta– en el supuesto de que se admita y deba desahogarse la prueba confesional de posiciones, como sucede al admitirse únicamente pruebas documentales, en el supuesto de que su desahogo no requiera preparación.

Guadalajara, Jalisco. Resolución del Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur (en adelante "el Pleno Regional"), emitida en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés

VISTA para resolver la contradicción de criterios 72/2023;

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA CONTRADICCIÓN:

1. La denuncia de posible contradicción de criterios fue formulada por la Magistrada presidenta del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver los amparos directos 173/2023 y 174/2023; frente al diverso sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver el amparo directo 14/2020.

2. De actualizarse la contradicción de criterios, el problema jurídico requerirá: Determinar si en los juicios orales mercantiles, las personas juzgadoras están facultadas para concentrar en la audiencia preliminar –por estar presentes las partes– la audiencia del juicio, en el supuesto de que se admita y deba desahogarse la prueba confesional de posiciones, como sucede con la prueba documental cuando no requiere preparación su desahogo.

ANTECEDENTES

Pleno Regional (trámite de contradicción de criterios)

3. De conformidad con los Acuerdos Generales 108/2022 y 67/2022, se creó este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, para conocer de los asuntos de la materia y territorio que se establece en los propios acuerdos generales, con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

Radicación, admisión, registro y turno electrónico.

4. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés la presidencia de este Pleno Regional recibió, por vía electrónica, los oficios 3895 y 3897 provenientes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, acompañados con las versiones digitalizadas de las sentencias dictadas en los amparos directos 173/2023 y 174/2023 de su índice. En dichas sentencias se advierte que el Pleno de ese órgano jurisdiccional denunció una posible contradicción de criterios. Por acuerdo de veintiséis del propio mayo se solicitó al Tribunal Colegiado oficiante que aclarara su comunicado y precisara el posible punto de divergencia entre su criterio y el del diverso tribunal que estima contendiente.

4.1. En acuerdo de catorce de junio siguiente se recibieron los oficios 5476/2023 y 5486/2023-I, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la misma sede. La Magistrada presidenta del dicho órgano jurisdiccional, aclara su denuncia de posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional al resolver los amparos directos 173/2023 y 174/2023 frente al diverso sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver el amparo directo 14/2020. Este Pleno Regional la registró con el número 72/2023, formó el expediente físico únicamente con el fin de agregar las promociones que se recibieran y constancias de notificaciones que resulten de su trámite. Ordenó su sustanciación a través de medios electrónicos, solicitó a los órganos contendientes informe de vigencia de criterios. La remisión vía electrónica de la ejecutoria correspondiente, y el acceso al expediente electrónico de los asuntos que convergen en la presente. Se dio aviso a la Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de recabar información sobre la existencia de alguna contradicción de criterios en trámite sobre el tema. El asunto se turnó para estudio a la ponencia de la Magistrada Martha Leticia Muro Arellano.

Recepción de constancias.

4.2. El veintisiete de junio siguiente este Pleno certificó la vinculación de los expedientes relacionados del índice del Octavo Tribunal Colegiado denunciante.

4.3. El tres de agosto ulterior, se tuvo al encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se advirtió algún asunto que guardara relación con la temática de este caso.

4.4. El ocho del propio agosto se tuvo al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cumpliendo lo solicitado por este Pleno Regional, remitió la ejecutoria relacionada, informó que no se ha apartado del criterio y puso a disposición su expediente electrónico.

Confirmación de turno.

4.5. El once de septiembre de dos mil veintitrés se confirmó el turno a la referida ponencia para la elaboración de proyecto de resolución.

PRESUPUESTOS PROCESALES

PRIMERO.—Competencia.

5. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios. Tiene fundamento en lo previsto en los artículos: 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 2 del Acuerdo General 108/2022; 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 [Anexo 1]

Ver legislación anexo 1

Ello, en razón de que se trata de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil, que es la especialidad del órgano resolutor y pertenecen a la región en la que este Pleno Regional ejerce jurisdicción [Anexo 2]

Ver región anexo 2

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante.

6. La denuncia proviene de parte legítima. La plantearon la Magistrada y los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Facultad que les confieren los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo [Anexo 3]

Ver legitimación anexo 3

TERCERO.—Requisitos para la existencia de contradicción de criterios.

7. La metodología para abordar el análisis sobre la existencia de la contradicción de criterios entre tribunales debe partir de la necesidad de unificar criterios. No en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales.

8. La condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio. Por tanto, la esencia de la contradicción radica en dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica. No propiamente en la de conjugar requisitos, emanados de los casos resueltos por los tribunales.

9. La vertiente para determinar si existe o no una contradicción de criterios parte del análisis detenido de cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–. Ello, con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales. Al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. La resolución de las contradicciones de criterios tiende a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.(1)

10. De tal manera, para la existencia de contradicción de criterios, con base en la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal, es preciso que:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa que les generó la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) En esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión. Es decir, que exista –al menos– un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico. Sea lo argumentado sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general. Además, haberse adoptado criterios discrepantes.

c) Dé lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(2)

d) No hay necesidad de que las cuestiones fácticas en los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales. Las particularidades de cada asunto no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes. Debe privilegiarse –en tal supuesto– la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(3)

e) Para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia.(4)

CUARTO.—Existencia de la contradicción de criterios.

Primer requisito: Ejercicio interpretativo acerca de una norma o figura jurídica. Los Tribunales Colegiados contendientes desplegaron su arbitrio judicial al resolver cuestiones litigiosas planteadas.

Primera postura.

11. Del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 174/2023, relacionado con el 173/2023, según los siguientes antecedentes:

11.1. Una persona física demandó de dos instituciones financieras –en la vía oral mercantil– entre otras prestaciones, la nulidad de diversos cargos a su tarjeta de crédito. Seguido el juicio, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró probada la acción, se declaró la nulidad y se condenó a la demandada al reembolso, así como al pago de interés legal.

11.2. Las demandadas promovieron juicio de amparo directo. A uno le correspondió el número 174/2023 y al otro el 173/2023. El referido Octavo Tribunal Colegiado de Circuito, mediante ejecutorias dictadas en sesión del cuatro de mayo del dos mil veintitrés, negó la protección constitucional.

11.3. En las dos resoluciones, de modo coincidente, el Tribunal Colegiado –en lo que interesa– estableció:

"... en relación con la determinación de concentrar la audiencia preliminar y de juicio, el motivo de disenso es fundado pero inoperante por las razones que se expondrán.

"Lo fundado del planteamiento deriva de que, contrario a lo expuesto por la autoridad responsable, este Tribunal Colegiado estima que no era factible concentrar las audiencias preliminar y de juicio en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio, debido a que se admitió la prueba confesional a cargo de la actora ofrecida por las codemandadas, lo cual constituye un supuesto fáctico distinto al establecido en la norma para hacer procedente la concentración de audiencias, y que se limita a los casos en los que se admitan pruebas ‘documentales que no requieren ser preparadas para su desahogo.’

"En consecuencia, la aplicación del último párrafo del artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio, debió efectuarse conforme al método de interpretación literal, sin necesidad de acudir a un método de interpretación sistemático.

"Se explica.

"El artículo 14 constitucional establece que ‘en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’

"Por tanto, siguiendo los argumentos de la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 33/2006-PS en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil seis, la primera parte del párrafo cuarto del precepto constitucional citado, implica que el Juez civil ha de resolver, de acuerdo con la ley, las controversias de que conoce, cuando aquélla prevé la situación jurídica controvertida.

"Expresado en otro sentido: el Juez está ligado a los textos legales, si éstos le brindan la solución que busca.

"En cambio, cuando el sentido de la ley es dudoso, el intérprete debe utilizar los recursos que los métodos de interpretación le ofrece, para dilucidar el sentido de la norma.

"Intervienen entonces las llamadas interpretación histórica, lógica y sistemática; y a ello aluden las palabras ‘o a la interpretación jurídica.’

"Mas no hay que olvidar que se trata de la búsqueda del sentido de la ley, y que éste no ha de identificarse con la voluntad del legislador. Si la labor interpretativa revela al Juez que el caso sometido a su decisión no está previsto, tiene la obligación de colmar la laguna.

"...

"Por tanto, aunque la autoridad responsable atribuyó un significado diverso al precepto 1390 Bis 37 del Código de Comercio pretendiendo justificarlo con la celeridad de los juicios orales; en la especie, no es posible que tal significado prevalezca sobre lo que expresamente quedó plasmado en el precepto aludido.

"Pues cuando el significado natural y ordinario de las palabras está claro y éstas tienen sentido en el contexto, no hay por qué recurrir a otros métodos o principios de interpretación; es decir, es innecesario realizar un análisis interpretativo cuando la norma confiere elementos suficientes para su apreciación.

"Lo que en el caso ocurre, en razón de que el precepto expresamente prevé una regla específica para la concentración de las audiencias preliminar a la de juicio y restringe el caso concreto de aplicación, al determinar que: ‘Si en la audiencia preliminar sólo se admiten pruebas documentales que no requieran ser preparadas para su desahogo, se podrá concentrar la audiencia de juicio en la preliminar.’

"La palabra ‘podrá’ utilizada en la norma de análisis, constituye la tercera persona del singular futuro simple del modo indicativo del verbo ‘poder’, este último que deriva del latín potere , cuyo significado denota ‘Ser contingente o posible que suceda algo.’

"Por tanto, conforme al sentido corriente, usual, natural u ordinario, que debe atribuirse a la palabra ‘podrá’, es inconcuso que el texto analizado refleja que es optativo para el juez concentrar la audiencia de juicio en la preliminar; sin embargo, tal potestad no es irrestricta, sino que se encuentra sujeta a una hipótesis normativa específica: cuando sólo se admitan pruebas documentales que no requieran ser preparadas para su desahogo.

"Con otras palabras, la facultad otorgada al Juez para la concentración de audiencias en los juicios orales mercantiles se encuentra restringida por el tipo de pruebas que se admitan en la audiencia preliminar, lo cual atiende no sólo al objeto y fines del procedimiento, sino también a los derechos de las partes de procurar la preparación y desahogo de las pruebas ofrecidas, asegurándose a la vez que tal obligación dispositiva no se convierta en obstáculo para la administración de justicia expedita.

"Lo hasta aquí desarrollado pone de manifiesto que el legislador ordinario estableció una regla general para la sustanciación del juicio oral mercantil, y que en esencia prevé el desahogo de dos audiencias independientes: preliminar y de juicio; y creó una excepción a esa regla, prevista en el artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio.

"...

"Además, es oportuno señalar que si la intención del legislador hubiera sido dejar abierta la posibilidad de concentrar las audiencias preliminar a la de juicio, cuando se admitieren otro tipo de pruebas distintas a las ‘documentales que no requieran ser preparadas para su desahogo’, así lo hubiera plasmado en el artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio, con una redacción distinta, tal como pudiera ser si se agregara la frase: ‘o se admita la prueba confesional en caso de que estén presentes las partes y conozcan la materia de la litis’. No obstante, el poder reformador limitó la aplicación del supuesto normativo a los casos en los que se admitan pruebas documentales que no requieran preparación." Segunda postura.

12. Del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver amparo directo 14/2020, acorde a la siguiente evolución:

12.1. Una persona física demandó, en la vía oral mercantil, a una institución bancaria la nulidad de diversas disposiciones de dinero en efectivo, el reembolso de cierta cantidad de dinero, intereses legales y gastos y costas.

12.2. El asunto se radicó en un Juzgado de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor en la Ciudad de México. Se dictó sentencia en la que se declaró la nulidad, condenó a cancelar los cargos, y a efectuar el reembolso de la cantidad reclamada y absolvió a la demandada por el pago de los intereses, así como de los gastos y costas. La demandada promovió juicio de amparo directo que en su oportunidad negó.

12.3. El Tribunal Colegiado, en lo conducente, determinó:

"1. Concentración de la audiencia preliminar.

"En conformidad con los artículos 1390 Bis 32 a Bis 37 del Código de Comercio, la audiencia preliminar en el juicio oral mercantil:

"a.- Se lleva a cabo con o sin la asistencia de las partes;

"b.- Se estudian las excepciones procesales;

"c.- El Juez analiza la legitimación de las partes, procura la conciliación, a solicitud de las partes, fija los hechos no controvertidos

"d.- Se emite decisión sobre la admisión de pruebas, respecto a las admitidas, el Juez expresa la forma en que deberán prepararse para su desahogo en la audiencia de juicio. Queda a cargo del oferente su oportuna preparación, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se declararan desiertas.

"e.- La preparación de las pruebas queda a cargo de las partes, por lo que deberán presentar a los testigos, peritos y demás pruebas que les hayan sido admitidas.

"...

"En el primer concepto de violación, el banco quejoso sólo argumenta que: ...

"La circunstancia de que algunas normas procesales se consideren de orden público no implica su aplicación rígida y mecánica a todos los casos, pues esa calidad no le impone imperatividad, sino le encomienda la custodia de los principios y valores inmersos en tal orden público, de modo que, cuando la aplicación de alguna o varias de tales disposiciones, en casos concretos, atente contra tales fines, aquéllas deben ceder para dar paso a la plena satisfacción de éstos.

"Al efecto de precisar la finalidad del proceso oral mercantil, se impone transcribir la exposición de motivos del Decreto que adicionó la normativa de este juicio al Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil once.

"...

"La interpretación teleológica, sistemática y extensiva del precepto, con los artículos 1390 Bis 4, y Bis 32 a Bis 39 del Código de Comercio, lleva a estimar que, en los juicios orales mercantiles, aun cuando el legislador previó dos audiencias, a saber, la preliminar y la de juicio, y es en esta última donde, en principio, se desahogan las pruebas admitidas; con la finalidad de dar celeridad a la decisión de la controversia, es factible concentrar ambas audiencias, cuando no hay obstáculo para que las únicas pruebas admitidas puedan desahogarse desde luego, sin necesidad de fijar fecha para otra audiencia (la de juicio)

"En efecto, como ha quedado evidenciado con la exposición de motivos del decreto que adicionó al Código de Comercio, la normativa del juicio oral mercantil, la finalidad de este juicio es la celeridad en la resolución de controversias.

"Con la concentración de audiencias, el legislador dio aún más celeridad al proceso oral, que de por sí es breve, ya que si no hay prueba cuyo desahogo requiera preparación, puede pasarse a su desahogo, para luego emitir sentencia.

"El supuesto normativo que permite la concentración de audiencias debe entenderse respecto a cualquier prueba que no requiera ser preparada para su desahogo.

"Si el legislador se refirió a la prueba documental es porque lo ordinario es que este tipo de pruebas ya obren en el sumario, y no necesiten preparación para su desahogo.

"...

"Al atender a la posibilidad fáctica que anima el último párrafo del artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio, se advierte claramente que la posibilidad de desahogar pruebas admitidas que no requieran preparación para su desahogo no se limita a las documentales, sino que incluye a todas aquellas que estén en circunstancias que permitan su desahogo.

"En el caso de la prueba de confesión por posiciones, en las reglas comunes, específicamente en el artículo 1224, segundo párrafo, del Código de Comercio, se prevé como preparación de este medio de convicción, la notificación personal al que deba absolver posiciones, con cierta anticipación de la audiencia respectiva. La referida preparación está prevista en orden al absolvente, no al articulante, para que aquél esté en aptitud de comparecer a la audiencia a absolver posiciones, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por confeso de las posiciones que se califiquen de legales.

"...

"Como se puede advertir, tanto en las reglas comunes como en las específicas del juicio oral mercantil, la preparación del desahogo de la confesión es para citar a la persona, cuya confesión se pretende obtener, a fin de que comparezca a la audiencia a absolver las posiciones que le sean articuladas, y en caso de no hacerlo se le tenga por confesa de las posiciones calificadas de legales.

"La preparación de la confesión no tiene que ver con darle al oferente de la prueba un tiempo extra para que formule las posiciones que a su interés convenga.

"Si se toma en cuenta que en conformidad con el artículo 1390 Bis 21 del Código de Comercio, es obligación de las partes asistir a las audiencias del procedimiento y, en términos del artículo 1390 Bis 33 del propio ordenamiento, la audiencia preliminar se lleva a cabo con o sin la asistencia de las partes, y la inasistencia sin justa causa está sancionada pecuniariamente, es factible establecer que si ambas partes acuden a la audiencia preliminar, y en ella se admite la prueba de confesión, no hay necesidad de dejar su desahogo para la audiencia de juicio, porque la ley prevé su concentración con la preliminar, y al estar satisfecha su preparación es factible recibir la prueba.

"No hay en ello indefensión alguna para el oferente, porque para la fecha de celebración de la audiencia preliminar, la litis ya está fijada por las partes, por lo que el oferente está en aptitud de formular las posiciones."

13. De tal modo, de la lectura de las consideraciones de las ejecutorias se aprecia que ejercieron su arbitrio judicial en torno a los alcances del artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio, para establecer si faculta a la persona juzgadora a concentrar –en una sola– la audiencia preliminar y la de juicio, cuando se admite la prueba confesional y estén presentes las partes.

Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos

14. El Pleno Regional estima que el segundo requisito también queda cumplido. Los Tribunales Colegiados utilizaron su arbitrio judicial en relación con el mismo problema jurídico. Se apoyaron, además, en desarrollos argumentativos discrepantes.

15. Puntos de coincidencia. Los tribunales se pronunciaron mediante sentencia definitiva en juicios orales mercantiles, acerca de la acción de nulidad de disposiciones bancarias, ejercida en contra de instituciones financieras. Lo hicieron con base en el análisis del artículo 1390 Bis 37, último párrafo, del Código de Comercio y en el principio de concentración. En particular, sobre si procedía reunir la audiencia preliminar y la de juicio en un solo acto procesal, cuando deba desahogarse una prueba confesional de posiciones.

16. Diferendos. No obstante que los tribunales analizaron iguales cuestiones jurídicas y elementos coincidentes, adoptaron posturas divergentes. Es evidente que desarrollaron argumentos perceptiblemente contradictorios. Tales discrepancias figuran en el siguiente cuadro comparativo.

Ver cuadro

17. Como se observa, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito determinó que el artículo 1390 Bis 37 y el principio de contradicción facultan a la persona juzgadora a concentrar –en una sola– la audiencia preliminar y la de juicio, cuando se admite la prueba confesional y estén presentes las partes, porque su desahogo no requiere de preparación. Señaló que su afirmación derivaba de una interpretación teleológica, sistemática y extensiva del último párrafo del mencionado artículo 1390 Bis 37 y los diversos 1390 Bis 4 y Bis 32 a Bis 39, del Código de Comercio, así como de lo dicho en la exposición de motivos del decreto que los creó.

18. El Octavo Tribunal Colegiado de Circuito estableció que al requerirse el desahogo de la prueba confesional las personas juzgadoras no se encuentran facultadas para concentrar las audiencias, previsto en el artículo 1390 Bis 37 sólo para los documentos. Negó que debiera ser interpretado el precepto de forma sistemática, histórica, lógica o extensiva, sino que debe aplicarse en su sentido literal, por no ser dudosa la disposición legal que ligaba a la persona juzgadora.

19. De tal manera, sus ejercicios interpretativos y conclusiones resultaron opuestos, con lo cual queda demostrado el segundo requisito de existencia de la contradicción.

20. No se pasa por alto que el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito, a pesar de reconocer lo fundado del concepto de violación, lo estimó inoperante. Negó el amparo –al igual que el órgano emisor del criterio oponente– al concluir que a pesar de que se concentraron las audiencias, la quejosa tuvo oportunidad de ejercer su derecho de audiencia, debida defensa y equidad procesal. Ello, por haber estado presente en el desahogo de la prueba confesional que ofreció y haber tenido oportunidad de formular las preguntas que consideró pertinentes y relevantes para acreditar sus defensas y excepciones. Al respecto, el examen no debe hacerse con relación a los resultados que arrojó el ejercicio argume

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32057-e4b730ee/principio-de-concentracion-en-el-juicio-oral-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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