PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGA AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 20 DE MARZO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
También es importante apuntar que no pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Como se ve, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas. En el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por **********, quien tiene reconocida personalidad como quejosa en el amparo directo **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en cuya ejecutoria se sostuvo el criterio que se denuncia como contradictorio. Luego, es claro que está legitimada para formular la denuncia correspondiente.
TERCERO. Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
Las consideraciones en las que se sustenta la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en la ejecutoria de siete de junio de dos mil doce, dictada en el amparo directo **********, en lo conducente, son del tenor siguiente:
"SEXTO. Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diez, ante la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, **********, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 129102950100/00945/2010, con folio de revisión 12027CCA18000102010, de quince de octubre de dos mil diez, emitida por el titular de **********, a través de la cual le determinó los créditos fiscales números **********, así como las multas con números de créditos **********.
"En proveído de trece de enero de dos mil once, el Magistrado instructor de la Sala Fiscal admitió a trámite la demanda de nulidad asignándole el número de juicio **********; ordenó emplazar y correr traslado a la autoridad demandada, titular de **********, por conducto del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de dicho **********; y seguido el procedimiento, el diecisiete de noviembre de dos mil once, la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pronunció sentencia, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por deficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, al emitir el oficio 120102950100002562010, de veintinueve de marzo de dos mil diez, mediante el cual se solicitó información y documentación a la actora (oficio que es origen de la resolución impugnada en el juicio de nulidad), sentencia que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: (se transcribe).
"Para concluir de ese modo, la responsable de mérito argumentó que la autoridad demandada omitió citar como fundamento legal de su existencia, el artículo 2o., primer párrafo, fracción VI, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual establece que las subdelegaciones son órganos operativos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"Que lo anterior es así, porque omitió invocar el primer párrafo del aludido numeral, lo cual resultaba necesario para que la ********** fundara debidamente su existencia, tal como lo exige la jurisprudencia VI-J-SS-5, de la Sexta Época del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que le resulta de aplicación obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que el cumplimiento de la garantía de fundamentación requiere que en el mandamiento relativo se identifique con toda exactitud la parte específica de la norma que prevé la existencia y competencia a favor de la autoridad que emite el acto de molestia respectivo; por lo que, al no hacerlo así, es evidente que la autoridad administrativa de referencia no fundó debidamente su existencia, dejando a la actora en estado de indefensión.
"En contra de dicha determinación, la quejosa expresa diversos motivos de disenso, respecto de los cuales destacan aquellos donde refiere que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad jurídica y de administración de justicia que a favor de los gobernados tutelan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 41, 46, 50, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Concretamente, se duele del hecho de que la responsable vulneró en su perjuicio los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución jurisdiccional debe contener, porque analizó de manera oficiosa la deficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, y si bien declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada; empero, omitió atender los conceptos de nulidad cuarto, quinto y sexto del escrito de demanda, y el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de la ampliación de la misma, mediante los cuales pudo obtener un mayor beneficio.
"Por ende, sostiene que la resolución reclamada es ilegal, porque la Sala Fiscal dejó de analizar diversos conceptos de impugnación que de resultar fundado uno solo de ellos, hubiera obtenido un beneficio mayor que el que obtuvo con motivo de la nulidad decretada.
"Que lo anterior se estima de ese modo, porque la propia responsable en la sentencia reclamada aclaró que la nulidad lisa y llana que se decretó no vincula a la autoridad a realizar acto alguno; empero, tampoco le impide que vuelva a reiterar el mismo acto apoyándose en los mismos hechos, con la sola condición de que subsane la violación formal apuntada (que invoque para fundar su competencia, el primer párrafo del artículo 2o., fracción VI, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"Para robustecer su argumentación, la impetrante del amparo invoca diversos criterios jurisprudenciales respecto de los cuales destacan aquellos con los rubros: ‘SENTENCIA DE NULIDAD. PROCEDE EL AMPARO DIRECTO CUANDO SE ATACA LA DESATENCIÓN O DESESTIMACIÓN DE UNA CAUSA DE ANULACIÓN CUYO ESTUDIO DEBIÓ SER PREFERENTE PARA LOGRAR LA NULIDAD LISA Y LLANA (TOTAL Y NO PARCIAL) DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA QUE, DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE CONSIDERA VICIADA DESDE SU ORIGEN.’; ‘SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO’; ‘SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD, PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS.’ y ‘AMPARO DIRECTO, PROCEDENCIA DEL. CUANDO LA SENTENCIA FISCAL RECLAMADA ES FAVORABLE A LA PARTE QUEJOSA.’
"Son fundados los conceptos de violación así planteados, si se toma en cuenta que, en efecto, la Sala responsable vulneró lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así es, los magnos preceptos en su orden y en la parte que interesa establecen:
"‘Artículo 14.’ (se transcribe)
"‘Artículo 16.’ (se transcribe)
"Estos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo gobernado las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Así, del primero se infiere que la autoridad tiene como obligación la de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; por lo que, al expedir cualquier mandamiento o resolución que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones. Ello, con la finalidad de que el gobernado esté cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumple con el principio de legalidad pues, en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica.
"En tanto que el segundo (artículo 16) regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley, es decir, que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley.
"Por su parte, el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone:
"‘Artículo 50.’ (se transcribe)
"Este precepto es claro al establecer que las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; asimismo, en su segundo párrafo expresamente señala que cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, e incluso en su tercer párrafo dispone que la Sala puede corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes con el objeto de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
"En tal virtud, es evidente que la Sala Fiscal al dictar sus sentencias debe examinar la demanda y sus anexos como un todo, conjuntamente con los argumentos y demás pruebas que aporte la autoridad demandada, con el objeto de resolver la litis efectivamente propuesta por las partes, atendiendo, en primer lugar, aquellos planteamientos que puedan conducir a la nulidad lisa y llana de la resolución o actos controvertidos, en cuanto al fondo, y de resultar infundados, pasar al análisis de las cuestiones formales, pues así lo ordena expresamente el numeral en comento.
"Por las razones que informa, en apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia I.7o.A. J/46, publicada con el número de registro IUS: 166683, página 1342 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, Novena Época, materia administrativa, que textualmente dice:
"‘DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU EXAMEN NO SÓLO DEBE ATENDER A SU APARTADO DE CONCEPTOS DE ANULACIÓN, SINO A CUALQUIER PARTE DE ELLA DONDE SE ADVIERTA LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ESENCIALES DE LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe)
"Así como la tesis VI.2o.A.66 A, consultable con el número de registro IUS: 182303, foja 1620 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, enero de 2004, Novena Época, materia administrativa, que es del siguiente rubro y texto:
"‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SON PREFERENTES EN SU ESTUDIO LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN QUE CONLLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SOBRE AQUELLOS QUE ÚNICAMENTE TIENDAN A UNA NULIDAD PARA EFECTOS.’ (se transcribe)
"No obstante, como bien lo señala la persona moral inconforme, en la sentencia reclamada la autoridad responsable se limitó a decretar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por deficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, al emitir el oficio 120102950100002562010, de veintinueve de marzo de dos mil diez, mediante el cual se solicitó información y documentación a la actora (oficio que es origen de la resolución impugnada en el juicio de nulidad), así como todas las consecuencias que derivaron de dicha determinación, incluyendo la resolución impugnada contenida en el oficio número 129102950100/00945/2010, con folio de revisión 12027CCA18000102010, de quince de octubre de dos mil diez, emitida por el titular de **********, dejando a salvo sus facultades para que, de estimarlo pertinente, vuelva a reiterar el mismo acto de afectación apoyándose en los mismos hechos, pero subsanando la citada deficiencia formal.
"Sin embargo, la responsable perdió de vista que la actora (aquí quejosa) en su demanda y ampliación de la misma expresó diversos conceptos de impugnación que guardan relación con el fondo del asunto, y que de resultar fundado alguno de ellos podría alcanzar un mayor beneficio que el que obtuvo con la nulidad que se decretó en la sentencia que constituye el acto reclamado. Para mayor claridad, enseguida se transcribe la parte conducente de los conceptos de nulidad que la actora planteó en su demanda y en la ampliación de la misma: (se transcribe).
"Ciertamente, la Sala Fiscal nada dijo en relación con estos conceptos de impugnación que guardan relación directa con el fondo del asunto y que, de resultar fundado alguno de ellos, la actora podría alcanzar un mayor beneficio que el que obtuvo con la nulidad decretada, pues la demandada ya no quedaría en aptitud legal de reiterar el mismo acto de afectación apoyándose en los mismos hechos.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 3/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de tesis 37/2003-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, publicada en el Tomo XXI, febrero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe)
"Al efecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/9, publicada con el número de registro IUS: 166717, página 1275 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, Novena Época, materia administrativa, que es del siguiente tenor literal:
"‘CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).’ (se transcribe)
"Habida cuenta que el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su penúltimo párrafo, expresamente dispone que ‘... Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor ...’
"Como se puede ver, esta disposición es clara en cuanto obliga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a examinar los conceptos de nulidad encaminados a controvertir cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, no obstante que haya resultado fundada la incompetencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada; dado que, si alguno de esos motivos de disenso resultara fundado con base en el principio de mayor beneficio, debe resolver el fondo de la litis efectivamente planteada por el actor.
"Lo anterior significa que, si ninguno de los conceptos de nulidad relacionados con el fondo del asunto resultara fundado con base en el principio de mayor beneficio, el Tribunal Fiscal así lo debe decretar mediante una resolución debidamente fundada y motivada, a efecto de que la parte actora esté en aptitud legal de conocer esos fundamentos y motivos, y de estimarlo pertinente, pueda inconformarse o consentir dicha determinación, según convenga a sus intereses, pues lo importante es que la Sala responsable realice el estudio que en derecho proceda, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución jurisdiccional debe contener, con independencia de que finalmente el actor obtenga o no un mayor beneficio.
"Por las razones que informa, en apoyo de esta consideración, se invoca la tesis XXIII.1o.(IX Región) 2 A (10a.), localizable con el número de registro IUS: 2000466, Décima Época, foja 1454 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, materia común, que textualmente dice:
"‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ACTOR TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN EL AMPARO AQUELLAS EN LAS QUE, PESE A DECLARAR LA NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA SALA FISCAL ANALIZA Y DESESTIMA LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN DE FONDO, CON LOS CUALES AQUÉL PUDO OBTENER UN MAYOR BENEFICIO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2010).’ (se transcribe)
"En mérito de lo expuesto, al resultar fundados los conceptos de violación, lo que procede es conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal se solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita otra, en la que se ocupe del estudio integral de los conceptos de nulidad, dándole preferencia a aquellos respecto de los cuales, de resultar fundados, la actora pudiera obtener un mayor beneficio."
Por otra parte, las consideraciones en las que se sustenta la sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil doce, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, son del tenor siguiente:
"QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio, resulta pertinente establecer que los conceptos de violación que en esta instancia de amparo se hacen valer, serán analizados en la forma propuesta por el promovente de la demanda, en virtud de tratarse de un asunto en materia administrativa cuyo análisis, en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no admite suplencia de la queja deficiente a su favor, circunstancia que obliga a la parte quejosa a combatir la totalidad de las consideraciones y fundamentos que rigen el fallo reclamado a fin de evidenciar su ilegalidad.
"Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 655, de rubro siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. MATERIA ADMINISTRATIVA.’(1)
"De la lectura integral de los argumentos expresados en vía de concepto de violación, se advierte que la causa de pedir del quejoso, la sustenta en los planteamientos expuestos medularmente en los términos siguientes:
"1.1. Que la sentencia reclamada viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos numerales 41, 46, 50, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque si bien, al analizar la incompetencia de la autoridad demandada, lleva a declarar la nulidad por falta de fundamentación de la competencia, también es cierto que no estudió ni se pronunció respecto de los agravios primero, cuarto, séptimo y octavo al décimo cuarto del escrito de ampliación de demanda, que de haberse estudiado en forma preferente, traerían como consecuencia una sentencia de mayor beneficio a la actora.
"1.2. Que al declararse la nulidad lisa y llana con el argumento de que no está debidamente fundada la competencia de la autoridad, se dejaron de estudiar conceptos de impugnación que son de mayor beneficio a la quejosa pues, de su correcto estudio, le hubiera dado la posibilidad de obtener la nulidad lisa y llana de fondo; ya que la autoridad fiscal hoy tercero perjudicado no demostró haber notificado el oficio de observaciones dentro del plazo legal de los doce meses a que se refiere el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, y de que haya probado la relación laboral con la actora.
"1.3. Que se dejó de estudiar el agravio décimo primero del escrito de ampliación de la demanda, toda vez que de su correcto análisis se hubiera dado cuenta que estaba probado que se pagaron las cuotas obrero patronales, por lo que no opera la aplicación del artículo 18 del reglamento respectivo.
"1.4. Que la autoridad responsable deja de analizar y pronunciarse con respecto al concepto de impugnación marcado con el número décimo cuarto del escrito de ampliación de la demanda, y que de su correcto estudio le hubiera dado la posibilidad de obtener la nulidad lisa y llana de fondo, ya que la autoridad fiscal hoy tercero responsable, no demostró antes de liquidar la contribución en calidad de responsable solidaria, que la sociedad mercantil responsable se haya cambiado de domicilio, ni demostró la causa legal de la responsabilidad. Que la autoridad fiscal todavía no logra demostrar como obtuvo los datos, y sin señalar la supuesta inspección ocular de la obra.
"1.5. Que la actora, para cumplir con la carga procesal que le impone el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, exhibió como prueba de su intención, las documentales que demuestran que la actuación de la autoridad tercero perjudicada es ilegal, ya que se dictó en contravención de las disposiciones aplicables y se dejaron de aplicar las debidas.
"1.6. Que el juicio contencioso administrativo se debe caracterizar por un proceso sencillo en el que el gobernado pueda hacer sus planteamientos y aportar pruebas, y que como en el presente caso, al ofrecerse y exhibirse las pruebas documentales donde se demuestra la ilegalidad de fondo de los actos de la autoridad fiscal, se declare la nulidad de todas las actuaciones administrativas y, por ello, la autoridad fiscal en un supuesto, pero también probable procedimiento de fiscalización posterior, no podrá observar las cantidades derivadas de los préstamos de los socios como ingresos presuntos.
"1.7. Que las tesis citadas por la autoridad responsable, de rubros: ‘PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010.’ y ‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS EFECTOS CUANDO LA AUTORIDAD OMITE FUNDAR SU COMPETENCIA Y CUANDO DEL ESTUDIO DE FONDO SE ADVIERTE QUE CARECE DE ELLA.’, no pueden tener aplicación al caso, toda vez que no se refieren al supuesto de que el actor puede obtener mayor beneficio con los agravios que se le han dejado de estudiar, sino se refiere a otra cuestión distinta, como es el caso de los agravios de fondo que al ser similares al otorgado por la falta de competencia hacen innecesario su estudio; pero no es el caso que nos ocupa, por lo que se considera que hay agravios de mayor beneficio que no se estudiaron.
"1.8. Que sí resultan aplicables las tesis de los rubros: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. NO BASTA LA MERA AFIRMACIÓN DE QUE UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES SINO QUE DEBE ANALIZARSE SI ÉSTE ES EL QUE LE OTORGA MAYORES BENEFICIOS JURÍDICOS AL QUEJOSO (AMPLIACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA).’; ‘NULIDAD LISA Y LLANA. CUANDO LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA LA DECLARAN POR INSUFICIENTE O INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA O DE LA QUE HUBIERE ORDENADO O TRAMITADO EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, TAMBIÉN DEBE HACERSE CARGO DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN REFERENTES A CUESTIONES DE FONDO QUE, DE RESULTAR FUNDADOS, PODRÍAN GENERAR UN MAYOR BENEFICIO AL ACTOR AL IMPEDIR A LA AUTORIDAD ACTUAR NUEVAMENTE EN EL MISMO SENTIDO EN SU PERJUICIO.’; ‘SENTENCIA DE NULIDAD. PROCEDE EL AMPARO DIRECTO CUANDO SE ATACA LA DESATENCIÓN O DESESTIMACIÓN DE UNA CAUSA DE ANULACIÓN CUYO ESTUDIO DEBIÓ SER PREFERENTE PARA LOGRAR LA NULIDAD LISA Y LLANA (TOTAL Y NO PARCIAL) DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA QUE, DERIVADA DE UNA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SE CONSIDERA VICIADA DESDE SU ORIGEN.’; ‘SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS.’; ‘SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDERSE TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR UN NUE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24455-aec9efdc/procedimiento-contencioso-administrativo-el-articulo-51-penultimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
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Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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