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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA MULTA IMPUESTA POR UN CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL ESTATAL. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA PARTE QUEJOSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 2/2026. · Registro digital (IUS): 33945
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.205.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIA: ALICIA RAMÍREZ RICÁRDEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 2/2026, perteneciente al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, suscitada entre los Tribunales Colegiados Sexto(1), Decimotercero(2) y Decimoquinto(3), todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.(1)

En el auto admisorio de esta contradicción, el aparente problema jurídico a resolver por este Pleno Regional, se estableció de la siguiente manera: “Determinar qué órgano jurisdiccional debe conocer de la demanda de amparo, por razón de territorio, cuando entre los actos reclamados se señala una multa impuesta por un centro de conciliación laboral.”

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El siete de enero de dos mil veintiséis, los Magistrados y Secretario en funciones de Magistrado, integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, remitieron la denuncia de la posible contradicción de criterios suscitada entre dicho órgano jurisdiccional y los Tribunales Colegiados Decimotercero y Decimoquinto, ambos en la misma materia y circuito.

2. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 2/2026.

3. En el mismo proveído, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran las versiones digitalizadas de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio. De igual manera, se requirió que se pusiera a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos respectivos.

4. Turno. En la misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente, para su estudio, a la ponencia del Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán.

5. Vigencia de criterios. Por acuerdos de trece, catorce y quince de enero de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo a los órganos contendientes informando que los criterios adoptados en sus respectivas resoluciones continuaban vigentes, así como que habilitaron las constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

6. Mediante diverso proveído de seis de febrero siguiente, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que la Secretaría General de Acuerdos, le informó, a su vez, que durante los últimos tres meses, no se encontraba radicada en el Alto Tribunal alguna contradicción de criterios que guardara relación con el tema a dilucidar en este asunto.

7. Confirmación de turno. En razón de lo anterior, en el mismo proveído, se confirmó el turno electrónico,(2) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.

8. Lista. El proyecto de mérito se listó para su resolución el diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; todos ellos emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

10. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Laboral, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.

11. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(3) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. LEGITIMACIÓN

12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III(5) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(6) al haber sido formulada por los Magistrados y Secretario en funciones de Magistrado integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el conflicto competencial 65/2025, de su índice, por lo que es inconcuso que los denunciantes intervinieron en uno de los criterios génesis de la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

14. Antecedentes comunes. En este apartado es preciso mencionar que los juicios de amparo indirecto(7) génesis de los criterios contendientes, poseen semejanzas considerables, por lo que, en obvio de repeticiones innecesarias, se concentrarán en una única narración.

15. Juicios de amparo indirecto. Una persona física promovió tres demandas de amparo indirecto. En cada una de ellas, reclamó:

• Diversos citatorios emitidos por funcionarios conciliadores adscritos al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante los que, en su calidad de empleador, se le citó a diversas pláticas conciliatorias.

• La multa impuesta por no haber asistido a las pláticas conciliatorias de referencia, así como las notificaciones respectivas.

16. Dichos actos fueron atribuidos tanto al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, como a su Directora General y a los funcionarios conciliadores adscritos al mismo; así como al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

17. La persona quejosa precisó que las autoridades residentes en Mérida, Yucatán, dictaron, ordenaron y omitieron los actos reclamados, en tanto que, la última solo se los notificó.

18. En tales asuntos no se señaló autoridad responsable ejecutora ni se reclamó de manera expresa la ejecución de la multa; además, se exhibió como único anexo al escrito de demanda, la constancia de situación fiscal de la parte quejosa, de la que se desprende que su domicilio fiscal se ubica en Cuernavaca, Morelos.

19. Las tres demandas fueron presentadas ante Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno; correspondiendo conocer de dos de ellas, al Juzgado Octavo de Distrito en la materia y jurisdicción citadas, el que las radicó bajo los expedientes 3475/2025 y 3484/2025, de su índice.

20. La tercera demanda fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en esta ciudad, el que la registró con el expediente 3092/2025, de su estadística.

21. Conviene destacar que solo en el expediente 3475/2025, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se previno al justiciable, para que señalara el expediente del que derivaban los actos reclamados; señalara qué actos reclamaba al Centro de Conciliación Laboral, con residencia en esta ciudad y precisara el nombre y domicilio de la parte tercera interesada.

22. En lo conducente para la solución de esta contradicción de criterios, el quejoso manifestó que a la autoridad residente en la Ciudad de México le reclamaba la notificación de los citatorios y de la multa impuesta.

23. Declina competencia. Los Juzgados del conocimiento declararon carecer de competencia legal para conocer de las demandas respectivas, por razón de territorio, bajo el argumento toral de que los actos reclamados tenían su ejecución material en el Estado de Yucatán, por ser el lugar donde radicaba el expediente de origen.

24. Añadieron que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, realizadas por el peticionario del amparo, se desprendía que no se había comisionado a alguna autoridad en la Ciudad de México, para la ejecución de la multa impuesta en el procedimiento conciliatorio de origen, pues al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, no se le atribuyó acto de ejecución como tal, ya que la sola notificación de aquélla no implicaba su ejecución.

25. Adicionalmente, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo, con residencia en la Ciudad de México, consideró que no pasaba desapercibido el hecho de que el justiciable exhibiera constancia de situación fiscal con domicilio en diversa entidad federativa; sin embargo, de ella no se advertía que alguno de los actos que se reclamaban fuera a tener ejecución en la Ciudad de México. Máxime que la autoridad recaudadora que iniciara el procedimiento de cobro de la multa debía residir en el Estado de Yucatán.

26. Por esos motivos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, los Juzgados de Distrito residentes en la Ciudad de México, determinaron carecer de competencia legal para conocer de las demandas de amparo y ordenaron su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en turno.

27. Rechaza competencia. Los asuntos fueron remitidos por razón de turno a los Juzgados Cuarto (dos de ellos) y Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, los que rechazaron la competencia declinada, bajo el argumento toral de que, de la cédula de identificación fiscal adjunta al escrito de demanda, se advertía que el domicilio fiscal del quejoso se encontraba en Cuernavaca, Morelos, por lo que los actos reclamados tendrían ejecución material en dicha entidad federativa, de tal manera que la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto, correspondía al Juez de Distrito en esa jurisdicción; sin que el domicilio de las autoridades responsables tuviera relevancia para determinar la competencia territorial, ya que para ello debía atenderse al lugar donde debía tener ejecución el cobro del acto reclamado. Por las mismas razones, consideraron que no era obstáculo que el quejoso no hubiera señalado autoridad responsable ejecutora.

28. Conflictos competenciales. Con motivo de las decisiones antes relatadas, los autos fueron devueltos a los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, los que, a su vez, sostuvieron su incompetencia legal para conocer de los juicios de amparo indirecto y ordenaron su remisión a los Tribunales Colegiados de Circuito en turno, en esta entidad, para conocer de los conflictos competenciales suscitados.

29. Ahora bien, los argumentos adoptados en las ejecutorias denunciadas como divergentes son los siguientes:

I. Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México (conflicto competencial 64/2025, juicio de amparo de origen 3484/2025, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México).

30. En sesión de veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, determinó que la competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda se surtía en favor del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida.

31. Al respecto, el Tribunal Colegiado trajo a colación la regla competencial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, de igual manera, citó algunas de las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, formuló el quejoso en su demanda de amparo, concluyendo que los actos reclamados tienen su origen en el Estado de Yucatán, como lo había considerado el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.

32. Aseguró que conforme a lo señalado por el quejoso, era claro que quien emitió los citatorios reclamados y le notificó la multa combatida, fue el Centro de Conciliación Laboral en Mérida, Yucatán, por lo que, debía entenderse que sería en ese lugar donde tendrían ejecución material o ya se estaban ejecutando los actos reclamados.

33. Que no era posible considerar que se actualizaba la competencia del Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México, como lo planteó el quejoso al presentar su demanda de amparo, porque aun cuando señaló como autoridad responsable al Centro de Conciliación Laboral en esta Ciudad, no le atribuyó acto alguno.

34. Además, aunque la persona quejosa afirmó que tenía su residencia en esta entidad, lo cierto es que ello no podía determinar la competencia para conocer el asunto, porque ésta se fija atendiendo al acto reclamado; máxime que dicha manifestación se desvirtuó con la constancia de situación fiscal exhibida, de la que se obtenía que su domicilio fiscal se ubica en Cuernavaca, Morelos.

35. Por otro lado, el Tribunal del conocimiento afirmó que tampoco podía actualizarse la competencia del Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, atendiendo al domicilio fiscal del quejoso, ya que no existía evidencia de que se le hubiera impuesto la multa reclamada, pues solo afirmó que se le notificó y la sola mención de actos no incide en la competencia territorial, tal como se encuentra establecido en las jurisprudencias PR.A.C.CS. J/4 K (11a.) y PR.A.C.CS. J/23 K (11a.), ambas del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con número de registros 2029104 y 2030135, de rubros siguientes:

• “COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO POR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CUANDO NO SE SEÑALA AUTORIDAD EJECUTORA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE DEBA REQUERIRSE EL PAGO.”.

• “COMPETENCIA POR TERRITORIO EN AMPARO INDIRECTO CONTRA MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CUANDO NO HAY CERTEZA DE UN ACTO MATERIAL DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE DEBA REQUERIRSE DE PAGO.”

36. De tal manera que, si el acto reclamado solamente era la orden de multa, sin que se advirtiera que la misma hubiera quedado firme, entonces no había elementos para establecer que efectivamente tuviera una ejecución material, como para estimar la competencia de la autoridad residente en el Estado de Morelos.

37. Sin perjuicio de que más adelante el Juzgado pudiera determinar su incompetencia para conocer del asunto, si de las constancias que se allegaran se advertía otra cosa.

II. Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México (conflicto competencial 65/2025, juicio de amparo 3475/2025, de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México).

38. En sesión de once de diciembre de dos mil veinticinco, determinó que la competencia territorial para conocer de la demanda se surtía en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca.

39. En principio, el Tribunal Colegiado asentó lo establecido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 37 de la Ley de Amparo, en relación con las reglas de competencia por territorio, para conocer del juicio biinstancial, posteriormente, precisó los actos reclamados y autoridades responsables señalados en la demanda de amparo en cuestión.

40. A continuación, definió que de conformidad con lo resuelto por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 7/2015, la ejecución material de los actos, no atiende solo a su contenido (emisión de una orden), sino que también comprende los actos materiales que se deben producir en el mundo fáctico para cumplimentarla.

41. Bajo ese orden de ideas, puntualizó que los citatorios reclamados ya se encuentran notificados y no requieren ejecución alguna; empero, la multa combatida, impuesta por el funcionario conciliador adscrito al Centro de Conciliación Laboral de Yucatán, sí requiere de ejecución material.

42. Que conforme a lo dispuesto en las jurisprudencias PR.A.C.CS. J/4 K (11a.) y PR.A.C.CS. J/23 K (11a.), ambas del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, cuyos rubros fueron asentados en líneas que anteceden, y atendiendo a que en la demanda de amparo no se señaló autoridad ejecutora, ni existía certeza de un acto material de ejecución, entonces la competencia para conocer del asunto correspondía al Juez de Distrito del lugar donde debía requerirse el pago de la multa reclamada, por ser el único dato objetivo con que se contaba.

43. Destacó que la persona quejosa no anexó constancia y/o documento del que se advirtiera la imposición de dicha medida, pero que exhibió constancia de situación fiscal de la que se observaba que su domicilio fiscal se encuentra en el Estado de Morelos, por lo que, el acto reclamado consistente en la multa impuesta por el funcionario conciliador, tendría ejecución material en dicha entidad, dado el criterio general establecido en la legislación fiscal, de que para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debe atenderse a su domicilio fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.

44. Para fortalecer su determinación, trajo a contexto el contenido de la tesis XVI.1o.A.T.57 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1192, de rubro: “COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO PARA CONOCER DE LA NEGATIVA DE CONDONACIÓN DE UNA MULTA FISCAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EL CONTRIBUYENTE.”

45. También indicó que para efectos de determinar la competencia, no debía considerarse la residencia de las autoridades señaladas como responsables en Mérida, Yucatán, porque el aspecto determinante en el caso en concreto, era el lugar en el que tendría verificativo la ejecución del acto reclamado, consistente en el cobro de la multa impuesta al quejoso y para corroborar lo anterior, citó el criterio de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: “COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.” 46. Dijo que tampoco era obstáculo a la determinación asumida, el hecho de que el quejoso hubiera señalado como responsable al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, porque a dicha autoridad no se le atribuyó acto de ejecución, sino únicamente la notificación de los actos emitidos por los diversos funcionarios adscritos al Centro de Conciliación Laboral de Yucatán, lo que en todo caso, no constituía un acto de ejecución de la multa. Lo que sustentó en la tesis: “MULTA, NOTIFICACIÓN DE LA. NO ES UN ACTO DE COBRO.”

47. El Tribunal Colegiado también afirmó que aun cuando el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones un inmueble ubicado en la Ciudad de México, la competencia se fijaba atendiendo al acto reclamado; además, de que esa afirmación se desvirtuó con la constancia de situación fiscal de la que se desprendía que su domicilio fiscal se ubicaba en el estado de Morelos, y citó la tesis de la entonces Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228, Tercera Parte, página 73, registro digital 237106, de rubro: “COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. NO LO IMPIDE QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA NO SE SEÑALE COMO RESPONSABLE.”

48. En otro contexto, dijo que no obstaba que el juzgado declarado competente para conocer de la demanda, esto es, el Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, no formara parte de los órganos contendientes en el conflicto competencial suscitado, empero que al tratarse de un tema relativo al orden público, era viable declarar su competencia.

49. Finalmente, elaboró una tabla comparativa en la que el Tribunal evidenció que existían diversos conflictos competenciales en los que figuraba el mismo quejoso y atendiendo a los sentidos de los fallos ahí señalados, dicho órgano estimó procedente realizar la denuncia de contradicción que dio lugar al asunto que ahora nos atañe.

III. Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México (conflicto competencial 66/2025, juicio de amparo de origen 3092/2025, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México).

50. En sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, determinó que la competencia legal para conocer de la demanda se surtía en favor del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.

51. En principio, el Tribunal Colegiado estimó pertinente traer a contexto los actos reclamados y autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda, así como una breve reseña de la decisión asumida por los Juzgados de Distrito contendientes y lo dispuesto por el precepto 37 de la Ley de Amparo.

52. Posteriormente, asentó que de dicho precepto normativo se desprendían tres reglas de competencia para los Jueces de Distrito al conocer de un juicio de amparo indirecto, relacionadas con la ejecución o no de los actos reclamados y advirtió que en la especie, el único acto que requería de ejecución material y, por tanto, adquiría relevancia para efectos de la fijación de competencia, era la imposición de la multa ordenada por el funcionario conciliador adscrito al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, por no haber asistido a las pláticas conciliatorias correspondientes.

53. Citó las jurisprudencias PR.A.C.CS. J/4 K (11a.) y PR.A.C.CS. J/23 K (11a.), del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro- Sur, con residencia en la Ciudad de México, que han sido referidas a lo largo de este asunto e indicó que de dichos criterios se obtenía:

- Que el Pleno Regional de referencia había determinado que cuando en el amparo promovido contra la multa impuesta como medida de apremio por un tribunal administrativo no se hubiera señalado autoridad ejecutora, la competencia por territorio para conocer del juicio recaería en favor del Juez con jurisdicción en el lugar en el que la parte quejosa debía ser requerida del pago.

- Que el lugar en el que se emitió el acuerdo que impuso la multa, no sería una referencia para fijar la competencia por territorio del Juez de Distrito, en virtud de que esa instrucción no constituía un acto de ejecución, ni tampoco permitía concluir qué autoridad iniciaría el procedimiento administrativo de ejecución.

- Que en todo caso, el margen de referencia sería el lugar en el que habrían de llevarse las acciones materiales para requerir de pago al quejoso, en otras palabras, aquel en el que tuviera ejecución material el acto reclamado.

- Bajo esas premisas, se estimó que era necesario conocer el domicilio de la persona quejosa, a efecto de determinar la competencia del Juez correspondiente.

54. Así, estimó que el quejoso presentó su demanda ante la autoridad de amparo con competencia de la Ciudad de México, por ser el lugar donde reside la autoridad Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, a quien atribuyó la notificación de los actos reclamados.

55. Sin embargo, de las constancias adjuntas al escrito de demanda, se advertía la constancia de situación fiscal emitida en favor del justiciable, documento revestido de veracidad, en virtud de que contenía el código QR “quick response code”, por sus siglas en inglés, que se traduce en el código de respuesta rápida, que permitió determinar que el documento fiscal era original y del que se apreció que el domicilio fiscal del quejoso se ubica en Cuernavaca, Morelos.

56. En ese tenor, el Tribunal Colegiado aseguró que hasta ese momento, existía incertidumbre sobre el lugar en el que se pretendía ejecutar el acto reclamado, esto es, en la Ciudad de México, o bien, en Cuernavaca, Morelos.

57. En ese sentido, concluyó que de conformidad con el contenido de las constancias que hasta ese momento obraban en el expediente, lo procedente era declarar competente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para que conociera de la demanda, debiendo proveer lo conducente para que el quejoso acreditara su domicilio y proporcionara elementos que le permitieran determinar con certeza el lugar en el que se llevaría a cabo la ejecución de la multa combatida.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

58. Establecidas las posturas contendientes, lo procedente es verificar si en efecto, se cumple con los presupuestos relativos a la existencia de la divergencia de criterios.

59. En un inicio, debe tomarse en cuenta que la unificación de posturas es una cuestión que se encuentra prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la norma reglamentaria –es decir, en la Ley de Amparo– para proporcionar coherencia y congruencia cuando se presentan tesis discrepantes de distintos tribunales, con la finalidad de dotar de certeza y seguridad jurídica al razonamiento judicial dentro del sistema jurídico mexicano.

60. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de “tesis”, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.

61. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P/J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, con registro digital 164120, de rubro y texto:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprude

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33945-0314e5e3/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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