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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. DEBE INTERPONERSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA COMISIÓN DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 149/2023. · Registro digital (IUS): 32000
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-12-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo III, Pág.2308.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 149/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE OCTUBRE DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante el oficio suscrito por el Juez de Distrito, Rafael Alejandro Tapia Sánchez, adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, se denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 576/2022 y el diverso sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el diverso amparo directo 750/2022.

2. SEGUNDO. Trámite del asunto. La Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de criterios 149/2023 y dar trámite a la denuncia respectiva.

3. En ese acuerdo solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito implicados que informaran si los criterios materia de la denuncia se encuentran vigentes; adicionalmente, solicitó a los contendientes la versión digitalizada de los escritos de demanda que originaron sus respectivas ejecutorias. Además, se turnó el expediente a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales y, por consiguiente, a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4. Mediante auto de quince de junio de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala tuvo por recibido el proveído a través del cual la Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite la contradicción de criterios 149/2023, señaló que esta Sala se avocaba al conocimiento del asunto y tuvo por recibidos los documentos remitidos por los tribunales contendientes.

5. Asimismo, se ordenó devolver la contradicción de criterios a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. Competencia

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del artículo segundo(1) transitorio del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés, por el que se modifica el rubro y se adiciona un punto cuarto y, en consecuencia, se recorre la numeración; y se modifican los puntos segundo, tercero, quinto (antes cuarto), noveno (antes octavo), décimo (antes noveno), décimo primero (antes décimo), décimo segundo (antes décimo primero), décimo tercero (antes décimo segundo), décimo cuarto (antes décimo tercero), y décimo quinto (antes décimo cuarto), del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos y Regiones, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

II. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por un Juez de Distrito.

III. Criterios denunciados

8. Para determinar si existe la contradicción denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer las particularidades de cada uno de los asuntos.

9. Primer criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito conoció del juicio de amparo directo 576/2022, del que se desprenden los siguientes antecedentes:

10. Juicio de nulidad. La parte quejosa demandó de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, la nulidad de la resolución de veinte de junio de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa 53/2020; al respecto, mediante proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, la Magistrada de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz desechó la demanda, debido a que la parte solicitante no agotó el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

11. Reclamación. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación, el cual, mediante resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós emitida por la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, confirmó el acuerdo recurrido.

12. Amparo directo. En contra de la resolución de dicho recurso, el quejoso promovió juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, el cual, en sesión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, resolvió negar el amparo, por estimar infundados los argumentos planteados, al considerar que el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es el medio adecuado para obtener una revisión del acto de autoridad, a fin de que se revoque, anule o modifique, en caso de encontrar comprobada su ilegalidad o inoportunidad, por lo que no resulta optativa su interposición previamente a la promoción del juicio de nulidad.

13. Segundo criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo directo 750/2022, asunto del que se desprenden las siguientes particularidades:

14. Juicio de nulidad. La parte quejosa demandó la nulidad ante la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que se le impuso como sanción la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas por el plazo de tres meses.

15. Concluida la sustanciación del juicio de nulidad, mediante sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en atención a que la entonces parte actora no agotó el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

16. Amparo directo. Inconforme con lo anterior, la parte solicitante de la protección federal promovió juicio de amparo en la vía directa, el cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual, mediante sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, resolvió conceder el amparo solicitado, al considerar fundadas las alegaciones del quejoso, en el sentido de que el vocablo "podrá" integrado en el numeral 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, implica la posibilidad de optar por el juicio de nulidad o el recurso administrativo, por lo que concluyó que para considerar que el recurso de revocación era obligatorio, así debía estar regulado expresamente en la ley, lo que en el caso no acontece, puesto que el legislador no estableció que debía agotarse antes de acudir a la instancia anulatoria.

IV. Existencia de la contradicción

17. En primer término, es necesario establecer si en el caso que se analiza, se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.

18. Al respecto, es importante destacar que para que se configure la contradicción de criterios se requiere que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito, los Plenos Regionales o los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de denuncia, hayan:

a. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

b. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

19. Por tanto, se genera contradicción de criterios cuando se satisfacen los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un idéntico punto de derecho no sean iguales en torno a los hechos que los sustentan.

20. En ese sentido se pronunció el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial P./J. 72/2010, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(2)

21. Del análisis de los asuntos implicados en este asunto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que existe la contradicción de criterios.

22. Es así pues, como se expuso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito concluyó que para que procediera el juicio de nulidad en contra de una resolución emitida dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa, era indispensable que previamente se hubiera agotado el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que este recurso no debía interponerse forzosamente previo a acudir al juicio de nulidad, puesto que la configuración de la disposición contempla el vocablo "podrá", lo cual dota de optatividad la interposición del recurso.

23. Como se observa, las condiciones fácticas y las cuestiones jurídicas analizadas por cada uno de los Tribunales Colegiados son similares, además de que en dichos asuntos se arribaron a conclusiones antagónicas en relación con el tema consistente en si, previo a promover juicio de nulidad contra una resolución emitida dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa, es condición necesaria haber agotado el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

V. Análisis de fondo

24. Se estima que el criterio que debe prevalecer es el sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual coincide esencialmente con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

25. Previo a exponer las razones que sostienen esta conclusión, conviene precisar que la litis en la presente contradicción de criterios, conforme a lo expresado en el apartado anterior, consiste en determinar si previo a acudir al juicio de nulidad, en contra de una resolución emitida en un procedimiento de responsabilidad administrativa, debe o no agotarse el recurso de revocación contemplado en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

26. Para resolver esta interrogante, es necesario citar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, que dispone que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De dicho precepto se infiere lo siguiente:

27. a) Tutela el derecho fundamental a tener un acceso efectivo a la administración de justicia, debiendo precisarse que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos atinentes y justificados, pueda obtener una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos, cuya tutela jurisdiccional ha solicitado.

28. b) La impartición de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las normas.

29. c) Los plazos y términos que se establezcan en las normas, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho, cuya tutela se pretende.

30. Así pues, está reconocido el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión jurisdiccional sobre las pretensiones deducidas. Y, en ese tenor, en aplicación de los principios inspirados en el artículo 17 de la Carta Magna, queda proscrita la posibilidad de que el poder público entorpezca el acceso a los medios de defensa a través de obstáculos absurdos que deriven en denegación de justicia, por lo que es indudable que el derecho en comento tiene el alcance no sólo de que el ordenamiento jurídico prevea medios de impugnación, sino que, además, deben operar sin formalidades excesivas y/o carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, pues ello los tornaría ilusorios, es decir, inútiles en la práctica.

31. Por tanto, si bien el Estado, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia, debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos de carácter judicial, lo cierto es que éstos deben ser compatibles con el ejercicio casuístico del derecho a un recurso efectivo y, en ese tenor, los órganos jurisdiccionales, sin dejar de observar esos presupuestos y formalidades que en cada caso resulten aplicables, están obligados a aplicar las disposiciones relativas en un sentido que permita la plena realización del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar convertir cualquier irregularidad formal en un obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo.

32. Empero, debe insistirse que esa obligación de los órganos jurisdiccionales, de aplicar la normatividad que regula a los procedimientos de impugnación otorgando efectivo acceso a éstos, de ninguna manera implica desconocer la normatividad interna que regula los presupuestos y requisitos procedimentales de la procedencia de la vía, ni el alcance de las determinaciones correspondientes, puesto que esos presupuestos y alcances, a su vez, están encaminados a proteger y preservar otros derechos o intereses constitucionalmente previstos, guardando la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida por el sistema normativo, es decir, el reconocimiento al derecho a una tutela judicial efectiva –existencia y accesibilidad a un recurso sencillo y eficaz– no puede derivar en eliminar los presupuestos y requisitos de procedibilidad establecidos dentro de nuestro sistema. 33. Similares consideraciones a las hasta aquí expuestas sostuvo esta Segunda Sala, al fallar la contradicción de tesis 122/2016.(3)

34. En el ámbito convencional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el citado derecho al establecer, en su artículo 14.1, que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley.(4) Asimismo, en su artículo 2.3 dispone que cada uno de los Estados Parte se comprometen a garantizar que toda persona, cuyos derechos o libertades hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo. Para ello, la autoridad competente decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial.(5)

35. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos recalcó en su Observación General Número 31 la importancia de que los Estados establezcan en su derecho interno mecanismos judiciales adecuados para conocer quejas de violaciones de derechos humanos.(6)

36. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, consagra las garantías y protección judiciales;(7) asimismo, en su artículo 25 establece el derecho a tener un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo que ampare a la persona contra actos que violen sus derechos fundamentales, por lo que los Estados Parte se comprometen a garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de toda persona que interponga un recurso, así como a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de toda decisión que emane del recurso.(8)

37. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las que se encuentra el establecimiento, en normas jurídicas, de las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a cada etapa del proceso.(9) Al respecto, ha señalado que no basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de sus derechos. En este sentido, no se considera que un recurso es efectivo cuando es ilusorio o porque falten los medios para ejecutar las decisiones del órgano jurisdiccional.(10)

38. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos incorpora el principio de efectividad de los instrumentos o mecanismos procesales de protección destinados a garantizar tales derechos. Igualmente, que los Estados Parte están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de derechos humanos, los cuales deben sustanciarse conforme a las reglas del debido proceso legal.(11)

39. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2013(12) y en la contradicción de tesis 119/2018(13) que el derecho de tutela judicial efectiva consiste en la prerrogativa de toda persona de acceder a tribunales independientes e imparciales para plantear una pretensión o defenderse de ella mediante un proceso justo y razonable, en el que se respeten los derechos de las partes y que concluya con la emisión de una resolución que dirima el conflicto. En ese sentido, la tutela judicial efectiva es una garantía compleja que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho al debido proceso, el derecho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la decisión y el derecho a la ejecución.

40. Asimismo, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la tutela judicial efectiva es un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando para lograr la tutela eficaz; de modo que las sucesivas etapas en las que este derecho se va gestando y materializando están interconectadas con otros derechos fundamentales, en particular, con el derecho de audiencia y con el debido proceso consagrados en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política del País.(14)

41. Desde esta perspectiva, el derecho de acceso a la justicia se circunscribe como el derecho esencial y base que permite la tutela jurisdiccional efectiva en todas sus facetas, lo que caracteriza su importancia y la trascendencia de su protección.

42. En esos términos, el derecho de acceso a la justicia implica para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, lo cual implica que no se condicione su procedencia a requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que se persigue con la exigencia constitucional de establecer parámetros en la ley para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, los cuales deben ser generales, razonables y objetivos.(15)

43. Además, para una debida protección del derecho a la tutela judicial efectiva, no sólo debe existir un recurso sencillo, rápido y efectivo, sino que también se requiere que no prevea requisitos excesivos o carentes de razonabilidad. Es decir, el derecho de acceso a la justicia también conlleva la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos tengan la capacidad real para lograr la protección de dichos derechos.

44. Por tanto, para considerar que existe un recurso efectivo, no basta la existencia de un sistema de recursos implementado desde el punto de vista formal en ley; en cambio, es necesario que tal sistema permita, efectivamente, la tutela de los derechos de las personas.

45. Ahora bien, en el precedente de esta Sala antes referido(16) también se definieron la naturaleza y las notas distintivas del recurso administrativo, sobre lo cual se destacó que en toda organización administrativa debe existir un sistema de controles o de medios de fiscalización de la actividad de la administración pública, con la finalidad de lograr la eficiencia de sus órganos y de garantizar a los administrados la legalidad de los actos de autoridad que los afectan.

46. Para conseguir ese propósito, se señaló que existen diversos medios jurídicos, entre los que se encuentran los recursos administrativos, que se conceptúan como el medio legal de que dispone el particular afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener, en términos jurídicos, una revisión del propio acto emitido por la autoridad administrativa, a fin de que lo revoque, lo anule o lo reforme, en caso de encontrar comprobada su ilegalidad o inoportunidad. Así, la interposición del recurso debe hacerse conforme a los requisitos y formalidades que la normatividad aplicable establezca y ante la autoridad competente, que puede ser la misma que emitió el acto, su superior jerárquico o un órgano especial distinto de las dos mencionadas, con facultades que pueden ser de simple anulación, de reforma del acto impugnado o de reconocimiento de algún derecho del recurrente.

47. En esos términos, esta Segunda Sala estableció que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional, pero éste no es ilimitado, porque el gobernado, al ejercerlo, debe observar los requisitos establecidos para ello en la normatividad que regule el recurso respectivo, puesto que es también una forma de garantizar el derecho de mérito y el de seguridad jurídica.

48. Ahora bien, en relación con el caso, debe señalarse que el recurso administrativo en análisis es el de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

49. Cabe precisar que tratándose de procedimientos de responsabilidad administrativa como los que dieron origen a los criterios contendientes, resulta aplicable este recurso y no lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues conforme al artículo 1 de este último ordenamiento se excluye de su ámbito de aplicación a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, Ministerio Público en ejercicio de sus funciones, competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera.

50. En esos términos, atendiendo a que los asuntos analizados en la presente contradicción corresponden a la materia de responsabilidades de servidores públicos, particularmente en relación con el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que indudablemente corresponde a la excepción señalada, se actualiza la condición por la cual debe acudirse a dicha normatividad, que tiene por objeto, en términos de su artículo 1, "distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos (sic) incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación."

51. Precisado lo anterior, se advierte que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como lo dispone su numeral 1, es de "orden público y de observancia general en toda la República" y establece para cumplir su objeto los procedimientos de responsabilidad administrativa en el título segundo, capítulos I, II y III, sección primera, segunda, tercera y cuarta, disponiendo en estas últimas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32000-72f930bc/recurso-de-revocacion-previsto-en-el-articulo-210 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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