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Modo: Corpus Pro

DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO. ESTÁNDARES CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES QUE DEBE SEGUIR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL APLICAR EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMPLETA Y DE MAYOR BENEFICIO, LOS TRIBUNALES LOCALES ESTÁN OBLIGADOS A ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ADOLEZCA DE REQUISITOS FORMALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2020. · Registro digital (IUS): 30344
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-01-28
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, Pág. 2143.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS GLORIA AVECIA SOLANO, LUCILA CASTELÁN RUEDA Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ, ASÍ COMO DE LOS MAGISTRADOS JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, JORGE CRISTÓBAL ARREDONDO GALLEGOS, CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ Y MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO. PONENTE: GLORIA AVECIA SOLANO. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito en sesión ordinaria (virtual) correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

1. SENTENCIA, mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de tesis 21/2020, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 104/2018 y 6/2020, de sus respectivos índices; y,

RESULTANDO:

2. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.

3. Mediante oficio **********,(1) los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 6/2020 y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respecto del amparo directo 104/2018.

4. SEGUNDO.—Trámite de la contradicción de tesis.

5. Por auto de veinte de octubre de dos mil veinte,(2) la presidencia de este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrándose bajo el número de expediente 21/2020, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

6. En el mismo acuerdo, sobre la base de que el órgano jurisdiccional denunciante remitió la sentencia dictada en el amparo directo 6/2020 de su índice, únicamente se solicitó al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la remisión de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 104/2018.

7. Aunado a esto, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes la remisión de constancias certificadas de las sentencias recurridas; también se pidió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que informara si el criterio sustentado en el asunto de su índice se encontraba vigente o, en su caso, precisara las razones por las cuales se hubiese apartado del mismo.

8. Por último, se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.

9. En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte,(3) el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó por oficio **********, que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos, tanto en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, como en los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de algún asunto que guardara relación con el tema aquí planteado.

10. En el mismo acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, así como en los diversos proveídos de trece de enero y ocho de febrero del año en curso, se tuvieron por cumplidas las solicitudes realizadas a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; además, la presidencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informó que el criterio sostenido en el amparo directo 104/2018 seguía vigente.

11. Finalmente, por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno(4) se ordenó turnar los autos de la presente contradicción de tesis a la Magistrada Gloria Avecia Solano, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y mediante diversa determinación presidencial de diecisiete de junio de la propia anualidad,(5) se le otorgó a la nombrada titular una prórroga para la elaboración del proyecto relativo.

12. TERCERO. Esquema de trabajo a distancia derivado de la contingencia de salud generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

13. Cabe destacar que actualmente, en este Pleno de Circuito impera el esquema de trabajo a distancia por la contingencia de salud derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, con vigencia del tres de agosto de dos mil veinte, al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con el Acuerdo General 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO.—Competencia.

15. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sostenida por Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito de este Pleno.

16. Además, conforme a lo dispuesto por el punto de Acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.", cuya parte conducente se transcribe a continuación:

"PRIMERA.—En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable. ..."(6)

17. SEGUNDO.—Legitimación.

18. La contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes cuentan con legitimación para tal efecto, conforme a las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

19. TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes.

20. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, resulta oportuno hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.

A. PRIMERA POSTURA: Sentencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 104/2018.

Juicio contencioso administrativo.

• Una persona, por derecho propio, promovió juicio de nulidad contra la resolución contenida en el oficio **********, de **********, emitida por la directora de ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, relativa a la respuesta que recayó al recurso de reconsideración, en donde se alegaba la incorrecta aplicación en su perjuicio del artículo 26 de la Ley de Ingresos Municipales del Municipio de Guadalajara, Jalisco, debido a que la determinación relativa contenía un vicio de inequidad, al momento de determinar, recibir y cobrar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, por una cantidad en pesos.

• El conocimiento del asunto le correspondió a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en donde por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil quince, la demanda se admitió, registrándose con el número de expediente **********; y agotada la instrucción procesal, el nueve de febrero de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia respectiva, en donde se declaró la nulidad de la resolución impugnada, por contravenir lo previsto en el artículo 16 constitucional, por falta de fundamentación de la competencia del acto impugnado y, por ende, la Sala del conocimiento consideró innecesario analizar los conceptos de nulidad relativos al fondo del asunto.

Amparo directo.

• Inconforme con lo anterior y con el ánimo de obtener un mayor beneficio, la propia actora en el juicio de origen promovió juicio de amparo directo, el que por razón de turno le correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 104/2018.

• Agotados los trámites procesales, el asunto se resolvió en sesión de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve,(7) en donde se decidió otorgar la protección constitucional solicitada, con base en las consideraciones esenciales que a continuación se resumen.

Consideraciones esenciales.

• La quejosa adujo en sus conceptos de violación, que la Sala responsable no atendió la cuestión efectivamente planteada, relativa al fondo del asunto, pese a contar con toda la información para pronunciarse sobre el derecho subjetivo reclamado, aunado a que con ese proceder se le privó a la actora-quejosa de obtener una justicia pronta y expedita, al reenviar el expediente a sede administrativa.

• El Tribunal Colegiado de Circuito contendiente declaró fundados esos conceptos de violación, pues luego de confrontar esas alegaciones con la sentencia reclamada, determinó que se trastocaba en perjuicio de la quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues efectivamente la responsable no se pronunció sobre las cuestiones debatidas, no obstante contar con información para tal efecto.

• En ese sentido, el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito analizó el artículo 17 de la Constitución Federal, para precisar lo siguiente:

"... la garantía de acceso a la impartición de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, esto es, las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales."(8)

• Por otra parte, el órgano jurisdiccional analizó los artículos 1o. y 72 a 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para razonar lo siguiente:

"De los preceptos antes transcritos se infiere que el Tribunal de Justicia Administrativa, es un órgano de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal. De ahí que sea ajeno a la autoridad que emitió el acto impugnado.

"Por su parte, los efectos del juicio de nulidad son de mera anulación y de plena jurisdicción, en este último caso, únicamente a efecto de reconocer y reparar un derecho subjetivo del actor, lesionado por el acto impugnado, teniendo el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y a hacer efectivos tales derechos.

"En el juicio de nulidad, una de las funciones del tribunal es dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares, como en el caso del asunto materia de este amparo, por lo que sí existe una verdadera controversia entre el particular afectado y la administración pública, por lo que realiza una función jurisdiccional.

"En ese orden de ideas, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco establece causas de nulidad que comprenden tanto aspectos de fondo como de forma, las cuales se hacen consistir medularmente en las siguientes:

"a) Por incompetencia de la autoridad que emitió el acto impugnado;

"b) Por una indebida apreciación de los hechos, o dictadas en contravención de las disposiciones legales aplicables, o debido a su falta de aplicación;

"c) Por la violación de un derecho público subjetivo, previsto en la Constitución Federal o en las leyes administrativas;

"d) Por la omisión o incumplimiento de formalidades propias de un acto, que trasciendan al sentido de la resolución o acto impugnado; y,

"e) Por desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales.

"En consecuencia, debe tenerse presente que en los preceptos transcritos existen reglas que se deben observar para emitir las sentencias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y, para su cumplimiento, observar los principios de congruencia y exhaustividad; los supuestos en los que deberá declararse que un acto de autoridad es ilegal; los requisitos mínimos que deben contener esas resoluciones; las causas de anulación; los efectos en que es posible dictarlas; así como las consecuencias de declarar fundada la pretensión del actor."

• A partir de esas premisas, el Tribunal Colegiado consideró oportuno explicar lo que debía entenderse por congruencia interna y externa, así como el principio de exhaustividad de las sentencias, para luego señalar que, cuando la autoridad administrativa dicta una resolución, pero sin elucidar sobre algún punto litigioso, se contravienen esos principios, habida cuenta que el artículo 17 constitucional establece que los tribunales impartirán justicia de manera "completa", en relación con el diverso numeral 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que dispone de manera implícita la obligación de la autoridad jurisdiccional para verificar los puntos litigiosos y con base en ello resolver la nulidad que en su caso deba decretar, ya sea para efectos o lisa y llana; por lo tanto, agregó el tribunal contendiente: "... omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida, la cual oportunamente se le planteó, trae como consecuencia que la nulidad decretada pudiera ser incompleta, es decir, falta de exhaustividad y congruencia –externa–."

• El Tribunal Colegiado añadió que el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco dispone el orden de preferencia en que deben analizarse los conceptos de nulidad que tengan por efecto declarar la nulidad lisa y llana del acto de autoridad, combatido a través del juicio contencioso administrativo.

• Con base en lo expuesto, en la ejecutoria se realizaron algunas precisiones en torno a la metodología para el estudio de los conceptos de anulación en el juicio de nulidad:

"De lo hasta aquí razonado se infiere que el tribunal del conocimiento debe identificar todos los argumentos en que descansa la pretensión anulatoria del actor, independientemente de las consecuencias legales que pudiera acarrear el acto administrativo, sobre todo en aquellos donde se hacen valer argumentos orientados a obtener la insubsistencia total del acto impugnado, es decir, argumentos encaminados a obtener el mayor beneficio, entendido éste en armonía con el primer párrafo del artículo 76 de la citada ley, en tanto prevé que el objeto de la nulidad es restituir al particular en el goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes del acto o resolución impugnados.

"Esto es, en ocasiones pueden plantearse agravios en contra del acto administrativo cuya ilegalidad da lugar a decretar la nulidad total (nulidad lisa y llana), o para determinados efectos (como en el caso aconteció).

"La primera de esas consecuencias impide que la autoridad demandada ejerza nuevamente sus atribuciones en virtud de que implica examinar el fondo del tema debatido, en tanto que la segunda está vinculada con aspectos formales que deben o pueden ser subsanados por la demandada.

"En ese orden de ideas, ante propuestas de anulación que contengan diversas causas de ilegalidad, el tribunal administrativo tiene el deber de examinar en primer término aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, en virtud de que implica examinar el derecho sustantivo controvertido y de obtener ese tipo de anulación resultaría innecesario analizar aspectos formales, puesto que no podrían obtenerse mayores beneficios de los que produce la insubsistencia plena de la resolución impugnada, en el caso de actos positivos, que además deberá implicar la restitución al particular en el goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

"Por ello, es que cuando se hagan valer diversas causas de ilegalidad en cuanto al fondo y alguna de ellas resultara fundada, previa justificación de estudiar las restantes disidencias, bajo un aspecto práctico podría la autoridad jurisdiccional cumplir con la completitud y exponer, por qué no examina diversos argumentos, cuando previamente uno de ellos ha alcanzado el propósito último que es la insubsistencia absoluta del acto administrativo.

"En otras palabras, para determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de anulación planteados por el actor es menester examinar la demanda de nulidad y las consideraciones del acto impugnado a efecto de clasificar temáticamente los conceptos de anulación y distinguir los aspectos que rijan de manera fundamental el sentido del acto que se pretende nulificar, lo cual es factible realizarlo al emitir la sentencia, por ser un acto volitivo, al que precede la intelección, comprensión, análisis y estudio de los problemas jurídicos por dilucidar.

"En ese ejercicio deben clasificarse en grado de importancia los tópicos tratados en cada uno de los agravios, sin importar el orden en que se hubieren expuesto por el actor, ni priorizar injustificadamente el estudio de los relativos a los aspectos formales, ya que ello dependerá, necesariamente, del mayor beneficio jurídico que pudiera llegar a obtener el interesado de resultar fundado alguno de los argumentos planteados en la demanda.

"Hecho lo anterior, deberá abordarse el estudio del concepto que combata el aspecto fundamental que rija el sentido del acto impugnado, ya que de resultar fundado el mismo, sin duda, le producirá mayor beneficio jurídico al actor, pues eliminará en su totalidad los efectos del acto administrativo, ya que en virtud de lo anterior se estará observando en su integridad la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en particular, el principio de completitud que encierra la misma, conforme al cual las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de forma completa, esto es, no sólo resolviendo todos los aspectos planteados, sino atendiendo a aquellos que se traducen en un mayor espectro de protección para los gobernados.

"Por lo que, con todo este estudio intelectual, tendría una justificación racional que sólo se aborden aquellos conceptos de anulación que traigan como consecuencia un mayor beneficio, lo cual debe hacerse de manera explícita, de forma que no se genere incertidumbre en las partes, y sí se llegara a realizar un análisis por cuestiones de legalidad, como en el caso, el inconforme no quede indefenso para combatir las razones otorgadas."

• En tales condiciones, el propio órgano jurisdiccional refirió que el tribunal responsable, al dictar su resolución reclamada, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, por advertir de manera oficiosa un vicio de competencia de la autoridad demandada, de manera injustificada determinó que la nulidad de la resolución impugnada fue para el efecto de que ese ente administrativo emitiera una nueva, en la que resolviera de manera puntual la pretensión de la parte actora, pero que resultaba innecesario el estudio del resto de las motivos de disenso.

• Lo anterior, porque la propia actora formuló diversos argumentos de fondo dirigidos a evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, por no permitirle acceder al beneficio fiscal previsto en el artículo 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio dos mil dieciséis, sin que la autoridad demandada justificara por qué no se adentró a su análisis, tampoco indicó, si con esa forma de resolver se le había otorgado un mayor beneficio a la parte actora; por el contrario, la resolutora estatal se limitó a señalar que el estudio relativo resultaba innecesario.

• Por último, el Tribunal Colegiado explicó que, si bien la Sala responsable decretó la nulidad en términos de la fracción I del artículo 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (por indebida fundamentación de la incompetencia de la autoridad emisora del acto), también lo es que dentro del propio precepto se observan otras razones por las cuales se puede decretar la nulidad de los actos impugnados; ello, porque: "... de conformidad con el principio de mayor beneficio, la autoridad responsable debió identificar los planteamientos de anulación propuestos por la parte actora, aquí quejosa y ponderar, si con su análisis, se podría encuadrar en alguno de los supuestos que trajera como consecuencia una nulidad con mejores alcances."

• Por lo tanto, concluyó el contendiente, en caso de que de ese análisis advierta que no es posible el estudio de los motivos de anulación, por algún impedimento técnico, o que no se obtendría un mayor beneficio, solo bastaría justificar de manera fundada y motivada esas razones, para cumplir con la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional efectiva que precisa el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; y, en esa medida, se otorgó la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes:

"En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo,(36) se concede el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente:

"1. Deje insubsistente la resolución reclamada de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitida en los autos del expediente **********;

"2. Hecho lo anterior, emita una nueva determinación en la que identifique los puntos planteados en los conceptos de anulación y determine, justificadamente, si con su análisis se podría obtener un mayor beneficio al ya alcanzado, de ser así, aborde su estudio con plenitud de jurisdicción; y, en caso contrario, de manera fundada y motivada, indique por qué no es factible su análisis."

• Las razones medulares de esa decisión, se plasmaron en la tesis de clave III.6o.A.10 A (10a.), que es del siguiente tenor:

"CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. MÉTODO PARA DETERMINAR LA PREEMINENCIA DE SU ESTUDIO EN RELACIÓN CON EL MAYOR BENEFICIO JURÍDICO QUE PUEDAN PRODUCIR AL ACTOR, PARA CUMPLIR CON EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A UNA JUSTICIA COMPLETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, al señalar que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, entre otras, de manera completa. Por su parte, los artículos 72 y 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco establecen el estudio preponderante de los conceptos de anulación que tengan por efecto declarar la nulidad del acto impugnado, y la obligación implícita de la autoridad jurisdiccional de verificar los puntos litigiosos para definir la nulidad que decretará, ya sea para efectos o lisa y llana. Entonces, para determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de anulación planteados por el actor en el juicio en materia administrativa, deben examinarse la demanda de nulidad y las consideraciones del acto impugnado, a efecto de clasificarlos temáticamente y distinguir los aspectos que rijan de manera fundamental el sentido del acto que se pretende nulificar; luego, deberá abordarse el estudio del concepto seleccionado que se dirija a combatir el fondo, ya que, de resultar fundado, producirá un mayor beneficio jurídico al actor, con lo cual se cumple el derecho de acceso efectivo a una justicia completa. Cabe señalar que ese pronunciamiento debe hacerse de forma explícita, para que no se genere incertidumbre a las partes y, en el análisis de la resolución por cuestiones de legalidad que, en su caso, se realice, el inconforme no quede indefenso para controvertir las razones otorgadas."(9)

B. SEGUNDA POSTURA: Sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 6/2020.

Juicio contencioso administrativo.

• Una personal moral, por conducto de su apoderado, demandó la nulidad de la resolución que recayó al recurso de revisión en sede administrativa, en donde se confirmó la determinación contenida en el oficio **********, que concluyó el procedimiento administrativo, en donde se determinó un crédito por la cantidad de $********** (**********), con motivo de no haber rendido oportunamente el informe semestral de los residuos no peligrosos que recolecta y transporta, ni haber contado con el permiso y/o registro vigente de la entonces Dirección de Infraestructura Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte.

• El conocimiento del asunto le correspondió a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en donde por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil quince, la demanda se admitió bajo el número de expediente ********** y, concluida la secuela procesal, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve se dictó la sentencia relativa, en la que se decretó la nulidad de la resolución impugnada, al considerar fundado uno de los conceptos de nulidad, relativo a la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada.

Amparo directo.

• Inconforme con lo anterior y con el ánimo de obtener un mayor beneficio, la propia actora en el juicio de origen promovió juicio de amparo directo, y el conocimiento de ese asunto, por razón de turno, le correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 6/2020.

• Agotados los trámites procesales, el asunto se resolvió en sesión de cinco de marzo de dos mil veinte,(10) en donde se decidió negar el amparo solicitado, con base en las consideraciones esenciales que a continuación se resumen.

Consideraciones esenciales.

• El Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito declaró infundados los conceptos de violación, porque contrario a lo expuesto por la disconforme, la Sala Unitaria responsable no estaba obligada a pronunciarse sobre otros conceptos de nulidad, cuando estimó que uno resultó fundado.

• El Tribunal Colegiado, luego de analizar los artículos 73 y 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, estableció que la responsable no había trastocado esas disposiciones normativas en perjuicio de la quejosa, por lo siguiente:

"En esas condiciones, en este caso se considera que la autoridad responsable no transgredió dichas disposiciones en perjuicio de la parte quejosa por haber omitido analizar el resto de los conceptos que plantearon un ataque contra el acto reclamado, y en especial, por haber dejado de examinar el concepto (quinto) de la demanda de nulidad que estableció que el titular de la entonces Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable efectuó un estudio incorrecto de lo expuesto en el agravio (quinto) en que argumentó que la resolución administrativa del director de Asuntos Jurídicos violó en su perjuicio lo establecido en los artículos 12, fracción I, y 13, fracción III, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, al dejar de tomar en cuenta que sostuvo que no es responsable de las violaciones que le fueron atribuidas debido a que el artículo 96 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, solamente impone obligaciones a la Secretaría en materia de regulación y vigilancia de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos industriales, que no sean peligrosos conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mas no a ella, quien considera que no está obligada a cumplir las condiciones requeridas para la autorización de la recolección y transporte de residuos que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30344-0565901d/derechos-humanos-de-acceso-a-la-justicia-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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