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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 101, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, QUE ORDENA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ABSTENERSE DE SANCIONAR, SE ACTUALIZA CUANDO UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE, PERO DE MANERA ESPONTÁNEA, SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 104/2023. · Registro digital (IUS): 31951
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-11-24
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo IV, Pág.4142.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 104/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ MUÑOZ.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I; 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes al Primer Circuito, que corresponde a la Región Centro-Norte, con jurisdicción en la materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por la persona titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, autoridad recurrente en las revisiones fiscales de las cuales derivaron los fallos en contradicción.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 605/2022 en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.

4. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 126/2021 en sesión de diecisiete de junio de dos mil veintiuno.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 605/2022 y el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de revisión 126/2021.

7. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, analizó, en una parte de su ejecutoria, un asunto con las siguientes características:

Ver parte de la ejecutoria

8. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:

Ver cuadro

10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales, a partir de una exposición argumentativa, interpretaron el numeral 101, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que prevé la facultad de abstención de la autoridad resolutora de imponer una sanción administrativa al servidor público en el supuesto específico de que la omisión fue subsanada de manera espontánea y los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron.

11. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque examinaron similares contextos fácticos y sendas resoluciones de la Sala administrativa en las que se declaró la nulidad de sanciones impuestas a causa de la omisión de servidores públicos de presentar oportunamente su respectiva declaración de situación patrimonial y de intereses –en sus modalidades de inicio y conclusión, respectivamente–, por estimar que la autoridad debió abstenerse de sancionar conforme al numeral 101, fracción II, de la legislación invocada.

12. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo, pues mientras uno de los tribunales estimó que con la presentación extemporánea y espontánea de la declaración patrimonial y de intereses se actualizaba la invocada facultad de abstención y la consecuente nulidad de la sanción impugnada; el otro consideró que la presentación extemporánea de la declaración aludida no actualizaba el supuesto previsto en la porción normativa en estudio, en virtud de que la presentación fuera de término, únicamente solventa la omisión, mas no subsana el cumplimiento oportuno, aunado a que los efectos que se produjeron con esa extemporaneidad no desaparecieron por cuanto la administración pública no contó con la información patrimonial del actor en tiempo, lo que impidió su labor y obstaculizó el objetivo de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.

13. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿Es factible considerar que la presentación espontánea y fuera de plazo de la declaración de situación patrimonial y de intereses por un servidor público actualiza los requisitos previstos en el numeral 101, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que la autoridad se abstenga de sancionar?

14. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 605/2022 y el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de revisión 126/2021.

V. Estudio

15. Como punto de partida, la obligación de los servidores públicos de presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses encuentra fundamento en el numeral 108 de la Constitución General, que dice:

"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

"Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

"Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

"Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

"Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley."

16. En la exposición de motivos de la reforma al numeral 108 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil catorce, se dio cuenta de la importancia de contar con un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos, sustentado en los principios de democracia, Estado de derecho y sobre todo la autodeterminación del pueblo, como se advierte de la siguiente reproducción:

"El éxito para el control del ejercicio de la función pública, se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos, dado que en dicho esquema la eficacia del marco normativo fundamenta los principios de democracia, Estado de derecho y sobre todo la autodeterminación del pueblo.

"La responsabilidad social en que incurren los gobiernos, cuando en el desempeño de sus funciones, desatienden las normas que determinan su competencia y sus atribuciones; es producto de la ignorancia, descuido o aún más grave de la corrupción en que incurren los servidores públicos; derivando lo anterior en un daño a la sociedad, esto ofende y provoca un sentimiento de desconfianza total a la función pública del Estado.

"Dentro de la teoría de presupuestación y control, se establece que el auditor más honesto y responsable es el ciudadano, dado que en éste recae el efecto y la causa de la acción del servidor público; por ende la presente iniciativa de reforma la guían dos directrices:

"• Primero, que en el marco de un Estado de derecho y autodeterminación del pueblo, la rendición de cuentas se suscriba para todos los órdenes de gobierno de nuestro país, sobre todo en el uso y manejo de los recursos económicos que como ya se mencionó es precisamente donde surge y nace el fenómeno de corrupción.

"• Segundo, que al ser nuestra Carta Magna, el referente inmediato de los derechos que como gobernados tienen los mexicanos, y las obligaciones que como gobernantes tienen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, plasmar en ésta, la responsabilidad en que incurren estos gobiernos, por el manejo indebido de fondos y recursos federales, derivando con ello, el tener no sólo 33 o 66 instancias de control y auditoría en la gestión los recursos económicos, sino 100 millones de auditores que día con día observan y analizan la función pública de sus gobiernos.

"Estas dos directrices, contribuirán en gran medida al fin último de la presente iniciativa, que es el de involucrar en mayor medida a la sociedad mexicana en la toma de decisiones e implementación de las políticas públicas; y entonces sí, matizar una verdadera cultura de participación ciudadana en nuestro país.

"Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de promover una verdadera rendición de cuentas, por la administración de los recursos económicos que los tres órdenes de gobierno realizan, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente."(5)

17. En la exposición de motivos de una de las iniciativas que dio lugar a la diversa reforma constitucional al artículo 108, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, se señaló que la referida declaración es una herramienta considerada para el combate de la corrupción, como se advierte de la parte que en lo conducente dice:

"Una vía por la que consideramos que se podrá combatir el cáncer de la corrupción generalizada, es la determinación de una base constitucional para establecer una definición clara y eficaz sobre el conflicto de intereses y la obligación conjunta, de presentar tanto la declaración patrimonial como su declaración de impuestos con el propósito de que estos instrumentos sean compulsados por las autoridades del sistema nacional de fiscalización y anticorrupción para los efectos a que haya lugar."(6)

18. Sobre el particular, el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados desarrolló en un apartado específico lo referente a la declaración patrimonial y de conflictos de intereses, destacando su trascendencia, según se aprecia del fragmento siguiente:

"Las modificaciones propuestas establecerán mecanismos sólidos que incentiven el ejercicio público responsable y sancione a aquellos que cometan actos de corrupción. Además, éstas permitirán la implementación de políticas públicas que persigan los siguientes ejes: (i) Capacitación y cooperación; (ii) Prevención; (iii) Transparencia, y (iv) Participación ciudadana.

"Los beneficios esperados resultan aplicables para la obligación general de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses. Ambos aspectos servirán para implementar mecanismos de control que eleven los costos del agente racional y servidor público frente al indebido ejercicio de sus facultades públicas.

"La trascendencia de estos aspectos se justifica en la influencia efectiva que pueda tener el entorno del servidor público en cuanto a su toma de decisiones en el desempeño de funciones públicas.

"Así, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables."(7)

19. Por su parte, respecto a la finalidad que se persigue, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, acentuaron su carácter preventivo al señalar lo conducente:

"Estas Comisiones Unidas, conscientes de que el conflicto de intereses es un tema pendiente de atención legislativa en nuestro país, reconocemos que la minuta con proyecto de Decreto que se dictamina contemple la incorporación a la Constitución General de la República de la obligación que tendrán los servidores públicos de presentarla, conjuntamente con su declaración patrimonial.

"Estas dos declaraciones que rindan los servidores públicos coadyuvarán a la prevención de responsabilidades administrativas y penales, así como a la identificación de casos de enriquecimiento ilícito."(8)

20. El mandato constitucional cristalizó en el título segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se intitula "Mecanismos de Prevención e Instrumentos de Rendición de Cuentas", el cual en su capítulo III, sección primera, prevé lo relativo al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal que se almacenará en una plataforma nacional para su consulta pública salvo los rubros relativos a la vida privada de los servidores públicos.(9)

21. Los numerales 3, fracción IX y XXV; 4, fracción I; 7, 32, 33, fracción III; 35, párrafo primero y 46 de la citada ley, identificaron a los servidores públicos obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, así como determinaron los plazos para su presentación; los preceptos se transcriben enseguida:

"Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

"IX. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley;

"XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;"

"Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:

"I. Los Servidores Públicos;"

"Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: ..."

"Sección Segunda

"De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

"Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia."

"Sección Tercera

"Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal

"Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

"III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión."

"Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

"Sección Sexta

"De la declaración de intereses

"Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley.

"Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal."

22. De los preceptos transcritos se observa, en síntesis, que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley, la cual establece a su vez que tratándose de la declaración en su modalidad de conclusión del encargo se presentará dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión y se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

23. La declaración de situación patrimonial es un instrumento de control con fines esencialmente preventivos: "Uno de los instrumentos de mayor uso y difusión dentro de la estrategia preventiva de lucha contra la corrupción es el sistema de declaraciones de patrimonio, orientado al control de las variaciones patrimoniales de los funcionarios públicos, así como a la identificación de potenciales conflictos de intereses".(10)

24. En consonancia con esta obligación, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos estableció que su inobservancia constituía una falta no grave, en términos de su numeral 49, fracción IV, que a la letra dice lo siguiente:

"Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

"IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley; ..."

25. El numeral 101 de esa legislación prevé que las autoridades sustanciadoras o resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o, en su caso, de sancionar a la persona servidora pública, cuando adviertan que no se causó daño ni perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos y se actualice alguno de los supuestos que se prevén en los términos siguientes:

"Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

"I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la decisión que adoptó, o

"II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron.

"La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo."

26. Como se advierte de esta reproducción, uno de tales supuestos, que interesa a esta contradicción, consiste en que el acto u omisión haya sido corregido o subsanado de manera espontánea o derive de un error manifiesto, siempre que los efectos producidos hubiesen desaparecido.

27. Con miras a establecer el correcto entendimiento de dicho enunciado normativo, es relevante precisar que de la lectura al proceso legislativo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, mediante el cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes secundarias respectivas, entre ellas, la legislación en estudio, no se advierte una exposición sobre las razones del Congreso de la Unión para elaborar el contenido del numeral 101 citado.

28. Sin embargo, su contenido encuentra como antecedente el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas abrogada, dispositivo que se adicionó a la ley mediante decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de mayo de dos mil nueve a partir de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, donde se señaló la necesidad de contemplar eximentes de responsabilidad administrativa para permitir el correcto desarrollo de la función pública, como se constata con la parte del documento que dice lo siguiente:

"Reformas específicas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"Se considera necesario que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos incorpore, sin que por ello se modifique la esencia del régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos, causas eximentes de responsabilidad que permitan a los servidores públicos adoptar las determinaciones que precisa el ejercicio de su función, con la certeza de que no serán cuestionados, en virtud de que la afectación al Estado fue subsanada, sin vulnerar los intereses fundamentales de la función pública, con lo cual se logrará el equilibrio y la seguridad jurídica requeridos para no inhibir la adecuada prestación de los servicios públicos.

"Por lo anteriormente expuesto, por su digno conducto me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.

"Artículo Tercero. Se adicionan los artículos 8 con un último párrafo y 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: ...

"‘Artículo 8.

"‘I. a XXIV.

"‘...

"‘No se considerará que existe incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, cuando la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentar diversas soluciones, siempre y cuando obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó.’

"‘Artículo 17 Bis. La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades deberán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualizan las siguientes hipótesis:

"‘a) Que la conducta o abstención del servidor público no es considerada como infracción grave en términos de la presente Ley, y

"‘b) Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido’."(11)

29. En esta iniciativa, ya se contemplaba como hipótesis la relativa a que el servidor subsanara espontáneamente la falta y que sus efectos se hubieran resarcido.

30. En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de la Función Pública, de Justicia, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, fechado el treinta de abril de dos mil nueve, se sostuvo que la reforma perseguía distinguir entre errores administrativos y actos de corrupción, como se desprende de la siguiente reproducción:

"8. En relación a los cambios propuestos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se observa que la Iniciativa pretende diferenciar los errores administrativos de servidores públicos de aquellos actos de verdadera corrupción y, en consecuencia, busca que la autoridad enfoque sus acciones a investigar y sancionar a los servidores públicos que cometen los actos de corrupción, en lugar de perseguir a quienes en determinadas circunstancias si bien realizan actos irregulares, no afectan al Estado.

"En este tenor, la Iniciativa establece la posibilidad de que la autoridad se abstenga de iniciar el procedimiento disciplinario administrativo, cuando la conducta u omisión no se considere una infracción grave o cuando el acto u omisión haya sido corregido o subsanado de manera espontánea o implique error manifiesto y los efectos que, en su caso, se hubieren producido, hayan desaparecido o resarcido.

"Asimismo, la Iniciativa plantea el propósito de que no se consideren como responsables administrativamente los servidores públicos, en los casos en que su actuación esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, y que su conducta o abstención, conforme a las constancias que obren en el expediente, no constituya una desviación a la legalidad."(12)

31. Sobre este tópico, las referidas Comisiones propusieron una reestructuración formal de los textos contenidos en la iniciativa y además previeron algunos límites a la facultad de la autoridad para abstenerse de investigar o sancionar, como los relativos a que sólo podía aplicarse por una sola vez, por un mismo hecho y en un periodo de un año, cuando expresaron lo siguiente:

"... Con relación a las reformas que la iniciativa del Ejecutivo Federal propone para la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las que dictaminan no consideran adecuada la ubicación del supuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 8 de esa Ley que se pretende adicionar, relativo a considerar que no existe incumplimiento de las obligaciones previstas en dicho precepto legal, en los casos en que la actuación del servidor público esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, y que su conducta o abstención, no constituya una desviación a la legalidad.

"Lo anterior, en virtud de que la ubicación del párrafo rompería con el esquema de obligaciones que debe cumplir todo servidor público, pareciendo que en los casos previstos en dicho párrafo los servidores públicos estarían facultados para no atender dichas obligaciones, lo cual no es la pretensión que se observa en la iniciativa del Ejecutivo Federal. Por otra parte, parecería que las decisiones que en esos casos tomaran los servidores públicos, no estarían suje

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31951-1b4837a3/responsabilidades-administrativas-la-regla-prevista-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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