PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ESTÁN OBLIGADAS AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN Y CUANDO EL ACTO IMPUGNADO CAREZCA DE LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA AUTORIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE ABRIL DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 227, fracción II,(2) en relación con el diverso 226, fracción II,(3) ambos de la Ley de Amparo vigente, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, órgano colegiado que dictó una de las ejecutorias que se aducen discrepantes.
TERCERO.—Procedencia. Previo a establecer si existe contradicción de criterios entre el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 192/2020 y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos directos 612/2018, 661/2018, 82/2019, 735/2018 y 17/2019, es menester destacar que aun cuando la sentencia dictada por el primero de los órganos colegiados en cita no había causado ejecutoria al formularse la denuncia respectiva, lo cierto es que ello no conlleva a declararla improcedente de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 152/2010, que a la letra se lee:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA CUANDO UNA DE LAS SENTENCIAS RELATIVAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se infiere que la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito requiere como presupuesto que las sentencias en que los criterios discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de ejecutorias, pues de no ser así, por encontrarse en trámite el recurso de revisión interpuesto contra alguna de esas sentencias, el criterio emitido por el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito está sujeto a la determinación que sobre el particular adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiendo no subsistir y entonces no existiría la contradicción de tesis. Consecuentemente, en ese supuesto la denuncia respectiva debe declararse improcedente."(4)
De la jurisprudencia transcrita se desprende que la existencia de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito precisa que las sentencias en las que se sustentan los criterios que se estiman opositores hayan causado ejecutoria, ya que, si una de ellas está sub júdice por haberse impugnado en revisión, el criterio relativo puede ser modificado en tanto queda sujeto a la decisión que emita el órgano revisor.
En tal sentido, se ha determinado que la denuncia de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito resulta improcedente cuando se advierta que una de las sentencias involucradas no ha causado ejecutoria, bien porque no ha transcurrido el plazo para su impugnación o bien porque no se ha fallado el medio de defensa interpuesto en su contra.
Sin embargo, no debe soslayarse que la denuncia de contradicción de tesis tiene como fin superar la inseguridad jurídica que genera la existencia de criterios divergentes sobre una misma situación jurídica, estableciendo el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia; por tanto, debe estimarse procedente si durante su tramitación causa ejecutoria la sentencia que se encontraba sub judice por no haberse impugnado dentro del plazo legal previsto para ello, o en su caso, por haberse desechado el medio de defensa intentado en su contra, dado que ello implica que el criterio relativo ha quedado firme y, en consecuencia, es susceptible de configurar una contradicción de tesis.
En esa tesitura, la presente denuncia de contradicción de tesis resulta procedente, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito acordó que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 192/2020 de su índice, de lo que se sigue que el criterio ahí sustentado ha quedado firme.
CUARTO.—Posturas de los Tribunales Colegiados contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciados, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
Lo cual se efectuará en atención a que, en primer lugar, la denuncia de contradicción refiere que existen criterios discrepantes entre lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al fallar el amparo directo 192/2020, en contra del criterio que adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar los amparos directos 612/2018, 661/2018, 82/2019, 735/2018 y 17/2019, de los que derivó la jurisprudencia I.2o.A. J/3 (10a.), de título y subtítulo: "NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL POR CARECER DE LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA AUTORIDAD EMISORA. AL IMPLICAR LA INEXISTENCIA JURÍDICA, IMPIDE EL ANÁLISIS DE LOS DEMÁS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR EL ACTOR."
Para, en segundo lugar, definir la supuesta existencia de la contradicción respecto de los Tribunales Colegiados indicados.
En virtud de lo anterior se procede a analizar las consideraciones esbozadas entre los Tribunales Colegiados contendientes, al tenor de lo siguiente:
1. Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (amparo directo 192/2020).
• CGS Arquitectura, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió demanda de nulidad en contra de la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas, con número de crédito 198005012 y crédito multa 098005012, emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• La demanda se turnó a la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Tijuana, Baja California, que la registró con el expediente 2797/19-01-01-9. Seguida la secuela procesal correspondiente, el cuatro de agosto de dos mil veinte, la secretaria de acuerdos en funciones de Magistrada por ministerio de ley, en su carácter de instructora de la referida Sala Regional declaró la nulidad de la resolución impugnada.
• En contra de la anterior determinación, la parte actora promovió juicio de amparo. La demanda se turnó al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que la registró con el expediente 192/2020 y la admitió a trámite. En sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, el órgano colegiado resolvió conceder el amparo a la promovente, al considerar lo siguiente:
"CUARTO.—Decisión Judicial. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son fundados.
"...
"Bajo esa óptica, y como lo argumenta la parte quejosa, se estima que en el caso concreto, la nulidad decretada por la autoridad responsable subyace en un vicio de carácter formal, que dejó a la autoridad administrativa en plena facultad de ejercer de nueva cuenta sus facultades discrecionales.
"Para demostrar lo anterior, se debe precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 19/2004-PL, determinó los efectos que puede llegar a tener la nulidad de actos o resoluciones administrativas, por carecer de firma autógrafa; ello, al estudiar el artículo 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, cuyo contenido es idéntico al de la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"En cuanto a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en primer lugar determinó que la falta de firma autógrafa en una resolución administrativa, constituye un vicio formal, que encuadra en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, y, por ende, este órgano colegiado adopta la misma determinación, pero encuadrándola con la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Asimismo, se determinó que la nulidad que se decrete por dicho vicio formal, dependerá del tipo de acto que se haya impugnado en juicio, por lo que, si es un acto derivado de las facultades discrecionales de la autoridad, no se puede obligar a que emita uno nuevo en el cual subsane el referido vicio, lo cual implica que tampoco se le puede prohibir.
"La jurisprudencia referida es la número P./J. 125/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época» Tomo XXI, enero de 2005, página 5, del rubro y textos siguientes:
"‘FIRMA AUTÓGRAFA. TRATÁNDOSE DE ACTOS O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LA ANULACIÓN POR CARECER DE AQUÉLLA PUEDE SER CON O SIN DETERMINACIÓN DE EFECTOS.’ (Se transcribe)
"Por otra parte, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en jurisprudencia por contradicción de tesis, realizó una interpretación de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y aclaró que de éstos derivan las causas que dan lugar a la ilegalidad de la resolución impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria.
"Así, se sostuvo que la nulidad de una resolución o acto impugnado derivado de un procedimiento oficioso iniciado con motivo de facultades discrecionales, debe ser para el efecto de que quede a discreción de la autoridad reponer el procedimiento o dictar una nueva resolución, ya que no puede ser constreñida para ello, a través del procedimiento de cumplimiento de sentencia, ni impedírsele actuar en uno u otro sentido.
"Igualmente, que el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé sólo dos tipos de nulidad: la absoluta o lisa y llana, que puede derivar de vicios de fondo, de forma o de procedimiento o, incluso, ser motivada por falta de competencia, según sea la causa por la que la resolución o acto impugnado sea anulado; y la relativa o para efectos, que puede decretarse por vicios de procedimiento o por falta de fundamentación y motivación.
"Sobre el particular, se sostuvo que solamente la nulidad absoluta o lisa y llana precedida de un estudio de fondo del asunto, es la que impide dictar una nueva resolución o acto, por existir cosa juzgada precisamente sobre el fondo del problema debatido, y que tratándose de nulidad relativa o para efectos, derivada de vicios de procedimiento o por falta de fundamentación y motivación, o de competencia, en que no se juzga sobre el fondo del asunto, existe la posibilidad de que se emita una nueva resolución que supere la deficiencia que originó la nulidad, como sería corregir el procedimiento, fundar y motivar la nueva resolución, o que la autoridad competente emita otra.
"Además, determinó que la sentencia que declare la nulidad del acto impugnado por irregularidades formales, deberá señalar en forma expresa cuáles son los vicios de ese acto o del procedimiento del que derive, los términos en que la autoridad demandada debe proceder y los plazos con que contará para dar cumplimiento a la sentencia, para que si la autoridad decide reponer el procedimiento o dictar una nueva resolución, se ciña a lo determinado en la sentencia anulatoria, a fin de subsanar el vicio detectado y evitar volver a incurrir en la deficiencia.
"De esta manera, concluyó que la primera parte de la fracción IV del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece categóricamente que las causas de ilegalidad atinentes a violaciones procesales o formales, dan lugar, sin excepción alguna, a una nulidad para efectos, ya que prevé que siempre que se actualice alguno de los referidos motivos de ilegalidad; es decir, en todos los casos en que se declare la ilegalidad con motivo de la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios del procedimiento, cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al sentido de aquélla, deberá declararse la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución, según el caso; sin hacer distinción alguna entre las resoluciones que proceden de una instancia, petición o recurso de pronunciamiento forzoso y aquellas que emanan de procedimientos oficiosos iniciados con motivo del ejercicio de facultades discrecionales.
"Tales conclusiones, dieron origen a la jurisprudencia número 2a./J. 133/2014 (10a.), publicada en «la Gaceta del» Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1689, del rubro y texto siguientes:
‘NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS.’ (Se transcribe)
"Ahora bien, con base a lo anteriormente expuesto, en el caso concreto, se estima que el vicio advertido por la autoridad responsable es de carácter formal, y, por ende, al no haberse emitido una decisión de fondo, la nulidad decretada permite a la autoridad administrativa ejercer de sus facultades para dictar una nueva resolución.
"Bajo esa óptica, y como lo argumenta la parte quejosa, se estima que la autoridad responsable no debió detener su estudio en una violación de carácter formal, sino que se debió privilegiar el análisis de todas aquellas cuestiones de fondo que pudieran tener el efecto de impedir que la autoridad administrativa emitiera un nuevo acto, en atención al principio de mayor beneficio.
"En efecto, el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:
"...
"El precepto legal transcrito, prevé los principios de exhaustividad y congruencia que debe observar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al emitir las sentencias definitivas de su competencia, lo que obliga a las salas a examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después, por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, que afecten las defensas y trasciendan al resultado del fallo.
"...
"Ahora bien, para este Tribunal Colegiado, el principio de mayor beneficio aludido, se esboza en el derecho procesal contencioso administrativo (y en otros, como lo es el relativo al juicio de amparo), como una regla general que no admite excepción alguna, dado que sujeta a las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a resolver los litigios estudiando siempre y de manera preferencial el fondo del asunto.
"Para demostrar lo anterior, se estima necesario destacar a manera de ejemplo, el contenido del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, en lo que aquí interesa, establece lo siguiente:
"‘Artículo 51.’ (Se transcribe)
"Con relación a dicho dispositivo legal, es necesario precisar que fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de diciembre de dos mil diez, y que, de la exposición de motivos respectiva, se observa la preocupación del Poder Legislativo sobre la cantidad de demandas que ingresan al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el tiempo en que se desarrolla el procedimiento contencioso administrativo, el cual, se afirmó, se tramita y resuelve en un tiempo prolongado, y lo cual, se estimó atenta en contra de la garantía de justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal.
"En cuanto a ello, de la lectura al dictamen de la Cámara de Senadores, se observa que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, expresaron lo siguiente:
"...
"Asimismo, en la discusión sustentada por la referida Cámara, se señaló lo siguiente:
"...
"De la anterior transcripción, se observa la preocupación del Poder Legislativo ante la gran cantidad de demandas que ingresan al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como respecto de la necesidad de evitar reenvíos innecesarios y juicios interminables y costosos, lo cual, provocó reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para establecer, entre otras medidas, que las Salas de ese Tribunal deberán realizar el estudio no sólo de las cuestiones de competencia de la autoridad demandada, sino también de los agravios hechos valer encaminados a controvertir el fondo del asunto, cuando de resultar fundado alguno de ellos, sea de mayor beneficio para el actor y se colme su pretensión; razonamiento que se apoyó en el llamado principio de ‘mayor beneficio’, fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Ahora bien, al aplicarse las premisas y directrices destacadas, relacionadas con el principio de mayor beneficio, y tratar con ello de dotar de finalidad y contenido al segundo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se puede concluir que tal postulado no admite excepción alguna, y que por ende, se debe atender en todos los casos en que la parte actora haya hecho valer argumentos, mediante los cuales pudiera obtener una declaración de nulidad total, que deje a la autoridad sin la posibilidad de subsanar errores meramente formales; ello, de conformidad con el principio general de derecho que precisa que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.
"Con relación a ello, también es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, al resolver la contradicción de tesis 37/2003-PL, sostuvo que en los juicios de amparo directo, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio; es decir, que la concesión del amparo en la vía directa que otorga mayores beneficios para el quejoso será aquella en la que la consecuencia de esa protección sea la de eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya que así se observará en su integridad la garantía de acceso efectivo a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional, que garantiza a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia.
"De dicha ejecutoria, surgió la jurisprudencia número P./J. 3/2005, que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de dos mil cinco, página 5, del rubro y texto siguientes:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (Se transcribe)
"De esta forma, considerando todas las premisas anteriormente descritas, se llega a la conclusión de que, el principio de mayor beneficio es aplicable de manera irrestricta, y por ello, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deben analizar los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, a pesar de que se advierta de oficio o por atención a un agravio, alguna deficiencia de carácter formal.
"Lo anterior es así, ya que dicho principio, implica que la declaratoria de invalidez que en su caso se dicte, debe tener como consecuencia la de eliminar en su totalidad los efectos del acto impugnado; es decir, se debe traducir en la satisfacción de la pretensión principal de la demanda de nulidad, generando la imposibilidad de un nuevo pronunciamiento por parte de la autoridad demandada, y, por tanto, aun cuando se llegase a advertir que el acto de autoridad adolece de una violación meramente formal, si existen conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del acto impugnado, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben privilegiar el estudio de dichas argumentaciones, porque con ellas, el particular puede ver colmada la pretensión sustancial contenida en la demanda de nulidad, y no limitarse al estudio de una cuestión que en un nuevo acto puede ser subsanada por la autoridad, lo que implicaría la tramitación de un nuevo juicio.
"Así, este órgano colegiado estima que las Salas deben hacerse cargo de los conceptos de impugnación referentes a cuestiones de fondo, los cuales, de resultar fundados, podrían generar un mayor beneficio al particular por virtud de una nulidad que aun siendo lisa y llana, no sólo habría de obedecer a un vicio formal, sino además, a otro material o de fondo y de consecuencias contundentes, al impedir a la autoridad actuar nuevamente en el mismo sentido en su perjuicio, lo cual es acorde con la garantía de justicia completa prevista en el invocado artículo 17 constitucional.
"...
"Ahora bien, en el caso concreto, en los conceptos de violación, el quejoso hace referencia a los argumentos de nulidad que planteó en la ampliación de demanda, específicamente al décimo cuarto, décimo sexto y décimo séptimo, así, de un análisis de dichos argumentos, se advierte que en ellos planteó lo siguiente:
"...
"De lo anterior, se advierte que la parte actora, planteó diversos argumentos que podrían otorgarle un mayor beneficio del cual alcanzó.
"Ello se afirma así, ya que dichos argumentos implican cuestiones de fondo, ya que por una parte se argumentó que la relación laboral que dio origen a la cédula de liquidación no se acreditó, y por otro, se adujo la falta de fundamentación y motivación de fondo, al no expresarse la forma en que se realizó la cotización de los trabajadores.
"Así, al implicar cuestiones que se encuentran relacionadas con el fondo del asunto, ello podría generar una nulidad lisa y llana del acto impugnado, a grado tal, que la autoridad demandada no podría emitir otro, lo cual, es sin duda alguna, un mayor beneficio al que se alcanzó, ya que al ser la nulidad obtenida derivada de una mera violación formal, la autoridad tiene la facultad de subsanar el acto.
"De esta forma, al no analizarse dichos aspectos de manera preferente al que implicó la nulidad decretada en la sentencia reclamada, es que se transgredió en perjuicio del quejoso el principio de mayor beneficio, y, por ende, se debe concederle la protección de la justicia de la unión solicitada.
"Por tanto, al resultar fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veinte, y en su lugar emita otra, en la cual deberá analizar de manera preferente, todos aquellos conceptos de nulidad que pudiesen implicar un mayor beneficio a la parte actora, como lo son, aquellos que versen sobre cuestiones de fondo, y una vez hecho lo anterior, determine si procede declarar la nulidad de la resolución por esos motivos, o reiterar la nulidad lisa y llana por falta de firma autógrafa de las resoluciones impugnadas." (Énfasis añadido)
2. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo directo 612/2018).
• Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Recursos Omo, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la nulidad de la resolución determinante de dos créditos fiscales, correspondientes al período 04/2015, por concepto de cuotas obrero patronales y multa, cuya emisión atribuyó al titular de la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social.
• La demanda se turnó a la Tercera Sala Regional Metropolitana del referido tribunal, que la admitió a trámite en la vía ordinaria con el expediente 1446/18-17-03-5. Posteriormente, se determinó reconducir el juicio y se ordenó su tramitación en la vía sumaria. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Sala Regional dictó sentencia en la que declaró la nulidad lisa y llana de las cédulas de liquidación determinantes de los créditos fiscales.
• Inconforme con la determinación anterior, por escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil dieciocho en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la sociedad actora promovió juicio de amparo directo.
• La demanda de amparo se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que la registró con el expediente 612/2018. Previos los trámites legales conducentes, el Pleno de dicho órgano jurisdiccional, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictó sentencia en la que negó el amparo a la quejosa, con base en las consideraciones siguientes:
"QUINTO.—Estudio...
"Como se informó, la instructora declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones administrativas impugnadas por carecer de firma autógrafa de su emisor.
"Por tanto, al no ser válido el acto de autoridad, por carecer de firma autógrafa, contrario a lo que se pretende, en el caso no procede el estudio de un argumento que a juicio de la accionante era de mayor beneficio, habida cuenta de que las resoluciones impugnadas se tratan de actos inválidos, por lo que no puede analizarse algo que se considera no ha nacido a la vida jurídica ante la omisión del requisito de validez, como es la firma autógrafa.
"Lo anterior, en virtud de que no pueden surtir efecto alguno ni trascender en perjuicio de la parte quejosa los actos impugnados, por carecer de un requisito de validez –firma de su emisor–, por lo que su anulación se asemeja a declarar la inexistencia jurídica de un acto y equivale a la nada jurídica.
"Consecuentemente, contrario a lo que afirma la parte quejosa la sentencia de nulidad no le irroga perjuicio alguno por no haberse hecho cargo la Sala del análisis de los demás planteamientos invocados en la ampliación de demanda, debido a que ya no podría acceder a un mayor beneficio que el otorgado en la sentencia reclamada.
"Cabe destacar que en este supuesto no es aplicable lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 66/2013 (10a.), de rubro: ‘PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGA AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.’, en virtud de que se trata de un supuesto diferente, por lo que en el caso no podría analizarse ninguna otra cuestión, aun cuando se considere relacionada con el fondo del asunto, pues ello sería contradictorio por haberse decretado la inexistencia jurídica de la resolución impugnada.
"Finalmente, en el tercer concepto de violación, la demandante se inconforma con el hecho de que la enjuiciada esté en posibilidad de emitir nuevamente las cédulas de liquidación en las que subsane el vicio advertido por la juzgadora.
"Afirma que la ausencia de firma autógrafa en un acto administrativo implica su inexistencia jurídica, por lo que, en ese caso, su contenido no puede afectar la esfera jurídica de los gobernados al no ser equiparable a la falta de fundamentación y motivación.
"Tales argumentos resultan ineficaces, en virtud de que, además de que la resolutora no ordenó a la autoridad emitir nuevos actos, lo cierto es que, tomando en consideración que el vicio advertido es de carácter formal y que los actos cuestionados derivan de facultades discrecionales, no se puede prohibir a la autoridad la emisión de otros en que subsane esa deficiencia, siempre que esté en condiciones de hacerlo.
"Se asume esa conclusión, toda vez que, al dilucidar la contradicción de tesis 19/2004, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 125/2004, de rubro: ‘FIRMA AUTÓGRAFA. TRATÁNDOSE DE ACTOS O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LA ANULACIÓN POR CARECER DE AQUÉLLA PUEDE SER CON O SIN DETERMINACIÓN DE EFECTOS.’, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió, entre otros temas, que la falta de firma autógrafa en un acto autoritario equivale, dada la naturaleza de ese requisito, a un defecto de fundamentación y motivación y, por tanto, constituye un vicio de carácter formal.
"Esta consideración cobra lógica si se toma en cuenta que la ausencia de firma autógrafa tiene como única consecuencia que el oficio de la autoridad deba ser consider
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29918-058cb60c/procedimiento-contencioso-administrativo-las-salas-del-tribunal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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