ASPIRANTES A NOTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO INDIRECTO LA DESIGNACIÓN DIRECTA DE NOTARIOS PROVISIONALES REALIZADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE DICHA ENTIDAD CON SUSTENTO EN SU FACULTAD DISCRECIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL NOTARIADO LOCAL, AL NO EXISTIR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL O CONVENCIONAL QUE ESTABLEZCA UN DERECHO OBJETIVO QUE VINCULE A ÉSTE A SUJETARSE A UN PROCEDIMIENTO REGLADO, NI A TOMAR EN CONSIDERACIÓN A UNA PERSONA DETERMINADA POR SUS CONDICIONES PERSONALES. ASPIRANTES A NOTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO INDIRECTO LA DESIGNACIÓN DIRECTA DE NOTARIOS PROVISIONALES REALIZADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE DICHA ENTIDAD CON SUSTENTO EN SU FACULTAD DISCRECIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL NOTARIADO LOCAL, PUES LA NATURALEZA DE ÉSTA IMPIDE QUE UNA HIPOTÉTICA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PUEDA GENERAR UN RÉDITO CONCRETO E INMEDIATO EN LA ESFERA JURÍDICA DE AQUÉLLOS.
AMPARO EN REVISIÓN 373/2018 (CUADERNO AUXILIAR 286/2019) DEL ÍNDICE DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y OTROS. 10 DE MAYO DE 2019. DISIDENTE: RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ. MAYORÍA DE VOTOS. PONENTE: ROBERTO OBANDO PÉREZ. SECRETARIO: ALAN MALCOLM BRAVO DE ROSAS.
CONSIDERANDO:
NOVENO.—Estudio de los recursos principales interpuestos por el gobernador del Estado de México, así como por los terceros interesados. Este Tribunal Colegiado aprecia, por un lado, que deben desestimarse por infundados los motivos de disenso que externan los terceros interesados, concernientes a la fijación de los actos reclamados y, por otro, que resultan sustancialmente fundados los agravios de examen conjunto que plantean los citados notarios, así como la autoridad emisora de los acuerdos controvertidos, dirigidos a refutar el segmento del fallo recurrido, en el que el Juez Federal desestimó la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; esto es, la relativa a la falta de interés legítimo del quejoso para controvertir los nombrados acuerdos.
A título de preámbulo, es de mencionarse que los nombrados inconformes controvierten el veredicto de tres de agosto de dos mil dieciocho, pronunciado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México quien, al resolver el juicio de amparo 1242/2017, de su orden cronológico, otorgó la protección constitucional solicitada por **********, contra la emisión de múltiples acuerdos atribuidos, entre otros, al gobernador de dicha entidad federativa (publicados **********), a través de los cuales este funcionario nombró diversos notarios provisionales, correspondientes a las notarías públicas ********** –vacante– y ********** a ********** –de nueva creación–.
–Fijación del acto reclamado
Con la finalidad de combatir la citada resolución, los terceros interesados, en el primer agravio de los respectivos recursos, de manera similar plantean que el juzgador federal incorrectamente suplió la deficiencia de la queja, con motivo de que precisó de forma errónea los actos reclamados, pese a que de la lectura del libelo constitucional, así como de las diversas constancias que obran en el expediente de origen, no se aprecia que el impetrante hubiere dado a aquéllos el carácter de ser de "observancia general", lo cual, desde su perspectiva, es de suma relevancia, ya que se varía la naturaleza de los acuerdos impugnados.
Insisten en que, tratándose de la fijación de los actos reclamados, el juzgador constitucional debe apreciarlos tal y como aparezcan probados ante la responsable, sin que sea dable, en su concepto, ponderar aspectos que no planteó el impetrante.
Replican que el juzgador constitucional transgredió lo dispuesto en los artículos 74 y 76 de la ley de la materia, porque "perfeccionó el acto reclamado", así como la propia argumentación del impetrante de la tutela federal, lo que contraría el principio de inmutabilidad.
Enfatizan que al establecer la materia del acto reclamado incorrectamente, el juzgador de derechos fundamentales no resolvió la cuestión efectivamente planteada, lo que trascendió a la concesión otorgada.
Resaltan que el juzgador de derechos fundamentales pretendió atribuir una naturaleza distinta a los acuerdos controvertidos en el juicio biinstancial, pese a que aquéllos no constituyen ser, propiamente, de observancia general, lo que, reiteran, implicó que se supliera la deficiencia de la queja, pese a no operar ninguno de los supuestos a que hace alusión el artículo 79 de la Ley de Amparo, en especial los contenidos en las fracciones VI y VIII.
En el segundo motivo de disenso, los terceros interesados afirman que el Juez Federal infringió el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en razón de que la fijación aludida fue adversa a la legalidad.
Como sustento de esas alegaciones, invocan la tesis «P. LVI/89», de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. DEBE SER ESTRICTA Y CIRCUNSCRIBIRSE A LA LITIS CONSTITUCIONAL."
Desde esa misma perspectiva, argumentan que el a quo conculcó lo previsto en los artículos 74, fracción I y 75 del ordenamiento en comento, en razón de que no fijó correctamente los actos reclamados, ni los apreció como aparecieron probados ante la responsable, en razón de que, de manera indebida e incongruente, destacó que aquéllos eran de observancia general, cuando propiamente no cuentan con ese carácter.
Luego de destacar las implicaciones del principio de congruencia externa, así como del de justicia completa, hacen alusión a que el primero es inobservado cuando la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, en términos de las jurisprudencias, de rubros: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.", "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO." y "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE."
Subrayan que el Juez de Distrito transgredió el principio de congruencia, en tanto que de la demanda de amparo no se desprende que el impetrante hubiera reclamado los citados actos a título de "acuerdos de observancia general", sino como meros actos administrativos.
En una porción del tercer agravio, insisten en que el Juez Federal partió de una incorrecta apreciación en relación con los actos cuestionados en sede constitucional, en razón de que no pueden tener la calidad de ser de observancia general, debido a que no reúnen las características para ser reputados como tales; esto es, la generalidad, abstracción y ser impersonales, por lo que debieron visualizarse como actos administrativos individuales.
Tales motivos de disenso resultan ineficaces, en virtud de que, a diferencia de lo que exponen los terceros interesados, el Juez de Distrito estaba constreñido a fijar correctamente qué acto concreto era materia del reclamo; ello, pese a que no emergiera ninguna hipótesis para suplir la queja deficiente conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo y, además, porque al margen de que en esa porción del veredicto impugnado definió la naturaleza de aquéllos, como si se tratara de una disposición de observancia general, lo relevante es que dicho juzgador únicamente estaba constreñido a delimitar fácticamente cuál o cuáles actos eran los refutados en sede constitucional, lo que, por cierto, hizo.
A fin de justificar tal proposición, deben reproducirse los numerales 74, fracción I y 75 de la legislación en consulta, que dicen:
"Artículo 74. La sentencia debe contener:
"I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;
"II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios."
"Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad."
Como se aprecia, el creador de la norma estableció que las sentencias constitucionales, entre otros requisitos, deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que de suyo constituye un deber para el juzgador federal.
En efecto, el Poder Judicial de la Federación ha sentado el criterio consistente en que, con el objeto de lograr una determinación clara y precisa del acto reclamado, el Juez de Distrito tiene la obligación de acudir a la lectura íntegra del escrito de demanda, sin que sea dable, en esa porción del veredicto de trato, que se atienda a algún calificativo que en su enunciación se haga sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
Así, cuando en el juicio de derechos fundamentales los juzgadores tengan que precisar el acto reclamado debe estimarse que, por la necesidad de que su determinación sea nítida, estarán facultados para interpretar el sentido de la demanda, a fin de que la resolución que corresponda recaiga sobre el exacto reclamo del gobernado, y en correspondencia con su intención real, pero sin que ese examen implique una cuestión de derecho, en sentido estricto, porque se reduce a un examen fáctico en el cual se debe responder ¿qué es lo que reclama en sede constitucional el impetrante?
Sin que, en ese apartado, puedan mezclarse otros tópicos que se relacionen propiamente con la procedencia del sumario constitucional, verbigracia, el establecimiento de la naturaleza de un acto, para efectos de determinar bajo qué reglas debe sujetarse, por ejemplo, a qué plazo estaba sujeto el quejoso para la promoción de la demanda constitucional; ello, desde luego, para el caso de que se haya plasmado en dicho fragmento que se cuestiona un acto positivo.
En otras palabras, pese a su relevancia en la resolución del amparo, la fijación del acto reclamado se limita a un escrutinio fáctico, esto es, verificar en que se centra, a partir de su demanda y anexos que la acompañan, la dolencia del impetrante; por ello es que cualquier tipo de calificativo debe excluirse de ese apartado, verbigracia, los que atañen a su constitucionalidad.
Tiene aplicación al respecto la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro digital: 181810, de rubro y texto siguientes:
"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.—El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."
Con base en esas premisas básicas fluye la ineficacia de los asertos externados por los disidentes, en tanto que, como del propio texto del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se desprende, la fijación correcta del acto reclamado constituye uno de los requisitos para delimitar la materia de la litis constitucional; ello, pese a que no se produzca ningún supuesto para suplir la deficiencia de la queja, en tanto que esta figura no se vincula propiamente a completar o subsanar las inconformidades planteadas por el quejoso en cuanto a la constitucionalidad del acto reclamado, o bien, los agravios vertidos por el inconforme ligados a la regularidad del fallo recurrido, siempre y cuando se presente uno de los supuestos contemplados en ese precepto.
Es decir, la fijación correcta del acto reclamado es un rubro previo que constituye una obligación a cargo del juzgador de derechos fundamentales, porque a partir de su delimitación se podrán escudriñar los aspectos posteriores, sin que sea relevante que opere o no la nombrada institución de la suplencia de la queja.
Desde esa misma perspectiva, debe rechazarse el argumento en que los recurrentes sostienen que el Juez Federal no apreció correctamente los actos reclamados, y que incurrió en un vicio de congruencia externa al dotarles de la calidad de ser de "observancia general".
Es así en razón de que, técnicamente hablando, el Juez de Distrito cumplió con su obligación de fijar qué acto positivo era la sustancia del reclamo del peticionario de la tutela federal; esto es, los acuerdos de **********, cuya emisión fue atribuida, entre otras autoridades, al gobernador de la entidad mexiquense, a través de los cuales este funcionario nombró diversos notarios provisionales, correspondientes a las notarías públicas ********** –vacante– y ********** a ********** –de nueva creación–.
Y si bien el nombrado juzgador añadió, en ese apartado, que aquéllos tenían la naturaleza de ser acuerdos de observancia general, ello no se traduce, propiamente, en un yerro de congruencia externa, en los términos aducidos por los disconformes, ya que al margen de haber determinado, en ese segmento, la naturaleza que tenían, desde su perspectiva, tales actos positivos, ese actuar únicamente tiene como consecuencia que se elimine la citada precisión, al no ser técnicamente correcto fijar su naturaleza en dicha porción, lo cual no tiene el potencial de generar la insubsistencia de los rubros posteriores que componen el fallo impugnado.
Y es que, en todo caso, la naturaleza de los acuerdos de trato se vincula con un tópico referente a la procedencia y al fondo del asunto, que son posteriores al nombrado apartado de la fijación relativa a qué es lo que reclama el peticionario de la protección de la Justicia de la Unión, lo cual, se insiste, quedó correctamente delimitado al centrar esa dolencia en los acuerdos de marras.
Sin que tampoco ello implique que se transgredan los postulados de inmutabilidad, así como el que se vincula con el análisis de la cuestión efectivamente planteada, en tanto que esos apotegmas no se vieron comprometidos, en virtud de que el indicado resolutor no añadió un acto ajeno al planteado por el impetrante, ni fue más allá del reclamo que plasmó dicha parte en el libelo constitucional, ni tampoco soslayó agregar a ese apartado, algún acuerdo de los que controvierte el indicado impetrante.
Bajo esa lógica, no resultan aplicables en su beneficio los criterios que cristalizan los susodichos inconformes, intitulados: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. DEBE SER ESTRICTA Y CIRCUNSCRIBIRSE A LA LITIS CONSTITUCIONAL.", "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.", "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO." y "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE.", ya que, como se vio, el hecho de que aplique o no la suplencia de la deficiencia de la queja no es relevante para la fijación del acto reclamado, al constituir una obligación a cargo del resolutor constitucional y, además, porque en cuanto a ese apartado de la sentencia, no puede estimarse que el a quo incurrió en un yerro formal, en tanto que, al margen de definir la naturaleza de tales acuerdos, lo relevante es que determinó de manera adecuada cuáles eran los acuerdos que se enfocaba a refutar el impetrante en sede constitucional.
Pese a ello, debe resaltarse que el juzgador federal incurrió en una imprecisión de carácter formal al no incluir, pese a haber sido materia de cuestionamiento por el quejoso en la demanda de amparo, las consecuencias de los acuerdos impugnados; esto es, la toma de protesta y el consecuente ejercicio de las funciones notariales de los indicados terceros interesados.
Sin que ese panorama implique hacer un pronunciamiento destacado, en la medida en que tales actos se cuestionan a título de derivación de los controvertidos de manera destacada; es decir, como consecuencia de los acuerdos de **********, por lo que únicamente procede rectificar los actos reclamados como sigue:
"Los acuerdos emitidos por el gobernador del Estado de México, a través de los cuales nombró varios notarios provisionales, correspondientes a las notarías públicas **********, vacante por terminación de función del titular, y ********** a ********** de nueva creación, publicados el **********, publicadas en esa misma fecha en el periódico oficial del Estado de México, así como sus consecuencias; esto es, la toma de protesta y el consecuente ejercicio de los terceros interesados en la función notarial."
En cuanto a la posibilidad del tribunal revisor de corregir la fijación del acto reclamado se cita, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 58/99 (que no se opone a la Ley de Amparo vigente), visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 35, materia común, número de registro digital: 193759, de rubro y texto siguientes:
"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN.—Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."
–Falta de interés legítimo
Ahora, conforme a la metodología anunciada, procede examinar los motivos de disenso expresados por el gobernador del Estado de México y los notarios terceros interesados, encaminados a establecer que es adversa a legalidad la plataforma argumentativa en que se sustentó el Juez de derechos fundamentales para desestimar la actualización de la causal de improcedencia referente a la ausencia de interés legítimo del impetrante para refutar los acuerdos reclamados.
Por ello, deben resaltarse las consideraciones básicas en que el nombrado juzgador constitucional apoyó esa postura, las cuales se pueden resumir como sigue:
a) Conforme a la Ley del Notariado del Estado de México, la función notarial es de orden público, en virtud de que se trata de un conjunto de acciones que realiza el fedatario, con el propósito de autenticar actos y hechos jurídicos y, por ende, otorgar seguridad jurídica en beneficio de la "sociedad"; de lo que se colegía que los habitantes de dicha entidad tenían un interés simple que versaba en que las funciones notariales se realizaran de manera óptima y que, además, se designaran con el carácter de notarios a los profesionales más capacitados;
b) En cambio, desde la perspectiva del Juez de Distrito, existía un grupo diferenciado de personas con interés legítimo en "la designación de notarios"; esto es, las personas que "cumplían con los requisitos y cuentan con la intención de ocupar ese cargo"; ello, de conformidad con el precepto 11 de la Ley del Notariado de ese Estado;
c) Los individuos que reunían los requisitos correspondientes y, en consecuencia, contaban con la constancia que los reconocía formalmente como aspirantes a notarios, al tener esta calidad generaban el derecho a su favor de "participar en los concursos de oposición para ser designado notario titular", aunado a que les "otorgaba el derecho de ser considerados en caso de que se designe a algún notario provisional";
d) Al margen de lo que establecía la legislación en consulta, el "derecho a ser designado notario, en condiciones de igualdad", constituía uno de carácter fundamental reconocido en el numeral 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
e) Con base en lo anterior, emergía que la designación de alguna persona con el carácter de notario producía una "afectación real" en sentido amplio a "los aspirantes", en tanto que ello se traducía en que fueran otras personas y no ellos quienes desempeñaran esa posición, lo que era indicativo que los efectos colaterales de esas designaciones irradiaban de manera horizontal en su esfera jurídica indirectamente;
f) Después de relatar lo que, en concepto de dicho Juez implicaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, enfatizó que los ideales y objetivos de una persona sí son objeto de protección, en tanto que si bien este derecho no tenía el alcance de obligar al gobernador de la entidad a nombrar como notarios a todas las personas que deseen serlo, sí implicaba "la posibilidad" de que todos los que cumplieran con los requisitos legales y tuvieran el deseo de desempeñarse con ese carácter, "puedan ser considerados en igualdad de circunstancias";
g) No era óbice que existieran dos procedimientos para ocupar el cargo de notario, esto es, a través de un concurso de oposición o por medio de la designación directa realizada por el gobernador, en tanto que ambos desembocaban en "la misma consecuencia": impedir el acceso a ese cargo en igualdad de circunstancias; sin que pudiera considerarse que el impetrante contara solamente con una expectativa de derecho, debido a que pese a "la expedición de la constancia de aspirante a notario no genera el derecho adquirido a ser notario, pero sí genera un derecho inmediato: el de aspirar a ser notario, es decir, a ser considerado en igualdad de circunstancias";
h) Bajo esa lógica, el quejoso sí "acreditó" su interés legítimo, en virtud de que puso en evidencia ser aspirante a notario, de acuerdo con las diversas constancias que exhibió como elementos de prueba durante la secuela procesal (enlistados por el Juez Federal); y,
j) El hecho de que la designación emanara de una facultad discrecional no enervaba el interés legítimo del impetrante, porque aquélla estaba sujeta a cumplir con ciertos requisitos para ser estimados como constitucionales, por lo que era susceptible de combatirse a través del juicio de amparo, siempre que se impugnaran por "personas legitimadas", de conformidad con el criterio «IV.3o.A.21 A (10a.)», intitulado: "NOTARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ASPIRANTES A OBTENER LA PATENTE RELATIVA TIENEN INTERÉS JURÍDICO NECESARIO PARA QUE SE LES CONSIDERE EN IGUALDAD DE CONDICIONES AL MOMENTO EN QUE EL EJECUTIVO LOCAL EJERCE LA FACULTAD DISCRECIONAL DE DESIGNARLOS."
(Hasta aquí la síntesis de la porción conducente del fallo impugnado)
Con el propósito de rebatir esa decisión, el gobernador del Estado de México, en el segundo agravio de su escrito impugnativo, aduce que fue incorrecto que el juzgador constitucional desestimara la actualización de la causal de improcedencia a que hace alusión la fracción XII del precepto 61 de la ley de la materia, referente a la ausencia de interés legítimo del impetrante para cuestionar los mencionados actos reclamados.
Puntualiza que la visión del resolutor primigenio es inexacta, en virtud de que la producción del interés legítimo depende de la existencia de una afectación "real, directa e inmediata", y no únicamente la concurrencia de una laceración indirecta, lo que, desde su perspectiva, revela que dicho juzgador mostró inclinación en favorecer al aludido peticionario.
Resalta que el juzgador actuó de manera parcial e incongruente, en tanto que validó el interés legitimó del quejoso, bajo la incorrecta estimación de que al ser aspirante a notario, formaba parte de un grupo diferenciado de personas a las que los acuerdos materia de reclamo impactaban de "manera indirecta" pero real, y a la cual beneficiaría la concesión de la protección constitucional, a efecto de que se le tomara en consideración para ocupar dicho cargo.
Asevera que es contrario a derecho que el a quo hubiere estimado que, no obstante que la constancia de aspirante a notario presentada por el impetrante no le generaba un derecho adquirido para ser notario, sí producía un derecho inmediato, esto es, el de "aspirar a ser notario en igualdad de circunstancias junto con otros participantes para tal designación".
Destaca que no se salda el interés legítimo del quejoso, dado que de los actos reclamados se advierte que el gobernador del Estado de México, en uso de la facultad establecida en los artículos 13, último párrafo y 14 de la Ley del Notariado del Estado de México, designó a los mencionados terceros interesados como notarios provisionales, lo que de suyo no puede irrogar ningún tipo de afectación para el quejoso.
Enfatiza que la noción del interés legítimo no se surte porque, adversamente a lo estimado por el Juez de derechos fundamentales, el quejoso puede acceder al puesto de notario por medio del examen de oposición contemplado en la Ley del Notariado del Estado de México, que es el procedimiento al cual se sometió tácitamente, al haber obtenido la constancia de aspirante.
Subraya que, para la definición de dicho interés, debe recordarse que la designación de nombramiento de notarios provisionales, con soporte en el último párrafo del numeral 13 de la legislación en comento, se efectúa directamente por el gobernador de dicha entidad, debido al interés social y a las necesidades de la función notarial.
Indica que, por ello, en el trámite del sumario constitucional hizo valer que el quejoso carecía tanto de interés jurídico como legitimo para instar el juicio biinstancial, toda vez que los efectos colaterales de los actos reclamados no irradiaban perjuicio a la esfera jurídica del impetrante, al no versar sobre una designación de notario titular o definitivo y, sobre todo, porque el impetrante estaba sujeto a un procedimiento diverso a la asignación directa de notario provisorio.
Alega que la apreciación del Juez Federal es incorrecta, en la medida en que, en todo caso, al impetrante le podía asistir un interés legítimo cuando se ubicara en una misma situación, verbigracia, ante un procedimiento de selección, o bien, a través de la solicitud que hubiere presentado ante el Ejecutivo para ser considerado para dicho cargo.
Esgrime que la calidad de aspirante a notario únicamente le permite al citado impetrante ser tomado en consideración bajo el examen de oposición, pero no le da un interés legítimo para que pueda ser nombrado por designación directa.
Aduce que el Juez de Distrito, para efectos de validar el interés legítimo del quejoso "mezcla" procedimientos disímiles, porque en sentido estricto los acuerdos que desembocaron en el nombramiento de notarios provisionales, por designación directa, no le deparan ningún perjuicio, ni aun de forma indirecta.
Señala que el juzgador primigenio soslayó que el impetrante mantiene intacta su oportunidad para concursar cuando se publique la convocatoria respectiva; esto es, en el procedimiento tradicional para ser nombrado notario titular o definitivo e, inclusive, a ser considerado en posteriores designaciones directas, ya sea de naturaleza provisional o interina.
Como sustento de los sintetizados argumentos cita, entre otras, la tesis (III Región)4o.49 A (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO. EL TENEDOR DE LA PATENTE RELATIVA CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO EL OTORGAMIENTO A OTROS PARTICULARES DE ESA MISMA ACREDITACIÓN O EL NOMBRAMIENTO DE NOTARIO PÚBLICO, SI ELLO NO AFECTA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE OBTUVO NI IMPIDE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS PARA ALCANZAR ESTA ÚLTIMA CALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El esquema establecido con la reforma al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que modificó el principio de instancia de parte agraviada e introdujo el concepto de interés legítimo, no confiere al tenedor de la patente de aspirante al ejercicio del notariado un atributo, por formar parte de un grupo de personas que se distinguen con esa calidad, que le permita reclamar en amparo con ese interés, los procedimientos administrativos en los que el titular del Poder Ejecutivo otorgue a otros particulares esa misma acreditación o el nombramiento de notario público, con el argumento de que no se tramitaron en igualdad de condiciones, si ello no afecta el ejercicio del derecho que la patente que obtuvo generó a su favor ni impide que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco para alcanzar el fíat de notario público."
Además de citar dicho criterio, el inconforme plasma las consideraciones del precedente del que emanó, a efecto de que sean tomadas en cuenta por este cuerp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28891-9fe74719/aspirantes-a-notarios-del-estado-de-mexico-carecen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LAUDOS EMITIDOS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. FACULTADES E INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN INTEGRAL. (AMPARO EN REVISIÓN)
- ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO INDEBIDO DEL JUEZ DE DISTRITO SOBRE SU EXISTENCIA, ES UN ASPECTO QUE DEBE SER SUBSANADO, DE OFICIO, POR EL TRIBUNAL REVISOR. (AMPARO EN REVISIÓN)
- AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS ENCAMINADOS A ARGUMENTAR LA OMISIÓN DE ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO DESECHÓ DE (QUEJA)
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, EXTEMPORANEIDAD DE LA, AL PRESENTARSE ANTE UN JUEZ DE DISTRITO Y NO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ANALISIS DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE AMPARO Y DEL DEC (I.4o.A.59 K)
- DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA DE PLANO, POR LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CON MOTIVO DE QUE EL JUICIO SE PROMUEVA CONTRA ACTOS D (IV.2o.A.40 K (10a.))
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. IMPROCEDENCIA. NO LA CONSTITUYE EN FORMA INDUDABLE Y MANIFIESTA, QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO UNA SENTENCIA QUE CUMPLIMENTA UNA EJECUTORIA DE AMPARO (275 (H))
- AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO (24)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis