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RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 216 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DETERMINAN LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA POR FALTAS GRAVES, PERO SE ABSTIENEN DE SANCIONARLA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS) 486/2022. · Registro digital (IUS): 31641
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-08-04
Promovente: TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, EN PEMEX LOGÍSTICA, EMPRESA PRODUCTIVA
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.4248.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS) 486/2022. TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, EN PEMEX LOGÍSTICA, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. 24 DE MARZO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS. SECRETARIA: HILDA MAYLETH TOLENTINO CRUZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—La recurrente sostiene que la Sala Superior realizó una interpretación desacertada de los artículos 101, fracción II, párrafo último y 102, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en tanto que la primera porción normativa es imprecisa en cuanto a los supuestos de procedencia del recurso de inconformidad, lo que genera confusión y falta de certeza en el procedimiento en que se pretenda substanciar la inconformidad y su posible resolución.

El artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé la procedencia del recurso de inconformidad ante la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la propia norma o de imponer sanciones administrativas a un servidor público. Ese numeral se encuentra en el capítulo III, "Calificación de faltas administrativas".

Por su parte, los artículos 102 a 110 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas están en el capítulo IV, "Impugnación de la calificación de faltas no graves". Dicho numeral estatuye la procedencia del recurso de inconformidad contra la calificación de una falta administrativa no grave y las abstenciones referidas en el numeral 101 de la propia ley, las cuales sólo pueden ser impugnadas por el denunciante, sin contemplar a la autoridad investigadora.

La presentación de tal recurso debe hacerse ante la autoridad investigadora que hizo la calificación de la falta administrativa como no grave. Para su substanciación, la autoridad investigadora deberá correr traslado y adjuntar el expediente integrado con un informe en el que justifique la calificación impugnada a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda, quien resolverá en el sentido de confirmar la calificación o abstención o dejarlas sin efectos, caso en el cual podrá recalificar el acto u omisión, o bien, ordenar que se inicie el procedimiento correspondiente.

Afirma que la mención referida en los artículos 101 y 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en cuanto a las abstenciones de sancionar, no es compatible ni idónea para impugnar una resolución que resuelve el fondo de la controversia planteada que, como en el caso, determinó la existencia de responsabilidad administrativa grave y no obstante, la resolutora se abstuvo de sancionar. La intención del legislador respecto del recurso de inconformidad fue establecer un medio de impugnación para la calificación y la abstención correspondientes a actos previos al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, pero no para los derivados de su substanciación y resolución.

La única materia sobre la que puede versar el recurso de inconformidad es sobre calificación de faltas no graves. Mientras la abstención de sancionar no puede ser equiparable a la determinación dictada en primera instancia, porque en ella se emitió un pronunciamiento de fondo, pues la Sala analizó los elementos de prueba y determinó que el servidor público incurrió en la comisión de la falta administrativa grave de cohecho, es decir, lo estimó administrativamente responsable.

Adiciona que el recurso de inconformidad debe presentarse ante la autoridad investigadora, lo que resulta totalmente incompatible para impugnar la resolución emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues no existe un procedimiento específico para tal efecto. Esto se corrobora con los efectos de la resolución del recurso de inconformidad que refiere el artículo 110 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los cuales se limitan a confirmar la calificación o abstención, recalificar u ordenar el inicio del procedimiento; esto se traduce en que la norma no contempla un efecto específico para la naturaleza de la sentencia impugnada, al tratarse de una resolución que resuelve el fondo del asunto.

En otras palabras, no basta la existencia de un recurso en la ley, sino que tal medio de impugnación debe ser efectivo para producir los efectos que se pretenden, esto es, que se emita pronunciamiento sobre el fondo del asunto y se sancione a la persona servidora responsable; efectos que no se encuentran en el artículo 110 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El recurso de inconformidad pretendido por la responsable no es idóneo, pues la autoridad investigadora carece de legitimación para interponerlo y es procedente el recurso de apelación. Pero, incluso, en el eventual caso de que resultara improcedente, la Sala Superior debió reencausar la vía al medio de defensa que estimaba idóneo.

De la causa de pedir deducida de los agravios se desprende la clara intención de la recurrente de evidenciar la improcedencia del recurso de inconformidad contra la procedencia del diverso de apelación.

Los agravios planteados son esencialmente fundados.

Previamente a evidenciar tal aserto, conviene narrar los antecedentes más destacados del procedimiento de responsabilidad administrativa de origen, a partir de las etapas que prevé para tal efecto la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Etapa de investigación (expediente **********).

1. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, Delegación en Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno y Pemex Logística, Empresas Productivas del Estado, Subsidiarias de Petróleos Mexicanos(4) recibió el oficio **********, de siete de mayo anterior, por el que se hicieron de su conocimiento conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa de diversos servidores públicos, entre ellos, **********, e inició la investigación correspondiente para esclarecer los hechos denunciados.(5)

2. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, la titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones determinó elementos suficientes para advertir la existencia de hechos que constituían la presunta conducta de cohecho, derivado de que ********** durante el desempeño de sus funciones como **********, obtuvo beneficios no comprendidos en su remuneración por la cantidad de $********** (********** M.N.), por concepto de **********, cuando no contaba con los requisitos para obtener tal beneficio.

En esa actuación la autoridad investigadora calificó la conducta atribuida como grave.(6)

3. El treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, la titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones rindió informe de presunta responsabilidad al Área de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en la que refirió la infracción atribuida al presunto responsable ********** y las razones por las cuales estimó que se cometió la falta.(7)

Etapa substanciadora (expediente **********).

1. El seis de enero de dos mil veinte, el delegado de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Logística, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos(8) recibió y admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa, que registró con el expediente **********.(9)

2. Emplazado el presunto responsable, el cinco de marzo de dos mil veinte se celebró la audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad, en la cual el servidor público compareció y se tuvieron por ofrecidas las pruebas que estimó necesarias para su defensa.(10)

3. Mediante oficio **********, de nueve de marzo de dos mil veinte, el delegado de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Logística, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos remitió los autos del expediente ********** al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que conociera del asunto en términos del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.(11)

Etapa resolutora (expediente **********).

1. El asunto se turnó a la ahora Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar que se avocó al estudio del asunto, radicándolo con el número de expediente **********.(12)

2. Seguido el procedimiento, el diez de septiembre de dos mil veintiuno dictó sentencia en la que determinó que ********** incurrió en la comisión de la falta administrativa grave de cohecho, al obtener un beneficio que no correspondía a su remuneración por la cantidad de $********** (********** M.N.), por concepto de **********, cuando no contaba con los requisitos para obtener tal beneficio. Sin embargo, si bien el servidor público aceptó y cobró indebidamente dicho monto, lo cierto es que lo devolvió de manera espontánea, con lo cual desaparecieron los efectos de la falta cometida.(13)

En virtud de lo anterior, la Sala resolutora determinó abstenerse de imponer sanción administrativa, pues consideró que no existió daño ni perjuicio a la hacienda pública federal, local o municipal ni al patrimonio de los entes públicos.

Impugnación (expediente RA 59/2022-S3).

1. Inconforme con tal fallo, la autoridad investigadora interpuso recurso de apelación admitido mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, registrándolo con el número RA 59/2022-S3.

2. En sesión de diez de mayo de dos mil veintidós, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobreseyó en el recurso de apelación al estimar que la sentencia, por contener una abstención para sancionar, debió impugnarse a través del recurso de inconformidad.

Pues bien, para dilucidar si la anterior determinación es o no correcta, conviene precisar los alcances del régimen de responsabilidades administrativas, para lo cual es necesario tener presente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la ley marco.

"Capítulo I

"Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación."

"Artículo 2. Son objeto de la presente Ley:

"I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;

"II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto."

"Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

"...

"II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas;

"III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora;

"IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal competente;

"...

"IX. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93 de esta Ley;

"...

"XIV. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley;

"XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de control;

"XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas;

"...

"XXVII. Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas."

"Libro segundo

"Disposiciones adjetivas

"Título primero

"De la investigación y calificación de las faltas graves y no graves

"Capítulo I

"Inicio de la investigación

"Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.

"Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales.

"Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción."

"Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.

"Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

"Capítulo III

"De la calificación de Faltas administrativas

"Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

"Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y éste se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

"Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión."

"Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos:

"I. El nombre de la Autoridad investigadora;

"II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones;

"III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad investigadora, precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada;

"IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados;

"V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa;

"VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta;

"VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la debida oportunidad;

"VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y

"IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora."

"Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el artículo anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad investigadora para que los subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo nuevamente siempre que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión no hubiera prescrito.

"Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos internos de control."

"Artículo 207. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente:

"I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente;

"II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la Autoridad resolutora;

"III. Los antecedentes del caso;

"IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes;

"V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;

"VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la emisión de la resolución. En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal o al patrimonio de los entes públicos, se deberá señalar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta calificada como Falta administrativa grave o Falta de particulares y la lesión producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; "VII. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como Falta administrativa grave o Falta de particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del servidor público o particular vinculado con dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad resolutora advierta la probable comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente;

"VIII. La determinación de la sanción para el servidor público que haya sido declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de la Falta administrativa grave;

"IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley constituyen Faltas administrativas, y

"X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá cumplirse la resolución."

"Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:

"I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe;

"II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio;

"III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre;

"IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación;

"V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley;

"VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos;

"VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes;

"VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;

"IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes;

"X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello;

"XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

"Capítulo III

"Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los Tribunales

"Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo.

"Las autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones:

"I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal encargado de la resolución del asunto;

"II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior.

"De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la autoridad investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder. En este caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa.

"Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del expediente.

"Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;

"III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes;

"IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y

"V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles."

Como se ve, la ley marco tiene como objeto distribuir las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos; para ello, además de prever las faltas administrativas graves y no graves y los procedimientos para su aplicación, regula las facultades de las autoridades para tales efectos.

Dicho cuerpo normativo distingue, para lo que aquí importa, tres etapas fundamentales del procedimiento en comento.

La primera, una etapa de investigación a cargo de la autoridad investigadora, entendida como las secretarías de despacho, órganos internos de control, Auditoría Superior de la Federación, entidades de fiscalización superior de la entidades federativas y las unidades de responsabilidad de empresas productivas del Estado.

La segunda, una etapa de substanciación a cargo de la autoridad substanciadora, entendida como las secretarías de despacho, órganos internos de control, Auditoría Superior de la Federación y sus homólogas en las entidades federativas y las unidades de responsabilidad de empresas productivas del Estado. La función de la autoridad substanciadora en ningún caso podrá ser ejerc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31641-6a659de9/recurso-de-apelacion-previsto-en-el-articulo-216 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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