EMPLAZAMIENTO A JUICIO CIVIL. EL ACTUARIO AL CORRER TRASLADO CON LA DEMANDA Y SUS ANEXOS A LA CONTRAPARTE ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LAS COPIAS QUE SE EXHIBIERON Y NO LIMITAR LA ENTREGA A LA CANTIDAD QUE PREVÉ LA LEY PROCESAL ESTATAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES Y JALISCO).

Hechos: El Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito contendientes que conocieron de un diverso amparo directo y una contradicción de tesis, respectivamente, al analizar los artículos 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes y 91 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, sostuvieron un criterio distinto con relación a si al practicarse la diligencia de emplazamiento a un juicio civil el actuario se encuentra obligado a entregar la totalidad de las copias de los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda o sólo la cantidad que prevé la ley procesal estatal.

Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que al practicarse la diligencia de emplazamiento a un juicio civil el actuario se encuentra obligado a entregar la totalidad de las copias de los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda y no sólo la cantidad que prevé la ley procesal estatal.

Justificación: Se afirma lo anterior, ya que la medida consistente en poner límites en la entrega de la documentación que se adjunta a la demanda y con la cual debe correrse traslado a la contraparte, no es razonable y provoca desigualdad entre las partes, pues genera una distinción no justificada, al permitirse a ciertos demandados un plazo real mayor para la construcción de su defensa a partir de su efectivo emplazamiento cuando se le corre traslado con copia de la demanda y de sus anexos, mientras que en el caso de otros demandados, el plazo real de contestación de la demanda se disminuye en tiempo efectivo para preparar la respectiva contestación. Incluso, la distinción que generan los artículos de referencia, ya no tendría una razón de ser, pues hoy en día los documentos ya no tienen que copiarse a mano como ocurrió cuando se crearon las primeras normas que desarrollaron este tipo de previsiones, por lo que los medios tecnológicos actualmente disponibles no justifican ni hacen razonable que sea la extensión de los documentos anexos a la demanda, lo que impacte la decisión de que se corra o no traslado a la contraparte. Además que, para el demandado, el análisis de las documentales de referencia le es ineludible pues sólo así podrá construir una debida defensa, ya que de no contar con tales documentales conlleva que no pueda ser debidamente escuchado y ejercer plenamente su garantía de audiencia, ello, toda vez que el debido proceso no se agota con el hecho de que una persona sea oída en juicio, sino de que sea oída en el mismo con todas las garantías. Así, el debido llamamiento a un procedimiento judicial no puede estimarse colmado con el simple aviso de que el mismo ha iniciado y de los elementos principales que le motivan, sino que un efectivo emplazamiento sólo puede tenerse por satisfecho cuando el citado llamado, implica poner en pleno conocimiento a la parte demandada tanto del escrito en que se formula el reclamo o demanda, como de los documentos que lo sustentan.