MEDIOS DE APREMIO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. ES IMPROCEDENTE APLICAR SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA CUANTIFICAR EN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) LA MULTA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA, SI LA MISMA FUE FIJADA EN PESOS Y NO EN SALARIOS MÍNIMOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 10/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIO: JAIME EMMANUEL CORNEJO PÉREZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al diez de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 10/2026, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito(1) y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.(2)
El problema jurídico planteado para resolver por este Pleno Regional se delimitó en auto de presidencia de la siguiente manera: “DETERMINAR. SI LOS TRIBUNALES FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS LAUDOS CONDENATORIOS, PUEDEN REALIZAR LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO MEDIANTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 731, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ EL MÉTODO DE CÁLCULO DE LA MULTA HASTA POR 200 (DOSCIENTAS) VECES EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE.”
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por oficio presentado electrónicamente el veintinueve de enero de dos mil veintiséis, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 107/2024 y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión 45/2018 y 71/2018, de los que emana la tesis aislada I.14o.T.16 L (10a.), publicada en la Décima Época, Materias(s): Laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo II, página 1114, con registro digital: 2018728, de título: “MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. DEBE CALCULARSE CONFORME AL ARTÍCULO 731, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA, COMO CONSECUENCIA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 43/2003)”.
2. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante acuerdo de treinta de enero siguiente, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la contradicción de criterios y la radicó bajo el expediente 10/2026.(3)
3. En esa misma determinación, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran la versión digitalizada de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o, bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
4. Además, se hizo del conocimiento al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión del presente asunto y se le solicitó que comunicara si existía o no una diversa contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que constituyera precedente obligatorio radicado en ese Alto Tribunal sobre el tema a dilucidar.
5. Turno. En la misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(4) para su estudio, a la ponencia del Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán.
6. Vigencia de criterios. Por autos de nueve y once ambos de febrero de dos mil veintiséis, la Presidencia del Pleno Regional recibió respectivamente los oficios de los Tribunales contendientes, mediante los cuales comunicaron que se encuentran vigentes los criterios sustentados y está a disposición de este Pleno Regional, la consulta de los expedientes electrónicos.
7. Confirmación de turno. El veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, se recibió el oficio del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios cuyo tema a dilucidar guarde relación con el de este asunto.
8. Asimismo, en la propia determinación judicial, se consideró integrado este expediente y se confirmó el turno electrónico,(5) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
9. Lista. El presente asunto fue listado por primera vez para discutirse en sesión ordinaria de once de marzo de dos mil veintiséis; sin embargo, a petición de los Magistrados que integran este Tribunal y conforme a lo previsto por el artículo 25, fracción III, en conjunto con el numeral 33, ambos del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(6) el asunto se retiró.
10. Suspensión del plazo para la elaboración del proyecto de sentencia. En auto de treinta de marzo de dos mil veintiséis, la Presidenta del Pleno Regional dio trámite al dictamen del magistrado ponente y ordenó remitir las constancias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determinara si procedía reasumir su competencia originaria, con fundamento en el artículo 94, párrafo cuarto, de la Constitución Federal y el Acuerdo General Plenario 4/2025 por lo que se determinó la suspensión del plazo para la elaboración del proyecto de resolución de la presente contradicción de criterios, hasta en tanto la Segunda Sala del Alto Tribunal resolviera lo conducente.
11. Se levanta suspensión. El veintiocho de mayo siguiente se recibió el oficio por el que la Presidencia del Alto Tribunal informó el desechamiento de la solicitud de reasunción de competencia 450/2026. En consecuencia, se levantó la suspensión del procedimiento y, se confirmó el turno electrónico, remitiéndose el expediente a la ponencia del Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, para formular el proyecto de resolución.
12. El dos de junio de dos mil veintiséis, se listó por segunda ocasión, para discutirse en sesión ordinaria de diez de junio de la misma anualidad.
II. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1, y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; todos ellos emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
14. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.
15. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(7) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
16. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(8) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III,(9) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto 1905/2023.
17. Además, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(10) en relación con el numeral primero, fracción XXVII, del diverso Acuerdo General 3/2013 del mismo cuerpo colegiado, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito,(11) el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se encuentra dentro de la circunscripción territorial del Sexto Circuito, que pertenece, a su vez, a la Región Centro-Sur; y aunque es un órgano mixto, la materia de los recursos de revisión que dio origen a los criterios contendientes es laboral, por lo que corresponde a la especialización de este Pleno Regional; por tanto, la persona juzgadora se encuentra legitimada para hacer la denuncia correspondiente, en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen, y concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
18. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
19. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, al resolver el amparo en revisión 107/2024.
19.1 Antecedentes del caso de origen. Dentro del juicio laboral **********, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, dictó proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, en el cual determinó lo siguiente:
a) Tuvo por asentada la razón actuarial que dio fe del incumplimiento de la patronal equiparada respecto a lo ordenado en auto de treinta de enero de dos mil veintitrés; a saber, el pago a la actora de la cantidad de $**********(********** pesos ********** moneda nacional). Al respecto, la demandada justificó su omisión alegando una imposibilidad material derivada de la incomparecencia de la trabajadora.
b) Requirió a la entidad demandada para que demostrara de forma fehaciente las gestiones administrativas y presupuestales realizadas para allegarse de los recursos necesarios para acatar el laudo, bajo el apercibimiento que, de ser omisa, se le impondría una multa equivalente a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
c) Hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, ordenando girar oficio a la autoridad fiscal correspondiente para la ejecución de la multa respectiva.
d) Con fundamento en los artículos 107(12) y 108(13) de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, fijó fecha y hora para desahogar la diligencia de requerimiento de pago. Asimismo, apercibió al titular de la entidad demandada que, de no liquidar el adeudo, se le impondría una multa de 30 UMAS, con apoyo en los artículos 26, apartado B, párrafos primero, sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con los artículos 11(14) y 105(15) de la Ley Burocrática Estatal.
19.2 El auto de referencia se notificó a la entidad demandada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Posteriormente, el treinta de agosto de la misma anualidad, se desahogó la diligencia de requerimiento de pago, en la cual la patronal omitió exhibir el numerario correspondiente, manifestando que se encontraba gestionando el trámite jurídico-administrativo conducente para el cumplimiento, para lo cual exhibió el acuse de recibo de la solicitud respectiva.
19.3 Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal de Arbitraje calificó la diligencia anterior y, con fundamento en el artículo 105 de la legislación burocrática estatal, hizo efectivo el apercibimiento de once de agosto previo. Por tanto, impuso la multa de 30 UMAS al titular de la demandada y ordenó girar el oficio de estilo a la autoridad recaudadora para su cobro coactivo.
19.4 Amparo indirecto. Disconforme con la determinación que antecede, el titular de la entidad demandada en el juicio de origen, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, bajo el registro 1905/2023; el cual, previa admisión, ordenó dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y requirió a la autoridad responsable su informe con justificación.
19.5 Seguido el juicio en sus etapas procesales, el quince de febrero de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia constitucional y, el dieciocho de abril de esa misma anualidad, el juzgador federal dictó sentencia en la que determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
19.6 Recurso de revisión. En contra de la anterior ejecutoria, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (Puebla, Puebla) lo admitió a trámite, registrándolo bajo el toca 107/2024.
19.7 En sesión ordinaria pública virtual celebrada por videoconferencia el veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco, el órgano colegiado resolvió revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, bajo las consideraciones sustanciales siguientes:
19.8 El Tribunal Colegiado determinó que, aun cuando la multa reclamada se fundó en los artículos 26, apartado B, párrafos primero, sexto y séptimo de la Constitución Federal, así como 11 y 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, resultó incorrecto que el Juez de Distrito convalidara el acto bajo el argumento de una supletoriedad del artículo 731, fracción I,(16) de la Ley Federal del Trabajo —el cual prevé multas de hasta doscientas veces el salario mínimo general—. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad laboral responsable ni siquiera invocó dicho precepto legal al formular el apercibimiento respectivo.
19.9 Para sustentar lo anterior, el órgano de amparo estimó aplicable la jurisprudencia 2a./J. 43/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, Materias(s): Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, junio de 2003, página 206, con registro digital: 184093, de rubro: “MEDIOS DE APREMIO. EL ARTÍCULO 731 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO ES DE APLICACIÓN SUPLETORIA PARA QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE HAGA CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, AL EXISTIR EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DISPOSICIÓN EXPRESA EN ESE SENTIDO”. Dicho criterio establece con claridad que, al existir un catálogo expreso de medidas de apremio en la legislación burocrática para lograr el cumplimiento de los laudos, no opera la supletoriedad de la ley obrera federal en esta materia.
19.10 Consecuentemente, el Colegiado resolvió que, de conformidad con el principio de legalidad, la autoridad responsable estaba constreñida a citar de forma puntual y oportuna las normas aplicables que prevén la consecuencia jurídica derivada del desacato. Por ende, resultaba inadmisible hacer efectiva una sanción pecuniaria con base en un dispositivo legal omitido en el apercibimiento y cuya aplicación supletoria se encontraba expresamente proscrita.
19.11 Asimismo, el Tribunal precisó que resultaba plenamente aplicable de forma temática la jurisprudencia 2a./J. 43/2003, sin que el decreto de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis) alterara dicha conclusión. Explicó que si bien las multas fijadas en salarios mínimos ahora deben cuantificarse en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), tal regla no autorizaba la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo en el caso concreto, debido a que el artículo 105(17) de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla prevé un tope de sanción expresamente determinado en pesos, equivalente a una cantidad fija de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional).
19.12 Por tales motivos, el Tribunal Colegiado revocó el fallo sujeto a revisión y otorgó la protección constitucional para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla deje insubsistente el proveído reclamado, única y exclusivamente por lo que hace a la imposición de la multa decretada en contra del titular de la dependencia demandada.
20. Criterio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión 45/2018 y 71/2018, de los que derivó la tesis aislada I.14o.T.16 L (10a.), publicada en la Décima Época, Materias(s): Laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, Tomo II, página 1114, con registro digital: 2018728, de título: “MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. DEBE CALCULARSE CONFORME AL ARTÍCULO 731, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA, COMO CONSECUENCIA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 43/2003)”.
Los antecedentes que dieron origen al recurso de revisión 45/2018, son los siguientes:
20.1 Dentro del expediente laboral burocrático **********, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó proveído el doce de febrero de dos mil dieciocho, en el cual hizo efectivo un apercibimiento decretado en autos e impuso al titular de la secretaría demandada una multa por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 147 y 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
20.2 Trámite del amparo indirecto. Disconforme con tal sanción, el titular de la dependencia demandada, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo indirecto. Por razón de turno, conoció de la demanda el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, bajo el registro 698/2018-VIII; órgano que, tras admitirla, ordenó dar la intervención de ley al Agente del Ministerio Público de la Federación y requirió el informe con justificación a la autoridad responsable.
20.3 Seguido el juicio en sus etapas, el catorce de mayo de dos mil dieciocho se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo. El juzgador federal estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que el acto reclamado no afectaba los derechos patrimoniales de la persona moral oficial y que el titular debió promover el juicio por propio derecho y no a través de apoderado.
20.4 Recurso de revisión. En contra de dicho sobreseimiento, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, la Presidencia del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (Ciudad de México) admitió a trámite el medio de impugnación y lo registró bajo el toca 45/2018.
20.5 En sesión ordinaria de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno del órgano colegiado resolvió, por mayoría de votos, revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos de que la Sala laboral responsable:
“1. Deje insubsistente el acuerdo reclamado.
2. Dicte otro, en el que, con plenitud de jurisdicción y de estimar procedente la imposición de la medida de apremio consistente en una sanción pecuniaria (multa), lo haga aplicando de manera supletoria el artículo 731, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, y atendiendo al contenido del artículo 26 de la Constitución y su ley reglamentaria, la multa deberá imponerse en unidades de medida y actualización.”
Los antecedentes que dieron origen al recurso de revisión 71/2018, son los siguientes:
20.6 Dentro del juicio laboral burocrático respectivo, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó proveído el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. En dicho auto, hizo efectivo un apercibimiento previo e impuso al titular de la secretaría demandada una multa por la cantidad fija de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
20.7 Juicio de amparo indirecto. Disconforme con tal determinación, la autoridad demandada, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, bajo el registro 924/2018-IV; el cual, tras admitirla, ordenó dar la intervención de ley al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y requirió a la responsable su informe con justificación.
20.8 Seguido el juicio en sus etapas procesales, el doce de julio de dos mil dieciocho se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en la que el juzgador federal determinó, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, negar la protección constitucional solicitada.
20.9 Recurso de revisión. En contra de la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, la Presidencia del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito ordenó su admisión y registro bajo el toca 71/2018.
20.10 En sesión ordinaria de trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Pleno del órgano colegiado resolvió por mayoría de votos modificar la sentencia recurrida; por una parte, decretó el sobreseimiento en el juicio y, por otra, revocó la negativa para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos de que la Sala laboral responsable:
“1. Deje insubsistente el acuerdo reclamado.
2. Dicte otro, en el que, con plenitud de jurisdicción y de estimar procedente la imposición de la medida de apremio consistente en una sanción pecuniaria (multa), lo haga aplicando de manera supletoria el artículo 731, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, y atendiendo al contenido del artículo 26 de la Constitución y su ley reglamentaria, la multa deberá imponerse en unidades de medida y actualización.”
Considerandos de las sentencias emitida en los recursos de revisión 45/2018 y 71/2018.
20.11 En ambos fallos, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que la multa prevista en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado debe calcularse conforme al artículo 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente como consecuencia de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Bajo esa premisa, declaró la inaplicabilidad de la jurisprudencia jurisprudencia 2a./J. 43/2003 emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, Materias(s): Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, junio de 2003, página 206, con registro digital: 184093, de rubro: “MEDIOS DE APREMIO. EL ARTÍCULO 731 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO ES DE APLICACIÓN SUPLETORIA PARA QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE HAGA CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, AL EXISTIR EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DISPOSICIÓN EXPRESA EN ESE SENTIDO.”. Lo anterior, bajo los siguientes razonamientos modulares:
20.12 El Tribunal Colegiado sustentó que el artículo 148 de la ley burocrática federal ha permanecido estático ante las reformas monetarias del país. Con apoyo en la jurisprudencia P./J. 2/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 179278, de rubro: “LEY MONETARIA. LA EXPRESIÓN EN MONEDA NACIONAL CONTENIDA EN LEYES, REGLAMENTOS, CIRCULARES U OTRAS DISPOSICIONES EN VIGOR CON ANTERIORIDAD AL 1o. DE ENERO DE 1993, DEBEN CONVERTIRSE A LA NUEVA UNIDAD MONETARIA VIGENTE A PARTIR DE ESA FECHA, PARA PAGARLAS, COMPUTARLAS O EXPRESARLAS”; el órgano colegiado puntualizó que el tope de sanción originalmente fijado hasta en $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional) vigentes antes de mil novecientos noventa y tres, equivale jurídicamente a $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) de la unidad monetaria actual.
20.13 El órgano de amparo adujo que el Decreto del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que adicionó los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Federal, proscribe el uso del salario mínimo como índice o unidad de cuenta para fines ajenos a su naturaleza laboral. En ese tenor, estimó que mantener la cuantificación de una sanción coactiva oficial en un parámetro fijo de pesos desactualizados resultaba abiertamente contrario al texto fundamental, al fundarse en un estándar legal y económicamente desfasado que desnaturaliza la efectividad de las medidas de apremio.
20.14 El Colegiado enfatizó que, si bien el artículo 148(18) de la ley burocrática confiere al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la facultad de hacer cumplir sus fallos, la inviabilidad operativa de su cuantificación económica (reducida a un peso) la tornó en una norma imperfecta. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, el cual ordena que las leyes garantizarán la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales, no es jurídicamente sostenible privar a los órganos jurisdiccionales de las herramientas coercitivas necesarias para vencer la contumacia de las autoridades responsables. Por tanto, la disposición local adolece de una laguna normativa respecto al parámetro real de cuantificación que justifica su integración.
20.15 Para colmar dicho vacío legal, el Tribunal invocó la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 2003161, de rubro: “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.”. Sostuvo que se satisfacen plenamente las exigencias técnicas requeridas para integrar la norma de origen, en virtud de que:
a) El artículo 11(19) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado autoriza expresamente la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo.
b) Ambos ordenamientos regulan la institución jurídica de los medios de apremio y las multas coactivas.
c) La regulación de la norma burocrática es deficiente e insuficiente al carecer de un parámetro económico real de tasación (al quedar topada a un peso actual).
d) Los principios de la ley supletoria armonizan con las bases del sistema del derecho social de origen.
20.16 En consecuencia, resolvió que el artículo 731,(20) fracción I, de la Ley Federal del Trabajo subsana idóneamente la omisión de la norma burocrática al dotarla de un sistema válido de cuantificación pecuniaria. Precisó que aun cuando dicho precepto laboral hace referencia a "salarios mínimos", por mandato del artículo tercero transitorio del Decreto de reforma constitucional del artículo 26 de nuestra Carta Magna, tales magnitudes deben calcularse y ejecutarse en Unidades de Medida y Actualización (UMAS). El Colegiado concluyó de esta manera que la multa impuesta a la autoridad oficial quejosa debe determinarse bajo las reglas y los rangos de la norma laboral general suplente.
20.17 El Tribunal Colegiado precisó que no pasaba inadvertida la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 43/2003 dictada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio veda la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo en materia de medidas de apremio burocráticas. Sin embargo, determinó que dicho criterio ha sido superado en sus aspectos medulares debido a las transformaciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34158-20cc5a86/medios-de-apremio-en-el-juicio-laboral-burocratico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA DECISIÓN ADOPTADA POR UNANIMIDAD O MAYORÍA DE VOTOS RESPECTO DEL CONFLICTO LABORAL CON UNO (III.3o.T.20 L (10a.))
- MEDIOS DE APREMIO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. ES IMPROCEDENTE APLICAR SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA CUANTIFICAR EN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) (PR.P.T.CS. J/21 L (12a.))
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. LA PERSONA TITULAR DE UN JUZGADO DE DISTRITO PERTENECIENTE A UNA REGIÓN DISTINTA DE AQUELLA EN LA QUE SE EMITIERO (PR.A.C.CN.2 K (12a.))
- SALARIO INVEROSÍMIL. INDICADORES QUE DEBE CONSIDERAR LA JUNTA PARA DISMINUIRLO CUANDO LA DEMANDA SE TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO ANTE LA INCOMPARECENCIA DEL PATRÓN. (XXVII.3o.37 L (10a.))
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