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Modo: Corpus Pro

OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS. EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSTITUYE UN MECANISMO SANCIONATORIO QUE PERMITE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS PRINCIPIOS DE NO AUTOINCRIMINACIÓN Y DEFENSA TÉCNICA ADECUADA SE GARANTIZAN EN LA ETAPA CONTENCIOSA DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3325/2024. · Registro digital (IUS): 33426
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.1005.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3325/2024. 21 DE AGOSTO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK, QUIEN VOTÓ CONTRA CONSIDERACIONES, Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: JULIÁN AGUIRRE GAONA.

SÍNTESIS

Hechos: Una persona denunció por nepotismo y corrupción al ********** de la Ciudad de México, ante estos hechos el Órgano Interno de Control (OIC) inició una investigación en contra del servidor público y de tres personas más que prestaban sus servicios en la misma Alcaldía. Seguido el procedimiento correspondiente, el OIC concluyó que las personas fueron responsables de ocultamiento de conflicto de interés al omitir las relaciones familiares y de negocios entre ellos. A partir de lo anterior, se inició un procedimiento ante la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mismo que sancionó a tres de las personas servidoras públicas con la destitución del empleo desempeñado en la Alcaldía y la inhabilitación temporal para ejercer otro cargo por un año. Ante dicha resolución, interpusieron recurso de apelación en el que se confirmaron las sanciones. Inconformes con la conclusión, presentaron amparo directo y el tribunal colegiado se los concedió para el efecto de que se emitiera una nueva resolución en la que se reiterara lo que no era motivo del amparo respecto de la comisión de la infracción y resolviera de nuevo los agravios relacionados con la individualización de la sanción.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3325/2024, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del quince de febrero de dos mil veinticuatro por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 287/2023.

El problema que esta Segunda Sala de la SCJN debe resolver consiste en determinar si el presente recurso de revisión en amparo directo es procedente al reunir los requisitos constitucionales y legales previstos o, en caso contrario, decretar su desechamiento.

ANTECEDENTES

1. Procedimiento de responsabilidades administrativas. Una persona denunció a **********, **********, por nepotismo y corrupción.

2. El órgano interno de control de la Alcaldía inició un proceso de investigación en contra de una persona servidora pública y de tres personas más, **********, ********** (adscrito a **********), **********, ********** (adscrito a **********) **********, ********** en dicha Alcaldía, a quienes les solicitó su comparecencia para manifestarse respecto a los hechos denunciados.

3.La autoridad investigadora emitió el informe de presunta responsabilidad administrativa el treinta y uno de enero de dos mil veinte en el que señaló que las personas servidoras públicas cometieron la falta administrativa de ocultamiento de conflicto de intereses porque omitieron manifestar las relaciones familiares y de negocios que existía entre ellos. Del asunto conoció la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y lo registró con el número de expediente TE/I-1316/2020.

4. Mediante resolución de ocho de junio de dos mil veintidós la Sala determinó que, **********, **********, **********, y ********** fueron responsables de ocultamiento de conflicto de interés, en términos de los artículos 7, fracciones I y IX, y 60 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (LRACDMX).

5. El Tribunal sancionó a las personas servidoras públicas con la destitución del empleo desempeñado en la alcaldía y la inhabilitación temporal para ejercer otro cargo por un año.

6. Recurso de apelación. Las personas responsables interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución de la Sala, del que conoció la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior bajo el número de expediente RAE. 3409/2022.

7. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la Sala confirmó la resolución recurrida respecto de las sanciones impuestas a **********, ********** y **********. Sin embargo, determinó que ********** no era culpable de la conducta impugnada.

8. Amparo directo. En contra de esta determinación **********, ********** y ********** promovieron demanda de amparo directo de la que conoció el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente del juicio de amparo directo 287/2023. Los recurrentes hicieron valer, entre otros argumentos, la inconstitucionalidad de los artículos 60 y 96 de la LRACDMX, conforme a los argumentos siguientes:

• El artículo 96 de la LRACDMX es contrario a los artículos 14, 20, inciso B), fracciones II y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello, ya que faculta a las autoridades administrativas para que formulen cualquier requerimiento a las personas servidoras públicas, sin limitantes o excepciones que les permitan a las mismas salvaguardar su derecho a la debida defensa.

• La autoridad no realizó una interpretación conforme respecto de los artículos 94, 95 y 96 de la LRACDMX, por lo que la determinación carece de motivación y fundamentación. En este sentido, la interpretación más favorable contempla que las personas servidoras públicas tengan el derecho de no auto incriminarse y a defenderse de manera adecuada. Además de que deben ser notificadas sobre esos derechos.

• El artículo 60 de la LRACDMX es inconstitucional toda vez que el tipo administrativo denominado "ocultamiento de conflicto de intereses", no exige ni el ejercicio de funciones por parte de las personas servidoras públicas, ni la afectación de un bien jurídico determinado.

• Del artículo 109, fracción III, de la CPEUM se desprende que las personas servidoras públicas serán sancionadas por aquellas conductas relacionadas con el ejercicio de sus funciones que afecten un bien jurídico en particular. Sin que en el artículo impugnado se cumpla con alguna de estas dos condiciones.

• El conflicto de interés es un tipo que atiende al resultado y no al cuidado, por lo que se actualiza cuando una persona en una situación de conflicto lleva a cabo una actuación y produce un daño, es decir, requiere del ejercicio de las facultades de la persona servidora pública.

9. Sentencia del Tribunal Colegiado. En sesión de quince de febrero de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia bajo las consideraciones siguientes:

• La obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses fue establecida en el artículo 108, último párrafo, de la CPEUM, en virtud de la reforma publicada el veintisiete de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. El constituyente consideró que esta obligación forma parte de un mecanismo de prevención e identificación de responsabilidad de las personas servidoras públicas.

• La legislatura local consideró que la actuación bajo un conflicto real de interés constituye una falta administrativa grave conforme al contenido del artículo 58 de la LRACDMX, mientras que estableció medidas para prevenir e identificar potenciales conflictos de interés en términos de los artículos 46 a 48 de esa ley, Por lo que las y los personas servidoras públicas deben presentar la declaración de posibles conflictos de interés al iniciar o concluir un cargo y de manera anual. Así, están obligados a informar conflictos de interés potenciales que puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de sus funciones.

• La infracción a esta obligación genera la falta administrativa grave de ocultamiento de conflicto de interés prevista en el artículo 60 de la LRACDMX. Los elementos objetivos de este tipo administrativo son: que el sujeto activo sea una persona servidora pública; que la conducta sea por acción o por omisión; y que el resultado de la conducta sea la puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados. Mientras que su elemento subjetivo es el dolo.

• La falta administrativa está relacionada con los principios rectores establecidos en el artículo 109, fracción II de la CPEUM, pues pone en peligro los bienes jurídicos tutelados de legalidad, honradez e imparcialidad, ya que impide identificar conflictos de interés. Contrario a lo sostenido por las partes quejosas, el tipo administrativo establecido en el artículo 60 de la LRACDMX, sí protege ciertos bienes jurídicos tutelados. No obsta el hecho de que la infracción analizada no requiera del ejercicio activo de funciones públicas, en virtud de que esta última conducta configura una infracción distinta, la cual está prevista en el citado artículo 58 de la LRACDMX.

• Es inoperante el argumento relativo a la inconstitucionalidad del artículo 96 de la LRACDMX, toda vez que los quejosos impugnan una omisión legislativa sin que en el caso se advierta la existencia de un mandato constitucional expreso que establezca la obligación a cargo de Congreso de la Ciudad de México de legislar en el sentido propuesto por los quejosos. Además, en el amparo directo no podría ser determinada la inconstitucionalidad de una omisión legislativa, ya que una eventual declaración en ese sentido no podría tener ejecución material, dado que la autoridad legislativa no es parte en el juicio.

• No es admisible la interpretación conforme solicitada por las personas quejosas respecto del artículo 96, siempre que los principios de no autoincriminación y de defensa adecuada pertenecen al derecho penal acusatorio, y las garantías procesales del derecho penal no pueden tener un grado de exigencia idéntico en los procedimientos de responsabilidad administrativa, sino que deben ser modulados.

• Ahora bien, dichos principios sí están reconocidos con matices en la LRACDMX, particularmente en sus artículos 1352 y 208.

• Si bien en el artículo 96 de la LRACDMX no se encuentran expresamente establecidos estos principios, ello no implica que sean inaplicables en la fase de investigación del procedimiento, pues sí lo son, aunque no con el mismo grado que en la etapa de investigación del proceso penal acusatorio.

• En ese sentido, las personas indiciadas están obligadas a atender los requerimientos debidamente fundados y motivados que les formulen las autoridades investigadoras en términos del artículo 96 de la LRACDMX.

• En atención al principio de no autoincriminación, las personas investigadas no están obligadas a declarar en su contra o a admitir su culpabilidad en el desahogo de dichos requerimientos. De igual manera, tienen derecho a ser asesoradas o a contar con una asesoría técnica gratuita al amparo del artículo 17 de la CPEUM.

• El hecho de que las personas servidoras públicas no sean informadas de estos derechos no implica que sean nulos los elementos de prueba recabados en la fase de investigación, pues no existe esa obligación legal a cargo de las autoridades investigadoras. Lo anterior, debido a que los requerimientos formulados por la autoridad investigadora deben cumplir con la garantía de legalidad.

10. Recurso de revisión. En contra de esa resolución **********, ********** y ********** interpusieron recurso de revisión bajo los argumentos siguientes:

• El Tribunal Colegiado realizó una interpretación incorrecta de los artículos 20 y 109 de la CPEUM, al considerar que durante la etapa de investigación del procedimiento de responsabilidades administrativas no es obligatorio garantizar los derechos a la asistencia técnica y a la no autoincriminación de las personas servidoras públicas. Ambos derechos deben ser respetados durante la totalidad de las etapas del procedimiento administrativo. De no hacerlo, se autorizaría que se obtengan pruebas violatorias de dichos derechos, lo que haría nugatoria su observancia en etapas procesales posteriores.

• Es incorrecta la determinación del Tribunal Colegiado respecto a que el derecho a la debida defensa debe modularse en el procedimiento administrativo sancionador, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala, determinó que las garantías del derecho a la defensa no sólo son aplicables a los procedimientos del derecho penal, sino también a los procedimientos del derecho disciplinario seguidos contra personas servidoras públicas desde el procedimiento de investigación.

• La interpretación del Tribunal Colegiado es inconstitucional, toda vez que inaplica el derecho a la advertencia consagrado en el artículo 20 de la CPEUM, que implica que las personas investigadas sean informadas sobre los derechos que les asisten. En el caso, de conformidad con el artículo 135 de la LRACDMX, las autoridades investigadoras sí estaban obligadas a informar a las personas quejosas sobre los derechos que les asistían, incluido su derecho a la defensa técnica.

• Del artículo 20, fracción II de la CPEUM se desprende la nulidad de las confesiones rendidas sin la asistencia de un abogado o abogada defensora. El Tribunal Colegiado realizó una interpretación incorrecta de dicho principio, pues debía declarar inconstitucionales las sanciones administrativas impuestas a los quejosos, toda vez que a los mismos no les fue advertido que podían contar con un defensor.

• Además, el derecho a la defensa en su vertiente de no autoincriminación sí prohíbe que se coaccione a las partes investigadas mediante la amenaza de incurrir en responsabilidad penal, tal como se desprende de los artículos 247 del Código Penal Federal, y 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Señalan que el tipo administrativo contenido en el artículo 60 de la LRACDMX es inconstitucional, en tanto no se encuentra vinculado con el ejercicio de la función pública ni requiere que se afecte el interés público.

• Conforme al artículo 109 de la CPEUM y en el marco de la nueva reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, no se pueden establecer faltas administrativas de personas servidoras públicas por la sola puesta en peligro de los bienes jurídicos, sino que se requiere la afectación efectiva de los mismos. Ello permite que no se impongan sanciones administrativas con base en suposiciones, lo que dota de seguridad a las personas servidoras públicas. Además de que la declaración de intereses es un deber meramente formal y una herramienta de prevención, por lo que no constituye un conflicto de interés real relacionado con el ejercicio de un servicio público.

• El tipo administrativo establecido en el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México admite una interpretación conforme que permite que sea constitucional. Bajo la misma, debe acreditarse una afectación efectiva al servicio público.

• La determinación del Tribunal Colegiado fue ilegal en tanto consideró como inoperantes los argumentos relativos a la inconstitucionalidad del artículo 96 de la LRACDMX. Del artículo impugnado no se advierte que exista una omisión legislativa, sino que, por la forma en la que está redactado, permite acciones que vulneran el derecho a la defensa y al debido proceso, al reglamentar deficientemente los deberes de las autoridades investigadoras.

• Dicho numeral debe ser declarado inconstitucional, porque faculta a las autoridades investigadoras a inobservar su deber de respetar la garantía de no autoincriminación. Además, el Tribunal Colegiado ignoró que impugnaron el artículo 96 por su contenido, en tanto establece la obligación de las personas servidoras públicas de responder a todos los requerimientos que formulen las autoridades investigadoras, aun cuando esto pueda involucrar la autoincriminación.

• El asunto reviste interés excepcional porque permitirá que la SCJN se pronuncie acerca de los alcances que debe tener el debido proceso en el procedimiento de responsabilidades administrativas, particularmente en dos cuestiones específicas: el derecho a contar con asistencia técnica especializada y el derecho a la no autoincriminación. La SCJN podría pronunciarse acerca de la constitucionalidad del tipo administrativo denominado "ocultamiento de conflicto de intereses" a la luz de los artículos 22 y 109 constitucionales.

11. Trámite ante esta SCJN. Mediante acuerdo veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN admitió a trámite el presente recurso de revisión al que correspondió el expediente 3325/2024; asimismo, instruyó su turno a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para el estudio correspondiente.

12. Avocamiento. Mediante acuerdo de diez de julio de dos mil veinticuatro, el Presidente de esta Segunda Sala de la SCJN se avocó al conocimiento del asunto, e instruyó la remisión de los autos a la Ministra Ponente.

13. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo (LA), el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

14. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la CPEUM; 81, fracción II, y 96 de la LA, 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF); en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023 (AGP), de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado en el DOF el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril de dos mil veintitrés, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de esta Segunda Sala, sin que se considere necesaria la intervención del tribunal pleno.(1)

II. OPORTUNIDAD

15. La sentencia dictada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fue notificada a **********, ********** y ********** vía electrónica el cinco de marzo de dos mil veinticuatro.

16. En virtud de que la notificación se realizó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 31, fracción III, de la LA,(2) la notificación electrónica surtió sus efectos el mismo día en que fue practicada.

17. El plazo establecido por el artículo 86 de la LA transcurrió del seis al veinte de marzo de dos mil veinticuatro, descontándose los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete y dieciocho de marzo del mismo año por ser inhábiles conforme a los artículos 19 de la LA, 143 de la LOPJF, y 74, fracción III de la Ley Federal del Trabajo (LFT).(3)

18. Por lo tanto, si el escrito de recurso de revisión se presentó el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

19. Esta Segunda Sala de la SCJN considera que ********** cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues tiene reconocida la personalidad como representante de los quejosos en términos del artículo 12 de la LA, por parte del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro del juicio de amparo directo 287/2023.

IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO

20. Esta Segunda Sala de la SCJN considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:

21. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la CPEUM; 81, fracción II, y 96 de la LA, y 21, fracción IV de la LOPJF, así como en el Punto Primero del Acuerdo 9/2015 emitido el ocho de junio del dos mil quince por el tribunal pleno de esta SCJN. 22. Dichas disposiciones jurídicas establecen que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que se presenten las siguientes excepciones:

a) Que subsista el problema de constitucionalidad de normas generales;

b) Cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la CPEUM o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o

c) Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.

23. Adicionalmente, para efectos de la procedencia del recurso debe analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañan la fijación de un criterio de interés excepcional, que se actualizan:

a) Cuando se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o

b) Cuando las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la SCJN referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

24. Por lo que deben acreditarse dos condiciones: en primer término, la materia del recurso debe atender a temas propiamente constitucionales que guarden relación con la decisión del tribunal colegiado; en segundo término, ese problema de constitucionalidad debe implicar un interés excepcional.

25. En el caso se satisface el primer requisito de procedencia, pues subsiste un tema de constitucionalidad. En efecto, las personas quejosas plantearon la inconstitucionalidad de los artículos 60 y 96 de la LRACDMX desde su demanda de amparo, al considerar que resultaban contrarios a la CPEUM. Argumentos que reiteran como agravios en su recurso de revisión.

26. Además, el asunto cumple el segundo requisito de procedencia en tanto reviste un interés excepcional, ya que permitirá que esta Segunda Sala se pronuncie acerca la constitucionalidad del tipo administrativo "ocultamiento de conflicto de interés", contenido en el artículo 60 impugnado, así como de las facultades otorgadas a las autoridades investigadoras en términos del artículo 96.

27. El análisis que realice esta SCJN permitirá establecer si el artículo 60 transgrede los numerales 22 y 109 de la CPEUM, ya que, de acuerdo con las partes quejosas, el tipo administrativo debería exigir la demostración de una afectación efectiva a un bien jurídico tutelado, sin disponer solamente la potencial afectación que pudiera ocasionarse a dicho bien. Además, hará posible que esta Segunda Sala estudie el artículo 96 a la luz de los principios a la debida defensa, y al debido proceso, respecto de las facultades de las autoridades investigadoras en materia de responsabilidades administrativas.

V. ESTUDIO DE FONDO

28. FIJACIÓN DE LA LITIS. El problema jurídico que esta Segunda Sala de la SCJN debe resolver consiste en determinar si los artículos 60 y 96 de la LRACDMX son constitucionales.

29. Para resolver si los artículos mencionados son inconstitucionales por violar los derechos a la defensa adecuada, ser informados de sus derechos, no autoincriminación y seguridad jurídica, es necesario analizar los argumentos precisados, por lo que se realiza su estudio en función de los derechos que se estiman vulnerados.

(I) Constitucionalidad del artículo 60 de la LRACDMX.

30. Son infundados los agravios relativos a que el artículo 60 de la LRACDMX vulnera los artículos 22 y 109 de la CPEUM, por establecer una falta administrativa que sanciona el potencial daño que se pueda ocasionar a un bien jurídico, mas no su afectación efectiva y directa. Con base en los argumentos de los recurrentes, se procede al análisis de la constitucionalidad de dicho artículo.

31. La infracción prevista en el artículo impugnado deriva de una obligación establecida a partir de la reforma del artículo 108, relacionada con el artículo 109, fracción III, ambos de la CPEUM. Además, responde a las obligaciones y medidas adoptadas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUC), y de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC).

32. La CNUC establece en su artículo 7, párrafo IV, que cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

33. La CIC, señala en su artículo III, párrafo primero, que los Estados parte considerarán la aplicabilidad de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Dichas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de interés y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.

34. El artículo 108, último párrafo de la CPEUM dispone la obligación de las personas servidoras públicas de presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. Esta obligación surgió a partir de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el veintisiete de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

35. La Cámara de Diputados, en el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que dicha reforma se realizó con el objetivo de garantizar la integridad de la toma de decisiones gubernamentales, para que no se vieran comprometidas por intereses privados. En este sentido, refirió que la obligación de presentar la declaración patrimonial y la de conflicto de interés serviría para implementar mecanismos de control respecto del ejercicio indebido de las facultades de las personas servidoras públicas. Además, se buscaba generar incentivos para inhibir actos contrarios al sistema jurídico en el desempeño de funciones públicas.(4)

36. La Cámara indicó que conforme a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el conflicto de interés es la colisión entre las responsabilidades oficiales y el interés privado de una persona servidora pública, en el que la capacidad privada de la funcionaria puede influir impropiamente en el desempeño de sus responsabilidades y obligaciones.

37. La Cámara de Senadores, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Anticorrupción y Participación Ciudadana, puntualizó que las obligaciones propuestas fortalecerían la prevención de responsabilidades administrativas y penales, así como a la identificación de casos de enriquecimiento ilícito por parte de personas servidoras públicas.(5)

38. Esta SCJN ha considerado que la obligatoriedad de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses por todas las personas servidoras públicas representó uno de los pilares esenciales de la reforma constitucional y legal en materia de anticorrupción, en tanto que implica la posibilidad de evitar el indebido ejercicio del cargo y la prevención de conflictos de intereses entre el sector privado y el público, privilegiando los principios constitucionales que rigen el servicio público. Por ello, la legislatura federal determinó de manera clara, inequívoca y concreta que serían todas las personas servidoras públicas las obligadas a presentar tal declaración.(6)

39. El Congreso de la Unión consideró que era necesario crear una regulación encaminada a combatir la corrupción por parte las personas servidoras públicas, en específico, a identificar los conflictos de interés que perjudicaran la función pública.

40. El artículo 109, fracción III, primer párrafo, de la CPEUM dispone que se aplicarán sanciones administrativas a las personas servidoras públicas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

41. El contenido actual de dicho artículo tiene su origen en las reformas constitucionales de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y de veintisiete de mayo de dos mil quince. De la exposición de motivos de la primera de estas reformas, se desprende que la propuesta de modificación de dicho precepto recogía la necesidad de contar con procedimientos administrativos adecuados para prevenir y sancionar la corrupción pública. Con ello se buscaba que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados establecieran un procedimiento administrativo para sancionar el incumplimiento de las obligaciones de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia. Lo que sería el fundamento para que la sociedad pudiera exigir responsabilidades a las personas servidoras públicas, independientemente de la forma en la que sirvieran y del nivel de gobierno al que pertenecieran.(7)

42. El Congreso de la Unión buscó crear un sistema que salvaguardara a la función pública y a sus principios rectores a través de medidas preventivas, identificativas y sancionadoras que inhibieran su afectación.

43. Ahora bien, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) establece la obligación de las personas servidoras públicas de presentar la declaración de intereses y la atribución de las secretarías y los órganos internos de control de integrarlas en un solo sistema, asimismo, señala que deben ser presentadas conforme a normas y formatos establecidos en medios magnéticos y electrónicos por un Comité Coordinador a propuesta de un Comité de participación Ciudadana, conforme a los criterios establecidos en la propia ley.

44. Dicha declaración tiene por objeto informar y deter

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33426-54136587/ocultamiento-de-conflicto-de-interes-el-articulo-60 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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