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Modo: Corpus Pro

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 103/2023. · Registro digital (IUS): 32442
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-05-24
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo IV, Pág.3967.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 103/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIO: DANIEL ALAN CASTRO ROCHA.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos, en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si al personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (profesor de tiempo completo), les asiste el carácter de servidores públicos y, por ende, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses conforme al acuerdo 002/2021, por el cual se establece como obligatorio el uso del "Sistema Universitario Anticorrupción" y se expiden los Lineamientos de Funcionamiento del Sistema Universitario Anticorrupción para presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos de la Universidad Autónoma del Estado de México.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Mediante escritos presentados el tres de febrero de dos mil veintitrés, las personas quejosas en los juicios de amparo 529/2021 y 521/2021, denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver el amparo en revisión 336/2021 y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver el amparo en revisión 308/2021, ambos del Segundo Circuito.

4. Trámite de la denuncia. En acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, la entonces magistrada presidenta del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, radicó la contradicción de criterios dando origen al expediente 103/2023.

5. Asimismo, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes que informaran si los criterios materia de la denuncia se encontraban vigentes y, por otra parte, que pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos relativos a los asuntos de su conocimiento, respondiendo ambos tribunales colegiados en el sentido de que aún conservaban su criterio.

6. Por otra parte, solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si en el caso existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asociada con la temática aquí planteada. Lo anterior, se atendió a través del oficio DGCCST/X/195/03/2023, ingresado vía correo electrónico oficial, el siete de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de que no existía contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el solicitado.

7. Confirmación de turno. Al encontrarse debidamente integrado el expediente, en auto de presidencia de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se confirmó su turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, entonces adscrita al Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte.

8. Modificación de denominación y competencia del Pleno Regional. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se modificó la denominación del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, por la de Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, así como su competencia.

9. Confirmación de turno. En auto de presidencia de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional y se confirmó el turno del asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández.

10. Aplazamiento. El asunto se presentó en sesión de siete de marzo de dos mil veinticuatro, sin embargo, el pleno de este órgano determinó aplazar su resolución, volviéndose a listar para ser discutido en la presente fecha.

II. COMPETENCIA

11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del propio Consejo, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, estos últimos ordenamientos reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados en materia administrativa que pertenecen a un circuito correspondiente a esta región (segundo circuito).

III. LEGITIMACIÓN

12. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por las personas quejosas en los juicios de amparo que dieron origen a los criterios que constituyen la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 336/2021.

14. Demanda de amparo indirecto. Una persona física promovió una demanda de amparo indirecto en contra del titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien le atribuyó la expedición del acuerdo 002/2021, por el cual se establece como obligatorio el uso del "Sistema Universitario Anticorrupción" y se expiden los Lineamientos de Funcionamiento del Sistema Universitario Anticorrupción para presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos de la Universidad Autónoma del Estado de México.

15. Radicación y admisión. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el que por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno la radicó con el expediente 521/2021 y la admitió a trámite.

16. Ampliación de demanda. La parte quejosa promovió ampliación de demanda en contra de la Legislatura y del Gobernador, ambos, del Estado de México, a quienes atribuyó la expedición y promulgación del decreto 207 por el que se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, por lo que en auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite.

17. Sentencia de amparo indirecto. Substanciado el trámite, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia a través de la cual el juez federal, por una parte, sobreseyó en el juicio respecto del refrendo que se le atribuyó al Gobernador del Estado de México, y por otra, negó el amparo solicitado en contra del punto de acuerdo primero y de los artículos 1, 2, fracciones XXV y 19, del Acuerdo 002/2021, así como de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que se atribuyeron al titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma y a la Legislatura, ambos, del Estado de México.

18. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el que lo radicó con el expediente 336/2021 y en sesión de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, ordenó remitir al expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que resolviera si reasumía su competencia originaria en relación con el tema de constitucionalidad que subsistía.

19. Suprema Corte de Justicia de la Nación no reasume competencia originaria. En sesión de diez de agosto del dos mil veintidós, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó no ejercer su competencia originaria para conocer del asunto, al estimar que no se satisfacían los requisitos de interés y trascendencia necesarios para tal efecto, al existir diversos precedentes y criterios jurisprudenciales que podían orientar la resolución del asunto.

20. Tribunal colegiado emite sentencia. En sesión veinte de octubre de dos mil veintidós, el pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito confirmó la sentencia impugnada en la parte que negó el amparo solicitado, sobre las consideraciones siguientes:

"SÉPTIMO. Estudio de los agravios

"...

"Los agravios son parcialmente fundados, pero insuficientes para revocar la sentencia recurrida.

"Lo anterior, porque aun cuando es verdad que, en contravención a las reglas de la carga de la prueba, el juez de Distrito consideró incorrectamente que a la quejosa correspondía demostrar un hecho negativo, consistente en que no tiene la función de ‘ejercer, manejar o disponer de recursos públicos’, sin embargo, quedó demostrado que la quejosa, en su carácter de profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, organismo público descentralizado del Estado de México, sí tiene la calidad de servidora pública, ubicándose en el supuesto normativo establecido en el Acuerdo reclamado y, por ende, se encuentra obligada a presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, obligación que no resulta inconstitucional como se expondrá en el estudio de los conceptos de violación.

"En los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, relacionados con las reglas de la carga de la prueba, se dispone:

"‘Artículo 81.’ (se transcribe)

"‘Artículo 82.’ (se transcribe)

"De conformidad con la disposición transcrita en primer lugar, las partes tienen la carga procesal de demostrar los hechos positivos que den sustento a sus pretensiones.

"Asimismo, en el diverso artículo citado, se establecen reglas adicionales, consistentes en que, el que niega no tiene la carga procesal de demostrar, salvo que la negativa envuelva la afirmación expresa de un hecho positivo, o bien, con ésta se desconozca tanto la presunción legal favorable al colitigante, como la capacidad.

"En la especie, desde el escrito de demanda, la quejosa afirmó, esencialmente, que es ‘empleada universitaria contratada como profesora de tiempo completo, con el número de empleado **********’, que la función que desempeña en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México es de carácter académica y que es inconstitucional el Acuerdo reclamado, porque en éste se consideró que todos los empleados, encargados o comisionados de esa casa de estudios son servidores públicos y se encuentran obligados a rendir su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, contraviniendo lo resuelto por el más alto tribunal del país en la ejecutoria 1050/2018, en el sentido de que no todos los empleados de la Universidad Autónoma del Estado de México tienen el carácter de servidores públicos, sino, únicamente, los que, con motivo de sus funciones, ejerzan, manejen o dispongan de recursos públicos.

"Al resolver, el juez de Distrito calificó de inoperante el concepto de violación, con base en que la quejosa no demostró que su función no es la de ejercer, manejar o disponer recursos públicos, concluyendo que ‘al no demostrarse que la quejosa no tenga la calidad de servidora pública dentro de la Universidad que labora, resultan fundados pero inoperantes los conceptos de violación hechos valer’.

"Atendiendo lo anterior, se llega al convencimiento de que la sentencia de amparo recurrida es incorrecta, en la parte que se analiza, porque, conforme a las disposiciones adjetivas transcritas, la quejosa no estaba obligada a demostrar que no ejerce, maneja o dispone de recursos públicos, con motivo de sus funciones, en razón de que ese elemento fáctico es de naturaleza negativa, siendo obligación de su contraparte acreditar el hecho positivo contrario, esto es, que la quejosa sí ejerce, maneja o dispone de recursos públicos.

"Sobre todo, porque el razonamiento del juez de Distrito es incongruente, pues, por una parte, consideró que la quejosa no demostró que no ejerce, maneja o dispone de recursos públicos, lo cual equivale a que estimó que sí realiza esas actividades, pero, por otra, también resolvió, de forma contradictoria, que por esa circunstancia no podía considerarla como servidora pública, destinataria de la disposición general tachada de inconstitucional.

"En efecto, el juez de Distrito determinó que solamente podía considerarse como servidor público a los trabajadores de la Universidad que tuvieran a su cargo ejercer, manejar o disponer de recursos públicos, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las ejecutorias que citó, sin embargo, al declarar inoperante el concepto de violación sostuvo una postura en contrario, pues a pesar de que consideró que la quejosa sí ejerce, maneja o dispone de recursos públicos, característica que atribuyó a los servidores públicos universitarios, concluyó que la quejosa no lo es; por precisión se transcribe:

"(se transcribe)

"Ahora, también debe tomarse en cuenta que la quejosa sustentó como hecho afirmativo de su pretensión, que su función se relaciona con la actividad académica en la Universidad y que, derivado de ello, no puede ser considerada como servidora pública universitaria, ni se encuentra obligada a rendir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ordenadas en el Acuerdo reclamado, y que ese hecho que sí quedó demostrado con la copia simple del recibo de pago que exhibió (foja 32), adminiculada con el contenido del informe justificado del titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México (fojas 45 a 54), en el cual reconoció que la quejosa forma parte del personal académico, y el acuse de recibo, con sello digital, de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en el Sistema Universitario Anticorrupción (foja 55), en el que anotó, textualmente, la clave de empleada de la quejosa en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

"Elementos de prueba que son aptos y suficientes para tener por demostrado que se desempeña como profesora de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo cual la legitima para reclamar el acuerdo tachado de inconstitucional, porque, como se verá en el estudio de los conceptos de violación, sí se trata de una servidora pública destinataria de la obligación de presentar sus Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.

"Luego, es incorrecta la conclusión del juez de Distrito, en la parte que determinó inoperante el concepto de violación, sobre todo porque la inconformidad esencial de la quejosa es que, en su opinión, sin ser servidora pública, se le obliga a cumplir con las declaraciones mencionadas.

"Vista la conclusión alcanzada, al no quedar pendiente de estudio alguna causal de improcedencia propuesta por las partes, o que se advierta de oficio, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado reasume jurisdicción para realizar el análisis de los conceptos de violación no estudiados por el juez de Distrito, relacionados con la inconstitucionalidad del Acuerdo 002/2021 reclamado.

"OCTAVO. Análisis de los conceptos de violación

"...

"Los conceptos de violación son infundados.

"Lo anterior, porque el Acuerdo reclamado no contraviene el texto constitucional, siendo que todos los servidores públicos de las entidades federativas están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, como se expone a continuación.

"En relación con la definición de ‘servidor público’, en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, de la Real Academia Española, en su publicación de internet, con dirección https://dpej.rae.es, en lo que interesa, se señala:

"(se transcribe)

"En ese sentido, la expresión ‘servidor público’ hace referencia a la persona que presta sus servicios o ejerce un cargo o función en el sector público, esto es, al que presta sus servicios en la administración pública, como parte de su organización, sin hacer alusión a que el manejo, uso o disposición de recursos públicos sean condiciones para tener el carácter de servidor público.

"En el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece:

"‘Artículo 109.’ (se transcribe)

"En la norma fundamental transcrita, se elevó a rango constitucional la obligación de todo servidor público de actuar conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, so pena de sancionarlo administrativamente, mediante amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como con la imposición de la sanción económica que corresponda con los beneficios económicos obtenidos y los daños y perjuicios patrimoniales causados, conforme a los procedimientos que sean establecidos en la ley para la investigación y sanción de esos actos u omisiones.

"En el diverso numeral 108 de la Constitución Federal, se prevé:

"‘Artículo 108.’ (se transcribe)

"De conformidad con el párrafo primero del precepto constitucional transcrito, se considera, en general, servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la Administración Pública Federal.

"Asimismo, en el cuarto párrafo de esa norma fundamental, se ordenó que en las constituciones de las entidades federativas, se precisaran, en los mismos términos del primer párrafo, para efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidor público de quien desempeñe algún empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México.

"Como se ve, en las disposiciones analizadas no se estableció que la calidad de servidor público dependa, necesariamente, de que la persona ejerza, maneje o disponga de recursos públicos. "Luego, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos constitucionales examinados, por servidor público, sea federal, local o municipal, debe entenderse, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública de los tres niveles de gobierno, encontrándose obligado, sólo por su carácter, a presentar, bajo protesta de decir verdad, la declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

"Y es que, según lo ordenado en el artículo 108, último párrafo, de la Constitución Federal, quienes desempeñan un cargo público deben hacerlo no sólo con apego a los principios constitucionales de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, sino también honradez, siendo necesario que declaren cuál es su situación patrimonial y de intereses, y en el precepto constitucional no se estableció que únicamente las personas que manejan, ejerzan o estén involucradas con dinero público deban rendir esa información.

"Precisado el marco constitucional, en el Acuerdo 002/2021 reclamado, el Titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México dispuso que son servidores públicos universitarios las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de esa casa de estudios, tal como se establece en los artículos 1, 2, fracción XXV y 19 tachados de inconstitucionales, de contenido:

"‘Primero. El presente acuerdo tiene por objeto determinar que los servidores públicos de la Universidad Autónoma del Estado de México deben presentar las Declaraciones de la Situación Patrimonial y de intereses mediante el Sistema Universitario Anticorrupción, disponible en la dirección de internet: https://sua.uaemex-mx.’

"‘Artículo 1. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para todos los servidores públicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene por objeto regular el funcionamiento del Sistema Informático denominado Sistema Universitario Anticorrupción, como instrumento de registro, recepción, control y resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses de los servidores públicos universitarios, mediante el cual informan sobre el estado de su Patrimonio y sus intereses personales, familiares o de negocios, al inicio, durante y en la conclusión de su empleo, cargo o comisión.’

"‘Artículo 2. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:

"‘...

"‘XXV. Servidor público universitario: persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en la Universidad Autónoma del Estado de México.’

"‘Artículo 19. Todos los servidores públicos de la Universidad Autónoma del Estado de México bajo protesta de decir verdad, deberán presentar ante el Órgano Interno de Control las Declaraciones en sus diversas modalidades, mediante el Sistema Universitario Anticorrupción, en los plazos establecidos, asimismo, la falta de entrega será motivo de investigación y eventual sanción de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios ...’

"En las normas reclamadas, la autoridad responsable dispuso que son servidores públicos universitarios, obligados a presentar Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en la Universidad Autónoma del Estado de México.

"Luego, son infundados los conceptos de violación en los que se afirma que el carácter de servidor público de la quejosa, como empleada de la Universidad Autónoma del Estado de México, se encuentra condicionado a que ejerza, maneje o disponga de recursos públicos con motivo de sus actividades, porque, como ya se determinó, todos los empleados de la administración pública estatal, con independencia de la función que realicen, son considerados, constitucionalmente, como servidores públicos, encontrándose obligados a cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

"Y, es que también los profesores de la Universidad local son servidores públicos, porque con independencia de que solamente realicen funciones académicas o relacionadas con la docencia, forman parte de la administración pública estatal, siendo que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del Estado de México, y forma parte del sector público estatal auxiliar, en términos de lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, así como en los artículos 5, párrafo decimotercero, de la Constitución local, y 1, párrafo primero, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, en los que se establece:

"Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México

"‘Artículo 45. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos serán considerados como organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y forman parte de la Administración Pública.’

"‘Artículo 47. Los organismos descentralizados gozarán de personalidad jurídica y patrimonio propio y podrán ser creados para ayudar operativamente al Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones.’

"Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

"‘Artículo 5 ...

"‘...

"‘La Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del Estado de México, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios; se encontrará dotada de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico. Tendrá por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Especial atención tendrá en el cumplimiento de la función social del servicio que ofrece.’

"Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México

"‘Artículo 1. La Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del Estado de México, establecida por esta Ley con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico.’

"Por tanto, en su carácter de servidora pública, derivado de que es empleada de la Universidad Autónoma del Estado de México, la quejosa se encuentra obligada, conforme al Acuerdo 002/2021 reclamado, que es acorde al mandato constitucional, a presentar la declaración patrimonial y de intereses, según lo ordenado en el artículo 108, último párrafo, de la Constitución Federal, en el que se establece que quienes desempeñan un cargo público deben hacerlo con apego al principio de honradez, sobre todo porque en el precepto constitucional no se estableció que únicamente las personas que manejan, ejercen o estén involucradas con dinero público deban rendir esa información.

"Una postura en contrario, permitiría a los servidores públicos de la Universidad Autónoma del Estado de México que inobserven el principio constitucional de honradez, que rige su función y se encuentran obligados a acatar, en perjuicio del Sistema Universitario Anticorrupción, del cual ningún servidor público se encuentra exento.

"No es óbice, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 1050/2018, invocada por la quejosa para sustentar que no todos los trabajadores universitarios son servidores públicos, por precisión se transcribe la parte considerativa:

"‘I. ANTECEDENTES

"‘1. Contexto. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, con el cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

"‘2. En el marco del SNA, destaca la obligación que se le atribuyó a las entidades federativas de establecer sistemas locales anticorrupción.

"‘3. En ese contexto, todas las entidades federativas de la República Mexicana han reformado sus constituciones locales con la finalidad de establecer sus respectivos sistemas y cumplir con el mandato constitucional en la materia.

"‘4. Reforma constitucional del Estado de México. El 24 de abril de 2017 se publicó en la gaceta oficial del Estado de México, el decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones constitucionales relacionadas con el Sistema Local Anticorrupción (SLA).

"‘5. Juicio de amparo. Inconforme, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México impugnó la inconstitucionalidad de los artículos 61, fracción LIV y 130 de la constitución local, en esencia, bajo los siguientes argumentos:

"‘...

"‘Sistema Nacional Anticorrupción

"‘47. Como se adelantó en el capítulo relativo a los antecedentes, las normas impugnadas se publicaron en el contexto de las reformas a la Constitución General con las cuales se creó el SNA. Lo anterior cobra una especial relevancia, pues para poder responder frontalmente los argumentos de la quejosa, es necesario realizar algunas precisiones en torno a dicho sistema, con la intención de dibujar un panorama general de su ingeniería constitucional.

"‘48. Cobra especial relevancia para este asunto la reforma que sufrió el artículo 113 constitucional, en el cual se estableció, por un lado, que el SNA es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia anticorrupción y, por otro, que las entidades federativas establecerán sus sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

"‘49. C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32442-645512e7/profesores-de-tiempo-completo-de-la-universidad-autonoma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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