RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 220 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 24/2021. AUDITOR ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. 28 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR. SECRETARIO: JORGE GUADALUPE MEJÍA SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Para resolver el presente recurso de reclamación se deben tener en cuenta los siguientes hechos, que importa destacar:
Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el secretario de Acuerdos, autorizado para realizar funciones de Magistrado, de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, tuvo por recibido el expediente **********, proveniente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, como autoridad substanciadora, seguido contra ********** y **********, por la presunta comisión de una falta administrativa grave.(9)
En dicho acuerdo ordenó la formación del expediente de responsabilidad administrativa **********, y a efecto de analizar las constancias recibidas, reservó el acuerdo respectivo y ordenó turnar los autos para dictaminar lo procedente.
Por auto de once de febrero de dos mil veintiuno, el secretario en funciones de Magistrado determinó remitir el expediente ********** al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera en términos de los artículos 194 y 195, párrafos primero y segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.(10)
Esencialmente, ordenó la devolución del expediente para que la autoridad substanciadora realizara un nuevo análisis del informe de presunta responsabilidad, conforme a las consideraciones contenidas en ese acuerdo y, de estimarlo necesario, previniera a la autoridad investigadora para que subsanara las omisiones en que había incurrido en el referido informe. Finalmente, ordenó que una vez que obraran las constancias de notificación, se archivara el asunto como totalmente concluido.
Inconforme, el auditor especial de investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México interpuso recurso de reclamación ante la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca.(11)
Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el secretario de Acuerdos, autorizado para realizar funciones de Magistrado ordenó el registro del asunto con el número ********** y lo desechó por improcedente, pues estimó que no se actualizaba la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 199, fracción I, inciso a), de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.(12)
En desacuerdo, el auditor especial de investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México interpuso recurso de revisión, por conducto de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, el cual sustentó en los artículos 220 y 221 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.(13)
El asunto se turnó a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, donde por auto de presidencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se radicó en el cuaderno de varios 2021, relativo al expediente de responsabilidad administrativa ********** y al recurso de reclamación **********.(14)
En dicho auto, la Magistrada presidenta declaró que este tribunal era legalmente incompetente para conocer del asunto, con base en lo siguiente:
• El recurso de revisión interpuesto no estaba previsto en la Constitución, pues el artículo 104, fracción III, de dicho ordenamiento, únicamente regulaba la revisión fiscal de carácter federal, o bien, la revisión contra sentencias dictadas en amparo indirecto por las Juezas y los Jueces de Distrito.
• De la interpretación de dicho artículo, en relación con el diverso 73, fracción XXIX-H, de la Constitución, se obtenía que el recurso de revisión procedía, exclusivamente, contra resoluciones definitivas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no respecto de las resoluciones dictadas por tribunales administrativos locales, como el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
• No obstante que en el artículo 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aun se estableciera la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los recursos de revisión a que se refería la fracción I-B del artículo 104 constitucional, no podía considerarse habilitante para hacer valer ese medio de defensa, ya que la atribución de competencias a los tribunales de la Federación debía estar prevista en la Norma Fundamental.
• Como consecuencia, al no resultar legalmente competente este Tribunal Colegiado para conocer del recurso de revisión intentado, una vez que causara estado esa determinación, debían devolverse las constancias recibidas a la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, sin que ello implicara vulnerar el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional.
Apoyó su decisión en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 146/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, de rubro:
"INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS."
También, por analogía, invocó la tesis de jurisprudencia PC.II.A. J/8 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa de este Segundo Circuito, de título y subtítulo:
"INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA DECLARACIÓN RELATIVA [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/1 A (10a.)]."
Inconforme con la determinación de la Magistrada presidenta, el auditor especial de investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México interpuso recurso de reclamación. De dicho asunto conoce y ahora resuelve el Pleno de este Tribunal Colegiado.
SÉPTIMO.—El inconforme considera que el auto recurrido es indebido, porque el medio de impugnación deriva de lo previsto en los artículos 220 y 221 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el segundo párrafo del artículo décimo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Alega que el auto recurrido se encuentra indebidamente fundado y motivado, porque no se analizó la supletoriedad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que planteó en su medio de impugnación pues, de haberse hecho, se hubiera concluido la procedencia del recurso de revisión.
Los argumentos en estudio son parcialmente fundados pero inoperantes para modificar el auto combatido.
Del estudio del medio de impugnación se desprende que la inconforme hizo valer el recurso de revisión previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; sin embargo, del análisis integral del proveído que se revisa se advierte que no se estudiaron los argumentos que al respecto se plantearon.
No obstante, esas irregularidades son insuficientes para modificar el acuerdo recurrido, por dos razones substanciales.
En primer término, el artículo décimo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, no prevé la supletoriedad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a la de la entidad, al establecer lo siguiente:
"Décimo. Los procedimientos administrativos iniciados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, que se encuentren en trámite o pendientes de resolución hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, así como en los que se deriven de las atribuciones de fiscalización y revisión hasta la cuenta pública del año 2016, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, hasta su conclusión definitiva.
"Los asuntos relacionados con la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, que deriven en procedimientos administrativos, se tramitarán conforme al presente decreto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
"Las atribuciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios anteriores, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente decreto.
"El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México deberá realizar las adecuaciones a su estructura orgánica para desarrollar las atribuciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras a que se refieren Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y emitir en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las disposiciones necesarias."
Por otra parte, los artículos 220 y 221 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen:
"De la revisión
"Artículo 220. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control de los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que se presente ante el propio tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva.
"La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la substanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno."
"Artículo 221. Las sentencias definitivas que emitan los tribunales de las entidades federativas, podrán ser impugnadas por las secretarías, los órganos internos del control o las entidades de fiscalización locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales."
Como se ve, contrario a lo alegado por el recurrente, en la disposición transitoria transcrita no se regula la supletoriedad de la ley general respecto de la estatal, sino que se determinan reglas para situaciones temporales, existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley estatal, o que se actualizarán estando en vigor.
En efecto, del contenido de dicho numeral se advierte que tiene como objetivo regular qué disposiciones serán aplicables a los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos de la entidad; de modo que, en su primer párrafo, determina que los asuntos iniciados y los que deriven de la revisión de la cuenta pública del año dos mil dieciséis se substanciarán conforme a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esa legislación.
En cambio, en el párrafo segundo se prevé que los asuntos relacionados con la cuenta pública del año dos mil diecisiete, que deriven en procedimientos administrativos, se tramitarán conforme a ese decreto, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En consecuencia, es incorrecto el planteamiento del inconforme cuando refiere que con base en esa disposición puede aplicarse supletoriamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, substanciado conforme a las disposiciones estatales, esto es, que se llevó a cabo conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Además, se repite, lo que se prevé en el artículo transitorio citado es que en los asuntos relacionados con la cuenta pública del año dos mil diecisiete, que deriven en procedimientos administrativos, aparte de lo dispuesto en el decreto y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para la tramitación de los procedimientos de responsabilidad administrativa se podrán seguir también las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esto es, aparte de que se acota a los asuntos derivados de la cuenta pública del año dos mil diecisiete –lo cual es entendible, porque en el último párrafo de ese artículo transitorio se dio un lapso de ciento ochenta días al Órgano Superior de Fiscalización para adecuar su estructura y funcionamiento a la ley de responsabilidades federal, así como a las estatales de fiscalización y de responsabilidades-, su aplicación también se prevé únicamente para el trámite o substanciación del procedimiento administrativo; en otras palabras, para las diferentes etapas o pasos a seguir en el procedimiento, como la investigación, pliego de responsabilidad, citación, audiencia y procedimiento ante la autoridad sancionadora, pero de ninguna manera se previó que su aplicación incluyera el uso de medios de impugnación, menos en contra de la resolución definitiva de la autoridad sancionadora.
En segundo lugar, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en el caso, se pretende controvertir, haciendo valer ese medio de impugnación, el acuerdo dictado por la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Entretanto, el artículo 221 transcrito dispone que las sentencias definitivas que emitan los tribunales de las entidades federativas podrán ser impugnadas por las secretarías, los Órganos Internos de Control o las entidades de fiscalización locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales.
Entonces, el recurso de revisión resulta improcedente, al estar previsto para controvertir únicamente las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no por alguna otra autoridad jurisdiccional, como lo es la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del tribunal en cita.
De ahí lo infundado de los agravios propuestos.
Por otra parte, es incorrecto que se sustente la procedencia del recurso en términos del numeral 201 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, porque en esa disposición sólo se faculta para interponer el recurso de apelación ante la instancia competente, en los términos que establece esa legislación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero no el recurso de revisión previsto en el numeral 220 de esta última, conforme a lo siguiente:
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
"Artículo 201. Las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas por los responsables, las autoridades investigadoras o los terceros, a través del recurso de apelación, ante la instancia competente y conforme a los medios que determine la presente ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas."
Como se advierte, las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa podrán ser impugnadas por los responsables, las autoridades investigadoras o los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia competente y conforme a los medios que determine esa ley estatal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no mediante el recurso de revisión a que se refiere el artículo 104, fracción III, de la Constitución General de la República.
Máxime que, al no existir una disposición constitucional específica que dote de competencia a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa para conocer de un recurso de revisión, en contra de órganos jurisdiccionales de los Estados, en materia de responsabilidades de servidores públicos, no es posible presumirla, ni considerarla implícita, con base en disposiciones de menor rango.
En las relatadas condiciones, ante lo fundado pero inoperante de los agravios propuestos, procede declarar infundado el recurso de reclamación.
Similares consideraciones se hicieron al resolver el recurso de reclamación **********, en sesión ordinaria virtual de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Fue ponente el Magistrado Salvador González Baltierra.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
ÚNICO.—Es infundado el recurso de reclamación.
Notifíquese; devuélvanse los autos a la Secretaría de Acuerdos de este órgano judicial para que se realicen los trámites respectivos y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de quienes lo integran: presidenta Magistrada Julia María del Carmen García González, Magistrado Salvador González Baltierra y Magistrada Adela Domínguez Salazar; siendo ponente la última de los nombrados, quienes firman en conjunto con el secretario que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 146/2015 (10a.) y P.C.II.A. J/8 A (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas y 9 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 24, Tomo II, noviembre de 2015, página 1042 y 34, Tomo III, septiembre de 2016, página 2282, con números de registro digital: 2010356 y 2012548, respectivamente.
__________________
9. Expediente de responsabilidad administrativa 87/2020, foja 3.
10. Fojas 5 a 16, ibídem.
11. Expediente del recurso de reclamación (ERA) 32/2021, fojas 2 a 10.
12. Fojas 11 a 13, ibídem.
13. Cuaderno de varios, de la estadística de este tribunal, fojas 5 a 17.
14. Fojas 18 a 22, ibídem.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30153-2333eb6d/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-220 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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