EMPLAZAMIENTO A JUICIO CIVIL. DEBEN ENTREGARSE LAS COPIAS EXHIBIDAS JUNTO CON LA DEMANDA, AUN CUANDO ÉSTAS EXCEDAN DE CINCUENTA FOJAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, QUINTO Y SEXTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RODOLFO CASTRO LEÓN, CARLOS HINOSTROSA ROJAS, JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN Y JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO. DISIDENTES: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: RODOLFO CASTRO LEÓN. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
CONSIDERACIONES:
I. COMPETENCIA. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por los diversos 52/2015 y 28/2018, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
II. LEGITIMACIÓN. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
III. CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, resolvió el amparo en revisión 61/2019, del cual se advierten los siguientes antecedentes:
ACTO RECLAMADO: La parte quejosa reclamó en amparo indirecto el emplazamiento realizado a un juicio civil sumario.
SENTENCIA DE AMPARO. El secretario en funciones de Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco, negó la protección de la Justicia de la Unión.
REVISIÓN. El indicado Segundo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria materia de la denuncia de contradicción de tesis, confirmó tal negativa, en lo que aquí interesa, por las razones que se reseñan enseguida:
a) El tribunal no comparte el criterio sustentado en la tesis III.5o.C.43 C (10a.),(3) en la que el recurrente basó el agravio relativo a la ilegalidad del fallo impugnado, por ser inconstitucional el emplazamiento reclamado, en virtud de que el secretario ejecutor no le entregó copias de los documentos anexados a la demanda; ya que, opuesto a lo sostenido por el recurrente, los artículos 91 bis y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, deben interpretarse en armonía con el artículo 91 del propio ordenamiento, de acuerdo con el método sistemático de interpretación de la ley, conforme al cual las normas se complementan y no se excluyen entre sí. En tanto que el último numeral invocado se encuentra ubicado en el título segundo, atinente a las "Reglas Generales" del proceso, en su Capítulo III: "De la presentación de documentos".
b) Sí es aplicable a la diligencia de emplazamiento, la norma prevista en el artículo 91, en cuanto establece que si los documentos fundatorios exceden de cincuenta fojas, no es necesario acompañar las copias para correr traslado, pues, en ese caso, quedan en la secretaría para que se instruyan de ellas las partes.
c) Esa excepción de que sólo se presente el escrito de demanda y copia del mismo, junto con los documentos fundatorios, sin necesidad de acompañar copia de estos últimos, cuando los documentos fundatorios excedan de cincuenta hojas, tiene su origen en la prerrogativa de los particulares, derivada de la gratuidad judicial inmersa en el artículo 17 constitucional.
d) Excepción que no viola los derechos de acceso a la justicia y a una debida defensa, consignado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al quedar a disposición del interesado, en la secretaría del juzgado, los documentos respectivos, no trastoca el objetivo primordial del emplazamiento, consistente en que el demandado esté en condiciones de preparar en forma adecuada su defensa, lo cual se traduce en la oportunidad de formular y probar las excepciones y de pronunciarse sobre lo expresado en la demanda; por ende, constituye una medida razonable, al existir una adecuada proporción entre la finalidad que persigue el artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, y los medios empleados para conseguirla, lo cual se consigue al correr traslado al demandado con la copia de la demanda, mientras que el demandado puede imponerse de los autos en las instalaciones del juzgado.
e) El hecho de que el demandado deba acudir al juzgado no representa una carga desmedida, porque a partir de que es debidamente enterado de la existencia del juicio en su contra y de lo pretendido por el actor (al correrle traslado con la demanda), aquél debe estar al pendiente del trámite del juicio.
B. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de ocho de junio de dos mil diecisiete, resolvió el amparo en revisión 131/2017-III, del que emanó la tesis III.5o.C.43 C (10a.),(4) de cuya ejecutoria se advierten los siguientes elementos:
ACTO RECLAMADO: El quejoso reclamó el emplazamiento que se le practicó en un juicio civil ordinario, y sus consecuencias legales.
SENTENCIA DE AMPARO. El entonces Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, ahora Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, negó la protección federal solicitada.
REVISIÓN. El aludido Tribunal Colegiado de Circuito realizó un análisis oficioso del emplazamiento reclamado, y lo encontró ilegal, sobre las siguientes consideraciones que lo llevaron a revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, conceder el amparo.
a) De los artículos 91 bis y 112, penúltimo párrafo del enjuiciamiento civil local, no se advierte alguna excepción en el sentido de que en los emplazamientos a juicio no se entreguen copias de los documentos agregados a la demanda, cuando excedan de cincuenta fojas, por el contrario, imponen el deber ineludible de entregarlas.
b) Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que el artículo 112 en cita, se encuentra en el "Capítulo V", que regula las notificaciones; en tanto que el 91 del propio cuerpo normativo, se ubica en el "Capítulo III", tocante a la presentación de documentos; por lo que, atendiendo al lugar que ocupa el citado numeral, y al principio general de derecho que dice: "en todo derecho el género es derogado por la especie, y se considera preferente lo que se refiere a la especie", no cabe duda que en el emplazamiento se debe entregar al demandado copia del escrito inicial de demanda, de los documentos que se anexen a la misma y del auto que lo autorizó, por así estatuirlo la norma especial que es el citado artículo 112, penúltimo párrafo.
c) Además, la intelección del artículo 112, en relación con el 91 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al establecer la obligación de entregar en el momento del emplazamiento copia simple de la demanda y de los documentos exhibidos con ella, así como del auto que lo ordena, no establece excepción alguna con motivo de la cantidad de hojas anexas; por lo que no es dable al intérprete introducir un supuesto previsto para una hipótesis diferente, ajena a las formalidades que debe revestir al emplazamiento, las cuales son compatibles con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que es racional y proporcional, al guardar coherencia con el contenido de la garantía de audiencia, considerada como el máximo derecho procesal conferido al justiciable, que pretende el acceso a la justicia de manera plena y sin cortapisas.
d) Incluso, la garantía de audiencia y el seguimiento de sus formalidades se reconoce en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contiene el derecho fundamental de ser oído en defensa; en tanto que el artículo 25 de la propia convención reconoce el derecho de toda persona a dirimir sus controversias y a defenderse de actos de autoridad por un Juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad en la ley; también el derecho a contar con un recurso efectivo ante Jueces y tribunales competentes para defenderse contra actos que afecten sus derechos; por lo que es evidente que de no entregarse en el emplazamiento copias íntegras de la documentación presentada por la parte actora, se menoscaban los derechos fundamentales de referencia al restringirse el tiempo que tiene para contestar el libelo inicial, obligándolo a presentarse ante el órgano jurisdiccional. De ahí que sea necesario que el demandado tenga conocimiento de los hechos constitutivos de la acción para que se encuentre en posibilidad de preparar debidamente sus defensas y excepciones, así como aportar las pruebas que estime adecuadas para desvirtuar tales hechos sobre los que se sustenta la litis.
e) Los requisitos para el legal emplazamiento previstos en el artículo 112 del código adjetivo civil local son de interpretación estricta y no es dable jurídicamente limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino por el contrario debe hacerse posible, en lo esencial, su ejercicio, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios.
f) La obligación de sólo presentar el escrito de demanda cuando los documentos exceden de cincuenta hojas únicamente puede interpretarse como una prerrogativa legal que tienen los particulares, derivada de la gratuidad judicial inmersa en el artículo 17 constitucional, es decir, que los juicios resulten lo menos gravosos en su tramitación, así como el seguimiento de menores requisitos en los trámites procesales; lo que no puede ir en detrimento de las obligaciones judiciales de otorgar audiencia sin menoscabo de derecho alguno; por lo que corresponde al órgano instructor proveer lo necesario para que no se restrinja o limite el derecho del demandado a ser oído.
g) Si no se entregan los referidos documentos en el acto del emplazamiento, evidentemente se limita el derecho de defensa de la parte demandada, puesto que forzosa y necesariamente tendrá que acudir al órgano jurisdiccional a consultar los autos, así como los documentos fundatorios y probatorios que se hubieren agregado a la demanda correspondiente, ocupando parte del tiempo que tiene para contestarla.
h) Las leyes tienen que ser interpretadas de manera que surtan efectos, como lo establece el principio general del derecho que reza: "las leyes se han de interpretar en el sentido más benigno donde se conserve su disposición".
Criterio el anterior que, como se expuso en el antecedente V de esta ejecutoria, fue abandonado al resolver el diverso recurso de revisión 155/2019-III, en sesión de cuatro de julio del año que transcurre, de cuya ejecutoria se observan los siguientes datos:
ACTO RECLAMADO: La quejosa reclamó el emplazamiento que se le practicó en un juicio civil ordinario, y sus consecuencias legales.
SENTENCIA DE AMPARO. La secretaria encargada del despacho del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado sobreseyó en el juicio.
REVISIÓN. El aludido Tribunal Colegiado de Circuito levantó el sobreseimiento decretado y en su lugar negó el amparo impetrado, una vez que analizó los conceptos de violación, entre los que desestimó el relativo a la ausencia de traslado a la quejosa, con los documentos que la actora exhibió con su ampliación de demanda natural, con base en las siguientes consideraciones:
a) El artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad es claro al establecer, que no hay necesidad de entregar materialmente los documentos que se adjuntan a la demanda cuando exceden de cincuenta hojas.
b) Sin que pueda considerarse que tal artículo limita el derecho de defensa, pues es razonable que ante la voluminosidad de los documentos fundatorios, recaiga en el demandado la carga de acudir al órgano jurisdiccional a consultarlos.
c) Si se estima que el citado numeral infringe alguno de los derechos fundamentales, debe impugnarse de inconstitucional.
d) Si bien existe obligación de que al practicar el emplazamiento se corra traslado con las copias de los documentos fundatorios de la acción; sin embargo, conforme a lo expresado, se actualiza una excepción cuando dichos documentos excedan de cincuenta fojas, como sucede en la especie.
e) La recurrente no quedó en estado de indefensión, ya que se le hizo saber el nombre de la persona que la demandaba, el número del juicio y el Juez ante quien se presentó la demanda, así como se le entregaron los autos de admisión y ampliación de ésta, donde se exhibieron los documentos fundatorios, por lo que estuvo en aptitud de comparecer a ese procedimiento a imponerse de ellos e incluso, solicitar la ampliación del término para contestar.
C. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, resolvió el amparo en revisión 98/2018, respecto de los siguientes elementos:
ACTO RECLAMADO: El quejoso reclamó el emplazamiento que se le practicó en un juicio civil sumario hipotecario, y sus consecuencias legales.
SENTENCIA DE AMPARO. El entonces Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, ahora Juez Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, negó la protección federal solicitada.
REVISIÓN. El indicado Sexto Tribunal Colegiado de este Circuito y materia, revocó el sentido del fallo impugnado y, en su lugar, concedió el amparo impetrado, por las siguientes razones torales:
a) La diligencia reclamada es ilegal, porque en el acta respectiva se hizo constar que no se le entregaron las copias de los documentos fundatorios de la acción al demandado, y que éstas quedarían a su disposición en la secretaría del Juzgado.
b) Aun cuando se ha considerado que de los preceptos 91 y 91 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se desprende una aparente antinomia normativa, no se materializa porque abordan supuestos fácticos diferentes: el primero contempla diversos requisitos para tener acceso a la tutela jurisdiccional; mientras que el contenido jurídico del precepto 91 bis se refiere esencialmente al derecho fundamental de garantía de audiencia y defensa; por lo que ambos preceptos pueden aplicarse de manera simultánea, sin la actualización de un conflicto de antinomia.
c) Los emplazamientos se rigen por lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el cual debe armonizarse con lo dispuesto en los artículos 91 y 91 bis del propio cuerpo normativo, en atención al criterio de especialidad que establece que ante dos normas –una general y una especial–, prevalece la segunda; de lo que se colige que al establecer la obligación de entregar (en el momento del emplazamiento) copia simple de la demanda y de los documentos exhibidos con ella, así como del auto que lo ordena, no establece excepción alguna con motivo de la cantidad de hojas anexas.
d) No es dable al intérprete, introducir un supuesto previsto para una hipótesis diferente, ajena a las formalidades que debe revestir el emplazamiento.
e) Esas formalidades son compatibles con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 17 constitucional, lo que es racional y proporcional, al guardar coherencia con el contenido de la garantía de audiencia considerada como el máximo derecho procesal conferido al justiciable, que pretende el acceso a la justicia plena y sin cortapisas.
f) Si no se entregan tales documentos en el acto del emplazamiento, evidentemente se limita el derecho de defensa de la parte demandada, puesto que forzosa y necesariamente tendrá que acudir al órgano jurisdiccional a consultar los autos, así como los documentos fundatorios y probatorios que se hubieran agregado a la demanda correspondiente, empleando parte del tiempo que tiene para contestarla, cuanto más si solicita copias, en cuyo caso tendrá que esperar su autorización.
g) Esa excepción de que sólo se presente el escrito de demanda y copia del mismo, junto con los documentos fundatorios, sin necesidad de acompañar copia de estos últimos, cuando los documentos fundatorios excedan de cincuenta hojas, puede interpretarse como una prerrogativa de los particulares, derivada de la gratuidad judicial inmersa en el artículo 17 constitucional; sin embargo, no puede ir en detrimento de las obligaciones judiciales que deben observarse al abordar la garantía de audiencia y defensa.
h) Los requisitos para el legal emplazamiento previstos en el artículo 112 del código adjetivo civil local son de interpretación estricta y no es dable jurídicamente limitar el derecho fundamental a la tutela efectiva, sino por el contrario, debe hacerse posible, en lo esencial, su ejercicio, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano.
i) El Tribunal Colegiado comparte la tesis III.5o.C.43 C (10a.).(5)
D. El referido órgano jurisdiccional reiteró el criterio sostenido en la ejecutoria reseñada, al resolver los recursos de revisión principal 93/2018, 56/2018, 145/2018, 34/2018, 192/2018, 212/2018 y 15/2019, resueltos en sesiones de seis de julio, diecisiete de agosto, once de octubre, seis de diciembre, ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el orden mencionado, y el último, el veintidós de marzo del año en curso. Todos derivados de emplazamientos practicados a juicios civiles.
IV. IMPROCEDENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS. Previo a resolver sobre la existencia de la contradicción de tesis planteada, es menester precisar que en virtud de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, abandonó el criterio sostenido en la tesis III.5o.C. 43 C (10a.),(6) al resolver el recurso de revisión principal 155/2019-III, en sesión de cuatro de julio del año que transcurre, debe declararse improcedente la contradicción de tesis únicamente en lo que se refiere al mencionado criterio, por haber dejado de tener vigencia.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS. Precisadas las consideraciones en las que se basaron los criterios contendientes, se procede a analizar si en el caso se colman los requisitos para la existencia de la contradicción de tesis.
El presente asunto reúne los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado para tal efecto, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(7) conforme a la cual, es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de un cuestionamiento acerca de si la manera de abordar la cuestión jurídica, es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Requisitos que se configuran en el caso, por las razones siguientes:
I. Primer requisito: Ejercicio interpretativo de la norma o de una figura jurídica.
De la narrativa de los antecedentes del presente asunto, se advierte que mientras los tres Tribunales Colegiados de Circuito a los que se ha venido haciendo referencia, en los criterios contendientes analizaron las disposiciones contenidas en los artículos 91, 91 bis y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, y las interpretaron en la parte relativa a la necesidad o no, de entregar copias de los documentos presentados junto con la demanda de un juicio civil, en el momento del emplazamiento, con independencia de que aquéllos consistan en más de cincuenta hojas.
b) Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios.
Este Pleno de Circuito advierte que en los ejercicios realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito en el tramo interpretativo puntualizado, se ha dado un punto de toque en relación a si deben entregarse copias de los documentos exhibidos junto con la demanda, cuando éstos exceden de cincuenta fojas, para que el emplazamiento se considere válido; ya que el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados de referencia (este último en su criterio actual) estimaron que en ese supuesto, no es necesaria la entrega de las copias, el primero, por constituir una medida razonable, proporcional entre la finalidad perseguida por el indicado artículo 91, y los medios empleados para conseguirla, y el segundo de los nombrados, porque el artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad es claro al establecer que no hay necesidad de entregar materialmente los documentos que se adjuntan a la demanda cuando exceden de cincuenta hojas.
Mientras que el Sexto Tribunal Colegiado del ramo y circuito determinó lo opuesto, al estimar que la prerrogativa establecida en el multicitado artículo 91, que exenta al actor de exhibir copias de los documentos fundatorios de la demanda, cuando éstos exceden de cincuenta fojas, no puede interpretarse en detrimento del derecho humano a la tutela judicial plena y efectiva, y la garantía de audiencia del demandado, con el debido cumplimiento de sus formalidades.
Lo anterior, a pesar de que los ejercicios de interpretación de los tribunales colegiados provinieron del mismo supuesto: el emplazamiento a un juicio civil, en el que el diligenciario asentó que las copias de los documentos anexados a la demanda quedaron a disposición del demandado en la secretaría del juzgado, por exceder de cincuenta fojas.
c) Tercer requisito: pregunta que detona la procedencia de la contradicción de tesis.
Ante el planteamiento precisado, el tema a dilucidar en la presente contradicción de tesis puede partir del siguiente cuestionamiento:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 91, 91 bis y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al verificarse el emplazamiento ¿deben entregarse copias de los documentos anexados a la demanda, cuando estos exceden de cincuenta fojas?
VI. ESTUDIO. Debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan.
En primer lugar, es importante tener presente que los artículos 17 constitucional, segundo párrafo,(8) y 8, punto 1,(9) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consignan el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, el cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(10) ha señalado que se integra por tres derechos: 1) previo al juicio, que atañe al derecho de acceso a la jurisdicción; 2) el judicial, propiamente dicho, al que corresponden las garantías del debido proceso; y 3) uno posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél.
Por lo que ve al derecho de acceso a la impartición de justicia, en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007,(11) la Segunda Sala del Alto Tribunal en cita determinó, que tal derecho consagra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. De entre los cuales, la justicia completa e imparcial involucra el llamado "debido proceso", inherente a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional,(12) que permite a los gobernados ejercer sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente.
Al respecto, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95,(13) sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas, cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, como parte de esa formalidad.(14)
En esta línea, la Corte Interamericana ha considerado que "para que exista ‘debido proceso legal’ es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables... La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación...".(15)
En tanto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en términos del artículo 17 constitucional, la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes" significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos obstaculizadores al acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.
Lo expuesto se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el Tomo XXV, abril de 2007, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 124, con registro digital: 172759, y el siguiente contenido:
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.—La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos –desembarazados, libres de todo estorbo– para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."
Por ello, es importante enfatizar que los requisitos impuestos por el legislador para acceder a la jurisdicción, deben estar enderezados a salvaguardar algún derecho fundamental o intereses constitucionalmente protegidos, y deben guardar la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como se precisa en la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.)(16) de la aludida Primera Sala del Alto Tribunal, del siguiente contenido:
"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.—Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29060-084f139a/emplazamiento-a-juicio-civil-deben-entregarse-las-copias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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