SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONTRA LA MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO A UNA DE LAS PARTES EN UN PROCEDIMIENTO LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 70/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 8 DE JULIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIA: ALICIA RAMÍREZ RICÁRDEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al ocho de julio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 70/2026, perteneciente al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, suscitada entre el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito,(1) y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.(2)
El aparente problema jurídico a resolver por este Pleno Regional se estableció en el auto admisorio, de la siguiente manera: "Determinar si procede conceder o no la suspensión respecto de la ejecución de una multa como medida de apremio decretada por las autoridades judiciales cuyo propósito sea vencer la contumacia del quejoso a cumplir una determinación y si ello implica que se siga perjuicio al interés social y disposiciones del orden público."
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El apoderado de la parte tercera interesada y recurrente en el recurso de queja 262/2026, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco Campeche, Campeche, quien también es apoderado del tercero interesado y recurrente, en la queja 125/2026, de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, denunció la contradicción de criterios suscitada entre los mencionados órganos jurisdiccionales, al resolver los recurso de queja de referencia.
2. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 70/2026.
3. En el mismo proveído, se tuvo al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito (órgano remitente de la denuncia y contendiente) comunicando que se encuentran a disposición de este Pleno Regional, las constancias del expediente electrónico relativo al recurso de queja 262/2026.
4. Asimismo, se solicitó a la presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito -diverso órgano contendiente-, enviara la versión digitalizada de la ejecutoria que dio origen al criterio en posible disputa y pusiera a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico respectivo.
5. A ambos tribunales se les previno para que informaran si se encontraba vigente su criterio o bien, si se había modificado o abandonado y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto, el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio.
6. Paralelamente, se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios, o cualquier otro asunto que pudiera constituir precedente obligatorio, en el que el tema a dilucidar guardara relación con la presente denuncia.
7. Turno. En la misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(3) para su estudio, a la ponencia del Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán.
8. Vigencia de criterios. Por acuerdos de veintiocho de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo a los órganos disidentes informando que los criterios adoptados en sus respectivas resoluciones continuaban vigentes; asimismo tuvo al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, remitiendo la versión digitalizada de la sentencia respectiva y comunicando que habilitó las constancias respectivas, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
9. Mediante diverso proveído de diecinueve de junio siguiente, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó que durante los últimos tres meses, no se radicó en el Alto Tribunal alguna contradicción de criterios que guardara relación con el tema a dilucidar en este asunto.
10. Confirmación de turno. En razón de lo anterior, en el mismo proveído, se confirmó el turno electrónico,(4) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
11. Lista. El proyecto de mérito se listó para su resolución el veintinueve de junio de dos mil veintiséis.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales (vigente); y el artículo 1o., fracción II, punto 1, del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
13. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia (trabajo) y territorio.
14. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(5) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
15. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III(7) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el apoderado de la parte tercera interesada y recurrente en el recurso de queja 262/2026, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco, Campeche, Campeche; quien también tiene el carácter de apoderado de la persona tercera interesada y recurrente en el diverso recuso de queja 125/2026, de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, siendo ambos órganos colegiados, los contendientes en esta contradicción.
16. La legitimación del denunciante se justifica en términos de la tesis 2a. XXIX/2009, sostenida por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, abril de 2009, página 727, que indica:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes."
17. En ese mismo orden de ideas, resulta aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.”
18. No se soslaya que los criterios antes transcritos analizan la Ley de Amparo abrogada y el último de ellos una figura jurídica distinta a la del apoderado de la parte tercera interesada y recurrente -quien formuló la denuncia que dio lugar al presente asunto-; sin embargo, como se indicó, resulta aplicable por identidad jurídica, pues la actual legislación conserva el mismo diseño esencial de legitimación de las partes para denunciar contradicción de criterios.
19. Para hacer patente dicha aplicación, se considera necesario precisar que, al comparar los artículos 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente, con el esquema antes previsto en el numeral 197-A de la legislación abrogada, se advierte que el apoderado de alguna de las partes en el juicio de amparo sí cuenta con legitimación para formular la denuncia de contradicción de criterios.
20. Ello es así, porque tanto antes como ahora, se reconoce que pueden denunciar la contradicción las partes que intervinieron en los juicios de los que derivan los criterios en conflicto, sin exigirse comparecencia personal ni excluir a quienes actúan mediante representación.
21. Aunado a ello, al resolver la entonces contradicción de tesis 213/2008 SS, de la que surgió la tesis 2a. XXIX/2009, previamente transcrita, la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el derecho a denunciar la contradicción deriva de la condición de representante de una de las partes que intervinieron en esos juicios.
22. Por ello, el apoderado de las personas terceras interesadas y recurrentes en los recursos de queja, bajo la legislación vigente, se encuentra en una situación legalmente equivalente al apoderado jurídico del trabajador regulado por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo y del autorizado en amplios términos de la Ley de Amparo, ya que, en ambos casos, el denunciante actúa como representante de una parte que participó en los juicios que originan la contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
23. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
I. Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche. (Recurso de queja 262/2026).
24. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil veintiséis, una empresa pública y una empresa productiva del Estado, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades siguientes:
“(...)
III. AUTORIDAD RESPONSABLE:
1. Tercer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y con domicilio en (...).
2. Administración Desconcentrada de Recaudación de Campeche “1”, con domicilio en (...).
3. Administración Desconcentrada de Recaudación de la Ciudad de México “1”, con domicilio en (...).
IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de las autoridades señaladas como responsables, los siguientes:
De la autoridad señalada como ordenadora:
• El ilegal acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2024, en el cual determina como procedente la aplicación del medio de apercibimiento consistente en una multa a mis representadas por el monto de $**********(**********peso (sic)**********/100 M.N.).
• El ilegal acuerdo de fecha 15 de julio de 2024, en el cual se realiza el apercibimiento a mis representadas.
De la autoridad señalada como ejecutora, Administración Desconcentrada de Recaudación de Campeche:
• La intervención para hacer efectiva la multa establecida por la autoridad responsable, dentro del expediente laboral **********/********** del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, al emitir el oficio **********.
De la autoridad señalada como ejecutora, Administración Desconcentrada de Recaudación de Ciudad de México:
• La intervención para hacer efectiva la multa establecida por la autoridad responsable, dentro del expediente **********/********** del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche.”
(...)”
25. Asimismo, solicitaron la suspensión de los actos reclamados, a fin de que cesaran los efectos de la multa, durante la tramitación del amparo y hasta su resolución.
26. De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad de Carmen, el que, por auto de veintisiete de abril de dos mil veintiséis, la radicó bajo el expediente 341/2026 y la admitió a trámite.
27. Suspensión provisional. En esa misma data, se concedió la medida, bajo el argumento esencial de que se satisfacen los requisitos establecidos en los numerales 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo.
28. Ello, porque se presume la existencia del acto reclamado y la moral quejosa tiene interés directo respecto de la resolución reclamada, al tratarse de la aplicación de una multa administrativa no fiscal en su contra, con cuya suspensión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden púbico, pues no se prevé en las hipótesis del artículo 129 de la Ley de Amparo, ni se trata de una orden de protección, técnica de investigación y/o medida cautelar, ni de aquellos actos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica.
29. Además, al tener la multa calidad de aprovechamiento, constituye un crédito fiscal, cuya suspensión se sujeta a lo previsto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, de manera que se puede conceder la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando se constituya garantía al interés fiscal.
30. En ese tenor, se otorgó la medida cautelar, para que las responsables se abstengan de realizar las gestiones relativas al cobro y ejecución de la medida de apremio, hasta que se resuelva en definitiva la incidencia; en la inteligencia de que ésta no protege a la parte quejosa contra actos diversos o similares dictados por autoridades distintas de las responsables ni respecto de multas emitidas con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo.
31. Sin que sea necesario fijar garantía para la efectividad de la medida, toda vez que la promovente es una persona moral oficial.
32. Recurso de queja. En contra de la determinación anterior, la parte tercera interesada interpuso recurso de queja, del que conoció el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, quien mediante sesión extraordinaria celebrada el seis de mayo de dos mil veintiséis, lo declaró fundado, por unanimidad de votos de sus integrantes.
33. El Tribunal Colegiado asentó que los agravios resultaban en una parte, inoperantes; en otra, infundados y en una más, fundados.
34. En ese sentido, estimó parcialmente ajustada a derecho la decisión de la autoridad recurrida.
35. En principio, precisó que era inoperante que la resolución impugnada se contrapusiera al artículo 17 constitucional, porque los jueces de Distrito no transgreden derechos humanos, lo que apoyó en la jurisprudencia P./J. 2/97.(8)
36. Por otro lado, estimó infundado lo relativo a que no se colmaron los requisitos para otorgar la medida, relacionados con la certeza del acto reclamado y el interés suspensional de la solicitante.
37. En ese sentido, señaló que de conformidad con el numeral 128 de la Ley de Amparo, se encuentra ajustada a derecho la resolución recurrida, toda vez que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, se desprende que con motivo del auto de cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, emitido en el expediente laboral **********/**********, de la estadística del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, se impuso a la parte quejosa la multa reclamada.
38. Al no contar con más elementos, el juzgado de Distrito tuvo por acreditada tanto la existencia del acto reclamado, como el interés suspensional, a través de tales manifestaciones, lo que, correctamente sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 5/93 (8a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.”
39. En otra tesitura, en suplencia de queja, dado que la recurrente es la accionante del juicio laboral de origen, estimó fundado lo relativo a que la suspensión del acto reclamado sigue perjuicio al interés social y disposiciones de orden público.
40. Estimó que causa perjuicio al interés social, porque el acto reclamado versa sobre derechos de los contendientes en el juicio de origen, a quienes, en atención al amparo promovido por **********, se les otorgó una subsistencia.
41. En ese sentido, señaló como hecho notorio, que ante dicho Tribunal fueron radicados cuatro juicios de amparo directo, promovidos contra la sentencia de trece de marzo de dos mil veinticuatro, dictada en el juicio laboral **********/********** y sus acumulados **********/********** y **********/**********, del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen.
42. Después de definir los conceptos de “orden público” e “interés social”, precisó que éstos se afectan cuando con la concesión de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio conferido por la ley o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, lo que en el caso acontecía porque el acto reclamado deriva de una contienda laboral en la que se dictó sentencia definitiva y en contra de ella se promovió amparo directo y se otorgó la subsistencia a la recurrente.
43. Por ello, el tribunal contendiente consideró que la medida cautelar otorgada contraviene lo dispuesto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues paraliza un instrumento procesal que permite asegurar el trámite expedito de un procedimiento de orden público.
44. Su consideración se apoyó en el criterio contenido en la tesis aislada I.3o.C.48 K,(9) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conforme a la cual, la suspensión es improcedente respecto de medidas de apremio dictadas por autoridades judiciales, cuyo propósito sea vencer la contumacia del quejoso en cumplir una determinación, pues la sociedad tiene interés en que no se entorpezcan los procedimientos judiciales ni la observancia de fallos que establezcan la verdad legal, pues de lo contrario, se alargarían los litigios con grave perjuicio para la colectividad.
45. Precisó que no inadvertía la jurisprudencia PR.L.CS. J/52 L (11a.),(10) emitida por el entonces Pleno Regional en Materia Laboral de la Región Centro-Sur, que prevé la procedencia de la concesión de la suspensión definitiva contra la ejecución de multas impuestas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, ante el incumplimiento de un laudo firme; sin embargo, consideró que no se aplicaba en el caso, porque el tribunal burocrático referido, cuenta con otros mecanismos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, de modo que con la paralización de la multa no obstaculiza el procedimiento en su conjunto; característica que no comparten los juicios laborales ordinarios, como el de origen, en los que la multa constituye el instrumento idóneo para asegurar el impulso procesal.
46. Destacó que tal circunstancia fue apreciada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar inexistente la entonces contradicción de tesis 31/2020, al indicar que cada supuesto exige soluciones o tratamientos diferenciados, según se trate de una medida de apremio para hacer acatar una cosa juzgada, o bien de aquella ordenada para impedir el entorpecimiento de la continuación del juicio; lo que a su juicio, confirma que no es posible aplicar un criterio de excepción, sin atender a la particularidad del asunto; por lo que concluyó que no debió concederse la medida cautelar.
II. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco. (Recurso de queja 125/2026).
47. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veintiséis, una empresa pública estatal, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos y autoridades siguientes:
“III. Autoridades responsables:
Como autoridad ordenadora: El C. Juez de Distrito Titular del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, domicilio conocido.
Como autoridad ejecutora: Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco “1”, domicilio conocido.
IV. Actos reclamados:
Del C. Juez de Distrito Titular del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, la emisión del acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de doce de marzo de esa misma data, por lo que impuso una multa a **********. De la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco “1”, la ejecución del acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, mediante relativo (sic) a la multa impuesta a **********.”
48. Asimismo, solicitó la suspensión de la ejecución de la multa reclamada, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente guardaban, esto es, que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar de manera forzosa dicha determinación, impidiendo los efectos y consecuencias de un daño irreparable.
49. Suspensión Provisional. Del asunto correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, el que lo radicó bajo el expediente 812/2026, lo admitió a trámite y ordenó abrir el cuaderno incidental, por cuerda separada.
50. Hecho lo anterior, consideró que se encontraban satisfechos los requisitos previstos en los numerales 128, 129, 138, fracción I y 147, de la Ley de Amparo; en consecuencia, concedió la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, esto es, que no se llevara a cabo ningún acto tendente al cobro coactivo de la multa reclamada, en tanto se resolviera definitivamente la incidencia, sin fijar caución para garantizar el pago de posibles daños y perjuicios, toda vez que la quejosa está exenta al ser una persona oficial.
51. Sin que dicha medida cautelar implicara la paralización del procedimiento de ejecución del juicio natural, ni la inaplicación de otras medidas de la misma naturaleza o distinta para lograr su fin, pues aunque la multa reclamada constituye una medida de apremio para hacer cumplir un requerimiento del tribunal responsable, en el caso, sí se actualizaban los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que bajo protesta de decir verdad, la quejosa señaló que conoció del acto reclamado el treinta de marzo de dos mil veintiséis, por lo que opera presunción sobre su existencia; máxime que allegó reproducción digital del mismo.
52. También señaló que en el juicio natural se le impuso la medida de apremio que impugna, con lo que demuestra su interés suspensional, pues de ejecutarse la misma podría tener como consecuencia, una afectación a su patrimonio.
53. Consideró que la medida cautelar no generaba prejuicio al interés social ni contravenía disposiciones de orden público, porque el acto reclamado no se ubicada en las hipótesis del artículo 129 de la Ley de Amparo; además, con ella no se modifica o restringe algún derecho, ni constituye aquellos que no haya tenido la quejosa, pues solo trae como consecuencia inmediata y directa, restituirle provisionalmente, en el derecho que estima violado, atendiendo a la naturaleza de la medida otorgada.
54. Finalmente, estimó que de acuerdo con la apariencia del buen derecho, la materia de fondo del juicio de amparo era verificar si se encontraba ajustado a derecho el auto que impuso la sanción combatida, lo que justificaba que la misma no se ejecutara mientras aquél se resolvía; en consecuencia, la medida cautelar solo buscaba paralizar momentáneamente las consecuencias jurídicas que surgen con motivo del acto reclamado, que pudieran tener una afectación del índole económica en el patrimonio de la justiciable.
55. En esa virtud, se otorgó la medida con la finalidad de mantener viva y preservar la materia del juicio, evitando que los actos reclamados fueran ejecutados en forma irreparable. Lo que apoyó en la jurisprudencia del antes Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, de las voces: “AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA MULTA IMPUESTA AL AYUNTAMIENTO CONDENADO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO (LEGILACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).” y en la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: “SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA.”.
56. Recurso de queja. En contra de la determinación anterior, el tercero interesado interpuso recurso de queja, y el órgano revisor, mediante sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintiséis, emitida por unanimidad de votos, desestimó los agravios declarando, en consecuencia, infundado el recurso.
57. En principio, el Tribunal adujo que de acuerdo con los artículos 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, era posible otorgar la medida cautelar siempre y cuando se cumplieran los requisitos de ley.
58. Explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 5/93, “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFIESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.”,(11) para acreditar de manera indiciaria el interés suspensional, los juzgadores federales podían atender a las manifestaciones expresadas por los peticionarios de amparo, por ser los elementos con los que cuentan para decidir sobre la procedencia de la suspensión; sin embargo, al resolver la entonces contradicción de tesis 299/2015,(12) en aquel momento, la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el interés suspensional es un requisito relativo a la legitimación de quien solicita la medida, lo que supone la demostración de su interés indiciario, a fin de establecer que es titular de un derecho.
59. Además, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.),(13) emitida por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que, a partir de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la persona quejosa, deben tenerse c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34203-f9540f37/suspension-provisional-procede-contra-la-multa-impuesta-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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