RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 220 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA PERSONA TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES EN LA DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES EN PETRÓLEOS MEXICANOS, SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y EMPRESAS FILIALES, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 42/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL VIGÉSIMO PRIMER Y EL VIGÉSIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS (PRESIDENTA) Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO (PONENTE) Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.
I. COMPETENCIA
PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, territorio y materia en las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
II. LEGITIMACIÓN
SEGUNDO.—De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del Magistrado presidente del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que conoció de uno de los criterios denunciados en la contradicción.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
TERCERO.—Para una mejor comprensión del asunto, a continuación, se realiza una síntesis de los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados.
A. Recurso de revisión 114/2022 del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Procedimiento de responsabilidad. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, remitió un procedimiento de responsabilidad y el diverso de investigación a la entonces Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la continuación y resolución del procedimiento administrativo sancionatorio tramitado en contra de una servidora pública.
Una vez recibido el asunto en ese órgano jurisdiccional, se registró con el número ********** y en proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, la Sala del conocimiento estimó que la conducta señalada en el informe de presunta responsabilidad era grave, por lo que se avocó a su conocimiento. Seguida la secuela procesal respectiva, el treinta de junio de dos mil veintiuno, la Sala del conocimiento resolvió:
"1. SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA de la responsabilidad administrativa atribuida a ********** ********** ********** ********** **********, sin embargo, la misma fue corregida por la presunta responsable y desaparecieron sus efectos, en consecuencia:— 2 ESTA RESOLUTORA SE ABSTIENE DE IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA ALGUNA A ********** ********** ********** ********** ********** POR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA ÚLTIMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.— 3. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 193, FRACCIÓN VI Y 209, FRACCIÓN V, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, NOTIFÍQUESE."
Recurso de apelación. Inconforme con esa determinación el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, en su carácter de autoridad investigadora, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo registró como ********** ********** y, seguidos los trámites de ley, el seis de enero de dos mil veintidós, determinó:
"ÚNICO.— SE SOBRESEE en el presente recurso."
Recurso de revisión R.F. 114/2022. En contra de la determinación precisada en el punto anterior, el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, en su carácter de autoridad investigadora, interpuso el recurso de revisión establecido en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De dicho medio de defensa conoció el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Magistrado presidente lo registró como R.F. 114/2022 y, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el Pleno de ese órgano colegiado resolvió:
"PRIMERO.— Se confirma la sentencia recurrida— SEGUNDO.— Se SOBRESEE el recurso de apelación ********** ********** del índice de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa."
Esa resolución tuvo como base, en lo que interesa a este asunto, las consideraciones siguientes:
a. Que el recurso de revisión se hizo valer de forma oportuna, ya que se presentó en el término de diez días que establece el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
b. Que el recurso se había interpuesto por parte legitimada para tal efecto, ya que al titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, le asistía legitimación procesal activa para interponer el medio de defensa, al tener adscripción orgánica en la delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, la cual actuaba como órgano interno de control en la subsidiaria Pemex Transformación Industrial.
c. Que el referido titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, pertenecía a la unidad de responsabilidades que ejercía las funciones materiales de un órgano interno de control, en Pemex Trasformación Industrial, subsidiaria de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, tratándose de asuntos relacionados con faltas administrativas de servidores públicos o de particulares, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
d. Que debía concluirse que el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones se encontraba legitimado para ocurrir en revisión, al ser parte de la estructura administrativa del órgano interno de control –desde una perspectiva jurídica material– en el ente público federal citado, de conformidad con los artículos 220 y el quinto párrafo del tercer transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas Graves; 90, fracción I, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 48, fracción I, inciso a), de su reglamento.
e. Que el recurso era procedente en tanto que se combatía la resolución de un recurso de apelación emitida por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
f. En cuanto al fondo del asunto, se desestimaron los agravios propuestos, se confirmó la sentencia recurrida y se sobreseyó en el recurso de apelación.
B. Recurso de revisión 5/2022 del índice del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
Procedimiento de responsabilidad. El nueve de marzo de dos mil veinte, el delegado de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Logística, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, remitió el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa y el expediente de investigación al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la continuación y resolución del procedimiento administrativo sancionatorio tramitado en contra de un servidor público.
Correspondió conocer del asunto a la Décima Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del referido Tribunal (ahora Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar) en donde se radicó con el número de expediente **********, y el primero de junio de dos mil veintiuno, dictó resolución en la que resolvió.
"PRIMERO. Este Órgano Resolutor concluye que sí existen elementos para determinar la comisión de la falta administrativa atribuida a ********** ********** ********** **********, y por tanto sí es responsable administrativamente por la comisión de dicha conducta.— SEGUNDO. Esta Resolutora se abstiene de imponer sanción administrativa alguna a ********** ********** ********** **********, por los motivos y fundamentos expuestos en la última parte del presente acuerdo de abstención.— TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193, fracción VII, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, NOTIFÍQUESE."
Recurso de revisión R.F. 5/2022. En contra de la resolución anterior, el suplente por ausencia del titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Logística, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, interpuso recurso de revisión.
Del medio de defensa aludido conoció el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Magistrado presidente, ordenó registrarlo con el número R.F. 5/2022 y en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintidós, el Pleno de ese órgano colegiado resolvió:
"PRIMERO. Se desecha el presente recurso de revisión.— SEGUNDO.—Queda firme la resolución recurrida."
Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a. Que era innecesario el análisis de procedencia del recurso, así como de los agravios hechos valer, y de las consideraciones de la resolución recurrida, en virtud de que ese Tribunal Colegiado advierte que el recurso que se hacía valer fue interpuesto por una autoridad que carecía de legitimación para ello.
b. Que debía tenerse en consideración el contenido de los artículos 3, fracciones X y XXI y 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de los que se advertía que únicamente la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control de los entes públicos federales estaban legitimados para interponer el recurso de revisión en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
c. Que las empresas productivas del Estado eran consideradas entes públicos para efectos de la ley en cita, así como que los órganos internos de control de dichos entes se componían por las unidades administrativas encargadas de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno.
d. Que en el caso, el recurso de revisión había sido interpuesto por el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en "Pemex Transformación Industrial", quien fungió como autoridad investigadora en el procedimiento administrativo sancionatorio en el que se emitió la resolución recurrida, por lo que se debía determinar si contaba con legitimación para interponer el referido recurso.
e. Que a efecto de precisar cuál era el órgano interno de control de "Pemex Transformación Industrial", era necesario tener en cuenta que los artículos 4o., fracción XLVI, del Estatuto Orgánico de Pemex Logística; 13, fracción XX, 51, fracciones IX y X, 52, 54, fracciones I, II, VI, VIII y XI, 56, y 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos; así como los numerales 22, fracción VI y 156 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos; establecían, por un lado, que el Estatuto Orgánico de Pemex Logística señala que el "sistema de control interno" de dicha entidad estaba conformado por las políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, establecidos conforme al diverso artículo 56 de la Ley de Petróleos Mexicanos.
f. Que las funciones de vigilancia, auditoría y control de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, como lo es "Pemex Transformación Industrial", no se concentraban en una sola unidad, sino que se conformaban por una estructura compleja en la que intervienen distintos órganos, a saber, el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, el director general, la Auditoría Interna y la Unidad de Control Interno Institucional, quienes conjuntamente participan en la creación, emisión, funcionamiento, revisión y mejora del "sistema de control interno" de la referida empresa productiva del Estado.
g. Que en la regulación del "sistema de control interno" de Petróleos Mexicanos, no se hizo mención alguna respecto de la participación de la Unidad de Responsabilidades a la cual pertenece el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en "Pemex Transformación Industrial", que fue la autoridad que interpuso el recurso.
h. Que la Unidad de Responsabilidades contaba con facultades legales concretas, las cuales se encontraban acotadas a investigar y sancionar las conductas de los servidores públicos constitutivas de responsabilidad administrativa, de manera que el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en "Pemex Transformación Industrial", únicamente tenía competencia para recibir y dar atención a quejas y denuncias, así como para realizar investigaciones en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
i. Que los órganos encargados de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, son el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, el director general, la Auditoría Interna y la Unidad de Control Interno Institucional, al ser quienes participan activamente en el establecimiento y funcionamiento del "sistema de control interno", sin que pudiera considerarse dentro de éstos a la Unidad de Responsabilidades Administrativas y sus áreas, toda vez que éstas ejercen funciones específicas independientes de dicho sistema y además, carecen de facultades en materia de control interno.
j. Que existía una clara distinción entre las atribuciones que corresponden a cada uno de los órganos referidos, de modo que el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en "Pemex Transformación Industrial", no tenía participación en las funciones de control interno.
k. Concluyó que el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial, carecía de legitimación para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, toda vez que no formaba parte de los órganos internos de control del mencionado ente público.
l. Que no era óbice a lo anterior el que la autoridad recurrente adujera que el numeral 48, fracción I, tercer párrafo, del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, delegaba facultades del titular del órgano interno de control a los titulares de las áreas de la Unidad de Responsabilidades, con el fin de acreditar su legitimación para interponer el presente recurso. Sin embargo, con base en el "principio de reserva de ley" y de "subordinación jerárquica de la ley" el reglamento no podía ir más allá de lo que establecía la propia legislación.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
CUARTO.— Como punto de partida debe tenerse en cuenta que el objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar aquéllos a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no tal contradicción será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno del Máximo Tribunal del País, con registro digital: 164120, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de 2010, Tomo XXXII, página 7, de título, subtítulo y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." También, es orientadora la tesis P. XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 166996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 2009, Tomo XXX, pagina 67, de título, subtítulo y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
De los criterios transcritos se advierte que para la existencia de una contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
De este modo, la existencia de la contradicción de criterios se encuentra supeditada a la satisfacción de los supuestos anotados, ésto es, que al haber examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica y que, a partir de ésta, arriben a posturas encontradas; sin que sea óbice que los criterios jurídicos sobre un punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, especialmente cuando se trate de aspectos secundarios o accidentales que no modifiquen la situación examinada por los órganos contendientes, en tanto que lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, con excepción de cuando la diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Consecuentemente, si las premisas fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
En este punto es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, noviembre de 2000, Tomo XII, pagina 319, con registro digital: 190917.
Bajo el contexto descrito, se tiene que existe contradicción entre los criterios contendientes, pues en los fallos reseñados se analizó la legitimación del titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, para interponer el recurso de revisión establecido en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se llegó a conclusiones opuestas.
Así es, el Pleno del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en el R.F. 114/2022), estimó que el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, contaba con legitimación procesal activa para interponer el medio de defensa, puesto que tenía adscripción orgánica en la delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, la cual actuaba como órgano interno de control en la subsidiaria Pemex Transformación Industrial.
Agregó que la mencionada autoridad pertenecía a la unidad de responsabilidades que ejercía las funciones materiales de un órgano interno de control en Pemex Trasformación Industrial, tratándose de asuntos relacionados con faltas administrativas de servidores públicos o de particulares, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que se encontraba legitimado para interponer el recurso de revisión, al ser parte de la estructura administrativa del órgano interno de control –desde una perspectiva jurídica material– en el ente público federal citado. Todo ello de conformidad con los artículos 220 y el quinto párrafo del tercer transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas Graves; así como el diverso numeral 90, fracción I, de la Ley de Petróleos Mexicanos y el artículo 48, fracción I, inciso a), de su reglamento.
Por su parte, los integrantes del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en el R.F. 5/2022), estimaron que el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en "Pemex Transformación Industrial", quien fungió como autoridad investigadora en el procedimiento administrativo sancionatorio, carecía de legitimación para ello.
Señalaron que debía tenerse en consideración el contenido de los artículos 3, fracciones X y XXI, y 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de los que se advertía que únicamente la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control de los entes públicos federales estaban legitimados para interponer el recurso de revisión en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Asimismo, refirieron que las empresas productivas del Estado eran consideradas entes públicos para efectos de la ley en cita, así como que los órganos internos de control de dichos entes se componían por las unidades administrativas encargadas de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno.
Indicaron que, a efecto de precisar cuál era el órgano interno de control de "Pemex Transformación Industrial", era necesario tener en cuenta que los artículos 4o., fracción XLVI, del Estatuto Orgánico de Pemex Logística; 13, fracción XX, 51, fracciones IX y X, 52, 54, fracciones I, II, VI, VIII y XI, 56, y 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos; a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31977-aa706e32/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-220 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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