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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS ENCAMINADOS A ARGUMENTAR LA OMISIÓN DE ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 29/2017. · Registro digital (IUS): 27118
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-05-19
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Pág. 1543.

QUEJA 29/2017. 16 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ. SECRETARIO: ENRIQUE BAIGTS MUÑOZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son infundados los agravios propuestos por el recurrente.

En ellos, el inconforme esgrime que en el acuerdo impugnado, la Juez de Distrito, indebida e ilegalmente, determinó desechar su demanda de amparo, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin justificar qué parte o precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo es aplicable a la causa de notoria improcedencia que refirió.

Que la Juez Federal emitió el auto de desechamiento con apoyo en un artículo constitucional que no es aplicable al particular, porque el artículo 107, fracción IV, establece que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo biinstancial procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; sin embargo, la referida juzgadora soslayó que el juicio de amparo fue promovido en contra de actos cuya ejecución es de imposible reparación, pues el acto reclamado consiste en el acuerdo de fecha seis de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no acordó su solicitud de señalar día y hora para que se llevara a cabo su reinstalación en el puesto de base por parte de la demandada en el juicio natural, en virtud de que tuvo por cumplido parcialmente el laudo dictado en el mismo por lo que se refiere a la reinstalación; por lo que es evidente que el acto reclamado viola sus derechos sustantivos, pues contrario a lo estimado por la Juez de Distrito, con dicho acuerdo reclamado la responsable no produce una lesión jurídica de carácter formal o adjetiva, sino que sus consecuencias son de tal magnitud que impiden al ahora recurrente el ejercicio del derecho al trabajo, máxime que ya obtuvo condena firme en el juicio laboral de origen, en cuyo laudo se condenó expresamente a la reinstalación del actor, de manera que la Juez de Distrito pasó por alto que el acto reclamado es un acto de imposible reparación, porque transgrede su derecho a un trabajo digno; y, por tanto, la Juez Federal concluyó erróneamente en desechar su demanda de amparo, lo que le deja en estado de indefensión por afectar su derecho de acceso a la justicia, ya que le impide inconformarse en la vía constitucional contra un acto de autoridad que es violatorio de sus derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que igualmente, el acuerdo recurrido es ilegal, porque la Juez de Distrito perdió de vista que en materia laboral si se dicta un laudo de condena, lo es en relación con la acción principal, la cual puede ser indemnización constitucional, o bien, reinstalación, además, del pago de salarios caídos y demás prestaciones, de manera que en el particular, la autoridad responsable tuvo por cumplido el laudo dictado en el juicio natural, por lo que hace a la reinstalación, lo que significa que ya no se va a pronunciar posteriormente respecto de la reinstalación del actor, aquí recurrente, toda vez que de manera indebida e ilegal, dio por terminada la relación laboral entre las partes del juicio principal, de donde se colige que la responsable se excedió en su función de ministrar justicia, ya que sin mediar petición de parte y pasando por alto que del sumario no aparece diligencia de reinstalación, en forma alguna, tomó la decisión de dar por terminada la relación de trabajo; evento que la Juez de Distrito no entendió, lo cual le causa perjuicio, ya que en forma indebida e ilegal, fundó el acuerdo de desechamiento que se recurre en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, causándole un perjuicio de difícil reparación, ya que la Sala laboral no volverá a pronunciarse respecto a la reinstalación del trabajador, en virtud de que ya declaró cumplido el laudo respecto a la reinstalación, de lo que la Juez de Distrito no se percató al analizar la demanda de amparo, arribando a la errónea conclusión de desechar la misma, pretendiendo sustentar su determinación con una tesis aislada y las consideraciones de la resolución que dio origen a esa tesis, pero ni la tesis ni las consideraciones que dieron origen a la misma, son aplicables al caso a estudio, porque la juzgadora federal pasó por alto que la responsable tuvo por cumplido el laudo por lo que respecta a la reinstalación, lo que vuelve procedente el juicio de amparo indirecto, además de que la resolución recurrida limita el derecho del inconforme de promover el juicio de amparo indirecto, lo cual atenta contra el principio de progresividad que consagra el artículo 1o. constitucional, ya que en primer lugar existen beneficios reconocidos previamente al quejoso, con el dictado de un laudo que condena a la ********** a reinstalarlo en su empleo en los términos en él indicados y, después, la Sala responsable disminuye, sin causa justificada, ese derecho ya otorgado al trabajador, con la determinación de dar por concluida la relación de trabajo, sin que exista diligencia señalada para llevar a cabo la reinstalación del actor, lo que la Juez de Distrito pasó desapercibido y faltando a su obligación de observar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que establece que todos los derechos de los trabajadores para su aplicación e interpretación deben ser desarrollados progresivamente a fin de extender su ámbito de protección, generando y garantizando el Estado, las condiciones necesarias para su reconocimiento y ejercicio, así como el subprincipio que consagra, denominado de no regresividad o prohibición de regresividad.

Que, a mayor abundamiento, la prohibición de la regresividad alude a que los Estados, como es el caso de nuestro país, no den marcha atrás a los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos y, por ello, en la especie, la reducción del derecho al trabajo y al debido proceso de que goza el actor, contradice claramente lo previsto en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por nuestro país, sin perder de vista que la Juez de Distrito tiene la obligación de acatar los indicados principios, establecidos para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos a favor del trabajador, restituyéndolo en todos los daños y perjuicios que haya sufrido por la violación a sus derechos humanos, asegurándose la autoridad judicial federal que las reparaciones sean proporcionales al perjuicio sufrido y a la gravedad de las violaciones.

Que no obstante, la Juez de Distrito sólo se limitó a desechar la demanda de amparo, sin especificar en forma clara y congruente cuál fue su razonamiento lógico y jurídico para fundarse en los preceptos legales invocados, los cuales son inaplicables al caso concreto.

Que por ello, el acuerdo impugnado es ilegal, en virtud de que se desechó su demanda de amparo sin analizarse que el acto reclamado transgrede sus derechos sustantivos, ya que se viola el ejercicio de un derecho laboral, relacionado con la ejecución del laudo emitido en el juicio natural y, por tanto, lo sostenido por la Juez Federal se opone al principio de progresividad, pues limita su derecho a ejecutar una resolución firme, es decir, vulnera su derecho sustantivo de obtener una justicia pronta, rápida y expedita, conforme a lo que dispone el artículo 17 constitucional, en virtud de que en el juicio de origen la responsable jamás señaló día y hora para llevar a cabo su reinstalación, es decir, la Sala responsable se apartó de dar cumplimiento a su obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución del laudo y, en su lugar, determinó dar por terminada la relación de trabajo entre el trabajador y el titular demandado, dando por cumplido el laudo dictado en el juicio laboral.

Que del contenido de los artículos 29, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Observación General Número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, se desprende sin lugar a dudas, que el principio de progresividad significa, antes que nada, que los esfuerzos en la materia deben darse en forma continuada con la mayor rapidez y eficacia que sea posible alcanzar, de manera que se logre una "mejora continua de las condiciones de existencia", como se encuentra ordenado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero además que los Estados no deben dar marcha atrás al nivel de goce previamente concedido.

Que es por ello que la Juez de Distrito, al desechar la demanda de amparo por una causal de improcedencia que no se actualiza en el particular, omitió analizar los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, porque de haberlo hecho, hubiera arribado a la conclusión de que la Sala responsable tuvo por cumplido el laudo por lo que hace a la reinstalación y que, por tanto, sí se trata de la última resolución respecto de la reinstalación, porque ya no se va a pronunciar la responsable respecto a ello, sino únicamente a las condenas respecto de las prestaciones que quedan pendientes por pagar; y que en tal virtud, no se actualiza la causa de improcedencia invocada por la Juez Federal, lo que demuestra la ilegalidad del auto impugnado en el que se desconocen sus derechos sustantivos al trabajo, al debido proceso y de acceso a la justicia, y disminuye sus derechos adquiridos en el laudo dictado en el juicio laboral, dejando de observar el principio de progresividad, así como al subprincipio de no regresividad, pues es evidente que el recurrente ya tenía reconocido el derecho a su trabajo con la condena dictada en el laudo y tanto la responsable como la Juez de Distrito disminuyeron su derecho; la Sala responsable por dar por terminada la relación de trabajo entre las partes del juicio laboral sin causa justificada y tener por cumplido el laudo dictado en el juicio laboral y, la Juez de Distrito, al dejarle en estado de indefensión por restringir el uso de la garantía que tiene todo gobernado, para reparar o prevenir una violación constitucional, es decir, de impugnar un acto de autoridad que conculca derechos sustantivos a través del juicio de amparo biinstancial.

Que en esas circunstancias, atento a lo establecido en el artículo 1o. constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo que no realizó la Juez de Distrito; de tal suerte que el principio de progresividad es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque la observancia a dicho principio impide, por un lado, la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección y, por el otro lado, favorece la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección; este principio debe observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales y, en general, en toda conducta estatal que afecte derechos; principio que se comparte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 26 y 29; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que de igual manera sustenta este principio de progresividad; que igualmente, el artículo 123, apartado A, constitucional, consagra en distintas fracciones los principios mínimos que deben consagrarse en favor del trabajador, entre ellos, a declarar nulo el contrato que no fije un salario remunerador, fracción XXVII, inciso b), y las sanciones de los patrones que despidan a un obrero sin causa justificada, las cuales consisten en obligarlo a cumplir con un contrato de trabajo (reinstalación) y a pagar una indemnización (tres meses de salario), en la fracción XXI, se estableció un derecho fundamental a favor de la estabilidad en el empleo protegiendo al trabajador de actos arbitrarios y unilaterales que le generen una lesión, como lo es la pérdida del empleo, y a la privación de un salario remunerador, sin omitir que nuestro Más Alto Tribunal se ha pronunciado en defensa de la dignidad del trabajo de su estabilidad y de su protección frente al despido injustificado, obligando al empleador a la reinstalación en el empleo sin pérdida de los derechos adquiridos y generados durante el tiempo de la separación; reposición que deberá incluir las mejoras que el puesto ha tenido, lo cual pasó por alto la Juez de Distrito al desechar la demanda de amparo sin realizar un estudio del acto reclamado y de los conceptos de violación esgrimidos.

Que no es procedente premiar a la Sala responsable por su conducta, ni afectar a la parte trabajadora cuando no existe justificación para privarlo de sus derechos a un trabajo y al acceso a la justicia, que implican la estabilidad en el trabajo y la obtención de la ejecución de un laudo condenatorio, así como de los beneficios derivados de éste, tomando en consideración que de ello depende la satisfacción no sólo de sus necesidades personales, sino familiares en el orden material, social y material (sic) y para proveer la visión social de las normas de trabajo y que se deben ver fortalecidas con nuevas reflexiones, respondiendo a la ampliación de derechos que se contienen en nuestra Constitución, en un nuevo paradigma sobre el reconocimiento de los derechos humanos.

Que en este contexto, la Juez de Distrito desconoce que una de las prestaciones a que está obligado el Estado en términos del artículo 17 constitucional, es precisamente el de proporcionar una justicia pronta y expedita, que en el caso del procedimiento laboral regulado por la ley secundaria, esa obligación le corresponde a la Sala responsable, que debe proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; sin embargo, indebida e ilegalmente dio por terminada la relación de trabajo teniendo por cumplido el laudo en lo referente a la reinstalación, sin que aparezca en el sumario la diligencia de reinstalación del trabajador, es decir, con ese acto de autoridad, sin duda se afecta el derecho del gobernado a obtener una definición sobre el laudo obtenido, lo cual pasó inadvertido en el acuerdo recurrido, ya que se omitió analizar debidamente el acto reclamado; e invoca como apoyo los criterios de rubros: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO." y "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE DICHO PRINCIPIO."

Previo al análisis de los referidos agravios, resulta conveniente destacar, en primer lugar, que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso, ahora recurrente, hizo consistir el acto reclamado en el acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral **********, en el que determinó que no había lugar a requerir al titular demandado para que procediera a la reinstalación del actor y ahora recurrente, en virtud de haber declarado cumplido parcialmente el laudo dictado en el juicio natural, precisamente en relación con la reinstalación del referido actor.

Asimismo, debe precisarse que en el acuerdo impugnado, la Juez de Distrito, después de precisar el acto reclamado por el quejoso, estimó que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues el acuerdo combatido de seis de enero de dos mil diecisiete, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución.

Explicó que lo anterior es así, porque el seis de junio de dos mil catorce, se publicó la tesis aislada I.13o.T.13 K (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE." y transcribió la parte considerativa de la ejecutoria de la que derivó dicha tesis, agregando que en observancia de dicha tesis, estimaba que el acuerdo reclamado de seis de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral burocrático de origen (en el cual la Sala responsable determinó no acordar de conformidad lo solicitado por el actor y aquí recurrente respecto a requerir a la demandada en el juicio de origen el cumplimiento total del laudo dictado en el juicio generador, en virtud de que la indicada Sala tuvo a la demandada dando cumplimiento parcial al laudo, en lo referente a la reinstalación); era evidente que el referido laudo no se ha declarado cumplido en su totalidad, ni expresó la responsable en el acto reclamado la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento.

Que ello obedece a que el citado acuerdo combatido lo es la determinación dictada por la Sala del conocimiento el seis de enero de dos mil diecisiete en la que determinó no acordar de conformidad lo solicitado por el actor y aquí recurrente respecto a requerir a la demandada en el juicio de origen el cumplimiento total del laudo dictado en el juicio generador, en virtud de que la indicada Sala tuvo a la demandada dando cumplimiento parcial al laudo, en lo referente a la reinstalación; que por tal razón, dicha determinación no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, en virtud de que la Sala responsable aún no determina la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la condena establecida en el laudo; por lo que era de colegirse que no se pronunció sobre el cumplimiento total o imposibilidad jurídica de cumplir con la condena en los términos establecidos en el fallo definitivo de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve.

Que por ello, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino que se trata de una actuación intermedia que no pone fin al periodo de ejecución en el juicio laboral, pues ello sólo acontecerá hasta que exista una resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por consiguiente, el juicio de amparo en la vía indirecta es improcedente, pues la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia de tal medio de impugnación sólo contra la última resolución dictada en el citado procedimiento de ejecución; y que, en consecuencia, era incuestionable que al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo procedente era desechar la demanda de amparo, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

Que similar criterio fue sostenido por este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la sesión correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil quince, en la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión **********, interpuesto en contra de la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, engrosada el cuatro de noviembre siguiente, dictada por la propia Jueza de Distrito, en el amparo indirecto **********, lo que desde luego constituye un hecho notorio para dicha juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar incorporado al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), misma que ordenó se anexara en copia certificada al expediente.

Precisado lo anterior, en primer lugar, debe desestimarse por inoperante lo alegado por el recurrente en el sentido de que la Jueza de Distrito infringió en su perjuicio los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, en virtud de que desde el punto de vista jurídico, en las resoluciones que dicta un Juez de Distrito en un juicio de amparo no puede transgredir los derechos fundamentales de los gobernados que constituyen sus derechos humanos y garantías, pues es a éste a quien está encomendada la función de resguardarlos; por tanto, el actuar del Juez Federal debe ceñirse estrictamente a las disposiciones de la Ley de Amparo, de tal suerte que son éstas las únicas disposiciones legales que pueden, en dado caso, no observarse en el dictado de una sentencia de amparo, por lo que resulta inoperante todo lo argumentado en este sentido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 2/97, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 12/96, publicada en la página 507, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo."

Por otra parte, debe decirse que, como atinadamente lo apreció la Jueza de Distrito en el auto impugnado, el acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete, dictado por la Sala responsable en la etapa de ejecución del laudo pronunciado en el juicio laboral de origen, no constituye la última resolución dictada en dicho periodo.

En efecto, en el acuerdo combatido, la Sala responsable denegó la petición del ahora recurrente en el sentido de requerir a la demandada en el juicio de origen el cumplimiento total del laudo dictado en el juicio generador, en virtud de que la indicada autoridad tuvo a la parte demandada dando cumplimiento parcial al laudo, en lo concerniente a la reinstalación a que se había condenado a la demandada en el citado laudo.

Ello evidencia, opuesto a lo alegado y como correctamente lo sostuvo la Jueza de Distrito, que el acuerdo impugnado efectivamente no puede estimarse como la última resolución dictada en el juicio laboral de origen.

Cierto, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé lo siguiente:

"Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"...

"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.

"En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior."

Así, se reitera, este Tribunal Colegiado de Circuito considera ajustado a derecho el acuerdo de la Jueza de Distrito, en virtud de que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio natural, pues por ésta, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y aun cuando dicho acuerdo combatido fue emitido dentro del procedimiento o etapa de ejecución del laudo, en realidad se trata de una resolución intermedia dictada en ese procedimiento, dado que en la misma, de acuerdo con lo manifestado por el ahora recurrente bajo protesta de decir verdad, la Sala responsable denegó su solicitud para que requiriera a la demandada que lo reinstalara, por haber declarado previamente cumplido parcialmente el laudo dictado en el juicio natural, precisamente en cuanto a la reinstalación a la que fue condenada la demandada, pero que no dio por cumplido totalmente el laudo ni se declaró su imposibilidad material o jurídica para cumplirlo.

Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P./J. 32/2001,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27118-a230b88e/agravios-inoperantes-en-la-revision-lo-son-aquellos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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