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ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. ES RETROACTIVA Y PERJUDICIAL LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 130/2016 (10a.), PARA DEFINIR LA COMPETENCIA EN CONFLICTOS DERIVADOS DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO PACTADAS Y REVISADAS ANTES DE SU EMISIÓN BAJO EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 96/2026. · Registro digital (IUS): 34312
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-16
Promovente: Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 96/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN, Y DE ALAN ANTONIO MORÁN HERRERA, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIO: JAIME EMMANUEL CORNEJO PÉREZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al nueve de septiembre de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 96/2026, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito(1) y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, (en apoyo al primero).(2)

El problema jurídico planteado para resolver por este Pleno Regional se delimitó en auto de presidencia de la siguiente manera: “DETERMINAR SI LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO Y SUS TRABAJADORES SE RIGE POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO ESTÁ PACTADO EN SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 156/2008, Y NO POR EL APARTADO B Y LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y, EN CONSECUENCIA, SI ES EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO EL COMPETENTE PARA SUBSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO AL CITADO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 156/2008.”

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Intendencia al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 55/2023, y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al fallar el amparo en revisión 2/2025 en auxilio del primero (cuaderno auxiliar 424/2026).

2. Incompetencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintiséis, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el asunto como contradicción de criterios 131/2026. Al determinar que dicho alto tribunal carecía de competencia legal para conocer del diferendo, ordenó remitir los autos a este Pleno Regional para su substanciación.

3. Trámite ante el Pleno Regional. El tres de agosto de dos mil veintiséis, la presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia y la radicó con el número de expediente 96/2026.(3)

4. En ese mismo proveído, se solicitó a las presidencias de los tribunales colegiados contendientes remitir la versión digitalizada de las ejecutorias en disputa e informar si sus respectivos criterios continuaban vigentes o habían sido superados. Asimismo, se tomó conocimiento del comunicado de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no existía otra contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto en dicho alto tribunal.

5. Turno. En la misma fecha, fue turnado electrónicamente(4) a la ponencia del Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán para el estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

6. Vigencia de criterios. Mediante autos de diez y once de agosto de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los oficios de los tribunales contendientes, a través de los cuales informaron que sus respectivos criterios jurídicos se encuentran vigentes y que los expedientes electrónicos correspondientes están disponibles para su consulta.

7. Licencia médica y suspensión de plazos. En el último de los proveídos citados, la Presidencia de este Pleno Regional determinó suspender la confirmación del turno electrónico ante la falta de integración temporal de este órgano colegiado. Lo anterior, derivado de la licencia médica otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al Magistrado Antonio Salazar López, titular de la Ponencia “C”.

8. Por auto de diecisiete de agosto en curso, se tuvo por integrado este Pleno Regional, con las personas magistradas Vanessa Heidi Nambo Huerta y Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, así como con el licenciado Alan Antonio Morán Herrera, Secretario en funciones de Magistrado, de conformidad con el oficio SEADS/1994/2026, de trece de agosto del año en cita, suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adscripción del Órgano de Administración Judicial.

9. Levantamiento de la suspensión y confirmación de turno. En la misma fecha, al encontrarse debidamente integrado el órgano, se levantó la suspensión decretada, se reanudaron los plazos procesales para la emisión del fallo y se confirmó el turno del asunto al Magistrado Ponente,(5) para los efectos legales conducentes.

10. Lista. El uno de septiembre de dos mil veintiséis, se listó el asunto para ser discutido por este Pleno Regional en sesión ordinaria de nueve de septiembre posterior.

II. COMPETENCIA

11. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios en estudio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1, y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; todos ellos emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

12. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.

13. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(6) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. LEGITIMACIÓN

14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III(8) de la Ley de Amparo.

15. Ello es así, pues fue formulada por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Intendencia al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, ente colectivo que ostenta el carácter de parte quejosa y recurrente en los recursos de revisión 55/2023 y 2/2025 (auxiliar 424/2026) de los índices de los tribunales colegiados contendientes.

16. Por tanto, al tratarse de uno de los sujetos procesales que intervino en los asuntos donde se originó la discrepancia de criterios, se actualiza plenamente su facultad legal para denunciarla.

17. No obsta a lo anterior que el promovente actúe en su calidad de representante estatutario del sindicato, pues su facultad legal para defender los intereses del gremio y detonar este mecanismo de unificación se robustece, por identidad jurídica, con las directrices sostenidas por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

18. Resulta ilustrativa la tesis 2a. XXIX/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, abril de 2009, página 727, con registro digital 167546, que indica:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes.”

19. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, visible en la Novena Época, Materias(s): Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 227, con registro digital: 168488, de rubro y texto siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.”

20. Si bien los criterios citados analizan la Ley de Amparo abrogada y figuras de representación técnica (apoderados y autorizados en el juicio de origen), resultan plenamente aplicables bajo el marco constitucional y legal vigente. Esto obedece a que el diseño institucional de los artículos 225 a 227 de la Ley de Amparo actual conserva la esencia de la legislación anterior: salvaguardar el derecho de las partes que resintieron los efectos de las ejecutorias contendientes para denunciar la contradicción, con el fin primordial de preservar la seguridad jurídica en el sistema de justicia laboral.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

21. Con la finalidad de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es necesario relatar cronológicamente los antecedentes procesales y las consideraciones jurídicas esenciales que sustentan las ejecutorias de los órganos jurisdiccionales contendientes.

22. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 55/2023.

22.1 Antecedentes laborales del organismo. El catorce de enero de dos mil ocho se constituyó el Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Intendencia al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, cuyo registro quedo asentado bajo el expediente ********** ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. El catorce de abril del mismo año, dicho órgano jurisdiccional sancionó y registró el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el referido instituto y la organización sindical, bajo el número de registro **********.

22.2 El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dentro del expediente de huelga **********, las partes exhibieron la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con vigencia del catorce de abril de dos mil dieciséis al catorce de abril de dos mil dieciocho. La Junta Local ordenó incorporar dicha revisión y la minuta de acuerdos al registro original **********.

22.3 Con motivo del cambio de modelo de justicia laboral, once de abril de dos mil veintidós, el Coordinador General de Registro de Asociaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitió resolución en el expediente ********** (derivado del antecedente **********). En dicho fallo, declaró procedente la solicitud de modificación de directiva promovida por el Secretario General del Sindicato, y expidió la constancia respectiva.

22.4 Contra dicha determinación, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, por conducto de su representante legal, solicitó a la Coordinación General de Registro de Asociaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la regulación del procedimiento en el expediente de modificación de directiva citado. El Instituto argumentó una invasión de esferas competenciales en perjuicio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por lo que pidió dejar sin efectos la resolución y declararse incompetente para conocer del asunto.

22.5 Conflicto competencial en vía conciliatoria.

22.6 Instancia federal. El dieciséis de agosto de dos mil veintidós, el Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Intendencia al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco promovió ante Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la solicitud de conciliación formal ********** por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. Dicha autoridad declinó la competencia a favor del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco.

22.7 Instancia local. El ocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante el oficio **********, la directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco determinó que carecía de competencia legal para desahogar la audiencia de conciliación. Lo anterior, tras considerar que la relación jurídica entre el Instituto y el Sindicato se rige por el artículo 123, Apartado “B”, de la Constitución Federal y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.

22.8 Juicio de amparo indirecto. Inconforme con la resolución de incompetencia del Centro de Conciliación Local, el Sindicato promovió juicio de amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, cuyo titular la admitió a trámite bajo el expediente 1606/2022-VIII. Agotadas las etapas procesales, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés el Juez de Distrito dictó sentencia en la que negó la protección constitucional, al validar la legalidad del acuerdo de incompetencia formal.

22.9 Resolución del recurso de revisión. Inconforme con la negativa del amparo, la organización quejosa interpuso recurso de revisión 55/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco. Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación del Gobernador interino del Estado de Tabasco, interpuso revisión adhesiva, mientras que la organización quejosa formuló alegatos.

22.10 En sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinticinco el Tribunal Colegiado dictó resolución en la que determinó: dejar intocada la negativa en relación con el acto consistente en el Decreto 182 de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco; revocar la sentencia recurrida en la materia de la revisión y conceder(9) el amparo a la organización sindical y dejar sin materia la revisión adhesiva.

22.11 Entre otras consideraciones, el Tribunal Colegiado calificó como fundados los agravios de la parte recurrente, tras advertir que el Juez de Distrito omitió aplicar la suplencia de la queja deficiente. Por ello determinó que el acuerdo del Conciliación Laboral del Estado de Tabasco (oficio CCLET/DG/879/2022), mediante el cual se declaró incompetente y ordenó el archivo de la solicitud de conciliación **********, vulneró el principio de irretroactividad de la ley y la jurisprudencia en perjuicio del Sindicato.

22.12 Afirmó lo anterior, porque la autoridad responsable fundamentó su incompetencia al aplicar retroactivamente la jurisprudencia 2a./J. 130/2016, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.”; la cual fue emitida en el año dos mil dieciséis, fecha posterior a la constitución del Sindicato y al registro del Contrato Colectivo de Trabajo (celebrado en el año dos mil ocho), momento en el que ya se había pactado un régimen laboral determinado.

22.13 Estableció que los criterios jurisprudenciales no pueden modificar las negociaciones individuales o colectivas de los organismos descentralizados con sus trabajadores y, por tanto, éstas deben seguirse desarrollando, conforme al apartado del artículo 123 constitucional que se había pactado, por ello, la jurisprudencia aplicada por la autoridad responsable para justificar su determinación, no resulta aplicable al caso, porque previamente a su vigencia, ya se había pactado un régimen laboral determinado y obtenido derechos, por lo que el criterio aplicado no tenía el alcance de modificar situaciones de hecho ni generar inseguridad jurídica entre el organismo descentralizado y sus trabajadores; de ahí lo fundado del concepto de violación.

22.14 El Tribunal Colegiado citó por analogía la jurisprudencia 2a./J. 55/2023 (11a.), emitida por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2027364, de rubro: “CONFLICTOS LABORALES ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS. LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA RESOLVERLOS SERÁ LA QUE RIJA EL RÉGIMEN DE SUS RELACIONES LABORALES”; y, la diversa PR.P.T.CN. J/2 L (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con registro digital 2028613, de título: “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA Y SUS TRABAJADORES, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO. CORRESPONDE A LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL NORESTE DEL ESTADO DE SONORA, CON SEDE EN NOGALES.”

22.15 Por lo anterior, determinó revocar el considerando séptimo de la sentencia recurrida, por lo que el Tribunal Colegiado reasumió jurisdicción para analizar los conceptos de violación enderezados contra el oficio del ********** dentro de la solicitud de conciliación ********** del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, a través del cual declaró su incompetencia y ordenó el archivo del asunto.

22.16 En el cuerpo de su ejecutoria, el tribunal de amparo desarrolló un estudio dogmático sobre el alcance del artículo 217 de la Ley de Amparo y la tesis aislada 2a. XIV/2002 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concluyó que, si bien la jurisprudencia tiene la función de unificar y dar homogeneidad al sistema jurídico, su aplicación posterior no puede obrar sobre el pasado de manera perjudicial cuando altere la previsibilidad y la estrategia litigiosa de los gobernados.

22.17 Así, fijó tres requisitos concurrentes para acreditar una aplicación retroactiva ilícita: a) La existencia de un criterio firme y obligatorio que rigiera de forma directa un punto jurídico relevante para el origen, tramitación o resolución de una controversia; b) La emisión superveniente de una nueva jurisprudencia que abandone, modifique o supere el entendimiento de dicho sistema normativo antes de dictarse la resolución correspondiente; y, c) Que la aplicación del nuevo criterio interpretativo produzca una afectación directa o desmantele la esfera de derechos y la seguridad jurídica de los justiciables.

22.18 El órgano contendiente determinó que en la especie se colmaron cabalmente los citados supuestos. Explicó que, el contrato colectivo de trabajo fue registrado el catorce de abril de dos mil ocho ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con el consecutivo **********; en tanto que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco fundamentó su incompetencia aplicando la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), criterio emitido en el año dos mil dieciséis que facultó a las legislaturas estatales a elegir de manera libre o mixta el régimen burocrático (Apartado B) para sus organismos descentralizados. Sin embargo, el tribunal advirtió que la relación colectiva de trabajo nació originalmente en el año dos mil ocho y fue formalmente revisada y renovada para el periodo dos mil dieciséis a dos mil dieciocho.

22.19 El tribunal enfatizó que si bien la jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.), de rubro: “ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.”, —que ratificaba la adscripción al Apartado “A” del artículo 123 constitucional —, no existía al momento en que se registró el contrato colectivo (catorce de abril de dos mil ocho), porque fue publicada en enero de dos mil trece, lo cierto es que ya estaba vigente al dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, fecha en que las partes formalizaron y registraron la revisión contractual para el periodo 2016-2018.

22.20 Por esa razón, el Tribunal Colegiado determinó que, se actualiza la aplicación retroactiva de la jurisprudencia 130/2016, ya que el contrato colectivo de trabajo se firmó desde enero de dos mil ocho y posteriormente se renovó por el período de 2016-2018, este último bajo la existencia de la jurisprudencia 180/2012, la cual fue superada por la diversa 130/2016, y la aplicación de este último criterio en que se sustentó el acto reclamado, afectó la esfera jurídica del sindicato recurrente, porque con base en la misma se dejó sin efectos jurídicos dicho acuerdo de voluntades.

22.21 De ahí que el Tribunal Colegiado consideró que, la aplicación de la jurisprudencia 130/2016 infringió el principio de retroactividad en perjuicio del inconforme, aunado a que desde la fecha en que se llevó a cabo el registro del contrato colectivo se encontraban vigentes las jurisprudencias P./J. 1/96 y 2a./J. 13/2000, emitidas por el Pleno y la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, las cuales establecían que las relaciones laborales de los organismos descentralizados se rigen por el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Federal y, por tanto, no pueden sujetarse al régimen burocrático estatal.

22.22 De esta manera, el Tribunal concluyó que el acto reclamado no está ajustado a derecho porque el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco no debió declararse incompetente y ordenar el archivo del asunto con base en la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial; lo anterior, porque el contenido de dicha jurisprudencia no resulta aplicable en aquellos casos en los que, previamente a su vigencia, se había pactado un régimen laboral determinado y obtenido derechos, ya que el criterio que aplicó no tiene el alcance de modificar situaciones que ya fueron pactadas.

22.23 Además, el Tribunal Colegiado precisó que la circunstancia de que el artículo 20 de la Ley que crea al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco prevea que sus relaciones de trabajo se regirán por la legislación burocrática del Estado (Apartado B local), es insuficiente para desconocer y privar de efectos jurídicos un acuerdo de voluntades pactado bilateralmente bajo el régimen ordinario de la Ley Federal del Trabajo. Sostuvo que el régimen laboral fijado en dos mil ocho generó derechos que deben respetarse, por lo que las controversias deben seguir el cauce de la naturaleza sustantiva original y ser resueltas por las autoridades ordinarias y, eventualmente, por un Juez Laboral una vez judicializado el conflicto.

22.24 Bajo esa premisa, el Tribunal Colegiado determinó que, el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el oficio ********** dentro de la solicitud ********** del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, resulta violatorio de los derechos fundamentales del sindicato quejoso, porque la autoridad responsable resulta competente para conocer del conflicto que le fue planteado por el sindicato quejoso.

22.25 Ello al considerar que, la ley procesal aplicable para la solución de los conflictos debe ser la que rija el régimen laboral del organismo descentralizado y sus trabajadores de conformidad con las negociaciones, colectivas o individuales, con la salvedad de que las partes pacten expresamente alguna norma procesal diversa a la que rige su relación laboral.

22.26 Por lo que si en el caso el contrato colectivo de trabajo entre la Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y su sindicato se celebró desde el año dos mil ocho, debe respetarse el régimen laboral pactado entre las partes, que es la Ley Federal del Trabajo, esto es, el relativo al apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Federal, lo que lleva a establecer que los conflictos laborales entre el citado organismo descentralizado local y sus trabajadores deben resolverse conforme a las normas procesales contenidas en la Ley Federal del Trabajo, y su conocimiento corresponde al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco.

22.27 En tales condiciones, el Tribunal Colegiado determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo al Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Intendencia al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, para efecto de que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco realice lo siguiente:

“[1] Deje insubsistente la resolución reclamada de ocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el oficio ********** dentro de la solicitud 55597/2022, mediante la cual declaró su incompetencia y ordenó el archivo del asunto.

[2] Dicte una nueva en la que -tomando en consideración lo expuesto en esta ejecutoria-, prescinda de aplicar la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a).

[3] Establecido lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción sobre la solicitud que le realizó el sindicato quejoso como en derecho corresponda, por resultar competente para ello.

[...]”

23. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito al resolver el amparo en revisión 2/2025 (auxiliar 424/2026).

23.1 Antecedentes del criterio. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Intendencia al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco promovió juicio de amparo contra dos actos:

(a) El acuerdo de ocho de enero de dos mil veinticuatro, dictado por el Tribunal Laboral de la Región Dos del Poder Judicial del Estado de Tabasco, con sede en Cunduacán, mediante el cual se declaró legalmente incompetente para conocer del emplazamiento a huelga instaurado por dicho sindicato; y,

(b) El auto de diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, dentro del cuadernillo de declinación **********, a través del cual aceptó la competencia declinada, declaró ilegal el procedimiento de huelga y lo desechó por improcedente.

23.2 Juicio de amparo e interposición del recurso. Del asun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34312-d73db466/organismos-publicos-descentralizados-locales-es-retroactiva-y-perjudicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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