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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 209, FRACCIONES II, III Y IV, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL PREVER DETERMINADAS FACULTADES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO POR FALTAS GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O DE PARTICULARES, ES CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1484/2025. · Registro digital (IUS): 33462
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-08
Promovente: MARICELA GONZÁLEZ MÉNDEZ.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.1110.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1484/2025. MARICELA GONZÁLEZ MÉNDEZ. 14 DE MAYO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1484/2025, interpuesto contra la sentencia dictada el treinta de enero de dos mil veinticinco por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 406/2024.

El problema jurídico que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 209, fracciones II, III y IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bajo el argumento de que establecen facultades a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no son acordes con los diversos 73, fracción XXIX-H, y 109 de la Constitución Federal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Investigaciones previas. A través del oficio 18/200/0113/TOIC/2020, de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Titular del Órgano Interno de Control en Compañía Mexicana de Exploraciones Sociedad Anónima de Capital Variable, remitió al Titular del Área de Quejas de esa misma compañía, un informe de presuntas irregularidades que derivaron de los resultados de la auditoría 02/2019, con clave de programa 800 denominado "Al desempeño", así como al seguimiento de sus recomendaciones propuestas por el ente fiscalizador.

2. Por acuerdo de radicación de investigación de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en Compañía Mexicana de Exploraciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de autoridad investigadora, en atención a los hechos denunciados, radicó el expediente de investigación con el número 2020/COMESA/DE-04, por lo que inició la línea y acciones de investigación correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.

3. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad investigadora emitió el Acuerdo de Calificación de Conducta, por el que calificó como conducta grave el supuesto de abuso de funciones, y ordenó emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa respectivo, a efecto de que la autoridad substanciadora competente iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa relativo a los hechos atribuidos a Maricela González Méndez y Tonatiuh Ancelmo Luna.

4. En atención al acuerdo de referencia, el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en Compañía Mexicana de Exploraciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, emitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa mediante oficio 18/200/0039TAQ/2021 y remitió el expediente de investigación 2020/COMESA/DE-04, correspondiente a la falta grave imputada a la quejosa, ante el Titular del Área de Responsabilidades de ese órgano, en su carácter de autoridad substanciadora.

5. Devolución del informe. Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente R-0004/2019, la autoridad substanciadora realizó observaciones respecto al Informe de presunta responsabilidad y devolvió los autos para su reconsideración.

6. Nuevo informe. En atención a lo anterior, la autoridad investigadora emitió un nuevo acuerdo de calificación de conducta, a través del cual la calificó como grave por el supuesto abuso de funciones, y volvió a emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa respectivo, a efecto de que la autoridad substanciadora competente iniciara el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, relativo a los hechos atribuidos a Maricela González Méndez y Tonatiuh Ancelmo Luna.

7. Mediante oficio 18/200/0054/TAQ/2021, de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en Compañía Mexicana de Exploraciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, remitió el expediente de investigación 2020/COMESA/DE/04, rindiendo el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, correspondiente a la falta grave imputada a Maricela González Méndez y Tonatiuh Ancelmo Luna, ante la Titular del Área de Responsabilidades de ese órgano, en su carácter de autoridad substanciadora.

8. Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo. En proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente R-0002/2021, la autoridad substanciadora admitió el informe de presunta responsabilidad y ordenó emplazar a las partes sobre el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades, a efecto de que comparecieran personalmente a la celebración de la audiencia inicial.

9. Emplazamiento. A través del oficio 18/200/0047/TAR/2021, de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se emplazó a la servidora pública Maricela González Méndez, a fin de que compareciera de manera personal a la audiencia inicial respectiva.

10. Audiencia inicial. El catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro del expediente R-0002/2021; y en el acta administrativa de esa fecha, se dio cuenta de que la servidora pública presunta responsable Maricela González Méndez compareció personalmente, rindió manifestaciones y ofreció pruebas por escrito; de igual forma, se asentó la comparecencia de la autoridad investigadora con carácter de tercera denunciante, teniendo por ratificado el contenido del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

11. Remisión de los autos a la autoridad resolutora. Mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad substanciadora ordenó remitir los autos del expediente R-0002/2021, a la sala que correspondiera del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al tratarse de una conducta calificada como grave por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

12. Procedimiento ante autoridad resolutora. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvo por recibidos los autos del expediente R-0002/2021 y, con base en la falta administrativa atribuida a los servidores públicos en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, de conformidad con los previsto por los artículos 57 y 209, fracción II, tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, radicó el asunto bajo el diverso 758/121-RA-1-01-1.

13. A través de los acuerdos de dos de septiembre, ocho de diciembre de dos mil veintidós y siete de marzo de dos mil veintitrés, la Sala Auxiliar admitió las pruebas ofrecidas por la autoridad investigadora y los presuntos responsables en el procedimiento, las cuales se desahogaron por su propia y especial naturaleza, procediendo en el último acuerdo a otorgar el plazo de cinco días hábiles para que las partes rindieran sus alegatos.

14. Mediante proveídos de diecisiete y dieciocho de abril de dos mil veintitrés, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar tuvo por formulados los alegatos de los presuntos responsables.

15. En acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción y citó a las partes de ese procedimiento de responsabilidades administrativas para oír resolución correspondiente.

16. Resolución. El veinte de abril de dos mil veintitrés, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó la resolución definitiva respectiva dentro del expediente 758/21-RA1-01-1, en la que resolvió que sí existían elementos para demostrar la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones atribuida a la quejosa y, por ello, se le impuso la sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por diez años, así como el pago de la indemnización por las sumas de $******* (******* M.N) y $******* (******* M.N.), por los daños causados al patrimonio de la entidad.

17. Recurso de apelación. La parte quejosa interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictada en los autos 758/21-RA1-01-1, del cual correspondió conocer a la Tercera Sección de la Sala Superior del mencionado tribunal, la cual, por conducto de la magistrada presidenta se admitió a trámite asignándole el toca R.A.334/2023 y dio vista al resto de las partes para que en un plazo de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera.

18. Finalmente, el dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la sentencia respectiva en el recurso de apelación en la que modificó la resolución recurrida, en el sentido de que sí se acreditaba la falta administrativa grave de abuso de funciones atribuida a la presunta responsable, pero revocó la sanción de inhabilitación, así como la indemnización impuesta y determinó como sanción la suspensión del empleo, cargo o comisión por el período de noventa días naturales.

19. Demanda de amparo directo. En contra de la sentencia antes descrita, con el fin de obtener un mayor beneficio, Maricela González Méndez, por propio derecho, promovió amparo directo, en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo 209, fracciones II, III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al estimar que ese precepto faculta de forma extraordinaria al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y amplía las atribuciones concedidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que dicho órgano lleve a cabo actos dentro del procedimiento de sustanciación, cuando sus facultades deberían ser exclusivamente de resolución, en contravención a lo dispuesto por los artículos 73, fracción XXIX-H y 109 de la Constitución Federal.

20. Sentencia del Tribunal Colegiado. El amparo directo se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que, por conducto de su Presidenta, ordenó su registro con el expediente DA-406/2024. En sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco, el tribunal dictó sentencia en la que declaró infundados los conceptos de violación al sostener que la norma es constitucional y negó el amparo a la parte quejosa, bajo las siguientes consideraciones:

"(...) Ahora bien, la quejosa considera que, al tenor de dichos numerales, las facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con las faltas administrativas graves de los servidores públicos, se limita a la resolución e imposición de sanciones en los procedimientos respectivos, por lo que su actuar en torno a la admisión de pruebas, alegatos y cierre de instrucción –al tenor de lo dispuesto en el artículo 209– está fuera de sus facultades.

Lo anterior es infundado, pues de las disposiciones constitucionales citadas no se advierte la limitante que señala la impetrante, ya que, por el contrario, se observa que se ha dotado de facultades al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la resolución de los procedimientos relativos a las faltas administrativas graves de los servidores públicos.

Así, el artículo 209 fracciones II, III y IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no contradice ni va más allá de las facultades otorgadas en la Constitución Federal al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con la sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos por faltas graves, pues el hecho de que el artículo 109 Constitucional establezca que la "Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente", no limita el actuar del citado Tribunal en los términos que refiere la quejosa, es decir, para admitir pruebas, alegatos y proveer en torno al cierre de instrucción, actuaciones que se dan con posterioridad a la conclusión de la audiencia inicial. (...)

Ahora bien, la parte quejosa asegura que la autoridad substanciadora (las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia), por mandato constitucional, son las encargadas de la integración del expediente desde la admisión del informe de presunta responsabilidad y hasta el cierre de instrucción; no obstante –se insiste– ello no se advierte del citado ordenamiento federal, por lo que el hecho de que en la disposición legal tildada de inconstitucional se considere que la participación de la autoridad substanciadora culmina con el cierre de la audiencia inicial no contraviene en modo alguno el mandato Federal.

Además, si la celebración de la audiencia inicial en el procedimiento de responsabilidades administrativas (conforme a lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas) implica que el presunto responsable rindió su declaración ante la autoridad substanciadora y que estuvo en oportunidad de ofrecer las pruebas que estimó necesarias para su defensa, y que los terceros llamados al procedimiento estuvieron en aptitud de manifestar lo que a su derecho conviniera y ofrecer las pruebas que estimaran conducentes, entonces, es innegable que el pronunciamiento que haga el Tribunal en cuanto a la admisión de pruebas y al ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo, así como el declarar abierto el periodo de alegatos y cerrar la instrucción a fin de citar a las partes para oír la resolución que corresponda, no implica que se le dote de facultades con las que no cuenta; máxime que no se debe perder de vista que NO se está en presencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sino de un juicio de responsabilidades administrativas (no contenciosa administrativa).

En consecuencia, como se adelantó, este Tribunal Colegiado no advierte la inconstitucionalidad del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (...)"

21. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia anterior, el veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, la quejosa, por propio derecho, interpuso el presente recurso de revisión, en que insiste en la inconstitucionalidad del artículo 209 fracciones II, III y IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en virtud de que otorga facultades extraordinarias al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a las concedidas y consagradas en los artículos 73 fracción XXIX-H, y 109 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contener facultades extraordinarias que no fueron concedidas de manera expresa por nuestro Constituyente, de manera particular al permitir que dicho tribunal lleve a cabo actos dentro del procedimiento de substanciación, cuando sus facultades constitucionales son exclusivamente de resolución.

22. Trámite ante esta Suprema Corte. En acuerdo de catorce de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió el recurso y lo registró bajo el expediente 1484/2025, turnó el asunto a la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa y envió los autos a la Sala de su adscripción para el trámite de avocamiento.

23. Avocamiento. Mediante acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

24. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

25. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo directo en revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción IX,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II(2) y 96(3) de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023;(5) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, y modificado el diez de abril del mismo año, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de esta Segunda Sala, sin que resulte necesaria la intervención del Pleno.

26. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(6) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(7)

II. OPORTUNIDAD

27. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia recurrida fue notificada a la quejosa el martes once de febrero de dos mil veinticinco, notificación que surtió efectos el miércoles doce siguiente. Por tanto, el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del jueves trece al miércoles veintiséis de febrero del citado año, descontando en el cómputo el sábado quince, domingo dieciséis, sábado veintidós y domingo veintitrés del propio mes y año, por inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.

28. Entonces, si el recurso de revisión se presentó el miércoles veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, se concluye que se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

29. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte considera que el recurso de revisión fue hecho valer por parte legítima, pues lo interpuso la quejosa, por propio derecho.

IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO

30. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso reúne los requisitos para su procedencia y, por tanto, amerita un estudio de fondo, como se explica a continuación.

31. Los requisitos para la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo encuentran su fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

32. De esos preceptos se advierte que las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que reúnan las características siguientes:

a) Que subsista un problema de constitucionalidad de normas generales;

b) Que en la sentencia recurrida se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o c) Cuando el tribunal colegiado de circuito omita pronunciarse sobre los aspectos precisados en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una norma general o la interpretación directa de un precepto constitucional.

33. Los anteriores supuestos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.

34. Adicionalmente, es de destacarse que a partir de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, para que el recurso de revisión en amparo directo resulte procedente es necesario que el mismo, a juicio de este Alto Tribunal, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

35. De la exposición de motivos respectiva se obtiene que dicha reforma tuvo como propósito fortalecer el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, permitiéndole concentrarse en el conocimiento de los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional y restringiendo la posibilidad de revisar problemas jurídicos de mera legalidad, en los cuales los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen órganos terminales.

36. Por cuestión de método, es necesario verificar si se destaca un tema de constitucionalidad, después, sólo si se actualiza ese supuesto, examinar si reúne el requisito de interés excepcional y, hecho lo anterior, pronunciarse sobre la eficacia de los agravios.

37. En el caso que nos ocupa, se observa que se cumple con el primer requisito de procedencia, debido a que la quejosa planteó –desde la demanda de amparo– la inconstitucionalidad del artículo 209, fracciones II, III y IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al estimar que establece a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa atribuciones extraordinarias en materia de admisión y desahogo de pruebas, así como de período de alegatos, que no le otorgan los diversos 73, fracción XXIX-H, y 109 de la Constitución Federal, ya que su única facultad es la de resolución de los procedimientos de responsabilidades por conductas graves.

38. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado calificó como infundados los argumentos de la quejosa al considerar que el precepto reclamado no contradice ni va más allá de las facultades otorgadas en la Constitución Federal a ese tribunal, en relación con la sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos por faltas graves, pues el hecho de que el artículo 109 constitucional establezca que la "Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente", no limita el actuar de este último en los términos que refiere la quejosa, es decir, para admitir pruebas, alegatos y proveer en torno al cierre de instrucción, actuaciones que se dan con posterioridad a la conclusión de la audiencia inicial.

39. En sus agravios, la quejosa controvierte el análisis realizado por el Tribunal Colegiado respecto de los citados argumentos; por ende, se considera que existe una cuestión constitucional.

40. En cuanto al segundo requisito, el interés excepcional se justifica porque en el actual sistema de precedentes obligatorios no existe criterio vinculante en donde se haya analizado el artículo 209, fracciones II, III y IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en contraste con los artículos 73, fracción XXIX-H, y 109 de la Constitución Federal, por lo que se carece de un asunto que comunique, al resto de los órganos jurisdiccionales, con toda seguridad jurídica, cuál es el criterio vinculante en relación con la regularidad constitucional del referido precepto. De ahí que el estudio del asunto permitirá fijar un criterio novedoso y relevante para el ordenamiento jurídico nacional.

V. ESTUDIO DE FONDO

41. Como se precisó, en los tres agravios, los cuales se analizan de manera conjunta, dada su estrecha relación, la quejosa sostiene que el artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus fracciones II, tercer párrafo, III y IV, establece que, como parte del procedimiento administrativo, en caso de conductas graves, una vez llevada a cabo la audiencia correspondiente, la autoridad substanciadora remitirá el expediente al tribunal para efecto de que éste admita pruebas, las desahogue, solicite alegatos y cierre la instrucción, actos que son propios de la etapa de substanciación, lo que es totalmente inconstitucional, pues dichas facultades que se otorgan al tribunal son contrarias a las atribuciones previstas para aquél en nuestra Carta Magna, así como en la propia Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

42. Afirma que es incorrecto lo sostenido por el Tribunal Colegiado, en el sentido de que las facultades otorgadas al tribunal federal de justicia administrativa en la Constitución Federal, no establece las limitantes alegadas, siendo que basta la lectura a los preceptos constitucionales para evidenciar que las atribuciones de la Sala Auxiliar en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa solamente son de resolución del expediente de responsabilidad.

43. Insiste en que la propia Carta Magna sí limita las funciones del tribunal exclusivamente para resolver e imponer sanciones; de ahí que no abarque actos de substanciación de un procedimiento, pues, de permitir que sus atribuciones no tengan límites, se violenta el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades solamente están facultadas para hacer lo que la ley les permite.

44. Argumenta que si bien el tribunal colegiado hace alusión a la definición de autoridad sustanciadora, en términos del artículo 3, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual refiere que ésta es la que dirige el procedimiento de responsabilidades hasta la audiencia inicial, no por el simple hecho de que la actuación de la autoridad substanciadora sea hasta la audiencia inicial, es suficiente para que el tribunal tenga facultades de substanciación, pues la Constitución Federal no las prevé.

45. Refiere que es incorrecta la determinación del tribunal colegiado al sostener que el procedimiento de responsabilidades no tiene la naturaleza de ser un procedimiento en forma de juicio, y que por ello no se debieron de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que, contrariamente a dicha afirmación, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a que los procedimientos de responsabilidades administrativas sí son procedimientos seguidos en forma de juicio, por lo que sí se debieron respetar las formalidades esenciales del procedimiento, tal como lo establece el artículo 17 constitucional en el sentido de que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

46. Con el propósito de dar solución a los agravios de la quejosa, es necesario informar las razones expuestas en la exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince, en materia de combate a la corrupción, en que se modificaron, entre otros, los artículos 73, fracción XXXIX-H, y 109 de la Constitución Federal, en la parte que interesa para el asunto.

"CÁMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS México, D.F., martes 4 de noviembre de 2014. 1. INICIATIVA DE DIPUTADOS (GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN) Gaceta No. 4148-V (...)

En consecuencia, el combate a la corrupción será una función a cargo de la Federación, los Estados y Municipios, así como del Distrito Federal y de los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, y para su ejercicio, los entes públicos federales, estatales y municipales contarán con órganos internos de control, que tendrán las facultades que determine la ley, para prevenir, corregir, investigar y sancionar los actos u omisiones que constituyan faltas, responsabilidades administrativas menores a la ley, así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. En el caso de aquellas faltas administrativas que sean catalogadas como graves, podrán investigar y sustanciar el procedimiento respectivo y, una vez concluidas las etapas del procedimiento, deberán remitirlo al Tribunal competente para resolución.

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción será el órgano responsable de ejercer la acción penal en los delitos que al efecto se prevean en la Ley General de Delitos contra la Corrupción, y contará con las más amplias facultades de investigación; tendrá por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal, así como de cualquier otro delito cometido por un servidor público en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, incluso tendrá la posibilidad de atraer aquellos casos que estime procedentes. En caso de que en sus investigaciones existiera presunta responsabilidad administrativa por actos de corrupción o por faltas administrativas graves, la Fiscalía estará facultada para actuar como órgano acusador, turnando el expediente directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En materia de sanciones, proponemos otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; retirando la facultad de corrección y sanción a las co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33462-4dde1afa/responsabilidades-administrativas-el-articulo-209-fracciones-ii-iii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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