LAUDOS EMITIDOS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. FACULTADES E INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN INTEGRAL.
AMPARO EN REVISIÓN 10/2020. 4 DE JUNIO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO SILVA GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ SEBASTIÁN GÓMEZ SÁMANO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Antecedentes.
11. De las copias certificadas que integran el juicio laboral **********, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierten los siguientes hechos:
11.1 La Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) dictó laudo el ********** (visible a fojas 646 a 661 del tomo I, correspondiente a las copias certificadas del juicio laboral **********), en el que determinó en el punto resolutivo tercero, lo siguiente:
"Tercero. Se condena al titular de la Delegación Benito Juárez a reconocer la relación laboral entre la actora **********, con la delegación demandada y, en consecuencia, a reinstalar a la actora en el puesto de cirujano dentista, debiéndole otorgar el nombramiento correspondiente como trabajadora de base; asimismo, se le condena al pago de los salarios caídos por $**********; aguinaldo por $**********, salvo error u omisión de carácter aritmético, debiéndose abrir incidente de liquidación por los que se sigan generando; así como a realizar el pago de las aportaciones al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del año 2010 en adelante y hasta que se regularice su situación laboral, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo."
11.2 El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió el incidente de liquidación (visible a fojas 876 a 881 del tomo I, correspondiente a las copias certificadas del juicio laboral **********), en el que determinó que el titular de la Alcaldía Benito Juárez cumplió de forma parcial el laudo de diez de enero de dos mil catorce, tal como se advierte a continuación:
"Condenas que fueron cumplimentadas de forma parcial mediante diligencia actuarial del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 678 a 680 de autos), de la que se advierte que el titular demandado, por conducto de su apoderada **********, así como por el jefe de la unidad departamental de relaciones laborales y prestaciones **********, quien exhibe original del oficio número **********, de tres de junio de dos mil dieciséis, signado por la contadora **********, subdirectora de operación y control de pago, por el que informa de la disponibilidad de la plaza número **********, universo **********, nivel **********, código de plaza **********, con denominación "cirujano dentista", aceptando la parte actora, con efectos a partir del quince de noviembre de dos mil dieciséis.
"...
"Primero. Se condena al titular demandado Delegación Política Benito Juárez, que le adeuda a **********, un gran total de $**********, por concepto de incrementos salariales por el periodo del primero de noviembre de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y salarios caídos con incrementos del primero de enero de dos mil catorce al quince de noviembre de dos mil dieciséis, aguinaldo de los años dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, salvo error u omisión de carácter aritmético."
11.3 En ese sentido, a partir de la resolución del incidente de liquidación, es decir, del veintiocho de junio de dos mil diecisiete al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió dieciocho requerimientos de cumplimiento dirigidos al titular de la Alcaldía Benito Juárez, sin que hasta el momento se haya dado cumplimento total al laudo e incidente de liquidación.
11.4 Asimismo, desde la resolución del incidente de liquidación, es decir, del veintiocho de junio de dos mil diecisiete y hasta el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Sala responsable impuso catorce multas al titular de la Alcaldía Benito Juárez, sin que conste en autos del juicio laboral que la titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México haya impuesto dichas multas.
11.5 El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dio vista al órgano interno de control de la Alcaldía Benito Juárez, para que determinara la posible responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las resoluciones emitidas. (visible a fojas 994 y 995 del tomo I, correspondiente a las copias certificadas del juicio laboral **********)
11.6 Hasta el día en que se dicta la presente resolución, este Tribunal Colegiado de Circuito no tiene conocimiento de alguna determinación emitida por dicho órgano interno de control.
11.7 El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, la Sala responsable dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación, por el incumplimiento reiterado del laudo e incidente de liquidación. (visible a fojas 1022 a 1029 del tomo I, correspondiente a las copias certificadas del juicio laboral **********)
11.8 El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la Fiscalía General de la República (FGR), determinó el no ejercicio de la acción penal respecto del hecho delictivo de rehusarse a prestar un servicio de interés público a que la ley obligue, o desobedezca un mandato legítimo de la autoridad correspondiente. (visible a fojas 1068 a 1071 del tomo I, correspondiente a las copias certificadas del juicio laboral **********)
11.9 Ante tales circunstancias, la recurrente promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes:
• La omisión de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de dictar medidas eficaces para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral **********.
• Las omisiones de la directora ejecutiva de cobranza de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y de la titular de dicha secretaría, de ejecutar todas las multas impuestas a la Alcaldía Benito Juárez y al alcalde **********, en el juicio laboral de origen.
11.10 El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por razón de turno conoció del juicio de amparo, y mediante sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, determinó sobreseer en el juicio constitucional, al considerar que se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
• La Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sí dictó las medidas necesarias para ejecutar el laudo emitido en el juicio laboral **********; en consecuencia, es un acto inexistente y de realización incierta.
• La parte quejosa señaló, de manera genérica, que la directora ejecutiva de cobranza de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y la titular de la aludida secretaría, no ejecutaron las multas correspondientes, sin precisar cuál de todas las multas no se ejecutaron en el juicio de origen; en consecuencia, es un acto inexistente y de realización incierta.
SEXTO.—Estudio.
12. Tipo de trabajadora. La trabajadora en el juicio laboral de origen es una servidora pública con el puesto de cirujano dentista, adscrita a la Alcaldía Benito Juárez, con actividades de trabajadora de base; por tanto, el presente asunto se analiza de conformidad con el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y, de forma supletoria, con la Ley Federal del Trabajo, en razón de que la relación de trabajo entre las partes contendientes se rige conforme a la citada normativa.
13. Agravio. La parte recurrente alega que los actos reclamados en el juicio de amparo no son actos inexistentes, futuros ni inciertos, pues ha solicitado en diversas ocasiones a la Sala responsable la ejecución de las condenas pendientes de cumplir ordenadas en el laudo de diez de enero de dos mil catorce, así como la resolución del incidente de liquidación de veintiocho de junio de dos mil diecisiete.
13.1 Alega la recurrente que, si bien la Sala responsable ha requerido en diversas ocasiones la ejecución del laudo al titular de la Alcaldía Benito Juárez, también lo es que dichos requerimientos son ineficaces, pues han transcurrido más de dos años sin que se dé cumplimiento total al laudo y a la resolución del incidente de liquidación.
13.2 Por tanto, la recurrente solicita se conceda el amparo y se ordene a la Sala responsable que emita las medidas de apremio eficaces que estime pertinentes para que la Alcaldía Benito Juárez cumpla en su totalidad el laudo y la resolución incidental de liquidación.
13.3 Asimismo, solicita que la directora ejecutiva de cobranza de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y la titular de esa secretaría, ejecuten todas las multas impuestas al titular de la Alcaldía Benito Juárez en el juicio laboral **********.
14. Calificación del agravio. El agravio es fundado.
15. Es inconstitucional la determinación del Juzgado de Distrito, al concluir que en el presente asunto se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al considerar que los actos reclamados son inexistentes, por encontrar que las autoridades responsables sí dictaron y ejecutaron medidas de apremio para cumplir con el laudo y el incidente de liquidación y, estimar que, por tanto, los actos reclamados son futuros y de realización incierta.
15.1 Se afirma lo anterior, porque el Juzgado de Distrito sobresee el juicio de amparo al considerar que el acto reclamado "literal" de la parte quejosa, es la omisión de dictar medidas de apremio para lograr el cumplimiento del laudo e incidente de liquidación. Este criterio lo fundamentó en la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que acota lo siguiente:
"AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante.
"Décima Época. Número de registro digital: 2010025. Instancia: Plenos de Circuito. Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Tomo II, septiembre de 2015. Materias: común y laboral. Página 844."
15.2 Sin embargo, es posible apreciar de la causa de pedir de la demanda de amparo y de los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, que la parte quejosa alega las siguientes omisiones:
1. La omisión en que incurre la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar medidas eficaces para lograr el cumplimiento del laudo e incidente de liquidación en el juicio laboral **********.
2. Las omisiones de la directora ejecutiva de cobranza de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y de su titular, de ejecutar todas las multas impuestas al titular de la Alcaldía Benito Juárez en el juicio laboral **********.
15.3 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.
"Novena Época. Número de registro digital: 181810. Instancia: Pleno. Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004. Materia: común. Página 255."
15.4 Asimismo, guarda relación con el presente asunto, la tesis aislada II.3o.A.23 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que acota lo siguiente:
"ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar –además de los datos que emanen del escrito inicial– la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso.
"Décima Época. Número de registro digital: 2007130. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014. Materia: común. Página 1554."
15.5 En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en la tesis aislada 2a. CXLVII/2007, lo siguiente:
"ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla –aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido– y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo.
"Novena Época. Número de registro digital: 171254. Instancia: Segunda Sala. Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007. Materia: común. Página 439."
15.6 En consecuencia, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), que utilizó el Juzgado de Distrito para sobreseer el juicio de amparo indirecto, no es aplicable al presente caso, toda vez que las omisiones reclamadas por la recurrente no son genéricas, sino existentes, porque tanto el laudo como el incidente de liquidación no están cumplidos en su totalidad, por lo que el sobreseimiento decretado por la juzgadora es inconstitucional, por impedir la procedencia del juicio de amparo para reclamar omisiones que inciden en el derecho fundamental a la ejecución de sentencias y resoluciones firmes.
15.7 Se afirma lo anterior, porque a partir del laudo de diez de enero de dos mil catorce, al veintiocho de junio de dos mil diecisiete –fecha de resolución del incidente de liquidación–, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió diez requerimientos de cumplimiento dirigidos al titular de la Alcaldía Benito Juárez, como a continuación se advierte:
Ver requerimientos 1
15.8 Asimismo, a partir de la resolución del incidente de liquidación, es decir, del veintiocho de junio de dos mil diecisiete, al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió dieciocho requerimientos de cumplimiento dirigidos al titular de la Alcaldía Benito Juárez, como se advierte a continuación:
Ver requerimientos 2
15.9 Ahora bien, desde la resolución del incidente de liquidación, es decir, del veintiocho de junio de dos mil diecisiete al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Sala responsable impuso catorce multas al titular de la Alcaldía Benito Juárez, sin que conste en autos del juicio laboral de origen que la titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México haya hecho efectivas dichas multas.
15.10 Como es posible advertir, durante más de cinco años, desde el diez de enero de dos mil catorce al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Sala responsable emitió veintiocho requerimientos de ejecución del laudo.
15.11 Máxime que desde la emisión del laudo a la fecha en la que se dicta la presente resolución, han transcurrido más de seis años, sin que la autoridad responsable cumpla de forma total el laudo e incidente de liquidación.
15.12 Como se advierte, el Juzgado de Distrito omitió analizar exhaustivamente el juicio de amparo **********, ya que los actos reclamados por la parte quejosa existen, toda vez que a pesar de las medidas de apremio dictadas por la Sala responsable, han transcurrido más de seis años desde la emisión del laudo sin que el titular de la Alcaldía Benito Juárez cumpla totalmente el fallo.
15.13 Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. CXLVII/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acota lo siguiente:
"ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla –aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido– y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo.
"Novena Época. Número de registro digital: 171254. Instancia: Segunda Sala. Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007. Materia: común. Página 439."
15.14 Por tanto, al ser fundado el agravio expuesto por la recurrente, con fundamento en el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y levantar el sobreseimiento decretado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********.
SÉPTIMO.—Fondo.
16. Son fundados los conceptos de violación de la parte quejosa, toda vez que el Juzgado de Distrito debió analizar con exhaustividad el presente asunto, ya que si bien la Sala responsable ha emitido diversos requerimientos de ejecución del laudo, también lo es que los mismos no revelan que el laudo se encuentre cumplido en sus términos, lo que resulta violatorio del derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones firmes, previsto en el artículo 17 constitucional.
16.1 Sobre el particular, es importante partir de la base consistente en que los justiciables son titulares del derecho humano a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a la ejecución de las sentencias firmes; así, la tesis aislada 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce lo siguiente:
"DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que ‘la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia’, sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que ‘la efectividad de las sentencias depende de su ejecución’, de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos.
"Décima Época. Número de registro digital: 2018637. Instancia: Primera Sala. Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018. Materia: constitucional. Página 284."
16.2 De la citada tesis aislada se advierte el reconocimiento del derecho a la ejecución de sentencias o laudos, el cual evita que se tornen ilusorias o terminen por negar un derecho reconocido.
16.3 Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la efectividad de estas determinaciones depende de su ejecución, de modo que forman un componente fundamental de protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos.
16.4 En relación con este criterio judicial, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada 2a. XXI/2019 (10a.), que establece lo siguiente:
"DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y, 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente.
"Décima Época. Número de registro digital: 2019663. Instancia: Segunda Sala. Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Tomo II, abril de 2019. Materia: constitucional. Página 1343."
16.5 De la lectura a la tesis aislada se advierte que el derecho a la tutela judicial efectiva contempla que las autoridades responsables están obligadas a observar la totalidad de los derechos que integran las determinaciones judiciales, ya que contienen actos materialmente jurisdiccionales; es decir, en el ámbito de su competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho.
16.6 En ese sentido, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, determinó en la tesis aislada (IV Región)2o.16 K (10a.), lo siguiente:
"DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS O LAUDOS. DEBE PREVALECER AUN CUANDO SE ALEGUE COSA JUZGADA, DERIVADA DE UN ERROR JUDICIAL INSOSTENIBLE POR CONTRAVENIR LOS HECHOS DEL CASO. La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) y 2a. XXI/2019 (10a.), han definido el derecho a la ejecución plena de las sentencias como parte del derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con motivo de que su instrumentalidad se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar el derecho que se había reconocido, lo que requiere, además, que el Estado disponga normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice su efectividad, ya que de otra manera no podría entenderse la completitud en el fallo pronunciado, si no se hace realidad en los hechos. Así, dada la relevancia del derecho aludido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en distintos precedentes considerados en la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30152-a69ad17d/laudos-emitidos-por-las-salas-del-tribunal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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