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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 220 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE SI PREVIO A SU INTERPOSICIÓN NO SE AGOTÓ EL DIVERSO DE APELACIÓN REGULADO EN LOS ARTÍCULOS 215 AL 219 DEL CITADO ORDENAMIENTO. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA AUTORIDAD INVESTIGADORA SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO Y REGULADO EN LOS ARTÍCULOS 215 A 219 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LAS SALAS ORDINARIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES PRONUNCIADAS EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO POR FALTAS GRAVES, NO SON DEFINITIVAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2022. · Registro digital (IUS): 31167
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2023-01-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL VIGÉSIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo V, Pág.4746.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL VIGÉSIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE OCTUBRE DE 2022. MAYORÍA DE VEINTIDÓS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ (PONENTE), FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ Y ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON (QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR). PONENTE: ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ. SECRETARIO: LUIS ALFREDO FRAGOSO PORTALES.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de once de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia. Mediante oficio electrónico sin número con evidencia criptográfica, recibido en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el siete de abril de dos mil veintidós, el Magistrado Arturo César Morales Ramírez, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el órgano judicial de su adscripción y el diverso Vigésimo Segundo, de la propia materia y Circuito, al resolver sobre la procedencia de los recursos RF. 464/2021 y RF. 338/2021, respectivamente.

SEGUNDO.—Admisión y Trámite. El cinco de abril del año en curso, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito registró la denuncia de contradicción con el número PC01.I.A.16/2022.C y la admitió a trámite; por lo que requirió a los tribunales contendientes la remisión de los archivos digitales de las ejecutorias emitidas, e informaran si continuaban vigentes los criterios asumidos.

En respuesta a lo solicitado, mediante oficio sin número suscrito por el secretario de Acuerdos del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por instrucciones del presidente de ese órgano colegiado, informó a la presidencia de este Pleno en Materia Administrativa que el criterio sustentado en el recurso de revisión fiscal RF. 464/2021 no había sido modificado ni abandonado; correlativamente, en acuerdo de veintiuno de abril del propio año, la presidencia del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio sustentado en el recurso de revisión fiscal RF. 338/2021 también se encontraba vigente y no ha sido abandonado; asimismo, ambos órganos judiciales remitieron sendos archivos digitales que contienen las decisiones asumidas por uno y otro tribunales.

Por su parte, mediante oficio DGCCST/X/167/05/2022 de dieciocho de mayo de la anualidad que transcurre, el director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó al secretario de acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, no se desprendía el registro de algún conflicto de contradicción de tesis relacionado con tema a resolver idéntico o similar al que ahora se plantea en esta contradicción.

TERCERO.—Turno. Mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se turnó el asunto al Magistrado Antonio Campuzano Rodríguez, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que formulara el proyecto de resolución; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en razón de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo, ya que se formuló por el Magistrado Arturo César Morales Ramírez, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que pronunció uno de los asuntos que dio motivo.

TERCERO.—Consideraciones de los criterios divergentes. Previamente a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, es conveniente transcribir la parte relativa de las ejecutorias emitidas por los órganos colegiados contendientes.

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal RF. 464/2021 en la sesión de diez de marzo de dos mil veintidós, para lo que a este estudio interesa, determinó, por mayoría, lo siguiente:

"CUARTO.—Procedencia. Es procedente el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que se combate la resolución dictada por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien declaró que no se acreditaban las faltas administrativas graves atribuidas a un servidor público.

"...

"SÉPTIMO.—En primer orden es conveniente señalar que es procedente analizar la decisión adoptada por la Sala del conocimiento en el recurso de reclamación interpuesto por la ahora recurrente, resuelto el tres de mayo de dos mil veintiuno, en donde confirmó el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el cual el Magistrado instructor tuvo por no ofrecidas las pruebas en el informe de presunta responsabilidad administrativa.

"Al respecto, se debe tomar en cuenta que en todo proceso jurisdiccional se distinguen diferentes fases, cada una representa, naturalmente, una serie de actos encaminados a un determinado fin. Así, se identifica la fase expositiva donde las partes determinan las cuestiones litigiosas que ha de resolver el Juez en la sentencia; la fase probatoria donde las partes en conflicto aportan al Juez el material que le permita resolver el litigio; la fase alegatoria donde las partes exponen bajo el criterio de sus intereses el resultado de la instrucción al juzgador; y, finalmente, la fase de sentencia en la que precisamente el órgano jurisdiccional resuelve en definitiva la controversia y termina el proceso.

"Asimismo, se reconoce como otra etapa del proceso la del recurso o impugnativa, la cual se desarrolla en segunda instancia y se presenta cuando una o ambas partes impugnan la sentencia con el objeto de que el superior jerárquico del juzgador que resolvió la contienda revise la legalidad de la sentencia de primera instancia o las resoluciones dictadas durante el procedimiento.

"Ahora, se tiene presente que, para el caso, si un particular promueve el recurso de reclamación contra el auto por el que tuvo por no ofrecidas las pruebas y es resuelto en forma adversa a su petición, tiene la posibilidad de impugnar dicha resolución a través del juicio de amparo. Sin embargo, si la misma resolución es contraria a los intereses de la autoridad, ésta, dada su naturaleza jurídica, no tiene esa vía (el juicio de amparo).

"Contra las determinaciones definitivas emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las autoridades sólo pueden interponer, como en este caso, el recurso de revisión en términos del artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, recurso que se trata de un medio de defensa excepcional y selectivo.

"En ese sentido, es de considerarse que el recurso de revisión es un medio de defensa extraordinario, establecido a favor de la autoridad administrativa, el cual tiene como propósito otorgarle un medio de defensa, en virtud del cual se somete al conocimiento de un Tribunal Colegiado de Circuito el control de legalidad de la sentencia que le resulta desfavorable.

"Por lo anterior, en orden de garantizar justamente esa oportunidad de defensa, es menester que en la revisión se atiendan los agravios en los que se controvierta lo determinado en la resolución interlocutoria dictada en el recurso de reclamación interpuesto contra el auto que tuvo por no ofrecidas las pruebas que soportan el informe de presunta responsabilidad administrativa, en razón de que ello da lugar precisamente a que se ejerza el control de legalidad.

"Así, en aras de garantizar la oportunidad de defensa y el ejercicio del control de legalidad, las autoridades administrativas deben tener la posibilidad de controvertir las violaciones procesales que eventualmente se cometan en la resolución interlocutoria referida.

"Por tanto, en el recurso de revisión es procedente analizar los agravios que la autoridad investigadora considera le irroga la resolución recaída a la promoción del recurso de reclamación contra el auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el que la Sala tuvo por no ofrecidas las pruebas en el informe de presunta responsabilidad administrativa, respecto de la cual tuvo que esperar a que culminara el procedimiento administrativo, para alegar las violaciones procesales como las de fondo que, en su concepto, se cometieron en dicha interlocutoria.

"Es aplicable al caso, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 12/2011 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 635, Novena Época, que es del texto siguiente:

"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. DEBEN ESTUDIARSE LOS TENDENTES A CONTROVERTIR LO DETERMINADO EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE ADMITIÓ A TRÁMITE LA DEMANDA DE NULIDAD.’ (Transcribe texto)

"Atento a lo anterior, a continuación es procedente analizar el agravio primero, en el que la autoridad recurrente aduce que le causa perjuicio la sentencia de diez de mayo dos mil veintiuno, así como la interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictadas por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que, la Sala declaró la inexistencia de responsabilidad administrativa del servidor público sujeto a procedimiento, sin que haya realizado un adecuado estudio de los razonamientos contenidos en el expediente administrativo, incluyendo la instrumental de actuaciones, y en general los argumentos vertidos por esa autoridad en cada una de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario, faltando a los principios de congruencia que deben regir en las resoluciones que emita la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ..."

Por su parte, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 338/2021 en sesión de once de febrero de dos mil veintidós, por unanimidad determinó:

"CUARTO.—Resulta innecesario analizar la sentencia impugnada con atención a los agravios formulados en el recurso de revisión, dado que éste es improcedente, pues no constituye una resolución definitiva para que este órgano de control constitucional proceda a su estudio.

"Sino que se trata de un fallo contra el que procede el recurso de apelación.

"Se explica.

"En primer término, es menester exponer que el medio de impugnación que se analiza, no se encuentra relacionado con el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues no se trata de un juicio de nulidad, sino de un procedimiento de responsabilidad administrativa, por falta grave, que se desarrolla bajo un proceso distinto, contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del cual también cuenta con facultades para conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"En efecto, tales atribuciones provienen de la reforma que se hizo al artículo 73, fracción XXIX-H y del ‘Título cuarto. De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado’ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, que es del texto siguiente:

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"‘Artículo 73.’ (Transcribe texto)

"‘XXIX-H.’ (Transcribe texto)

"Como puede apreciarse la reforma constitucional en la que se modificó el artículo 73, fracción XXIX-H, y su título cuarto, denominado ‘De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado.’ Se integró al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

"Asimismo, se abrogó la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitiéndose la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cuyo artículo 4, prevé que dicho tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con las faltas graves, lo anterior se advierte de la transcripción que se hace a dicho numeral.

"‘Artículo 4.’ (Transcribe texto)

"De ese modo, en los artículos 20, fracción II, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se establece lo relativo al funcionamiento de la tercera sección, de la Sala Superior y de las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas:

"‘Artículo 20.’ (Transcribe texto)

"‘Artículo 37.’ (Transcribe texto)

"‘Artículo 38.’ (Transcribe texto)

"Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas se publicó en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esto es, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, cuyos artículos 3, fracción IV, 12, 14, segundo párrafo, disponen lo siguiente:

"‘Artículo 3.’ (Transcribe texto)

"‘IV. Autoridad resolutora:’ (Transcribe texto)

"‘Artículo 12.’ (Transcribe texto)

"‘Artículo 14.’ (Transcribe texto)

"De los numerales trascritos, se advierte que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contiene nuevas facultades en materia de resolución y aplicación de sanciones en asuntos relacionados con faltas –graves– de los servidores públicos o de particulares, para atender lo previsto tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"En ese sentido, esta última legislación establece el procedimiento a seguir por parte de los Tribunales Federales de Justicia Administrativa en relación con faltas graves, esto es, se les faculta para iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en dicha legislación y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"Una vez establecida la participación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acorde con ese contexto corresponde conocer cómo se desarrolla ese proceso, para lo cual, es oportuno remitirnos al contenido de los artículos 209, 215, 216, fracción I y 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es el siguiente:

"‘Artículo 209.’ (Transcribe texto)

"‘Artículo 215.’ (Transcribe texto)

"‘Artículo 216.’ (Transcribe texto)

"‘Artículo 220.’ (Transcribe texto)

"Tales transcripciones revelan que el procedimiento de responsabilidad administrativa, se compone de la manera siguiente:

"‘I. Las autoridades sustanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, luego de lo cual procederán conforme a lo siguiente;

"‘II. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al tribunal competente los autos originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del tribunal encargado de la resolución del asunto;

"‘III. Cuando el tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el informe de presunta responsabilidad administrativa, sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo a la autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior;

"‘IV. De igual forma, de advertir el tribunal que los hechos descritos por la autoridad investigadora en el informe de presunta responsabilidad administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días hábiles. En caso de que la autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al tribunal, fundando y motivando su proceder. En este caso, el tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa;

"‘V. Una vez que el tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del expediente;

"‘VI. Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;

"‘VII. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes;

"‘VIII. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, mismo que podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello;

"‘IX. En contra de esta resolución procede el recurso de apelación;

"‘X. Las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control de los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, a través del recurso de revisión, que deberá interponerse ante el propio tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva; y, "‘XI. La tramitación de este recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la sustanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno.’

"Resolución definitiva que será aquella que resuelva el recurso de apelación que se interponga contra el fallo emitido por el (sic) Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves.

"Por otro lado, dentro de los antecedentes del procedimiento de responsabilidad más relevantes de donde proviene el recurso de revisión que ahora se resuelve, los cuales se advierten del proceso sancionatorio conformado por los ********** y **********, en los que consta lo que enseguida se enuncia.

"‘A) El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve –fojas 4 y 5 del expediente **********–, con motivo de las irregularidades atribuidas a **********, por parte del suplente por ausencia de la Jefatura del Departamento Personal Madero de la Petróleos Mexicanos; el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades del citado organismo, dictó acuerdo de radicación de investigación, en el expediente ********** en relación con los hechos consistentes en el pago recibido el veinticuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por parte del servidor público señalado, por concepto de beca, efectuado en términos de la cláusula 171 del Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2019.

"‘B) El veintisiete de enero de dos mil veinte, el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial dictó acuerdo en el cual determinó calificar como grave la falta atribuida al citado servidor público –fojas 169 a 173 ibídem–.

"‘C) El veinte de febrero de dos mil veinte, se admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa, respecto de los hechos atribuidos al mencionado servidor público, quien fue emplazado el once de marzo de dicha anualidad –fojas 183 a 189 ibídem–.

"‘D) Asimismo, el catorce de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial –foja 199 ibídem–.

"‘E) Mediante oficio presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa –fojas 1 y 2 del expediente **********, con base en la investigación hecha por la autoridad investigadora titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, respecto de una presunta falta administrativa grave atribuida a **********, en el expediente administrativo de responsabilidades administrativas **********, el titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de dicho organismo, presentó un informe a efecto de que el tribunal continuara con la sustanciación y resolución del procedimiento sancionatorio.

"‘F) El conocimiento de ese asunto correspondió a la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hoy Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar, que lo registró con el expediente **********; y determinó continuar con la sustanciación del procedimiento sancionatorio –fojas 3 a 12 ibídem–.

"‘G) Seguido el proceso en sus etapas procesales, la Sala del conocimiento lo resolvió mediante sentencia de ********** –fojas 42 a 90 ibídem–, en la que determinó que se demostró la conducta grave imputada a ********** e impuso al elemento investigado, con fundamento en los artículos 78, fracciones I y III y 79 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una sanción de suspensión del empleo, cargo o comisión por el periodo de treinta días naturales y una sanción económica de $ **********.’

"Siendo éstas todas las constancias por las que se encuentra conformado el expediente de responsabilidad administrativa por falta grave, al momento de la interposición del recurso de revisión, que fue el once de junio de dos mil veintiuno.

"Fallo contra el cual, la autoridad investigadora interpuso el recurso de revisión que ahora se resuelve.

"Se aclara que con posterioridad a la presentación del medio de impugnación señalado, de las constancias del toca de revisión se aprecia que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala Superior de la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió los recursos de apelación interpuestos por la autoridad investigadora y el presunto responsable contra la sentencia de la Sala Auxiliar, los cuales después de haberlos analizado y estudiado, determinó confirmar la resolución combatida.

"En tal escenario, se colige que ese medio de impugnación es improcedente.

"Esto es así, pues si bien el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las resoluciones que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrán ser impugnadas por medio del recurso de revisión, el cual será del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, cierto es que no regula la procedencia de ese medio de impugnación contra las sentencias dictadas por las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa grave, pues para ello, corresponde el recurso de apelación previsto en los numerales 215 y 216 de la citada legislación.

"Lo que incluso se evidencia con la narrativa de los antecedentes, de donde se puede apreciar que efectivamente contra el fallo de la Sala Auxiliar era procedente el recurso de apelación, el cual fue interpuesto tanto por la autoridad investigadora y el presunto responsable, mismos que fueron estudiados y analizados, los que incluso fueron resueltos con fecha **********.

"Por tanto, si la sentencia recurrida por la inconforme constituye la emitida el **********, por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es incuestionable que en su contra no procede el recurso de revisión, sino uno diverso, esto es, el recurso de apelación, en tanto que no reviste el carácter de definitiva; por lo que el medio de impugnación que se resuelve es improcedente.

"Dicho en otras palabras, al tratarse de un fallo que no es resuelto en apelación por la Sala Superior, tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tampoco es posible que sea procedente el recurso de revisión, por lo que debe desecharse. ..."

CUARTO.—Existencia de contradicción. Es existente la contradicción de criterios objeto de denuncia, por las razones que a continuación se exponen.

En efecto, conforme a las jurisprudencias P./J. 72/2010,(1) 1a./J. 22/2010,(2) del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, para que exista una contradicción de tesis es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

• Que los tribunales contendientes adopten en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

• La adopción de esos criterios derive del ejercicio de su arbitrio judicial a través de una labor interpretativa mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

• Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la divergencia interpretativa ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico.

En el caso, de las ejecutorias transcritas en el considerando que antecede se advierte que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuando se controvierte una sentencia pronunciada por las Salas Ordinarias en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sin necesidad de agotar el recurso de apelación previsto en los artículos 215 al 219 de la legislación en cita.

Al respecto, los órganos jurisdiccionales discrepantes llegaron a conclusiones opuestas, pues por un lado, la mayoría de los integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito consideraron como sentencia definitiva la emitida por la Sala ordinaria y, en virtud de ello estimaron que era procedente el medio de impugnación previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas sin que fuera necesario agotar el recurso de apelación que se regula de los artículos 215 al 219 de la legislación de mérito; mientras que el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado de la propia materia y sede consideró que el recurso era improcedente porque no se agotó el recurso de apelación aludido, ya que el fallo impugnado no se trataba de una resolución definitiva.

En efecto, las decisiones de los tribunales aludidos son antagónicas, ya que, respecto del primero de ellos, la mayoría de sus integrantes estimaron que se estaba ante una sentencia definitiva y merced de esto era procedente el recurso de revisión previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en tanto que los integrantes del s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31167-0e3723a9/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-220 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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