Corpus
Modo: Corpus Pro

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL POR FALTAS NO GRAVES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 99/2025. · Registro digital (IUS): 33541
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo V, Volumen 2, Pág.1602.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 99/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 2 DE JULIO DE 2025. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día dos de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada, por una parte, entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (Región Centro-Norte) y, por otra, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Región Centro-Sur).

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para conocer del juicio contencioso administrativo promovido en contra de las sanciones impuestas a particulares, por un órgano constitucional autónomo.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de abril de dos mil veinticinco, con número de registro 7768, el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), denunció la posible contradicción, entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver el amparo directo 505/2023 y; por otra parte, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el amparo directo 325/2023.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de la misma fecha, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la contradicción de criterios número 99/2025 y dar trámite a la denuncia respectiva, por lo que solicitó a las Presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes que remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, la copia certificada de las ejecutorias y de los agravios; o bien, la versión digital en la que constaran las firmas electrónicas y del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en cada uno de los asuntos se encontraban vigentes.

3. De igual forma, se turnó el expediente para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán y dispuso enviarlo a la Sala en la que se encuentra adscrito, a fin de que proveyera su trámite e integración.

4. Mediante proveído de treinta de abril de dos mil veinticinco el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.

5. Mediante comunicación de ocho de mayo de dos mil veinticinco el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informó que el criterio sostenido en el amparo directo 505/2023 se encontraba vigente.

6. Asimismo, el catorce de mayo de dos mil veinticinco el Presidente de esta Sala tuvo por recibidos los oficios del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con los que informó que el criterio sostenido en el amparo directo 325/2023 se encontraba vigente. Asimismo, tomó en cuenta que el expediente se encontraba debidamente integrado, e instruyó su envío a la Ponencia del Ministro Ponente para los efectos legales conducentes.

I. COMPETENCIA.

7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) y 21, fracción VII, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los puntos Primero, Segundo, fracción V, a contrario sensu, y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados de diversos circuitos y regiones, en un tema específico de materia administrativa; y se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(4) que regulan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de contradicciones entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a diferentes regiones.

9. En ese sentido, si la denuncia de contradicción de criterios se presentó por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, parte tercero interesada en los juicios de amparo directo denunciados, es claro que se encuentra acreditada la legitimación.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS.

10. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, se hace referencia a los antecedentes de cada asunto y se transcriben las consideraciones esenciales de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (Región Centro-Norte) con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver el amparo directo 505/2023.

11. Procedimiento administrativo de sanción a proveedores. El titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en un expediente de sanción a proveedores, resolvió que una persona moral era responsable de haber incumplido con sus obligaciones contractuales,(5) en términos del artículo 87, fracción III de las Normas en Materias de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de dicho órgano autónomo,(6) haciéndose merecedora de una multa, así como la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación.

12. Posteriormente, y previa interposición del recurso de revisión previsto en el artículo 113 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,(7) la autoridad confirmó la resolución impuesta.

13. Juicio de Nulidad. Inconforme con lo anterior, la persona moral sancionada promovió juicio contencioso administrativo y demandó la nulidad de la resolución emitida en el recurso de revisión, por el que se confirmó la sanción impuesta. Dicha demanda fue de conocimiento de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien mediante sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés determinó sobreseer en el juicio, al considerar que la autoridad demandada es un órgano constitucional autónomo que no forma parte de la administración pública federal.

14. Amparo Directo. En contra de esa determinación, la persona moral sancionada promovió juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

15. En sentencia de quince de agosto de dos mil veinticuatro, dicho órgano colegiado estimó fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones.

• El asunto deriva de un juicio contencioso administrativo en donde un particular impugnó una sanción que le fue impuesta, al presuntamente incumplir con las condiciones establecidas en un procedimiento de licitación pública y, al respecto, la Sala responsable determinó sobreseer en el juicio por considerar que la autoridad demandada es un órgano constitucional autónomo que no forma parte de la administración pública federal.

• Se debe tener presente el contenido de los artículos 1, primer párrafo, 17 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Por lo que hace al artículo 1, este dispone que, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en lo tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así como de las garantías para su protección.

Existe una distinción entre los derechos humanos y sus garantías, pues mientras los primeros son atributos inherentes a la persona humana, superiores al poder del Estado, los segundos se refieren a mecanismos formales de protección. Es decir, las garantías se traducen en el derecho de los ciudadanos de exigir de los poderes públicos la protección de sus derechos, como el reconocimiento de los medios procesales adecuados a tal finalidad. En suma, las garantías se otorgan para proteger los derechos humanos o derechos fundamentales.

- El artículo 17 constitucional consagra el derecho de acceso a la justicia, el cual constituye la vía para reclamar el respeto de derechos humanos ante tribunales y garantizar la igualdad ante la ley. El mismo se concreta ante la posibilidad de ser parte en un proceso jurisdiccional que, cumplidos los requisitos legales, permita obtener una decisión sobre las pretensiones deducidas. Así, el derecho de acceso a la justicia es de carácter adjetivo, pues otorga la posibilidad de tener una vía jurisdiccional para la tutela de los derechos.

Lo anterior permite afirmar que el artículo 17 constitucional prevé la garantía de la tutela jurisdiccional, que puede definirse como el derecho público subjetivo que tiene toda persona, para acceder a tribunales independientes a plantear una pretensión o defenderse de ella.

Ahora bien, resulta compatible con dicho precepto –el artículo 17 constitucional– que el Poder Legislativo establezca requisitos de procedencia para justificar el accionar del aparato jurisdiccional.

Finalmente, si el artículo 17 constitucional prevé la garantía de la tutela jurisdiccional, el legislador ordinario puede ampliarla en las leyes secundarias para proteger derechos fundamentales, ya que dicho precepto constitucional remite a la legislación secundaria para hacer efectiva la garantía.

- El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios que deben regir a todo procedimiento licitatorio, a saber: (1) Eficiencia, (2) Eficacia, (3) Economía, (4) Imparcialidad y, (5) Honradez.

• En relación con la razón que sustenta el sobreseimiento decretado por la Sala, debe establecerse que respecto de las características y notas distintivas de los órganos constitucionales autónomos, la Suprema Corte ha señalado que su origen lo constituye la idea de un equilibrio constitucional que evoluciona la teoría tradicional de la división de poderes, la cual no pierde su esencia, sino que atiende a una distribución de funciones o competencias, con la finalidad de hacer más eficaz el desarrollo de las actividades del Estado. Así, el que dichos órganos tengan autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado Mexicano.(8)

• A fin de determinar la naturaleza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, debe acudirse a lo establecido en los artículos 26, apartado B de la Constitución Federal, 1, fracción III, 2, fracción VIII, 5, fracción III, 52 y 63 de la Ley del Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía (sic), así como el 1 del Reglamento interior de dicho instituto. De una intelección conjunta, se puede determinar que el INEGI es un órgano constitucional autónomo, en razón de que tiene su origen y está configurado directamente en una disposición constitucional.

• Por otra parte, conforme al artículo 90 constitucional, que dispone que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, en relación con los artículos 1, 2, 3, 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se advierte que los órganos constitucionales autónomos formen parte de dicha estructura. Lo que resulta lógico pues, de ser parte, no contarían con una verdadera autonomía funcional.

• Ahora, si bien es cierto que el Instituto es un órgano constitucional autónomo que no forma parte de la Administración Pública Federal, los actos que emite sancionando a un particular al que adjudicó un contrato público en términos de las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INEGI, sí son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía(9) (sic) y el numeral 3, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.(10)

• Conforme a la interpretación sistemática de dichos preceptos, el órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía puede decretar sanciones que tienen el carácter de actos administrativos, y que no tienen una relación directa con su función constitucional, en tanto que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoce de la interpretación y cumplimiento de contratos públicos celebrados por entes públicos federales.

• El Instituto es un ente federal, al tener su origen en una disposición constitucional y mantener una relación de coordinación con otros órganos del Estado. Por tanto, se surte la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo.

• La naturaleza de la acción ejercida por el actor en el juicio contencioso administrativo es formal y materialmente administrativa, pues, en el caso, se reclama una resolución derivada de un recurso de revisión que confirma la imposición de una multa y la inhabilitación temporal de la ahora quejosa para participar directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación.

• Asimismo, con base en lo previsto por el artículo 118 de las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INEGI,(11) las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos serán resueltas por los tribunales federales. De conformidad con la Constitución Federal puede deducirse que los tribunales federales (excluyendo a Juzgados de Distrito y Plenos Regionales, al no ser tribunales en sentido estricto) son: (1) la Suprema Corte de Justicia de la Nación; (2) el Tribunal Electoral; (3) los Tribunales Colegiados de Circuito; (4) los Tribunales Colegiados de Apelación; (5) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y; (6) el Tribunal Agrario. Por tanto, por afinidad, compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolver sobre los actos que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en las Normas del INEGI.

• No obsta a lo anterior lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 27/2006-SS –en lo relativo a que la jurisdicción contenciosa administrativa se limita a dirimir los conflictos suscitados entre la administración pública federal y los particulares, con exclusión de otros poderes de la Unión e, incluso, los órganos constitucionales autónomos– pues dicho criterio dilucidó la competencia del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a los artículos 11, fracción XII de la abrogada Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de nulidad interpuesto contra la resolución del órgano interno de control de la Cámara de Diputados.

• En la actualidad, el artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vigente,(12) amplió el derecho a la tutela jurisdiccional previsto en el artículo 17 constitucional, al prever que dicho Tribunal conocerá también de los juicios contenciosos administrativos interpuestos contra las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, así como en contra de las que decidan recursos administrativos previstos en la legislación, dictados por los órganos constitucionales autónomos. Por tanto, la contradicción de tesis 27/2006-SS y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2006, no son el argumento idóneo para resolver la cuestión planteada.

• De igual forma, en la controversia constitucional 162/2020, suscitada entre el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Suprema Corte determinó que dicho Tribunal carecía de facultades para conocer de controversias entre el INAI y los particulares, derivadas de resoluciones dictadas en procedimientos de verificación del cumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados, al tratarse de una invasión a la esfera competencial de dicho órgano constitucional autónomo.

• De lo anterior, puede establecerse que, en el caso de los órganos constitucionales autónomos no procede el juicio de nulidad en su contra, cuando el acto impugnado se refiere a su esfera competencial, lo que en el caso no acontece.

• Así, conforme al segundo párrafo del artículo 17 constitucional, y con fundamento en el artículo 3 de su Ley Orgánica, se estima que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –considerado tribunal federal conforme a las Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto– es el órgano competente para conocer del asunto, al tratarse de una persona jurídica sancionada con inhabilitación y multa en un procedimiento de responsabilidad administrativa.

• En la contradicción de criterios 23/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte determinó que, de la evolución legislativa de los aspectos competenciales del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte la intención del legislador de conferirle a dicho Tribunal, competencia material para conocer de diversas materias de índole administrativa, particularmente en lo relativo al régimen de contratación de obra pública. Esta competencia se justifica tanto por la naturaleza de las entidades contratantes como por el origen fiscalizable de los recursos involucrados y el régimen sancionador aplicable. Dicha facultad se encuentra prevista en el artículo 3, fracciones VIII, XVIII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vigente.

• Por tanto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública, así como de la sanción impuesta a un proveedor derivada de una licitación celebrada con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al haberse suscrito con cargo a recursos federales. Lo anterior es así, independientemente de que dicho Instituto sea un organismo constitucional autónomo, pues conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación –aplicable supletoriamente a las Normas de Adquisición–, los organismos constitucionales autónomos se consideran entes públicos.

• Consecuentemente, tratándose de sanciones impuestas a un particular derivadas de una licitación pública celebrada con recursos federales, es competente por afinidad el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en atención a su marco competencial y el carácter federal de los recursos, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el amparo directo 325/2023.

16. Procedimiento administrativo de sanción a proveedores. Mediante resolución definitiva dictada en el expediente de sanción de proveedores, el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, impuso a una persona física la sanción de multa e inhabilitación temporal para participar, directa o indirectamente, en procedimientos de contratación o celebración de contratos con el Instituto, al considerar acreditado el incumplimiento de la obligación contractual relativa a demostrar el contenido nacional de los bienes objeto del contrato,(13) con fundamento en los artículos 86, primer párrafo, y 87, segundo párrafo, de las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto.(14)

17. Juicio de Nulidad. Inconforme con la resolución, el proveedor (persona física) promovió un juicio contencioso administrativo, el cual fue turnado a la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mediante sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés la Sala sobreseyó en el juicio, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al tratarse de una resolución emitida por un ente ajeno a la Administración Pública Federal, como lo es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por su naturaleza de órgano constitucional autónomo. Lo anterior, a pesar de que el artículo 3, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal faculta al órgano jurisdiccional para ejercer control de legalidad sobre resoluciones definitivas derivadas de licitaciones públicas, pues dicha competencia se circunscribe al ámbito de la administración pública federal.

18. Amparo Directo. En contra de esa determinación, la parte quejosa promovió un juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, quien mediante sentencia de catorce de agosto de dos mil veinticuatro calificó de ineficaces los conceptos de violación y negó la protección constitucional, conforme con las siguientes consideraciones.

• Es conveniente tener presente el contenido de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El primero de los numerales dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección; así, es importante distinguir entre derechos humanos y garantías: los primeros constituyen atributos inherentes a la persona humana y, una vez reconocidos en el ordenamiento constitucional, adquieren la categoría de derechos fundamentales, siendo objeto de protección a través de garantías.

• En cuanto al artículo 17 constitucional, éste consagra el derecho de acceso a la justicia, entendido como la posibilidad de acudir ante tribunales para reclamar la protección de los derechos humanos. Se trata de un derecho de naturaleza adjetiva, pues habilita una vía jurisdiccional para su tutela. Así, dicho precepto reconoce la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, entendida como el derecho público subjetivo de toda persona a acceder, en los términos que establezca la ley, a tribunales independientes. En este sentido, la Suprema Corte ha sostenido que el establecimiento de requisitos de procedencia para activar la función jurisdiccional resulta compatible con el citado artículo. En suma, dicho artículo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, en los términos y plazos que fijen las leyes, siempre que se insten las vías jurisdiccionales procedentes y cumpliendo las formalidades y presupuestos procesales.

• El artículo 90 de la Constitución Federal dispone que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso. Mientras que la primera se integra por la presidencia de la República, secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y órganos reguladores coordinados; y la segunda, se compone de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares de crédito, instituciones de seguros y fianzas, así como fideicomisos.

• No existe controversia respecto a la naturaleza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como órgano constitucional autónomo, así como que este no forma parte de la administración pública federal.

• La Suprema Corte ha señalado que los órganos constitucionales autónomos surgen como mecanismos de equilibrio constitucional y control del poder, lo cual representa una evolución de la teoría clásica de la división de poderes, orientada a una distribución funcional que optimice el ejercicio de las competencias estatales. Estos órganos, aunque dotados de independencia y garantías de actuación, forman parte del Estado Mexicano. En consecuencia, deben reunir las siguientes características: (1) estar previstos en la Constitución Federal; (2) mantener relaciones de coordinación con los demás órganos del Estado; (3) gozar de autonomía funcional y financiera, y (4) ejercer funciones esenciales u originarias del Estado.

• Ahora bien, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, es facultad del Congreso de la Unión, el expedir la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa dotado de autonomía para dictar sus fallos, y al que le corresponde dirimir las controversias entre la administración pública federal y los particulares. El Tribunal destacó que esa consideración sostenida en el acto reclamado no fue desvirtuada por el quejoso.

vAsí, tomando en cuenta esa consideración, es decir, que los actos que en dicha materia emiten las dependencias y entidades de la administración pública federal, empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales que las leyes señalen de forma expresa, son de competencia del Tribunal.

• En el caso, ni la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (sic), ni las Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, o cualquier otra ley otorga competencia expresa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de resoluciones que tengan por origen licitaciones públicas emitidas por el Instituto. Por tanto, no surge la condición sine qua non para activar la competencia del tribunal.

• Lo anterior se corrobora con lo previsto por los artículos 52(15) y 91, párrafo primero,(16) de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (sic), en cuanto señalan la naturaleza del INEGI y de su órgano interno de control como órganos autónomos que no forman parte de la administración pública federal(17); y, que además no existe norma alguna que otorgue competencia al tribunal responsable.

• No obsta que el quejoso refiera en su hipótesis de procedencia los artículos 3, fracciones IV y XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues, si bien se advierte que el juicio contencioso administrativo procede en contra de las resoluciones definitivas que imponen multas por infracción a disposiciones administrativas federales, así como las dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, instancia, o resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo cierto es que no se surte la condición del artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, consistente en que tal conflicto se suscite entre un particular y la administración pública federal.

• Explica el Tribunal que lo anterior esa así, porque en el caso la actora impugnó una resolución dictada por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (sic), en un expediente seguido en contra de una persona física a quien se le adjudicó entre otras, la partida 13 "Lápiz adhesivo", y quien entregó bienes de país de origen China, cuando en la propuesta técnico administrativa ofreció que serían producidos en los Estados Unidos Mexicanos y contarían con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el sesenta y cinco por ciento.

• Al respecto, el Tribunal señala que del contenido de esa resolución advierte que se emplazó al procedimiento sancionador y que conforme con las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se consideró que el quejoso incurrió en el motivo de sanción previsto en el artículo 86, párrafo primero y en el segundo párrafo del 87 de las citadas normas.

• En la resolución impugnada por el particular también se citó el artículo 90 de las Normas citadas, y se informó al particular sancionado que la resolución por la que se le sancionó era definitiva en la vía administrativa porque resolvía el fondo del asunto y que para recurrirla tenía a su alcance el recurso de revisión que podría interponer en el plazo de 15 días hábiles ante el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano de Control Interno del INEGI.

• Además, señaló que no sólo se requiere que en un conflicto se surtan las hipótesis previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino que dicho conflicto debe generarse

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33541-2b7db8e8/organos-constitucionales-autonomos-competencia-del-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.