RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PROCEDENTE PARA COMBATIR SENTENCIAS DE NULIDAD DICTADAS EN JUICIOS PROMOVIDOS EN CONTRA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES POR FALTA NO GRAVE EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 255/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 14 DE MAYO DE 2025. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LENIA BATRES GUADARRAMA. DISIDENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte) y, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito (Región Centro-Sur), el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (Región Centro-Sur).
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 63, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de noviembre de dos mil veinticuatro, con número de registro 20415, el Magistrado Presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México (Región Centro-Norte), denunció la posible contradicción, entre los criterios sustentados por este tribunal, al resolver los recursos de revisión fiscal 455/2023, 476/2023, 42/2024, 555/2023, 617/2023 y los sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver el recurso de revisión fiscal 167/2022; el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el recurso de revisión fiscal 33/2022, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver los recursos de revisión fiscal 22/2022 y 245/2021 (todos de la Región Centro-Sur).
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la contradicción de criterios número 255/2024 y dar trámite a la denuncia respectiva, por lo que solicitó a las Presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes que remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, la copia certificada de las ejecutorias y de los agravios; o bien, la versión digital en la que constaran las firmas electrónicas y del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en cada uno de los asuntos se encontraban vigentes.
3. De igual forma, toda vez que el presente asunto guarda relación con la diversa contradicción de criterios 237/2024, se turnó también el expediente para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán y dispuso enviarlo a la Sala en la que se encuentra adscrito, a fin de que proveyera su trámite e integración.
4. Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) y 21, fracción VII, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los puntos Primero, Segundo, fracción V, contrario sensu, y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados de diversos circuitos y regiones, en un tema específico de materia administrativa; y se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(4) que regulan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de contradicciones entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a diferentes regiones.
7. En ese sentido, si la denuncia de contradicción de criterios se presentó por el Magistrado Presidente de uno de los tribunales contendientes, esto es, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte) con residencia en la Ciudad de México, es claro que se encuentra acreditada la legitimación.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
8. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, se hace referencia a los antecedentes de cada asunto y se transcriben las consideraciones esenciales de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte) con residencia en la Ciudad de México, al resolver los recursos de revisión fiscal 455/2023, 476/2023, 42/2024, 555/2023, 617/2023.
Revisión Fiscal 455/2023.
9. Procedimiento administrativo de responsabilidad. En el procedimiento administrativo PAR-0339/2021 el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resolvió que una servidora pública era administrativamente responsable por la comisión de una falta administrativa no grave.(5) Posteriormente, y previa interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,(6) la autoridad confirmó la resolución recurrida o en su caso, la sanción impuesta.
10. Juicio de Nulidad. Inconforme con lo anterior, la funcionaria promovió juicio contencioso administrativo y demandó la nulidad de la resolución emitida en el recurso de revocación por el que se confirmó la sanción impuesta. Así, mediante sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
11. Revisión Fiscal. En contra de la anterior determinación, la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación de la autoridad demandada, interpuso recurso de revisión fiscal.
12. Correspondió conocer de dicho recurso al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien dictó sentencia el dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro y determinó la improcedencia del recurso en atención a las siguientes consideraciones.
• De conformidad con la evolución normativa en materia de responsabilidades administrativas el procedimiento administrativo sancionador, en diversas etapas (investigación, substanciación, resolución e imposición de sanciones) se rige por los procedimientos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Dicha norma prevé los medios de defensa disponibles para los servidores públicos o particulares sujetos a un procedimiento sancionador, entre los que destacan tres:
• Recurso de Revocación: Lo pueden interponer los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de faltas administrativas no graves; su resolución compete a la autoridad que conoció del procedimiento administrativo; y en contra de la resolución procede el juicio contencioso administrativo, cuya competencia corresponde a las Salas Especializadas en la materia.(7)
• Recurso de apelación: Lo pueden interponer los servidores públicos contra las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, en su calidad de autoridad resolutora decidan: (1) imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o de particulares, o, (2) determinen la no existencia de responsabilidad administrativa. Dicha determinación es competencia de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal en términos del artículo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del citado tribunal.
• Recurso de Revisión: Procede en contra de las resoluciones definitivas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya resolución compete a los Tribunales Colegiados de Circuito.(8)
• Por tanto, el recurso de revisión previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, procede en contra de las resoluciones dictadas en el juicio promovido contra el fallo que resuelve el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la ley correspondiente y las emitidas en el recurso de apelación.
• Del artículo 63, párrafos primero y último, así como la fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el artículo 3, fracción XVI, por lo que hace a la revisión fiscal, ésta procede en contra de las resoluciones dictadas en juicios de nulidad con excepción de la materia de responsabilidades administrativas.
• Lo anterior en atención a la naturaleza de cada medio de impugnación, pues si bien el recurso de revisión fiscal es un medio de control de legalidad de los actos administrativos, el recurso de revisión previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,(9) deriva exclusivamente del procedimiento de responsabilidad administrativa en el que la autoridad puede determinar la existencia o inexistencia de los hechos que la Ley General señala como falta administrativa grave o falta de particulares, y en su caso, la responsabilidad plena del servidor público o particular; y la sanción para el servidor público que haya sido declarado plenamente responsable y la existencia o inexistencia de faltas no graves.
• Por tanto, el recurso de revisión previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas es autónomo e independiente del recurso de revisión fiscal previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, en consecuencia, en el caso concreto este último es improcedente, en virtud de que se debió interponer el previsto en el artículo 220 de la Ley General.
• La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé un sistema de impartición de justicia especializado por faltas administrativas no graves, graves y las relacionadas con los particulares, por lo que es claro que deriva de una legislación especial que prevé los recursos que las partes deberán intentar a efecto de modificar o revocar las resoluciones.
• Sin dejar de advertir que el artículo tercero transitorio, párrafo séptimo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas abrogó, entre otras legislaciones, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. De ahí, que se debe entender que se derogó tácitamente la procedencia del recurso de revisión fiscal, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en contra de las resoluciones dictadas con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
13. En idénticos supuestos, es decir, en la impugnación de sanciones impuestas por faltas administrativas no graves, llegó a la misma conclusión en las revisiones fiscales 617/2023, 476/2023, 42/2024 y 555/2023.(10)
14. A continuación, en el siguiente cuadro se reflejan los hechos específicos de cada una de las revisiones fiscales antes mencionadas.
Ver cuadro 1
Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito (Región Centro-Sur) con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver el recurso de revisión fiscal 167/2022.
15. Procedimiento Administrativo de Responsabilidad. La Unidad de Responsabilidades Administrativas de Petróleos Mexicanos inició el procedimiento sancionador R.A. 090/2020 en contra de un servidor público, derivado de la comisión de una falta administrativa no grave.(16) Seguida la secuela procesal, se dictó resolución condenatoria.
16. Juicio de Nulidad. En contra de dicha determinación, la parte actora promovió juicio contencioso administrativo. De dicho juicio le tocó conocer a la Sala Regional Tabasco y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la quien, en sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al considerar que no se actualizó la conducta sancionada.
17. Recurso de Revisión Fiscal. Inconforme con lo antes resuelto, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública en representación de la autoridad resolutora, interpuso recurso de revisión fiscal.
18. Correspondió conocer de dicho medio de defensa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, quien el ocho de febrero de dos mil veinticuatro revocó la resolución impugnada y concluyó que se debía declarar fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada, prevista en la fracción VI, del artículo 8, en relación con el 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior, porque en términos del artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la actora debió agotar el recurso de revocación antes de acudir al juicio de nulidad.
19. Es relevante destacar que respecto de la procedencia del referido recurso, si bien el tribunal del conocimiento no realizó un pronunciamiento expreso, se desprende que, con base en el artículo 63, párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo consideró procedente la revisión fiscal al tratarse de un medio de defensa excepcional para autoridades con fallo adverso, cuya procedencia está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos formales y que en el caso fue interpuesto por parte legitimada.
Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el recurso de revisión fiscal 33/2022.
20. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. El órgano interno de control de la Comisión Nacional Forestal inició el procedimiento administrativo RE-0017/2021 en contra de un servidor público derivado de la comisión de una falta administrativa no grave; respecto de la cual, se le impuso por sanción una amonestación pública.
21. Juicio de Nulidad. Inconforme la parte actora interpuso juicio de nulidad, cuyo conocimiento correspondió a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien, en sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al considerar que la conducta calificada como no grave en forma alguna encuadraba con algún supuesto legal.
22. Recurso de Revisión Fiscal. Inconforme con la anterior resolución, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión. De dicho asunto correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, quien revocó la resolución impugnada para que la Sala realizara una debida interpretación de los artículos 7, fracción I, y 49, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin tomar en cuenta la interpretación de los principios contenidos en el 109, fracción III, de la Constitución Federal y, para que, con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho.(17)
23. Ahora bien, en cuanto a la procedencia, el Tribunal Colegiado consideró que: (1) se trata de la impugnación de una sentencia que declaró la nulidad lisa y llana de una resolución dictada en un expediente administrativo en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; (2) de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de revisión es procedente en la materia; (3) que en atención al quinto transitorio de la Ley General, todas las disposiciones referidas a la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se entenderían referidas al ordenamiento vigente. Por tanto, concluyó que la procedencia del recurso era evidente.
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (Región Centro-Sur) con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver los recursos de revisión fiscal 22/2022 y 245/2021.
24. Para efectos de claridad, y en atención a la diversidad de supuestos fácticos y jurídicos que dieron origen a ambos criterios, se presentarán de forma separada en dos subapartados:
A) Recurso de Revisión Fiscal 22/2022
25. Procedimiento Administrativo de Responsabilidad: El Órgano Interno de Control del Servicio Postal Mexicano resolvió el procedimiento de responsabilidad PR-0130/2019 iniciado en contra de una servidora pública, por conductas (graves) realizadas durante la vigencia de la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La autoridad al resolver el procedimiento impuso la sanción consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de diez años y destitución del empleo.
26. Juicio de Nulidad. En contra de dicha determinación, la servidora pública promovió juicio contencioso administrativo, el cual fue remitido a la Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Xalapa, Veracruz. El procedimiento se registró con el número de juicio 150/21-ECE-01-2 y fue resuelto el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
27. Al respecto, la Sala concluyó que, aunque la falta se cometió bajo la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al iniciarse el procedimiento durante la vigencia de la nueva Ley General en la materia, conforme con la tesis jurisprudencial 2a./J. 47/2020(18) de la Segunda Sala de la Suprema Corte, los procedimientos posteriores se rigen por esta última. Por esa razón, consideró que la autoridad substanciadora no tenía facultades para imponer la sanción, y ello resultó en la nulidad lisa y llana de la resolución recurrida.
28. Recurso de Revisión Fiscal. En contra de la anterior resolución, la autoridad responsable -Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano-, interpuso el recurso de revisión fiscal. De dicho asunto correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, quien el seis de octubre de dos mil veintidós confirmó la resolución recurrida. 29. Para ello, el Tribunal Colegiado consideró que los agravios eran ineficaces, pues si bien le asistía la razón al recurrente en tanto que la ley sustantiva aplicable era la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lo cierto es que a ningún fin práctico llevaría tal declaración, pues como lo advirtió la Sala del conocimiento, la autoridad no era competente para imponer sanción alguna por la infracción de la falta grave imputada a la servidora pública.
30. Por lo que hace a la procedencia de este medio de impugnación, el Tribunal Colegiado se limitó a señalar que se encontraba en la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al tratarse de una resolución dictada en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y por ello, se tuvo por procedente.
B) Recurso de Revisión Fiscal 245/2021
31. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. El Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, en el expediente de responsabilidades 0001/2019, determinó imponer diversas sanciones en contra de determinados funcionarios, por la comisión de faltas no graves, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
32. Juicio de Nulidad. En contra de dicha determinación la parte actora –entre los diversos servidores públicos sancionados– promovió juicio contencioso administrativo. De dicho asunto tuvo conocimiento la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien resolvió que la sanción fue impuesta fuera del plazo de 30 días previsto en el artículo 208, fracción X, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin justificación alguna y por ello declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
33. Recurso de Revisión Fiscal. Inconforme con lo resuelto, la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión fiscal. De dicho recurso correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, quien consideró que no había prescrito la facultad sancionatoria de la autoridad y revocó la sentencia recurrida.
34. Por lo que hace a la procedencia, se limitó exclusivamente a señalar que, toda vez que se trataba de una resolución de fondo en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, actualizaba la hipótesis del artículo 63, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que era procedente dicho medio de impugnación.
35. A continuación, se reflejan en el siguiente cuadro los hechos específicos en cada una de las sentencias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
Ver cuadro 2
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
36. Una vez que han quedado expuestas las consideraciones de cada una de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, a continuación, se verifica la existencia o no de la divergencia de criterios.
37. La mecánica para determinar la existencia de una contradicción de criterios tiene que analizarse desde la necesidad de unificar razonamientos jurídicos, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables.
38. Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha determinado que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
39. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de razonamientos jurídicos y el problema radica en los procesos de interpretación y no en los resultados adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes,(20) entonces como lo ha sostenido el Tribunal Pleno, es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:(21)
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
40. En atención a lo anterior, a continuación, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo.
41. Esta Segunda Sala considera que se cumple con el primer requisito para determinar la existencia de la presente contradicción de criterios, pues los tribunales colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial para resolver las cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su conocimiento. Así se advierte de las sentencias materia de este asunto antes sintetizadas dado que, por un lado, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte) determinó desechar los recursos de revisión interpuestos con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al considerar que los recurrentes debieron interponerlos en términos del numeral 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y por otro lado, los otros tribunales pertenecientes a la Región Centro-Sur, consideraron que los recursos interpuestos en términos del citado precepto 63, fracción IV de la Ley Federal, sí eran procedentes.
42. No es óbice a la anterior conclusión, la circunstancia de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito (todos de la Región Centro-Sur), respectivamente, de forma implícita hayan considerado procedentes los recursos de revisión en términos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin expresar las razones para ello.
2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
43. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, pues los tribunales contendientes utilizaron su arbitrio judicial sobre el mismo problema jurídico.
44. En efecto, el órgano colegiado de la Región Centro-Norte desechó los recursos de revisión interpuestos con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al considerar que el recurso procedente es el previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; mientras que los diversos órganos jurisdiccionales de la Región Centro-Sur admitieron la procedencia de los recursos con base en el citado artículo 63 de la referida ley federal.
45. Por esa razón, el problema denunciado se centrará en el marco normativo de las responsabilidades de los servidores públicos y en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción
46. La contradicción de criterios se presenta entre las resoluciones del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte) al conocer de los recursos de revisión fiscal 455/2023, 617/2023, 476/2023, 42/2024 y 555/2023 interpuestos en contra de las determinaciones tomadas por diversas Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en los que decidió desechar dichos medios de impugnación por improcedentes; y por otro lado, las determinaciones tomadas en los recursos de revisión fiscal RF 33/2022 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; el RF 245/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y; el RF 167/2022 del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito (todos de la Región Centro-Sur), respectivamente, interpuestos en contra de diversas resoluciones de diferentes Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los que decidieron que eran procedentes los recursos.
47. En ese sentido y para mayor claridad, existe contradicción de criterios entre los órganos colegiados contendientes de la siguiente manera.
Ver existencia de contradicción de criterios
48. Ahora bien, de conformidad con las resoluciones detalladas en los párrafos anteriores de esta sentencia, la contradicción de criterios existe porque ante la impugnación de una sentencia de nulidad derivada de un juicio promovido contra una resolución sancionatoria por falta no grave, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte) concluyó que la revisión fiscal contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo era improcedente, porque el recurso procedente lo era el de revisión, previsto por el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
49. En tanto que los otros tribunales, esto es, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33405-5b3a5f0e/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-63 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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