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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, SI EL JUEZ DE DISTRITO DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 412/2005. · Registro digital (IUS): 20979
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LYDIA ABUNDIS SALAZAR DE LARA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, , Pág. 1043.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 412/2005. LYDIA ABUNDIS SALAZAR DE LARA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los agravios hechos valer resultan, en una parte, inoperantes y, en otra, infundados, en razón de las consideraciones que se expondrán a continuación.

En primer término, los argumentos relativos a que el Juez de Distrito vulneró las garantías individuales previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, vertidos por la recurrente en ambos conceptos de agravio, devienen inoperantes en virtud de que tales disposiciones constitucionales que efectivamente contienen derechos fundamentales, no pueden ser transgredidas por un Juez de Distrito como resolutor del juicio de amparo, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado jurisprudencia en el sentido de que los Jueces Federales, cuando actúan como autoridad de amparo, no pueden incurrir en ese tipo de irregularidad.

Tal criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 2/97, emitida por el Pleno de dicho Alto Tribunal, el cual se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, en la página 5, que reza:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otra parte, la recurrente argumenta esencialmente en los agravios primero y segundo, los cuales se estudiarán en forma conjunta al estar relacionados entre sí, que le causa perjuicio que el Juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo, sin antes examinar si los actos reclamados fueran o no violatorios de garantías, puesto que de la simple lectura del ocurso de demanda y de las constancias anexas a la misma, se advierten diversas infracciones al procedimiento en su perjuicio, por lo que, concluye la revisionista, el a quo la dejó en total estado de indefensión al negársele la garantía de audiencia en el juicio natural.

No asiste razón a la recurrente, toda vez que, contra lo que alega, al haber desechado el a quo la demanda de amparo, no procedía que éste estudiara la constitucionalidad de los actos reclamados.

En efecto, lo anterior es así toda vez que el desechamiento que el juzgador decretó con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la ley en consulta, no sólo libera al Juez de Distrito de abordar el estudio del fondo del asunto, sino que le impide realizarlo ya que, de lo contrario, su proceder sería incongruente, en razón de que la principal consecuencia del desechamiento de plano de la demanda de garantías, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es precisamente poner fin al juicio sin entrar al análisis de fondo del mismo.

Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 52/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, en la página 244, que reza:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.-Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo."

Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 509, sostenida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, que se localiza en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, que establece:

"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."

De igual manera, la inconforme arguye que el Juez Federal no aplicó debidamente el artículo 145 de la Ley de Amparo, puesto que no obstante que determinó que los actos reclamados fueron consentidos, no solicitó a las autoridades responsables rindieran informe justificado, a fin de estar en una posición más amplia para juzgar, siendo que su demanda de garantías cumplía con los requisitos previstos en el numeral 166 de la ley de la materia.

El motivo de agravio es infundado puesto que, no es óbice a las consideraciones precisadas en los párrafos que anteceden, la circunstancia de que el ocurso de demanda cumpliera o no con los requisitos establecidos en ese sentido en el artículo 116 de la Ley de Amparo (que es el numeral aplicable por tratarse de una demanda de amparo presentada ante un Juez de Distrito, y no el que equivocadamente citó el recurrente en el agravio que se estudia), puesto que interpretados sistemáticamente los numerales 145, 146 y 147 de la ley en consulta, se obtiene que el Juez de Distrito debe examinar, previamente a verificar si la demanda de garantías cumple o no dichos requisitos, así como a solicitar a las autoridades responsables que rindan sus informes justificados, si se presenta algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia que condujera a desecharla de plano.

Así es, los citados artículos 145, 146 y 147 de la ley de la materia, disponen, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado."

"Artículo 146. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo. ..."

"Artículo 147. Si el Juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley. ..." (la subraya es autoría de este Tribunal Colegiado).

Por tanto, si en el caso el Juez de Distrito encontró al examinar la demanda de que se trata, el motivo de improcedencia antes precisado es obvio, entonces, que de conformidad con los dispositivos legales invocados no representaba obstáculo alguno para el desechamiento de la demanda, que la misma cumpliera o no con los requisitos legales conducentes, ni que no se hubiera solicitado a las autoridades responsables que rindieran su informe justificado, habida cuenta que no procedía tramitarla. De ahí que el agravio en estudio resulta infundado.

En consecuencia, al resultar ineficaces los agravios formulados, y al no combatir la recurrente de manera razonada y con argumentos jurídicos sustentables las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, además de que, en el caso, no se actualiza ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ni se advierte la causa de pedir en el escrito de agravios, lo procedente es confirmar la sentencia constitucional impugnada.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, 85, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el auto recurrido.

SEGUNDO.-Se desecha la demanda de garantías interpuesta por Lydia Abundis Salazar de Lara.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución remítanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Martín Alejandro Cañizales Esparza, Juan Manuel Rochín Guevara y José Gabriel Clemente Rodríguez. Fue ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20979-787e0488/agravios-inoperantes-en-la-revision-lo-son-aquellos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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